Desde que estalló el Caso Banco Popular hemos mencionado en varios de nuestras publicaciones el trato de favor que reciben históricamente el Santander y la familia Botín.
El ejemplo más paradigmático fue el escándalo de las cesiones de crédito del Santander en el que, con más de 42.000 operaciones por un importe total de 2.500 millones de euros (432.000 millones de pesetas), se defraudó a Hacienda aproximadamente 80 millones de euros y se facilitaron identidades falsas en más de 9.500 operaciones de los clientes que formalizaron las cesiones. La acusación fue por fraude fiscal y falsedad documental.
Aquel caso se saldó con la absolución de Emilio Botín, Rodrigo Echenique e Ignacio Uclés por la Doctrina Botín. La Fiscalía y la Abogacía del Estado retiraron la acusación contra Botín, Echenique y Uclés. Esta nueva doctrina creada por la Audiencia Nacional y ratificada por el Tribunal Supremo fue el resultado de retorcer la ley interpretando torticeramente que la acusación popular no sirve para nada y que si no acusa el fiscal ni la acusación particular no puede hacerlo un ciudadano cualquiera. Cinco Magistrados del Tribunal Supremo — José Manuel Maza Martín, Julián Sánchez Melgar, Joaquín Delgado García, Perfecto Andrés Ibáñez y Miguel Colmenero Menéndez de Luarca— se opusieron a la misma con sus respectivos votos particulares en los que se evidenciaba que se había creado una interpretación nueva de la ley para presuntamente favorecer que Emilio Botín no fuese juzgado.
En aquella absolución pudieron tener parte de culpa tanto el Gobierno como el Ministerio de Hacienda. El Gobierno porque, dependiendo de él la Fiscalía General del Estado, se podría haber llegado a ordenar no acusar a Botín, Echenique y Uclés. El Ministerio de Hacienda porque, siendo el organismo perjudicado que debía ejercer la acusación particular no lo hizo por una presunta orden de Rodrigo Rato Figaredo. Han corrido ríos de tinta contando la bronca que presuntamente le echó Emilio Botín a Rodrigo Rato para que ordenase el cambio del juez Miguel Moreiras, el cambio del Fiscal para que retirase la acusación y que el Ministerio de Hacienda también retirase la acusación particular. Cuentan algunas fuentes que Botín “amenazó” o “presionó” a Rato como consecuencia de los préstamos vencidos y deudas de la familia Rato que había asumido Banesto con la compra de la empresa familiar Aguas de Fuensanta. ¿A qué nivel ha llegado la corrupción en España y el poder de la familia Botín para que todo un vicepresidente del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda con la ley de su mano sucumba a las presuntas “coacciones” de un banquero acusado de fraude?
No obstante, los presuntos favores de la Justicia al Santander no se quedan ahí. Son también conocidos otros casos como los de la querella por la recuperación de los supuestos créditos fallidos de Banesto que fue archivada por Baltasar Garzón después de haber solicitado a Emilio Botín y cobrado un patrocinio del Santander para unas conferencias a través del Centro Rey Juan Carlos de la Universidad de Nueva York. Conocidas son las famosas cartas del exmagistrado dirigidas a Emilio Botín como “Querido Emilio” en la que le agradecía la financiación y se despedía con “un gran abrazo”.
También hay sospechas de presuntos ascensos en la carrera judicial y de comisiones de servicios en presunto pago de favores judiciales. Se mencionan los casos de magistrados de la Audiencia Provincial que habrían sido nombrados presidentes de sección o designados en comisión de servicio en el Tribunal Superior de Justicia en presunto pago de favores al Santander. Lo mismo podría haber ocurrido con jueces de primera instancia que habrían sido nombrados miembros de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y nombrados presidentes de tribunales calificadores únicos de las pruebas de acceso al cuerpo de auxilio judicial del Ministerio de Justicia en presunto pago a la denegación de la ejecución provisional que instó Inversión Hogar contra el Santander. También comentan casos de jueces sustitutos de lo Social que son integradas como ponentes en escuelas jurídicas, sin ser jueces ni tener oposición alguna, junto a reputados notarios, registradores, magistrados del Tribunal Supremo, de Tribunales Superiores de Justicia, de la Audiencia Nacional o de las Audiencias Provinciales, presuntamente como consecuencia de haber suspendido el embargo al Santander que debería haber pagado a la empresa Inversión Hogar, que lleva más de 25 años litigando contra el banco cántabro.
¿Esos casos y otros son el resultado de la simple casualidad o el presunto pago de favores judiciales al Santander y a los Botín?
No obstante, no sólo en la Justicia se da el presunto trato de favor al Santander y a la familia Botín, también se da el supuesto trato de favor en el Ministerio de Hacienda o en el Banco de España y demás organismos supervisores.
En el Ministerio de Hacienda se puede mencionar el caso de las cuentas de la familia Botín en el HSBC de Suiza. La familia Botín ocultó en cuentas suizas del HSBC 2.000 millones de euros durante 70 años y, en vez de incoarse un expediente de comprobación o inspección contra toda la familia Botín, se les comunicó por carta para que regularizasen la situación fiscal, siendo posteriormente absueltos por la Audiencia Nacional por una simple excusa absolutoria, el abono de 200 millones de euros, lo que implicaba el reconocimiento de la comisión del delito fiscal y la concurrencia de una conducta típica, antijurídica y culpable constitutiva de delito contra la Hacienda Pública.
Presuntamente, en el Banco de España también se producen tratos de favor como ocurrió en el caso de la adjudicación de Banesto al Santander con una oferta escrita sin firmar por Emilio Botín y con presunta información privilegiada facilitada al Santander por Alfredo Sáenz y demás comisionados del Banco de España, una triquiñuela similar a la del caso Popular en el que, según se ha publicado, la oferta de 1€ del Santander se llevó a cabo después de saber que el BBVA no formularía postura, dado que, presuntamente, el Santander tenía preparada una oferta de 3.000 millones de euros.
No se pueden olvidar las subvenciones que recibió el Santander del Estado con la adjudicación de Banesto que no han sido devueltas pese a que casi el 100% de los supuestos créditos “dañados” que dieron lugar a la intervención de Banesto fueron recuperados por el Santander a través de la sociedad SCI Gestión. Después de la adjudicación de Banesto al Santander y del presunto regalo de los fondos estatales el exgobernador del Banco de España, Luis Ángel Rojo Duque, fue nombrado consejero del Santander.
Si el Santander no jugase siempre con el presunto favor de la Justicia y la Administración del Estado, el banco cántabro podría haber sido condenado en infinidad de procesos judiciales y el Santander no sería un banco tan atractivo para inversores extranjeros que operan en paraísos fiscales, pero la corrupción sistémica española tiene estas consecuencias que vienen siendo sufragadas por todos los contribuyentes en beneficio de la familia Botín y del Banco de Santander que, como parece, se ha convertido en cuestión de Estado. Mientras tanto, a quien se perjudica es a las familias, los trabajadores, empresas intervenidas por ellos, en definitiva, el pueblo español.
