Tal y como publicamos en Diario16, un matrimonio de pensionistas afectados por la devolución de ayudas por los terremotos de Lorca han sido embargados.
Tras la denuncia de IU y las medidas de presión llevadas a cabo por la plataforma de afectados, el pasado 28 de septiembre, el Alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, aseguró que se procedía a la “paralización” de los procedimientos de embargo “por orden directa” de la Comunidad Autónoma. Además, Gil se comprometió a que a Juan y Ginesa se les adelantaría, a través de la Mesa solidaria, los 5.200 euros que Hacienda les había bloqueado, entre principal e intereses, y que constituyen “los ahorros de toda su vida” ya que, a pesar de ayudas e indemnizaciones, la rehabilitación de su vivienda tras los fatídicos seísmos “se comió el resto”.
Además, el primer edil informó que desde el Ayuntamiento de Lorca se habían remitido a la Dirección General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda un listado con cinco providencias de apremio de pago previas a orden de embargo para otros tantos afectados, que “quedaron paralizadas”, según dijo.
Sin embargo, Martín ha confirmado que “de paralización nada de nada”, porque se han ejecutado al menos tres embargos a otras tantas familias a las que la Agencia Regional de Recaudación ya ha detraído de sus cuentas bancarias el dinero reclamado.
En el caso de Juan y Ginesa, la Mesa Solidaria tampoco ha procedido a la reposición de las cantidades embargadas. “Llevan semanas obligando a esta familia a vagar de oficina en oficina, haciendo que firmen papeles sin que, finalmente, hayan podido recuperar su dinero, a pesar de que el Alcalde les dio su palabra en público”, aseguró Martín.
Otra de las embargadas es una conocida librera del barrio de La Viña, a quien también le han embargado 11.900 euros. Ello supone la ruina económica de su pequeño negocio, ya que ni siquiera puede pagar a sus proveedores para mantener en pie su establecimiento, “que es su pan y el de sus hijos”.
La edil de IU-Verdes cargó duramente contra el presidente autonómico, Fernando López Miras, a quien acusó de “impresentable”, “mentiroso” y “cobarde”, ya que ni siquiera ha dado la cara ante sus propios vecinos, muchos de ellos también sus votantes.
“No nos extraña que quienes le conocen mucho mejor que nosotros le tilden de auténtico genares”, dijo Martín, porque efectivamente está demostrando “muy poca vergüenza” ante el drama de estas familias “a las que ha dejado en la estacada”. “¿Cómo se puede jugar de esta manera con los sentimientos y esperanzas de los vecinos, y engañarles de ese modo?”.
“Llevamos semanas esperando a que los cientos de vecinos que ya han enviado la cuenta justificativa simplificada tengan alguna respuesta”, dijo la edil de IU-Verdes. Sin embargo, lo único que están recibiendo son nuevas cartas con los documentos para pagar, ya que la CARM ha procedido a un nuevo envío masivo de órdenes de reintegro.
“Queremos que toda España sepa de que cuando, ante una catástrofe natural, los dirigentes políticos anuncian ayudas, solidaridad y apoyo sin fisuras, lo que las víctimas se pueden encontrar después de casi ocho años es verse atrapados en maraña burocrática que puede suponer su ruina familiar”, aseguró la edil de IU-Verdes.
Otra puerta cerrada sobre la prescripción
Gloria Martín también ha anunciado que, a través de sus servicios jurídicos, el Parlamento autonómico se ha declarado “no competente” para solicitar al Consejo Jurídico de la Región de Murcia un dictamen sobre la prescripción de las ayudas. La edil de IU-Verdes lamentó que se trate de “otra puerta cerrada”. En este sentido, recordó que ni la Abogacía del Estado ni el Consejo de Estado ni el propio Defensor del Pueblo, han mostrado disposición para aclarar cómo debe procederse al cómputo de la prescripción, dejando a los vecinos “solos y desamparados”. “Les están obligando a tener que recurrir a la justicia ordinaria a sabiendas de que la mayoría de ellos no puede pagarse un abogado”, denunció Martín. Y es que, a pesar del compromiso adquirido, el Ayuntamiento tampoco ha suscrito aún un convenio de colaboración con el Colegio de Abogados de Lorca para que se haga cargo de la representación legal de los afectados.
Protesta y encierro en el Ayuntamiento de los afectados
Casi siete años y medio después de los fatídicos terremotos de Lorca que dejaron 9 víctimas mortales y daños en el 80% de los inmuebles de municipio (90.000 habitantes), los afectados por la tragedia no han podido cerrar aún las heridas de la catástrofe.
El Gobierno de la Región de Murcia (PP) reclama ahora a cerca de 3.000 familias que devuelvan las ayudas públicas concedidas en su día para afrontar los costes de rehabilitación de sus viviendas y que fueron sufragadas al 50% por Estado y comunidad autónoma. De hecho ya ha procedido, a través de la Agencia Regional de Recaudación al embargo de las cuentas bancarias de, al menos, tres familias, mientras envía centenares de requerimientos de reintegros de las subvenciones, a pesar de que, en la mayoría de los casos, el derecho de la Administración a exigir las devoluciones ha prescrito, según la plataforma ciudadana que aglutina a los afectados.
En 2017, el Ejecutivo autonómico comenzó a enviar masivamente cartas a los afectados requiriendo que justificaran las ayudas concedidas hacía seis años, cuando la Ley de Subvenciones establece que “a los cuatro años, prescribe el derecho de la Administración a reconocer o liquidar el reintegro”. Se daba la circunstancia de que, a tenor del tiempo transcurrido, la mayor parte de los vecinos ya no conservan las facturas ni puede pedírselas a las empresas que ejecutaron las obras, la mayor parte de las cuales ya ni siquiera existe. La mayor parte de los vecinos que sí han podido enviar las facturas, tampoco han visto cerrarse sus expedientes, pues la Administración pone una pega tras otra y continúa exigiendo a los damnificados la devolución.
Organizados en una plataforma de afectados (500 familias) y con el apoyo y asesoramiento de IU, los vecinos han enviado en los últimos meses más de un millar de alegaciones y recursos de reposición que, hasta el momento, no han tenido efecto.
En julio de 2018, ante la alarma social generada, todos los grupos con representación en el Parlamento autonómico aprobaron una ley (8/2018, de ayudas de Lorca) que facilitaba la justificación de las subvenciones mediante “cuenta justificativa simplificada” y un informe técnico municipal que acredite que los vecinos gastaron el dinero en las obras de reparación de sus viviendas. A pesar de que centenares de afectados llevan desde hace más de un mes solicitando acogerse a dicha norma, la Consejería de Fomento sigue sin proceder al cierre de los expedientes.
Y, por si fuera poco, en los últimos días ya se han ejecutado tres órdenes de embargo a tres familias lorquinas, que se han quedado en una situación precaria, sin poder hacer frente a sus necesidades más básicas. «El resto de afectados se mantiene con el alma en vilo a la espera de que lleguen nuevos embargos. Tienen miedo de abrir el buzón de su casa o de consultar la cuenta bancaria por si también les ha tocado a ellos”, explica la Concejala de IU-Verdes Lorca, Gloria Martín
Encierro indefinido
Por todo ello, los afectados han comenzado un encierro indefinido en el Ayuntamiento de Lorca que sólo abandonarán si se devuelven las cantidades embargadas, se paralizan los expedientes de reintegro, se archivan de manera inmediata las ayudas ya prescritas y si la Consejería de Fomento procede a la aplicación de la Ley 8/2018 que permite a los afectados justificar las ayudas mediante un procedimiento simplificado.
