Huelgas de hambre, motines, falta de higiene en habitaciones y pasillos, hacinamiento, mala comida, enfermos contagiosos y crónicos que no reciben una asistencia médica adecuada, internos que no pueden ser visitados por sus familiares, celdas de aislamiento y trato poco humanitario han puesto bajo sospecha a los centros de internamiento de extranjeros (CIE), recintos de seguridad que a menudo son gestionados con escasa transparencia y falta de información. La polémica por las deficientes condiciones de habitabilidad planea sobre estos complejos policiales construidos para la retención provisional (que no detención) de aquellos inmigrantes sin documentación legal en España que aguardan una resolución del Gobierno sobre su futuro inmediato: la expulsión del país o la ansiada regularización. Las oenegés piden el cierre de los CIE porque, según consideran, atentan contra los derechos humanos, mientras que los sindicatos policiales denuncian que la situación es “insostenible” y que cualquier día “va a ocurrir una desgracia”. El Gobierno, por su parte, no suele ofrecer demasiadas explicaciones y la mayoría de las veces se limita a guardar silencio. Es como si nadie se quisiera hacer cargo de la patata caliente que suponen estos centros.
¿Pero qué está pasando realmente dentro de los CIE, cuál es la situación real? ¿Por qué se da a muchas de estas personas un trato injusto más propio de presidiarios que de inmigrantes o refugiados que no han cometido delito alguno? ¿Por qué sabemos tan poco de lo que sucede de puertas para adentro en estos centros de internamiento donde suele imperar el oscurantismo? Los CIE fueron creados por la Ley de Extranjería de 1985 para adecuarse al espacio Schengen europeo. España iba a convertirse en la frontera sur de la UE y tenía que estar lo más blindada posible ante la entrada de inmigrantes. En la actualidad, siete de estos centros siguen funcionando en España: Madrid-Aluche, Barcelona, Valencia-Zapadores, Murcia, Algeciras, Tenerife y Las Palmas. Los de Málaga y Fuerteventura fueron clausurados recientemente por inhabitables. Lo primero que llama la atención es la gran cantidad de inmigrantes sin papeles que pasan cada año por estas instalaciones policiales pequeñas y escasamente dotadas de personal y recursos materiales. Algeciras, por su condición de centro fronterizo, es el más masificado, con 2.303 internos (un 33,23% del total, según datos de 2015), mientras que el de Madrid (1.342) es el segundo que más personas registra, ya que por allí pasan los retenidos que van a ser expulsados del país vía aeropuerto internacional Barajas-Adolfo Suárez. Las oenegés como SOS Racismo denuncian que ningún CIE está acondicionado, hoy por hoy, para atender a tal cantidad de inmigrantes.
Himmi, un africano de 36 años que llegó a España clandestinamente, sabe bien lo que es pasarlas canutas en uno de estos centros. En el año 2007, después de que los médicos le diagnosticaran el virus del sida, fue ingresado allí de forma provisional. De la noche a la mañana, el paraíso español con el que soñaba cuando estaba en su país se convirtió en una celda de apenas dos metros cuadrados. “Me abrieron un expediente de expulsión y fui internado. No pude tomar los antirretrovirales durante cinco días y al final tuvieron que llevarme a un hospital. La doctora les tuvo que decir que tenían que darme los medicamentos sin falta”, asegura. Para un enfermo crónico que necesita asistencia y cuidados a diario, terminar en un CIE puede resultar un auténtico infierno. El Gobierno español intentó expulsar a Himmi pero no pudo hacerlo al no reconocerlo su país de origen como ciudadano propio. Abdennour, un joven subsahariano de 18 años, es otro de los miles de inmigrantes que en los últimos años han llegado a España en patera. También ha vivido la traumática experiencia de ser encerrado en una de estas “cárceles amables”. “Estoy enfermo de los pulmones y toso mucho. Uso un inhalador que me renuevan en la enfermería del CIE con cierta regularidad. Pero como los demás internos me ducho sin agua caliente y eso me pone peor. Mi novia vive aquí en España, está embarazada”, explica con resignación.
Los casos de Himmi y Abdennour son solo dos gotas de agua en el inmenso océano de dramas humanos que se viven cada día en los siete centros de internamiento españoles. Sus testimonios, y el de otros muchos, han sido documentados en un reciente informe elaborado por Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), una oenegé que se dedica a entrevistarse con ellos para evaluar cómo es el trato que reciben en estas instalaciones. En principio, los CIE fueron creados para “retener de manera cautelar y preventiva” a personas sin documentación legal en España a la espera de su regularización o de su expulsión del territorio nacional. No tienen carácter penitenciario, no deberían funcionar como instituciones punitivas, coercitivas o represoras, ya que la inmensa mayoría de las personas que son internadas entre sus muros no han sido condenadas por delito alguno y simplemente han cometido una falta administrativa: la de no poseer un permiso de residencia. Sin embargo, en la práctica no es así y desde hace ya algunos años, como consecuencia de la llegada masiva de inmigrantes a nuestro país, los CIE se han convertido en auténticas cárceles, muchas veces masificadas. En estos complejos de seguridad, cientos de extranjeros de numerosas nacionalidades conviven en condiciones poco dignas que dicen muy poco de una democracia avanzada como debería ser la española, según denuncian diversas oenegés, que comparan el hecho de recluir a un inmigrante sin papeles en un CIE con encarcelar a un ciudadano solo porque no tiene el DNI en regla.
Durante el año 2015, 6.930 extranjeros fueron internados en los CIE españoles, siempre por orden judicial. Apenas un 41% fueron finalmente expulsados del país, de manera que un 60% de ellos podrían haberse ahorrado el mal trago de vivir largos y penosos días de aislamiento entre cerrojos y alambradas. En total, el Ministerio del Interior abrió 30.614 expedientes de expulsión en toda España y dictó 20.552 órdenes de repatriación, de las que finalmente fueron ejecutadas 6.869. Es decir, solo uno de cada cinco expedientes abiertos terminó con la devolución del inmigrante a su país de origen. Francisco Blas, inspector jefe y exportavoz del Cuerpo Nacional de Policía de la Jefatura de Murcia, reconoce a Diario16 que la situación puede llegar a ser “conflictiva” en estos centros porque “a la ansiedad y la preocupación de esta gente, que ve cómo va pasando el tiempo y no se regulariza su situación en España, que ni es de libertad ni es de reclusión en una cárcel, se une que las medidas de seguridad en algunos CIE, por ejemplo el de Murcia, no están adaptadas a las últimas tecnologías, como el uso de mecanismos de control remoto en las puertas, lo que obliga a que haya un mayor contacto entre los policías e internos. Esto genera tensión”.
