Cada movimiento o declaración por parte de los dirigentes del independentismo catalán es respondida con una exigencia al Gobierno por parte de Albert Rivera y de Pablo de aplicación del artículo 155 de la Constitución en la interpretación más dura posible, es decir, una intervención más propia de una invasión. Esto nos lleva a pensar que, en realidad, lo que de verdad pone a los dos líderes de la cada vez más radicalizada derecha española no es que se vuelva a aplicar el artículo 155, sino el 55, por el cual se da al Estado las herramientas necesarias para la eliminación de los derechos y libertades de todo el pueblo catalán, algo similar a lo que realizaba el franquismo con las declaraciones del estado de excepción cuando había una crisis entre los ciudadanos y el Régimen.
Por otro lado, las radios patrióticas afines a esta nueva derecha populista de Rivera y Casado ya han sacado a relucir analogías entre la situación actual y lo ocurrido en Cataluña en el año 1.934. Jugar con la historia es peligroso, sobre todo cuando lo sucedido entonces no tiene nada que ver con lo que acontece a día de hoy. El seis de octubre del 34 no se declaró la independencia unilateral de Cataluña sino que el presidente Companys y su gobierno asumieron «todas las facultades del Poder en Cataluña y proclama el Estado Catalán de la República Federal Española». Es decir, que lo que se declaró fue el Estado catalán dentro de la República, por tanto, desde un punto de vista confederal. No hubo desconexión. Sin embargo, lo que desde la derecha más reaccionaria se pretende es utilizar un argumento para que las consecuencias sean las mismas, es decir, la declaración del estado de excepción, la eliminación de los derechos y libertades del pueblo catalán, además de intervenir sus instituciones. Cada vez se está extendiendo más el mensaje que Rivera y Casado, y sus adláteres mediáticos, pretenden introducir en los ciudadanos que viven fuera de Cataluña: mano dura como la que impuso en su momento Lerroux con políticos y líderes del 6 de octubre.
No obstante, comparar lo ocurrido en 1.934 con lo que acontece en la actualidad es una demostración de cómo se pretende interpretar la historia para justificar lo que sería un verdadero atentado a la democracia española. En aquel momento había un clima de violencia en la calle que ahora no hay. El 6 de octubre del 34 murieron 46 personas y más de 3.000 fueron encarceladas. ¿Eso pretenden Casado y Rivera? ¿Meter en la cárcel a todos los políticos independentistas? El líder de Ciudadanos ya pidió una reforma electoral que impidiera a los partidos nacionalistas acceder al Congreso de los Diputados y el del Partido Popular solicitó la ilegalización de los partidos soberanistas, exactamente lo mismo que hizo Lerroux en aquel año tras una dura campaña represiva con la clausura de centros políticos y sindicales, la supresión de periódicos, la destitución de ayuntamientos y miles de detenidos, sin que hubieran tenido una actuación directa en los hechos, es decir, que hubo una voluntad punitiva y arbitraria enmarcada en una ideología cada vez más cercana al radicalismo de extrema derecha. ¿Esto es lo que pretenden Rivera y Casado?
Por otro lado, en la situación actual no puede dejarse de lado la actuación irresponsable por parte del presidente Quim Torra, en primer lugar, al felicitar a los CDR por su defensa de la República Catalana, los mismos que por la noche intentaron asaltar el Parlament. En segundo término, las propias declaraciones de Torra poniendo un ultimátum a Pedro Sánchez, no hace más que alentar a la derecha reaccionaria españolista.
Toda esta situación sólo se puede encarrilar a través de un diálogo partiendo de cero y obviando los errores cometidos en el pasado por unos y otros. Ya hay demasiada división entre el pueblo catalán como para que incendiarios como Rivera, Torra y Casado enerven aún más los ánimos de los ciudadanos y provoquen un enfrentamiento real en las calles. La historia nos enseña que estos líderes nunca se manchan las manos porque la sangre que se derrama siempre es la del pueblo que les sigue.
Pedro Sánchez y su gobierno ya han planteado un escenario de diálogo que se está enfrentando con la irresponsabilidad, la irracionalidad y la intransigencia tanto de la derecha reaccionaria como de una parte del sector independentista. El problema, además, se acentúa cuando los que se encuentran en posturas equidistantes o lógicas —como el PSC o Catalunya en Comù, o los que, desde un lado u otro pretenden dar normalidad como hizo Joan Tardá al afirmar que no se puede plantear un escenario de independencia sin contar con el 50% de la población—, pasan absolutamente desapercibidos o son relegados a la insignificancia.
Lo que no se puede pretender es arreglar la crisis catalana con medidas que afecten directamente al pueblo. Eso no es democracia.
