A raíz del artículo del abogado José Luis Mazón sobre el juez Fernando Andreu y sus presuntas relaciones con el Banco Santander, y en base a la información de diversa índole de la que dispone Diario16, podríamos llegar a la conclusión de la monitorización que el Banco Santander ejerce en el Estado español si valoramos su «opaco» control en todos los ejes principales de los cuatros poderes en el que se sustenta nuestro régimen democrático: constitucional, legislativo, ejecutivo, judicial y medios de comunicación, sin generalizar en esta apreciación , pero que no obstante la cúpula del consejo de administración de la entidad financiera cántabra vía su Presidenta junto a su gabinete de asesores y asesoras más directos ejercen en representación de los ochos o diez máximos accionista del banco Santander con identidad final desconocida.
El juez Andreu, actual instructor de una macro causa en la que se está dirimiendo la posible responsabilidad del Santander en el Caso Banco Popular, tal y como afirmaba el artículo de José Luis Mazón, podría tener presuntamente relaciones con la entidad. Por desgracia no es el único.
El caso de la presentación del libro de Manuel Medina, con la presencia de Andreu en un acto en el que se hicieron loas al Santander, para algunas personas podría parecer una mera anécdota cuando, en realidad, no lo es. El juez, por ética y, tal vez, por dignidad —que no dudamos en ningún momento que carezca de ella— debió abstenerse de asistir a ese evento porque está instruyendo una causa en la que el Santander está implicado. El mero hecho de que a un juez se le atribuya la duda de su imparcialidad supone un revés para la justicia justa que los ciudadanos esperan del tercer poder de la democracia. Por esa razón Andreu debió haberse excusado con su amigo y no haber asistido ya que, según ha podido saber Diario16, ya son varios los abogados que están estudiando la presentación de una solicitud de recusación ante el Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, órgano al que Andreu opta pertenecer después de haber renuncia inexplicable te a ostentar la Secretaria de Estado de Justicia del actual Gobierno del Estado español, al parecer por una concreta recomendación telefónica que momentos antes de publicar su aceptación presuntamente le hiciera una señora ex inquilina de la Moncloa.
Además, están los antecedentes de otros casos en los que el Santander estuvo implicado y que instruyó el propio Andreu, como, por ejemplo, el de los 2.000 millones de euros ocultos en Suiza y que fueron aflorados gracias a la información de la Lista Falciani. Andreu, según apuntó el abogado José Luis Mazón en su artículo, no tuvo en cuenta el informe de los inspectores de Hacienda ni investigó a la familia Botín por un presunto delito de blanqueo de capitales tras rechazar dos denuncias presentadas por sendas asociaciones jurídicas. ¿Los Botín siempre salen airosos cuando se enfrentan a la Justicia? En otros artículos de Esteban Cano, de José Antonio Gómez y otros colaboradores ya se han puesto ejemplos de sobra como para pensar que hay una serie de miembros de la judicatura que presuntamente están en el círculo directo o indirecto de amigos y amigas, asesores y asesoras del Santander. Eso no es bueno para el pueblo español en general porque presupondría que uno de los poderes fundamentales de cualquier Estado democrático se hallaría en una supuesta connivencia con una de las mayores dictaduras privadas que existe en el mundo.
Hay que hacer de nuevo mención cómo a Fernando Andreu se le propuso ser el nuevo Secretario de Estado de Justicia, algo que él mismo confirmó a Diario16, por su buena o íntima amiga, así el propio Andreu la definió ante diario16, la actual ministra de Justicia. Sin embargo, según las informaciones que hemos recibido de distintas fuentes, Andreu llegó a aceptar dicho cargo para renunciar sorprendentemente, como hemos contado, al día siguiente. ¿Qué le hizo cambiar de opinión? ¿Se le presentó algún dosier en referencia a algún caso muy mediático que hubiese instruido en el pasado? La China está lejos para entender su forma de vivir, pero la decisión del juez tampoco está cerca de comprender un «no» a su íntima amiga que le ofrece representar nada más y nada menos que la Secretaria de Estado de Justicia cuando días después desea optar a obtener una vocalía en el Consejo del Poder Judicial…, lo siento, pero como ciudadano no lo entiendo.
No se puede olvidar tampoco la relación que une a Andreu con Baltasar Garzón. Éste ya tuvo un papel muy importante a la hora de archivar causas que pudieron perjudicar al Santander, además de recibir el patrocinio del banco para sus conferencias en Estados Unidos. Hay que recordar lo ocurrido tras la presentación de la querella por parte de Rafael Pérez Escolar en referencia a los 307.000 millones de pesetas de créditos recuperados de Banesto nunca se supo a dónde fueron. Baltasar Garzón archivó esa querella justo después de volver de USA y de escribir su ya famoso «Querido Emilio». Menos aún la solución que dio en su instrucción a los fondos del dictador Pinochet.
Sin embargo, dentro de la Justicia, Garzón no es el único que pudiera tener relaciones con el Santander. Hay jueces y juezas que tienen una gran efectividad de absolución cuando en sus manos caen casos relacionados con la entidad cántabra.
Lo mismo ocurre con el control que tienen de la propia abogacía. El Santander, con la cantidad de litigios que genera cualquier entidad bancaria —unos más que otros, es verdad—, cuando está en aprietos, como ocurre en el Caso Banco Popular, no tiene más que lanzar sus redes y pescar a todos los bufetes que le podrían hacer daño a su despacho de cabecera para crearle un conflicto de interés. Así logran que haya despachos que inscriban y recluten a miles de afectados en plataformas que no tienen otro fin que desviar la atención hacia otros objetivos ocultándoles que tienen ese conflicto de interés, hecho que ya ha ocurrido en el Caso Popular con, por ejemplo, Cremades&Calvo Sotelo, tal y como supo y publicó Diario16 hace un año al ser informado por un prestigioso ciudadano ex cargo público del agobiaron de González, unos de los tantos afectados que abandonó la plataforma al no recibir respuestas coherente a las preguntas que le hiciera a la representante de dicho despacho durante una reunión en Almería en presencia de más de un centenar de afectados.
Sin embargo, el control del Santander va más allá de la Justicia porque alcanza a los otros tres poderes del Estado, y cuando no lo tienen, lo buscan a través de maniobras espurias que ponen en entredicho la dignidad de personas que, en principio, no deberían tener relaciones con la entidad cántabra. El cambio de gobierno no lo esperaban en la Avenida Pereda. Más bien al contrario. Rajoy podría caer, pero a cambio de una sustitución jerárquica con una persona que está muy cercana al Santander como es la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Tal vez se pensó que la moción de censura tendría un final en el que Mariano Rajoy dimitiera dejando el poder a su segunda en el Gobierno. Hay que recordar el hecho de que María González Pico, jefa de gabinete de la ex vicepresidenta, fue contratada por el Santander unos días después de la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa para formar parte del equipo que asesora directamente a la presidenta de la entidad cántabra, exactamente lo mismo que Elena Sánchez, ex número 2 del CNI de Soraya. ¿Se pensaba que la moción de censura quedaría sin efecto por las presiones que iba a recibir Rajoy para que dimitiera y, de ese modo, que su segunda ocupara el cargo? Es una pregunta que está en el aire y que no obtendrá una respuesta, pero hay que recordar que mientras Soraya ponía su bolso en el escaño del presidente, éste se encontraba en un restaurante reunido con todo su equipo…, salvo con su número dos y que fue María Dolores de Cospedal la que dio la rueda de prensa para negar los rumores de dimisión, cuando esa función la tendría que haber desempeñado Sáenz de Santamaría.
¿El cambio de gobierno ha eliminado la influencia del Santander en el Ejecutivo? Posiblemente, no. Según distintas fuentes consultadas por Diario16 entre varios abogados personados en el caso de las cesiones de crédito, Margarita Robles, actual ministra de Defensa, presuntamente medió para intentar convocar una reunión de Emilio Botín con los magistrados encargados de juzgar las cesiones de crédito. Con su presunta presencia (al menos aparecía en la lista de invitados) en la presentación del libro, Se vende banco por un euro, de abogado Manuel Medina, junto a Baltasar Garzón y otros personajes no despeja las dudas de seguir manteniendo la amistad de quién interviniese en la operación diabólica contra los accionistas del banco Popular centenares de miles de afectados y afectadas arruinados y arruinadas para enriquecer las dictaduras privadas del Santander. Está claro que los y las amigas de Ana Patricia Botín no saben de ideología a la hora de elegir amistades «peligrosas».
Finalmente, en referencia al cuarto poder, es notorio el control que el Santander tiene de casi todos los medios de comunicación de este país, en todos los formatos. Controla el mayor grupo de comunicación del país, principalmente porque está en su Consejo de Administración como uno de los máximos accionistas lo que le da la seguridad de que las noticias que puedan afectar al banco negativamente serán tamizadas o, incluso, ocultadas.
Todo el mundo sabe del poder que tiene el Santander en este país. Sin embargo, ¿cómo es posible que una democracia pueda subsistir si el verdadero poder ha pasado del pueblo a un banco? Un Estado es el mayor botín que puede lograr una empresa. ¿Lo han logrado en la Avenida de Pereda?
