El gobierno de M. Rajoy ha conseguido lo imposible, enfadar a todas las presidencias autonómicas. El tema de la financiación, que utiliza como chantaje Cristóbal Montoro, ha propiciado el primer paso de dos de los barones socialistas. Ximo Puig y Emiliano García Page, de la Comunitat Valenciana y Castilla La Mancha respectivamente, se han reunido en el Palau de la Generalitat para una reunión de trabajo, la cual ha dado lugar a una declaración conjunta sobre financiación autonómica.
Con la declaración presentada pretenden evitar la pelea entre territorios, como parece que así desean desde el gobierno estatal, y defender las instituciones del Estado de bienestar. Que es la gran batalla de los diferentes dirigentes regionales, algo que explicitan en cada una de sus intervenciones. No sólo se trata de defender una financiación justa, también instan al gobierno a cumplir la palabra dada y convocar “lo antes posible” la Conferencia de Presidentes para “poner al día” los problemas y el estado actual de la financiación autonómica.
Ambas comunidades autónomas instan al Ejecutivo central, en la declaración, a asumir el debate sobre el futuro del Sistema de Financiación Autonómica; un nuevo modelo en el que, como ha detallado el presidente del Consell, todos los ciudadanos tengan derecho a acceder a un nivel equivalente de los servicios públicos, independientemente del territorio en el que vivan; que no se utilicen las entregas a cuenta como elemento de chantaje político; la eliminación del llamado dumping fiscal entre autonomías; la distribución equilibrada del déficit entre las administraciones públicas; y el reconocimiento de que los niveles de deuda son consecuencia, en una parte fundamental, de la falta de falta de ingresos y que, por tanto, se reestructure la deuda de las autonomías.
“Hoy sumamos dos comunidades autónomas”, ha señalado Puig, quien ha incidido también en que “no basta” con que las comunidades autónomas tengan más diálogo, sino que es necesario que el Gobierno central “recupere la lealtad institucional y asuma el deber de la palabra dada”, cumpliendo así con lo acordado en la Conferencia de Presidentes celebrada en enero de 2017. Para el jefe del Consell, esta situación de incumplimiento se traduce en “un desgaste en la confianza de las instituciones” e implica “una incapacidad financiera de las comunidades autónomas” a la hora de proporcionar los servicios públicos fundamentales.
El presidente de Castilla-La Mancha ha lamentado la actitud al respecto del Gobierno, asegurando que éste se encuentra “agarrotado” ante el reto de los problemas que afectan a los aspectos “estructurales” de la política nacional, algo, ha recalcado, “que afecta directamente a los ciudadanos”. Del mismo modo ha adelantado que el conjunto de las comunidades autónomas ofrecerán próximamente “las cifras dolorosas de la política de retraso” del Gobierno de España, consistente en “mirar los problemas de perfil” y que “tanto daño hace en lo estructural”; una estrategia que, de seguir, ha asegurado García Page, seguirá suponiendo un ataque a la sanidad, la educación y los servicios sociales que gestionan directamente las comunidades autónomas.
García Page ha explicado que ni Cataluña ni el desafío independentista pueden ser una excusa para que el ejecutivo de M. Rajoy siga postergando el debate sobre el Sistema de Financiación Autonómica. Por ello también ha pedido al Gobierno central que libere el actual bloqueo de las entregas a cuenta que convierte a las comunidades autónomas en “rehenes” de una política que finalmente terminan pagando “los ciudadanos y contribuyentes”, ya que esas cuantías repercuten en servicios “habituales” como la sanidad, la educación, los servicios sociales o en materias como las políticas de empleo y de dinamización económica.
“No vamos a bajar los brazos” ha alertado el president Puig, quien a su vez ha insistido en que para el Gobierno valenciano la reforma del sistema de financiación autonómica es una cuestión de valores y que tiene que ver “con el autogobierno y la defensa de los ciudadanos y ciudadanas”. A esto ha añadido el presidente de Castilla La Mancha apoyando la propuesta de reestructurar la deuda de las regiones “de forma transitoria”, hasta que haya acuerdo sobre financiación a nivel nacional, o incorporándolo al paquete definitivo del nuevo sistema, “sin que se incorpore la quita de la deuda”.
Pacto del Agua
Para finalizar el acto, han acordado verse nuevamente en Toledo para hablar sobre financiación y colaboraciones en materia de generación de empleo y riqueza económica. Así como el problema del agua que afecta a ambas Comunidades Autónomas. En este sentido Puig ha expresado su predisposición para trabajar con el resto de actores en un acuerdo “que empiece desde abajo”. También ha subrayado que “la complejidad de la situación” exige la modernización tanto de los instrumentos, desde la coparticipación institucional, como de las políticas del agua.
A este respecto García Page se ha referido a la necesidad de abordar un debate para alcanzar un auténtico acuerdo nacional en materia hídrica y en el papel que tanto Castilla La Mancha como la Comunitat Valenciana deben jugar al respecto. En este sentido, el presidente regional ha asegurado que “ambos presidentes mantenemos un objetivo común, que es intentar acercar posiciones”, a pesar del respeto mutuo por las diferentes opciones que se defienden desde los ejecutivos castellano-manchego y valenciano.
“La situación del agua es de emergencia en el país”, ha reconocido García Page, quien también ha adelantado que el Gobierno de España está ya hablando con los diferentes partidos políticos para plantear escenarios si persiste la actual situación de déficit hídrico. En cualquier caso, ha apostillado el presidente castellano manchego, “para que pueda haber un acuerdo nacional, ese acuerdo necesita del consenso previo de Castilla La Mancha, la Comunidad Valenciana y Murcia”; un escenario para el que García Page ha mostrado su disposición a mantener los encuentros públicos y “discretos” que sean necesarios, bajo la base de los diferentes posicionamientos que existen en este momento. Se trata, además, de una “exigencia que nos está planteando Europa, el clima y la realidad”, ha remarcado el presidente. Del mismo modo, ha reiterado que la necesidad de alcanzar este acuerdo pone de manifiesto que el llamado Memorándum del Tajo-Segura fue un pacto “estéril” y una “falsedad” y que, por tanto, “no existe política de acuerdo sobre agua en España”
