Lo que Pedro Sánchez te da, Pedro Sánchez te lo quita. O al menos eso cabe deducir después de que, tras años de subida del salario mínimo interprofesional (SMI), Hacienda haya impuesto su criterio al socio de Gobierno Sumar para obligar a quienes perciben ese salario a declararlo en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Es decir, el departamento de María Jesús Montero impone la tributación del SMI a sus beneficiarios.
Esta medida tiene una consecuencia inmediata: si el ministerio finalmente no actualiza el impuesto, los trabajadores pagarán 233 o 300 euros, es decir, el 42% del alza. Para el economista Alejandro Inurrieta “se trata de una muy mala noticia para las rentas más bajas”.
De esta manera, el Ministerio de Hacienda impone sus tesis a Yolanda Díaz. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo afirmó el pasado jueves que el Ministerio de Hacienda no comparte su posición de que el nuevo salario mínimo interprofesional (SMI) quede exento de tributar. “Más que batallas son posiciones diferentes”, aseguró. Al final, la batalla la ha ganado Montero, o sea el PSOE, es decir, Pedro Sánchez. Y Sumar queda en una muy mala posición ante el electorado y ante los miles de trabajadores que se verán afectados por un “sartenazo” o sablazo a la clase trabajadora que se antoja injusto teniendo en cuenta que el sistema fiscal español es igualitario, proporcional y progresivo y son las rentas más altas las que deben contribuir más a las arcas del Estado.
En Sumar hay un enfado monumental que amenaza con una nueva grieta en el Gobierno de coalición. Todo el argumentario del sanchismo vuela por los aires con esta medida, todo el discurso sobre el apoyo a las clases más vulnerables, sobre el escudo social y el nuevo socialismo que se enfrenta al neoliberalismo más atroz, estalla con la normativa de Montero.
La polémica estalla precisamente en los días en que se negocia una nueva subida del SMI. Díaz anunció un preacuerdo con los sindicatos UGT y CCOO para subir en 2025 el salario mínimo en 50 euros, hasta los 1.184 euros mensuales brutos en 14 pagas. Tanto CCOO como UGT han insistido en que el SMI debe quedar exento de tributar, de modo que asoma en el horizonte la sombra de movilizaciones en la calle.
En los últimos años, las revalorizaciones del salario mínimo han ido acompañadas de un ajuste del mínimo exento del IRPF para garantizar que los trabajadores que perciban esta renta no tengan que tributar. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha confiado en que el mínimo exento de tributación del IRPF se eleve hasta la cuantía en la que se ha fijado el nuevo Salario Mínimo Interprofesional (SMI), ya que “esa polémica para nosotros está resuelta”. No será así tras conocerse los planes del Ministerio de Hacienda.
Álvarez ha recordado que el IRPF nunca ha sido objeto de la negociación en el Ministerio de Trabajo y ha añadido que el Gobierno tiene que ser consciente de que “en la vida todo tiene límites”, por lo que no le parece “de recibo” que a una persona que va a cobrar 16.576 euros al año se le pretenda aplicar el IRPF.
Ha comparado la posibilidad de que quienes cobren el salario mínimo tengan que tributar con la falta de capacidad del Parlamento español para que a las grandes empresas del país del sector energético o financiero se les apliquen nuevos impuestos por las “cantidades ingentes de beneficios que tienen”.
Por ello, si el Gobierno no actualiza las bases para que no haya que tributar cobrando el nuevo salario mínimo, “no solo se lo vamos a recriminar, no solo nos vamos a movilizar, sino que la movilización irá muy dirigida a que hay una mayoría en el Parlamento que libere de esa carga de IRPF a esas personas que tienen esas rentas”, asegura el líder sindical.
Por su parte, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha lamentado que el Gobierno haya señalado una cifra concreta antes de abrir al diálogo sobre el salario mínimo interprofesional (SMI) y se ha mostrado convencido de que la patronal podría haber alcanzado un acuerdo con los sindicatos sobre esta materia. Garamendi ha subrayado, en declaraciones a los medios, que la propuesta de la patronal, una subida del 3%, “está por encima de la inflación”.
Sobre este mismo asunto, ha recalcado que una nueva subida del SMI afectará con mayor intensidad a las pequeñas empresas, muchas de las cuales “trabajan con la Administración”. “Desde 2018 el salario mínimo en España ha subido un 60%, pero el IPREM, el indicador que se tiene en cuenta para conceder ayudas y subvenciones, por ejemplo, solo ha subido un 11%. El Gobierno invita a cenar pero pagan las empresas”, alegó el presidente de la patronal.
