El Banco de Santander no va a llegar a ningún tipo de acuerdo extrajudicial con las más de 305.000 familias arruinadas por el Caso Banco Popular. En Diario16 ya advertimos de que sería muy difícil que esto ocurriera, por más que lo hubiera pedido el propio Defensor del Pueblo, por la situación límite en la que, según sus propias cuentas, se encuentra la entidad cántabra. Tener que hacer frente al pago de más de 15.000 millones de euros a los afectados no está a su alcance.
El Santander envió una carta a un afectado que solicitó llegar a algún tipo de acuerdo en la que negaba tal posibilidad. Lo importante es que en dicha misiva reconoce varios aspectos fundamentales. En primer lugar, el banco presidido por Ana Patricia Botín sigue con su estrategia de culpar de la operación a la JUR por ser quien tomó la decisión de intervenir al Popular y al FROB por ser el ejecutor de la misma, además de presentarse como el salvador del Popular porque «garantizó los depósitos de los clientes y la continuidad de la actividad del Banco Popular con normalidad».
Se olvida el Santander de exponer cómo la intervención del Popular se inició el día 3 de junio; cómo Saracho ocultó las ofertas de ampliación y de venta de activos no estratégicos que hubieran salvado a la entidad; cómo en la subasta el propio Santander, a través de un informe de su despacho de cabecera (Uría y Menéndez), se impuso la solución de amortización del valor de las acciones; cómo sabían que se iban a quedar con el Popular tras presentar un Hecho Relevante con un plan de negocio acompañado de un análisis de la rentabilidad de la operación apenas 23 minutos después de comunicar a la CNMV la adquisición del Popular por un euro, un documento que tiene más de 40 páginas.
Por otro lado, el propio Santander da un varapalo a los abogados que intentan hacer negocio con la desesperación de los afectados a través de la presentación de una estrategia jurídica basada en la comparación entre el Banco Popular y la salida a bolsa de Bankia, una estrategia que puede lograr buenos resultados en primera instancia pero que terminará en desestimación en los procesos de apelación. El Santander reconoce de manera clara que:
Exactamente lo que afirmamos en el día de ayer en Diario16 en la primera entrega de Notas para una querella y que ampliaremos en los próximos días dentro del estudio/análisis realizado.
Por otro lado, el Santander reconoce que la resolución se debe a «hechos posteriores» y no a la ampliación de capital. Por tanto, en este documento podemos comprobar cómo el banco cántabro, no sólo responsabiliza de la intervención a la JUR y al FROB sino que insinúa que toda la responsabilidad de la situación que generó la crisis de liquidez es de Emilio Saracho. En estas páginas ya hemos indicado cómo se permitió a Antonio del Valle y a Reyes Calderón realizar todo el trabajo sucio de provocar la rebelión del Consejo contra Ángel Ron para que Saracho, el hombre del Santander, accediera a la presidencia, o que iniciaran la operación bajista. Tanto Del Valle como Calderón fueron traicionados, algo que el mexicano sabe y, de ahí, la batalla legal iniciada en Estados Unidos y que tan preocupado tiene al Santander.
En consecuencia, el Santander no quiere —o no puede— aceptar las indicaciones del Defensor del Pueblo y no llegará a ningún tipo de acuerdo extrajudicial con los afectados. Por otro lado, queda demostrado, si no lo estaba ya, que la ampliación de capital de 2.016 nada tuvo que ver con la ruina de más de 305.000 familias. Más bien al contrario. Si se hubiese permitido la aplicación del proyecto íntegro en el que estaba incluida dicha ampliación, el plan de negocio, en el que estaba incluido el Proyecto Sunrise, todo el sufrimiento que está generando la operación de rescate al Santander se habría evitado.
