Los afectados del Banco Popular están buscando respuestas en todas las instituciones, respuestas que nadie les da porque los organismos europeos y españoles se intentan pasar la responsabilidad. Esto es lo que ha ocurrido con el Banco de España (BdE) y el Banco Central Europeo (BCE) respecto a las líneas de liquidez de urgencia (ELA) concedidas al Popular, sobre todo teniendo en cuenta que la causa principal de la presunta inviabilidad fue, precisamente, la crisis de liquidez que se provocó en el segundo trimestre de 2.017 por las actuaciones y la mala gestión de Emilio Saracho, tal y como ha reconocido la Junta Única de Resolución (JUR).
En una comunicación del BCE a un afectado a la que ha tenido acceso Diario16 se dice lo siguiente: «En lo que se refiere a su pregunta sobre el prestamista de último recurso, deseamos aclarar que actualmente las normas y procedimientos aplicables a la provisión de liquidez de emergencia (ELA, en sus siglas en inglés) se recogen en el «Agreement on emergency liquidity assistance» (Acuerdo de provisión de liquidez de emergencia), que especifica asimismo el papel del Consejo de Gobierno del BCE en la provisión de liquidez de emergencia por parte de los bancos centrales nacionales (BCN) del Eurosistema. Según el acuerdo, ELA es la provisión de dinero de banco central y/o cualquier otro tipo de asistencia que pueda representar un incremento del dinero de banco central prestada por un banco central nacional (BCN) del Eurosistema a una institución financiera solvente, o a un grupo de instituciones financieras solventes, con problemas transitorios de liquidez, sin que estas operaciones se encuadren en el marco de la política monetaria única. La responsabilidad para la provisión de liquidez de emergencia reside en el ámbito nacional, es decir, las decisiones de conceder liquidez de emergencia son adoptadas por los BCN que corresponda conforme a la legislación nacional, teniendo en cuenta factores relevantes que puedan justificar la concesión de liquidez de emergencia para apoyar a una entidad con problemas transitorios de liquidez, pero solvente, que opera en su jurisdicción. Los costes y riesgos derivados de la provisión de ELA son asumidos por el BCN de que se trate. Por otra parte, el papel del Consejo de Gobierno del BCE se rige por lo dispuesto en el artículo 14.4 del Protocolo (nº 4) sobre los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo (los Estatutos del SEBC), que establece que «[l]os bancos centrales nacionales podrán ejercer funciones distintas de las especificadas en el presente Estatuto, a menos que el Consejo de Gobierno decida, por mayoría de dos tercios de los votos emitidos, que dichas funciones interfieren en los objetivos y tareas del SEBC. Dichas funciones se ejercerán bajo la responsabilidad de los bancos centrales nacionales y no se considerarán parte de las funciones del SEBC». En consecuencia, el Consejo de Gobierno no provee ELA ni adopta decisiones sobre la provisión de ELA a entidades de crédito concretas. Su papel se limita a evaluar si la provisión de ELA en casos específicos interferiría en los objetivos y tareas del SEBC. Como se expresa en la evaluación de inviabilidad o previsible inviabilidad, el BCE no presentó objeciones a la prestación de ELA a Banco Popular».
Sin embargo, el ex gobernador del Banco de España, Luis María Linde, afirmó en su comparecencia en el Congreso de los Diputados que, a partir de 2.000 millones de liquidez de urgencia, la responsabilidad corresponde al BCE.
Por tanto, si se están pasando la responsabilidad los unos a los otros en referencia a la concesión de la ELA del Popular, alguien está mintiendo. ¿Quién y por qué? La razón podría ser sencilla de entender. La intervención de la sexta entidad financiera española tiene ya demasiadas lagunas legales que pueden acarrear graves condenas en la Justicia, tanto la española como la europea, y el prestigio de los organismos supervisores quedaría por los suelos si se determinara que más de 305.000 familias fueron arruinadas por una mala decisión o por una mala praxis al aplicar los mecanismos de la Unión Bancaria.
Las propias instituciones europeas han reconocido que el Mecanismo Único de Resolución, que se aplicó por primera vez con el Popular, tiene demasiadas imperfecciones. Entonces, ¿por qué se aplicó si sabían que así era y que estaba pensado para aplicar en entidades con graves problemas de solvencia y no de liquidez?
En referencia a la liquidez también hay que tener en cuenta las gestiones deficientes que hizo Saracho como, por ejemplo, presentar unos colaterales que no se correspondían con la realidad del banco, tal y como reconoció Javier Alonso, subgobernador del BdE al afirmar que existían sospechas de que no se habían presentado todas las garantías de las que disponía el Popular para acceder a la ELA de 9.500 millones.
Por otro lado, el Banco de España tenía información más que suficiente como para determinar de dónde procedieron las más que probables filtraciones de información para que las entidades públicas retiraran más de 14.000 millones de euros en depósitos en los días previos a la intervención. Exactamente lo mismo que en referencia a las ofertas de ampliación de capital remitidas por Barclays y Deutsche Bank que hubieran solucionado la situación a la que Saracho había llevado a una entidad que él mismo reconoció que no tenía «ni puta idea de gestionar».
El Popular disponía de una línea abierta de liquidez de urgencia de 9.500 millones de euros y sólo se le concedieron 3.200. ¿Quién fue el responsable de que no pudiera acceder a la totalidad? ¿El Banco Central Europeo, Saracho, el Banco de España?
Si el BCE tuviera razón respecto a la normativa expuesta al afectado que se dirigió a ellos, nos encontraríamos con una responsabilidad directa del Banco de España en la caída del Popular y, por tanto, una nueva conexión de connivencia con los responsables de la operación de rescate del Santander, algo que, junto con lo publicado por Diario16 en el día de ayer, podría demostrar que el propio Estado y sus instituciones eran conniventes con dicha estrategia y, en consecuencia, partícipes del mayor Golpe de Estado financiero que se ha dado en la historia de España.
