Caos y vergüenza en la Justicia española. Tras una sentencia que iba en contra de la banca, la reacción de los mercados ha provocado que en menos de veinticuatro horas el Tribunal Supremo haya decidido convocar a todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo para revisar la resolución judicial que determinaba que el pago del impuesto de Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados no debía ser pagado por los ciudadanos sino por las entidades bancarias. Aunque se ha afirmado que lo harán tras una profunda reflexión, se da casi por supuesto que, de nuevo, la banca ganará.
Sin embargo, el mero hecho de que se haya convocado una reunión demuestra el estado de continua corrupción en la que se encuentra el tercer poder de la democracia en España. Sólo ha bastado que las entidades bancarias tuvieran una caída en el mercado para que saltaran todas las alarmas y todos los resortes del Estado se hayan puesto a trabajar para evitar que el sector financiero sufriera un revés que, por el contrario, beneficiaba al pueblo, a las clases trabajadoras, a quienes para comprarse una vivienda necesitan de un préstamo hipotecario. Según la sentencia del Supremo que ahora se quiere revisar para que los bancos no se asusten, durante años se ha estado cobrando injustamente un impuesto que correspondía pagar a las entidades financieras. Si esa reunión determinara una vuelta atrás a dicha resolución judicial nos encontraríamos ante uno de los grandes escándalos de la democracia española porque la propia Justicia estaría haciendo legal lo que a todas luces es ilegal.
Tras la publicación de la sentencia, los datos del mercado para las principales entidades españoles fueron catastróficos con bajadas de más del 6%. Sin embargo, una vez que se ha conocido que se había convocado la reunión de los jueces de lo contencioso, los valores han vuelto a subir. El ejemplo lo tenemos en el Banco Santander. A las 12.00 el precio de la acción estaba a punto de bajar de los 4 euros (4,04) y, a partir de ahí, ha remontado hasta colocarse en 4,12 al cierre de la sesión. Lo mismo ha ocurrido con el BBVA que ha pasado de 5,02 al mediodía a cerrar en positivo respecto a la sesión de ayer un 1% (5,21).
¿Eso es lo que se quería evitar? ¿El desplome de los bancos? ¿Quién ha provocado esa reunión? En democracia hay un principio básico que es el respeto —aunque haya discrepancia— por las decisiones que toman los tribunales. Sin embargo, en esta España, en la que la Transición cada día se va tornando más en un mito que en una realidad, parece ser que ni la propia Justicia respeta sus decisiones si con ello se protege al sector financiero.
El poder judicial debe ser independiente para poder someter a los restantes poderes, en especial el ejecutivo, cuando éstos contravengan el ordenamiento jurídico y convertirse en el encargado de hacer efectivo la idea del Derecho como elemento regulador de la vida social. Sin embargo, en España nuestra Justicia está carcomida porque no ha hecho una transición hacia los modelos democráticos y, por tanto, controla al resto de poder en base a los intereses de los partidos que han colocado a dedo a los integrantes del Judicial, es decir, que, en vez de ser quien controle al poder se convierte en un elemento controlado tanto por el Ejecutivo como por el Legislativo. En esa situación es el poder el que siempre se lleva la mejor parte y, en este mundo actual que está marcado por las directrices que imponen los mercados y las instituciones económicas supranacionales, evidente el sometimiento de la Justicia siempre beneficiará al poderoso. Exactamente lo mismo que ocurre en las dictaduras que manejan a su antojo el comportamiento de la judicatura y la fiscalía.
Si la banca sufre un descalabro por haber incumplido la ley, debe ser la Justicia la que imponga esos criterios y no se eche para atrás por la presión de los mercados especulativos. ¿Por qué no se han reunido los jueces del Supremo cuando la cadena de supermercados DIA cayó el pasado lunes casi un 60% en bolsa? ¿Por qué Carlos Lesmes no convocó un encuentro tras la caída de Abengoa? ¿Por qué el Supremo no se reunió de urgencia cuando el Banco Popular, acosado por los bajistas, perdía valor día sí y día también, con la impasibilidad de la CNMV y el Banco de España? ¿Por qué entonces no se hizo nada y ahora el Supremo se pone en alerta máxima por una sentencia que favorece al pueblo ante un abuso de los bancos? ¿Quién manda aquí, los poderes democráticos o los mercados y la banca? En una democracia la soberanía nacional recae sobre el pueblo y los poderes que sustentan el modelo de Estado tienen la obligación de proteger a su ciudadanía de los ataques internos o externos a través del imperio de la ley. Cualquier otra interpretación nos lleva a elementos dictatoriales. El pueblo está sometido a la Ley, no a los mercados. ¿Hablarán en la reunión del Supremo de los 60.000 millones de euros que el pueblo español dio a los bancos y que no tienen intención de devolver? El impacto de esta sentencia apenas llegaría a un 15% de esa cantidad. Las entidades financieras siguen ganando del esfuerzo que los ciudadanos tuvieron para rescatar al sector financiero. Eso, al parecer, no se tiene en cuenta.
Si una sentencia judicial que beneficia a los ciudadanos que han sido víctimas de un abuso, el tercer poder de la democracia no puede ponerse al servicio de nadie ajeno al propio pueblo porque, entonces, estaría poniéndose por encima de los representantes elegidos por el sufragio libre que garantiza la Constitución. Por tanto, ¿quién gobierna este país? ¿Los representantes del Ejecutivo y el Legislativo o el poder Judicial? El sometimiento al imperio de la ley es, precisamente, lo que garantizaría a la ciudadanía la protección ante los abusos del poder.
Un país gobernado por un Poder Judicial que aún no ha pasado por el filtro de una reforma democrática y continúa con los esquemas del régimen franquista no puede llamarse democracia, sino dictadura. Utilizar la democracia para apoyar al capital y a la corrupción que éste genera siempre a su alrededor es lo que hacen los dictadores y si ahora se está aplicando el mismo criterio querrá decir que estamos mucho peor que en 1936 porque entonces se impuso la dictadura de manera violenta y con un golpe de Estado. Ahora se utilizan los esquemas de la democracia para imponer comportamientos dictatoriales marcados por los intereses de los mercados.
Vemos día a día cómo la Justicia ayuda a algunos de los grandes tótems del capital. El mejor ejemplo lo tenemos en el Banco de Santander cuando se creó, incluso, una doctrina jurídica para exculpar a Emilio Botín o se archivó la causa por un delito fiscal sólo porque se había pagado la multa que impuso la Agencia Tributaria por los 2.000 millones que tuvieron ocultos en Suiza desde, precisamente, el año 36. Da lástima que cuando alguien tiene que enfrentarse al Santander o a la familia Botín tenga que buscar el amparo de la Justicia europea o norteamericana para lograr, al menos, tener un juicio justo. Eso es lo que les está pasando a los afectados del Banco Popular quienes están teniendo que buscar otras jurisdicciones para, al menos, tener visos de esperanza de encontrar una Justicia justa. Estas 305.000 familias se sienten absolutamente desamparadas, como si su propia democracia les hubiese dado la espalda.
Si, finalmente, el Supremo da marcha atrás en la sentencia que dictó ayer, estaríamos ante uno de los grandes escándalos de la historia de nuestro país y no se puede consentir.
