La creciente inflación es un problema que todos los países están afrontando porque supone un freno a la recuperación económica tras la pandemia del COVID-19. La inflación está afectando, sobre todo, en la capacidad de consumo de las clases medias y trabajadoras que ven cómo su poder adquisitivo se reduce, lo que reduce las herramientas internas de llevar el producto interior bruto de las diferentes naciones a los niveles previos a la pandemia.
El ciclo alcista en que se encuentra la economía mundial refleja el carácter abrupto de la recuperación. Durante el confinamiento la oferta se contrajo, sobre todo en el sector de los componentes tecnológicos. Los recursos naturales sufrieron un declive de la capacidad productiva provocada por la infrainversión. Sin embargo, a partir del tercer trimestre de 2020 la demanda, a medida que los países aplicaban medidas de desescalada, se disparó y generó problemas de abastecimiento.
A todo lo anterior hay que sumar la aceleración de la digitalización o de la transición energética, los cambios en las pautas de consumo y un precio del CO2 duplicado.
En muchos casos, para combatir la inflación los bancos centrales son los que toman la iniciativa controlando las tasas de interés o reduciendo la cantidad de dinero circulante. Otra forma de contener la subida de los precios es la modificación de la tasa de cambio de la moneda oficial o la reducción general de impuestos, hecho que afecta directamente a los ingresos del Estado.
Por otro lado, también hay una tendencia intervencionista por la cual se proponen una serie de beneficios fiscales, sobre todo a nivel empresarial, para reducir la carga en el consumidor final.
Sin embargo, todo lo anterior está condicionado por las pautas que marcan los mercados internacionales, ya sea de la energía, ya sea de los carburantes y, por lo tanto, los mandatarios ven cómo su independencia queda reducida a lo que se marca desde los altos estamentos económicos.
Por esa razón, países como República Dominicana están afrontando el gravísimo problema de la inflación desde un punto de vista en el que se genere competitividad de país con la potenciación de la explotación de los recursos naturales, sobre todo los minerales, y, de este modo, generar una línea económica que cree empleo a través de las exportaciones de esos recursos.
Este punto es muy importante, sobre todo en una situación global en la que el actual gobierno dominicano nada ha tenido que ver ni, por supuesto, tiene responsabilidad alguna. Más bien es, como otros muchos países del mundo, el que paga la cuenta del banquete de los poderosos.
Además, el actual gobierno de la República Dominicana, con su presidente a la cabeza, ha planteado esta estrategia desde un punto de vista absolutamente novedoso que es la de priorizar las estructuras de la humanidad respecto a las de la economía, para un posterior desarrollo de éstas.
Combatir la inflación, sobre todo la subida del precio de los carburantes, desde la creación o la potenciación de líneas productivas siempre tiene el riesgo de ejecutar esa estrategia desde la más absoluta insensibilidad con el medio ambiente. Los proyectos dominicanos, además de por su humanidad, se caracterizan por unos planteamientos absolutamente rigurosos que fijan objetivos sin desdeñar la sostenibilidad de los mismos.
La subida de los combustibles, los hidrocarburos tiene un impacto directo en otros aspectos como, por ejemplo, el precio de los alimentos. Un gobierno puede quedarse parado o buscar soluciones y el Ejecutivo de República Dominicana lo está haciendo a pesar de que no existe ninguna responsabilidad directa de Abinader en ello, dado que el incremento de la inflación se está produciendo por razones geopolíticas absolutamente ajenas a la gestión del actual gobierno dominicano.
Un gobierno responsable busca soluciones y no se queda sólo en culpar a los demás. El problema es que la inflación golpea directamente en el pueblo y el mejor modelo para paliar el posible descontento es el de la proactividad, algo que, sin duda, no se le puede negar a Abinader.
