«Han detenido a Puigdemont. ¡Que se joda!». Estas expresiones se han escuchado en millones de hogares españoles tras conocerse la noticia de la retención del President de la Generalitat en Alemania. Frases de este tipo lo que demuestran claramente es el fracaso de la democracia española. Quien les escribe no es independentista, ni catalanista, ni soberanista, ni, por supuesto, nacionalista, más bien es contrario a cualquier proceso unilateral, sea del carácter que sea. En una democracia todas las decisiones que se adopten deben tomarse partiendo de la base del diálogo y del consenso. Repito, diálogo y consenso, dos pilares de cualquier democracia de la Unión Europea que en todo el proceso catalán han brillado por su ausencia porque a ambas partes les interesaba el silencio y las decisiones unilaterales.
El nacionalismo español ha destrozado nuestra democracia. El Partido Popular y Ciudadanos han rescatado expresiones y actuaciones que parecían haber muerto tras el fin del franquismo. Esa exaltación patriótica ha sido utilizada, sobre todo por el experimento de partido de Albert Rivera, para ganar réditos electorales que por sí solos no hubiesen conseguido. Un partido nacionalista como es Ciudadanos con un credo mesiánico es muy peligroso para cualquier democracia porque la exaltación patriótica siempre termina en catástrofes. El ejemplo de ello lo tenemos en el tuit de Rivera refiriéndose a la detención de Carles Puigdemont, un tuit que rebosa odio en cada una de sus palabras, un odio similar al que destilaban los discursos de los vencedores de la Guerra Civil hacia los vencidos. ¿Se puede lograr un diálogo y un consenso con Ciudadanos? Evidentemente, no por mucho que quieran presentar una nube de pactos políticos que no son más que un modo de sostener en el poder a los dos partidos tradicionales sin responsabilizarse del ejercicio del mismo. Una actitud muy propia del cuñadismo de la cena de Nochebuena y nada responsable ni, por supuesto, democrática. Ciudadanos es el mayor peligro político que hay en este país, no busquen más allá.
Del Partido Popular, qué se puede decir. Renunció al diálogo sobre el problema catalán porque le interesaba crear una cortina de humo tras la que ocultar su corrupción sistémica. La derecha sabe muy bien cómo el nacionalismo es el sentimiento más fácil de exaltar en el pueblo. Así lo hicieron. Primero lo intentaron con la crisis de los bloques de cemento en Gibraltar, rescatando el «Gibraltar Español» y, como no pudieron alargar mucho dicha crisis, las manifestaciones catalanas les sirvieron para crear una confrontación, en principio virtual, ahora real, que exacerbara los sentimientos patrióticos del nacionalismo español. El diálogo y el consenso no interesaba en los momentos en los que se podía haber dado una salida al problema. Igualmente, no interesaba que el pueblo hablara. Si tras la gran Diada del 2.012 se hubiese negociado un referéndum, no habría habido Procés.
La actitud del Estado español es la mayor demostración de que la democracia de este país se murió en el año 2.011 y que ahora hay un pseudo-Estado de Derecho que cubre los cánones mínimos de los derechos reconocidos en la Constitución que dicen defender los que se han puesto la bandera como estandarte para lograr sus intereses políticos pero que sus hechos demuestran que no han cumplido ni respetado sus juramentos con las políticas que han impuesto a los ciudadanos, unas políticas que infringen derechos como la vivienda digna, la sanidad, la educación o el trabajo digno, algo que está reconocido en la Constitución y que el Partido Popular ha derogado de facto aunque no de hecho.
Tampoco hay que quitarle responsabilidad a los dirigentes catalanes que también han utilizado el conflicto catalán como cortina de humo para tapar tanto la corrupción de la antigua Convergencia i Unió o de la familia Pujol como las políticas de recortes aplicadas por los gobiernos de CiU.
Lo peor de todo es que los partidos que están utilizando el nacionalismo lo que están ejecutando es un aprovechamiento de los sentimientos del pueblo. Hubo ya quien hizo lo mismo varias décadas y terminó en una tragedia porque el camino de la exaltación nacionalista suele llevar al belicismo.
Sin embargo, la mayor demostración del fracaso democrático del Estado español lo tenemos en la actuación de una Justicia que tendría que estar al servicio del pueblo pero que, cuando llegan los grandes desafíos, parece que se ponen al servicio de los poderes, tanto públicos como privados. La realidad de la detención de Carles Puigdemont es muy otra de la que se quiere hacer ver desde los palcos mediáticos al servicio del poder. La realidad es que todo lo que esta ocurriendo es consecuencia de la falta de diálogo y de consenso implementado en el momento adecuado. Todo lo que ha ocurrido posteriormente no es más que la consecuencia del enquistamiento de dos realidades que, de negarse a un entendimiento, han logrado crear dos tumores incurables.
En una democracia seria no es normal que haya personas en prisión sin haber sido condenadas por un juez. Tampoco es normal que el tercer poder utilice diferentes raseros a la hora de aplicar penas de prisión. Mientras Iñaki Urdangarín, condenado por corrupción y malversación de fondos públicos —uno de los delitos imputados a los políticos catalanes encarcelados— campa a sus anchas por media Europa sin que haya fecha para su entrada en prisión, Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Jordi Turull, Carles Puigdemont, Jordi Sánchez, por citar algunos, se encuentran encarcelados preventivamente por ¡riesgo de fuga! Es el doble rasero. Lo mismo podríamos decir de todos los presuntos criminales económicos que se encuentran sueltos y que tienen la capacidad de fugarse en cualquier momento, o los tiempos lentos en demandas y querellas de casos de escándalos económicos que afectan a millones de ciudadanos como, por ejemplo, el Caso Banco Popular. Por no hablar de todos aquellos implicados, encausados y condenados por corrupción política que se encuentran en la calle. ¿Estamos ante una democracia en la que el Poder Judicial se ha puesto al servicio de quienes aún defienden el Una, Grande y Libre? Los ciudadanos catalanes son españoles también pero…, ¿se les aplican criterios diferentes para salvar intereses políticos o porque alguien está en riesgo de perder el gobierno? Parece ser que es así y esto es muy peligroso porque se han defenestrado los elementos más fundamentales de nuestro sistema democrático.
Cuando hay un problema territorial en una democracia se buscan vías de diálogo que en la España de M. Rajoy o en la Cataluña de Artur Mas siquiera se intentaron. Mucho más grave es el asunto si tenemos en cuenta el hecho de que fue el propio Partido Popular quien provocó que se iniciara todo el problema al recurrir el Estatut votado por el pueblo catalán y aprobado tanto por el Parlament como por el Congreso de los Diputados. Es muy grave también la judicialización de las decisiones del poder legislativo. Esta, además de la corrupción, es la raíz de todo el problema.
Ese «¡que se joda Puigdemont!» que tanto se oyó en los hogares españoles, en las tertulias de barra de bar o en las conversaciones de calle no es más que el resultado de una política contraria a los valores democráticos.
