En todo este revuelo de “y tú más” en que se ha convertido la política española, hay un dato que ha pasado desapercibido a la mayoría de buscadores de elementos con los que vilipendiar al contrario. La presidenta de la Comunidad de Madrid, pese a ocultarlo, posee el 50% de las acciones de la empresa Sismédica SL. Como es conocido desde 2014 lleva sin presentar las cuentas —aunque sean cero, deben ser comunicadas—. Lo que no han logrado dilucidar los investigadores es que en el BOE número 275, del viernes 27 de noviembre de 2023, le ha sido revocado el número CIF.
Como bien dice la Ley 11/2021 de 9 de julio se realiza esta acción para la «prevención y lucha contra el fraude fiscal», en especial el posible blanqueamiento de dinero o su uso para transferir dinero a paraísos fiscales. Desde esa fecha, la empresa ya no puede operar como tal. ¿Cómo es posible? No es nada escandaloso sino algo bastante más habitual de lo que puede suponerse. Junto a la empresa de Isabel Díaz Ayuso, en ese mismo BOE, hay cientos de empresas a las que le ha sido revocado el CIF. Más que mecanismos para la evasión fiscal, la mayoría de esas empresas son empresas realmente muertas.
Por no gastarse 600 euros entre registro y notario en cerrar la empresa, lo que implica ser responsable durante un quinquenio, se dejan morir hasta que Hacienda opta por revocar el CIF. Quedan en el limbo de las empresas. Cierto que hay una multa de 300 euros que podrían imponer por cada año sin presentar cuentas, pero parece que tampoco hay mucho ánimo. En el caso de Ayuso debería, de hacerse bien las cosas, 2.700 euros por dejar las cosas mangas por hombro.
Lo importante de todo esto no es que dejen morir la empresa, al final es un poco “tonto el último” porque la Administración del Estado no actúa como debe, sino una muestra más de la incapacidad de la clase política. De la dejación. De la improvisación. ¿Se puede confiar en un político, en este caso se añade el cargo de presidenta, que desobedece la ley y pasa de todo no asumiendo su responsabilidad civil? Deja morir una empresa como deja morir personas sin un mínimo de caridad cristiana. Quien no se preocupa de atender a sus propias cosas es normal que se invente, como ha reconocido Miguel Ángel Rodríguez, encapuchados de un periódico y demás farsas que los medios al servicio (pagado) no tardaron en publicitar.
El otro día se hablaba de la mujer del César, que debía serlo además de aparentarlo, hoy hay que señalar a Díaz Ayuso porque ni es, aunque sí intenta aparentar bastante, responsable, ni se ajusta a lo debido. Las leyes están para cumplirse y la pereza administrativa no es motivo suficiente para saltársela. Seguramente acabe llegando Alfonso Serrano con otro bulo o a decir(me) que esto es una tontería, pero no lo es. Esa forma de actuar es la propia de un caciquillo de pueblo, no de alguien que gestiona más de 30.000 millones de euros de los españoles. Unos españoles a los que les cuesta bastante esfuerzo que ella se embolse 100.000 euros. Cuando menos debe haber un mínimo. Y esta mujer demuestra que no lo cumple. Ni en su vida económica, ni en la política.
