La familia Franco quiere que los restos del dictador, tras ser exhumados del Valle de los Caídos, reciban nueva sepultura en la cripta de la catedral de La Almudena y con todos los honores civiles y militares que corresponden a un jefe del Estado. La descabellada idea supondría una imagen esperpéntica para la democracia española, ya que permitiría organizar una comitiva fúnebre con los restos del dictador a la que seguirían la interpretación del himno nacional y una descarga de fusilería a cargo de soldados del Ejército, como suele hacerse en estos casos.
La regulación de este tipo de protocolos se recoge en un decreto del año 2010, cuando aún gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero, pero en ningún caso ese texto legal se refiere explícitamente a gobernantes, políticos o militares que hayan ostentado su cargo con anterioridad a la llegada de la democracia.
Así, el real decreto 684/2010 de 20 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de Honores Militares recoge en sus artículos 36 a 44 los pormenores del acto, que establece que “las Fuerzas Armadas rendirán honores fúnebres militares en señal de respeto y homenaje a los restos mortales de aquellas personas que se indican a continuación: los ex presidentes del Gobierno y otras personalidades de especial relevancia a las que por sus excepcionales servicios a España así se determine por real decreto de la Presidencia del Gobierno; y los militares y el personal civil con una especial vinculación con la Defensa y las Fuerzas Armadas que fallezcan en acto de servicio”. En estos casos las honras fúnebres se rendirán por una unidad con bandera, banda y música y consistirá en la interpretación del himno nacional completo, arma presentada y una descarga de fusilería. En su caso, la salva de cañonazos que corresponda.
Además, según la ley actual vigente, cuando se produzca el fallecimiento del rey o uno de los miembros de la Familia Real o infante de España se organizarán las exequias por la Presidencia del Gobierno “con la participación de la Casa de Su Majestad el Rey”. En concreto, el artículo 37 dice que se establecerán para cada caso la naturaleza y extensión del luto oficial, la constitución de las guardias de honor, las fuerzas de escolta que deben acompañar a los restos mortales, la cobertura de la carrera por la que discurra la comitiva y la utilización de un armón de artillería para transportar el féretro. Todo ello según los protocolos establecidos por la Presidencia del Gobierno o el Ministerio de Defensa, según corresponda.
Pero más allá de la batalla judicial entre los herederos de Franco y el Gobierno de Sánchez que se originaría a cuenta del polémico homenaje, y que a buen seguro terminaría en los tribunales, se pondría encima de la mesa la cuestión ética que significaría llevar a cabo un acto de ese tipo preparado a mayor gloria de un militar genocida. La imagen que se proyectaría al mundo sería nefasta, y lo que quedaría sería que un país como España, que goza de libertades democráticas desde el año 1978, sigue rindiendo honores para ensalzar la figura de un dictador que pisoteó los derechos humanos. La fotografía de soldados disparando salvas de honor para el tirano no solo sería ridícula, sino que provocaría un escándalo internacional y el sonrojo en millones de ciudadanos europeos.
De momento Pablo Casado, presidente del PP, y Albert Rivera, líder de Ciudadanos ‒las dos formaciones que se han resistido a dar su apoyo a la iniciativa de Pedro Sánchez de sacar los huesos de Franco del Valle de los Caídos‒, no se han pronunciado sobre cuál es su posición acerca de la disparatada petición de los descendientes del general. Quizá cuando algún periodista les pregunte al respecto sus respuestas chirríen tanto que no se puedan escuchar sin sentir cierto bochorno.
