Cuenta la historia que el invento de las puertas giratorias fue patentado por el ingeniero estadounidense Theophilus Van Kannel un caluroso día de agosto de 1888. Su innovador artefacto, que permitía entrar y salir a la gente de los grandes rascacielos del país sin necesidad de hacer esfuerzos, le sirvió para recibir la medalla John Scott, un preciado galardón que reconoce el mérito de aquellos inventos que han servido para llevar «comodidad, bienestar y felicidad a la Humanidad». No sabemos si el señor Van Kannel encontró la felicidad absoluta después de aquello, pero sin duda sí la han alcanzado muchos políticos españoles que tras dejar la vida pública se han colado por una de esas puertas misteriosas que dan a un despacho olímpico sobre las nubes y a un salario anual con seis cifras.
El fenómeno de las puertas giratorias se remonta en la historia hasta la época de Antonio Maura
Pero empecemos por el principio. Técnicamente, el fenómeno de la puerta giratoria se define como el acceso de determinadas personas que hayan ostentado cargos públicos a los consejos de administración de las grandes empresas multinacionales que operan en sectores estratégicos del Estado. La definición también puede aplicarse a la inversa, es decir, empresarios que suspenden su actividad privada para probar suerte en la vida parlamentaria. La maniobra es tan antigua como la política misma y ya en los tiempos de la Restauración la relación entre familias de empresarios acaudalados y políticos en ejercicio era tan estrecha que permitía a unos y a otros entrar y salir de los negocios y del Gobierno a su antojo. Se cuenta que el mismísimo Antonio Maura, cinco veces presidente del Consejo de Ministros durante la Restauración, selló una alianza mercantil al casarse con la hermana de su abogado y hombre de negocios, Germán Gamazo, que tuteló la carrera de Maura hasta llevarlo en volandas a la presidencia del Gobierno. Caciquismo y política se unían en una alianza perfecta que perdura en nuestros días.
La puerta giratoria siguió funcionando a pleno rendimiento durante los cuarenta años de franquismo, como no podía ser de otra manera, y con la llegada de la democracia en 1978 el fenómeno, lejos de ser liquidado, no ha hecho más que afianzarse entre nuestra clase política. Las estadísticas dicen que durante los mandatos de Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, al menos tres de cada diez ministros dejaron la política al cesar en sus cargos para enrolarse en actividades en la empresa privada como vocales de los consejos de administración, en labores de representación y asesoramiento y hasta como eficaces lobistas. En solo un año, las puertas giratorias han proporcionado jugosos sueldos por valor de 21,4 millones de euros a 43 expolíticos del Ibex 35.
No solo presidentes del Gobierno como Felipe González y José María Aznar se han beneficiado de esta práctica; la lista de altos cargos del Estado que han entrado y salido por las puertas giratorias es larga: desde ministros a secretarios de Estado, pasando por subsecretarios, secretarios generales, delegados del Gobierno, jefes de misiones diplomáticas y miembros de los organismos reguladores o de supervisión. Este mal hábito de nuestra clase dirigente no beneficia en nada a la higiene democrática del país, no solo porque la estrecha relación entre políticos y empresarios suele ir acompañada de una falta total de transparencia y turbios tejemanejes, sino porque en no pocas ocasiones, cuando un cargo público cesa en su puesto y firma un contrato multimillonario por una gran multinacional, suele recaer sobre ese fichaje la sombra de la sospecha, con el consiguiente malestar en la ciudadanía y el descrédito para el sistema. Además, la línea que separa lo público de los negocios privados cada vez es más difusa y generalmente termina prevaleciendo el interés de la multinacional sobre el de los ciudadanos. Son innumerables los casos en que un cargo público ha tomado decisiones políticas para favorecer a un sector económico antes de dejar la política, atravesar la puerta giratoria de turno y recalar en una gran multinacional. “Por supuesto que puede darse el caso de que una gran empresa privada compre la voluntad de un político prometiéndole un alto puesto directivo a cambio de decisiones políticas. ¿Que cómo se hace? Pues de forma velada, discreta. Esto no se hace en un reservado con la firma puntual de un documento sino que todo es mucho más inercial, más sutil, lo que convierte estas prácticas en aún más peligrosas. Lo que queremos es que se regule de una vez por todas la situación para que la puerta giratoria no sea un privilegio de algunos políticos”, asegura a Diario16 María Auxiliadora Honorato, diputada nacional de Podemos.
La formación de Pablo Iglesias presentó en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que exige que se establezca la prohibición “permanente y absoluta” de que los altos cargos públicos, como ministros y presidentes del Gobierno, puedan acceder a los consejos de administración de las grandes empresas de sectores estratégicos del Estado. En la actualidad, ese periodo de carencia es de solo dos años y ni siquiera se cumple, ya que en muchas ocasiones el político utiliza la triquiñuela de fichar por una filial extranjera para colocarse acto seguido en la empresa madre, saltándose ese periodo de carencia o suspensión de dos años. Con ser novedosa la propuesta de Podemos, fue rechazada en el Congreso de los Diputados tras la abstención del PSOE y Ciudadanos y el voto en contra del PP. Además, la formación morada reclamó que se amplíe de dos a diez años el periodo de carencia antes de que los cargos políticos puedan prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado beneficiadas por decisiones tomadas por ese responsable gubernamental en ejercicio de su cargo. “Tenemos que regular estas prácticas que están ahí, ya que según nuestra experiencia ningún político que agota su mandato ficha por una oenegé como Intermon Oxfam. Qué curioso que siempre terminen en consejos de administración de grandes empresas de sectores estratégicos”, asegura Auxiliadora Honorato. Podemos considera que estas prácticas ocultas pueden estar íntimamente relacionadas con muchos casos de corrupción detectados en los últimos años en España.
La clave del problema es la falta de transparencia y el vacío legal de la legislación española en todo lo que se refiere a las puertas giratorias. Ningún Gobierno se ha atrevido hasta ahora a regularlas, en buena medida por el poder que ya tienen los lobbies o grupos de presión, que tratan de influir en las leyes que se van aprobando a cambio de colocar al político de turno en su cuadro directivo una vez que abandone la vida pública. Pero, ¿cómo actúa el lobista? Hasta hace bien poco, en el Parlamento Europeo se contabilizaban oficialmente entre 20.000 y 30.000 grupos de presión, despachos de lobbies que se gastan miles de millones de euros en personal cuya única misión es relacionarse con los eurodiputados, hacer amistad con ellos en los pasillos de Bruselas e influir en sus decisiones legislativas. Finalmente, la UE ha terminado por regular con medidas más restrictivas el fenómeno del lobby, íntimamente ligado al de las puertas giratorias, pero en el Parlamento español la legislación sigue siendo insuficiente, cuando no opaca. “No creo en conspiraciones pero a menudo vemos cómo nos llegan a los diputados invitaciones de grandes empresas como Philip Morris, en la que nos piden una reunión para supuestamente hablar de temas como el sistema impositivo que se aplica a la industria tabacalera”, explica Auxiliadora Honorato. Y ahí es donde entra el “pasillista”, el lobista cuya misión principal es contactar con el político adecuado para ofrecerle una recompensa, un premio, un puesto en el consejo de administración de la compañía para cuando se jubile o deje el cargo parlamentario o gubernamental. En España, los grandes lobbies suelen ser empresas constructoras, 11 de las cuales se encuentran entre las 20 mayores del mundo. La propia patronal de la construcción elabora propuestas para tratar de influir en las leyes que se aprueban.
