Resulta paradójica que la existencia de tantos investigadores en medios de comunicación, de tantos agentes de la UCO repartidos por distintas instancias y de un juez que ha abierto diligencias contra la esposa del presidente del Gobierno por presunta corrupción en los negocios y tráfico de influencias no haya acabado en este nombre: José Manuel Ruano de la Fuente. ¿Quién es?, se preguntarán ustedes con toda la razón del mundo. El director, el de verdad, del Curso de la Universidad Complutense de Madrid que ha originado el “caso Begoña”.
Como ustedes saben Begoña Gómez carece de estudios universitarios oficiales, no tiene título, y por ello no puede dirigir ningún tipo de Curso universitario. Ni en la UCM, ni en ninguna otra universidad. Resultaría extraño que quien dirige un curso universitario (no dejen esta palabra fuera porque es importante) carezca de título universitario, además sobre temas en los que carece de experiencia laboral verificable. Al permitir el acceso a un doctorado es obvio que todos estos másteres deben ser dirigidos por personas que, cuando menos, tengan título, por mucho que luego sirvan para abrir puertas laborales o permitir ascensos. De ahí que el profesor Ruano haya sido el director del curso y a la esposa del presidente se le haya dado un visto bueno para codirigir, o lo que es lo mismo hacer de relaciones públicas gracias a ser la esposa de quien es. Esto nadie lo puede negar.
El “caso Begoña” tiene sus mayores pruebas en las cartas de recomendación o de certificación que ha enviado la señora Gómez a diversas empresas, con las que mantenía contactos y que se han visto beneficiadas con diversos contratos públicos. El quid está en saber si esas cartas sirvieron para tal fin, o si siendo certificaciones de trabajos realizados para el máster la firma es válida o se ha utilizado para fines corruptos. Esto no lo deberá dilucidar tan solo en la UCO sino también el proceso abierto por el juez Peinado. Pudiendo no encontrarse esa conexión delictiva, esto, como se ha dicho aquí hasta la saciedad, es una pestilencia ética. Pero poco se puede esperar de quienes carecen de ella.
El profesor Ruano tiene un prestigio en el estudio y la aplicación de políticas públicas ganada con mucho esfuerzo durante años —quien esto escribe lo sabe pues compartió departamento algún que otro año con él—, por tanto no necesitaba de la esposa de nadie para lanzar un máster de este tipo. Todo apunta a que le cayó el marrón sin saber la que iba a venir —según cuenta la prensa el máster ha sido cancelado ya—. No conocían a la pareja, ni sus ambiciones. Por suerte su nombre no ha aparecido demasiado en los medios y su buena ganada fama queda en parte a salvo. Y esto de no haber aparecido en los medios es lo paradójico y lo extraño.
El juez Peinado debería citarle para declarar como testigo y realizarle una simple pregunta: «¿Por qué no firmó usted esas cartas de recomendación o de certificación siendo el director del máster?». Si así lo hubiese hecho, por mucho que Gómez estuviese zascandileando por detrás, este caso no tendría ningún tipo de sustento. El rectorado de la UCM, en la investigación que ha abierto, así como el juez, le deberían preguntar: «¿Sabía que el software que Indra cedía al máster, y por ende a la UCM, estaba a nombre de una empresa de la que es propietaria la señora Gómez?». Lo más probable es que Ruano ni se haya enterado de las cartas, ni del software, pero sin preguntarle no se puede saber cómo actuó la esposa de Pedro Sánchez. Si ha ocultado todo al director oficial y responsable del programa sí que habría indicios de delito, aunque igual no los que se pensaban al principio.
El profesor Ruano es clave y no tiene que esconderse ni temer a nada. Es funcionario con muchos sexenios y Sánchez no durará toda la vida en el Gobierno (pese a sus intenciones). Por tanto no tiene por qué mentir sobre lo que sabía o no sabía. Él debería haber firmado las cartas y certificaciones; él debería estar al corriente del uso del software de Indra. Pero estamos ante el matrimonio Sánchez-Gómez, o los Ceacescu o los Kirchner españoles, para los cuales no puede haber nadie que les controle o les diga lo que deben hacer. El juez Peinado y la UCO deberían hablar seriamente con el profesor al que pueden haber fastidiado y haber utilizado para sus tejemanejes a futuro estos dos. Calígula no tiene tanto poder como cree.
