Gran preocupación en el Santander por la deriva que está tomando el Caso Banco Popular, tanto en el camino que está llevando la Administración de Justicia, tanto en la Audiencia Nacional como en los diferentes juzgados de primera instancia, como en las informaciones documentales hechas públicas por Diario16. Así nos lo han trasladado diferentes fuentes internas del Grupo Santander. Esta preocupación, además, es la causa de que se haya «dado orden» a los medios de comunicación afines o «controlados» por la entidad cántabra para que dejen de informar con lo referido a la integración del Popular. De ahí que no se haya informado sobre la ampliación de la denuncia penal al Santander presentada por el bufete Sanguino Abogados, la aceptación por parte de la Fiscalía Anticorrupción de la denuncia presentada por la Asociación Independiente de Afectados del Banco Popular a pesar de que no haya nadie relacionado en la misma, o la aceptación por parte del Juzgado Central número 4 de la Audiencia Nacional de la documentación presentada por Diario16 a instancias del Fiscal Anticorrupción.
La ampliación de la denuncia penal presentada por Sanguino Abogados al Banco Santander, a la que ha tenido acceso Diario16, se centra en un aspecto muy importante: la presunta utilización de información privilegiada. «La prueba practicada hasta el momento en fase de instrucción nos lleva a concluir que existen claros y suficientes indicios de la comisión de hechos delictivos», afirma la demanda, exponiendo posteriormente la ampliación de la denuncia al Santander porque «tuvo una actuación e intervención decisiva y relevante en este movimiento financiero del que, sin duda, ha resultado ser el mayor beneficiario» por los beneficios obtenidos —más del 20% según Morgan Stanley y JP Morgan.
Posteriormente, la denuncia expone la importancia del Santander en el condicionamiento y la influencia en el desplome del valor de las acciones del Popular a través de diferentes operaciones por las que Sanguino Abogados afirma que es necesaria la apertura de una investigación sobre «si dicha actuación fue premeditada y tenía como objeto y fin la adquisición del mismo [por el Popular] sin coste o contraprestación, con evidente perjuicio a terceros».
Abundando en este hecho, la demanda repasa la subasta privada que inició JP Morgan el 16 de mayo y que tenía como fecha de fin el 10 de junio de 2.017. Hay que recordar cómo Criteria Caixa tenía preparados 4.000 millones de euros para optar a la misma, un hecho que fue publicado en el portal del inversor de CaixaBank y que, sorprendentemente, fue retirado del mismo a las pocas horas, tal y como publicamos en Diario16. Sin embargo, Sanguino encuentra indicios delictivos en que la venta del Popular por un euro al Santander se produjera días antes del final de dicha subasta privada ya que «resulta un indicio evidente de que se conocía de antemano que la venta del Popular no iba a finalizar dentro del plazo inicialmente señalado como límite».
Por otro lado, se señala la relación entre el Santander y el despacho de abogados Linklaters ya que, además, estaba prestando servicio también a la Junta Única de Resolución.
La ampliación de la denuncia al Santander hace mención, como no podía ser de otro modo, a Uría y Menéndez y al contrato que firmó Emilio Saracho con dicho despacho en nombre del Popular cuando aún no tenía poderes para ello y en el que se sustanció el inicio del Proyecto Noya que finalizaba en el «Día R», es decir, en el día de la resolución. Según la denuncia, dicho contrato «no tenía otro fin que el de conferir al Banco Santander información privilegiada de lo que realmente estaba ocurriendo en el Popular». Para determinar esta responsabilidad se solicita el requerimiento a Uría y Menéndez de «documentación que esclarecerá la relación profesional que viene manteniendo» con el Santander.
Otro aspecto que la denuncia resalta es la actuación del BBVA en el Proyecto Hipócrates, cuando, viéndose privado de la información necesaria para analizar si realizaba una oferta por el Popular, se vio obligado a retirarse y a no presentar propuesta alguna dejando al Santander como único candidato. «Siendo, supuestamente, sabedor el Banco Santander de que el BBVA no iba a presentar oferta podría haberse aprovechado de su situación aventajada, puesto que era el único apostante, forzó a la baja el precio de la operación. Es más, en un principio se plantó en 0,40 euros por acción […] Este hecho genera serias dudas en torno al hecho de cómo supo el Banco Santander que el BBVA no presentaba oferta».
La denuncia también hace referencia a la oferta de Värde por WiZink y la negativa de Saracho a aceptar la oferta de venta del 49% que hubiera supuesto liquidez y capitalización del Popular.
Las conclusiones de la denuncia son las siguientes: en primer lugar, se ha provocado indefensión en los accionistas del Popular y, en segundo lugar, «el Banco Santader se procuraba, eliminando competencia, dominar todos los factores a tener en cuenta a la hora de cómo y cuándo efectuar su oferta».
Uniendo todos hechos y «revistiendo éstos, a priori, caracteres de ilícito penal, resulta procedente la ampliación de la denuncia formulada […] a fin de que sea traído como investigado» el Santander.
Con un análisis irreprochable desde un punto de vista jurídico y que, según diferentes judiciales consultadas por Diario16, plantea los hechos de un modo inteligente y efectivo, es normal que el Santander esté preocupado, dado que esta misma línea de actuación para defender los intereses de las 305.000 familias afectadas es la que están preparando y presentando los despachos independientes que tienen total libertad para ir por la vía penal contra el Santander porque no tienen ningún tipo de conflicto de interés, algo que retrae a otros muchos que en un principio recogieron decenas de miles de afectados.
«Banco Popular ya estaba vendido antes del 7 de junio de 2017»
