La situación de hacinamiento que se vive en los centros de internamiento de extranjeros españoles resulta ya insoportable. Junto al CIE de Algeciras, el más importante sigue siendo el de Aluche (Madrid), conocido entre los inmigrantes sin papeles como El Guantánamo español. Construido sobre el antiguo hospital de la cárcel de Carabanchel, fue inaugurado en junio de 2005 con un coste de 11 millones de euros y una capacidad inicial para 280 personas (40 de ellas mujeres). Pero la masificación se ha ido adueñando de las instalaciones y solo en 2013 pasaron por allí más de 3.000 personas. El Guantánamo español funciona como una auténtica prisión estatal, no solo porque los internos están absolutamente privados de libertad, sino por su estructura arquitectónica dividida en módulos carcelarios, por el alojamiento de los recluidos en “celdas” mal ventiladas con ventanas selladas por las que apenas entra la luz, por los férreos controles de vigilancia y por el estricto régimen cuasipenitenciario que rige su vida diaria. Varias oenegés han denunciado las deplorables condiciones de vida que soportan los internos. Tras once años en funcionamiento, el centro ha multiplicado su ocupación y se encuentra completamente saturado. En el momento del ingreso se facilita al interno una colchoneta y unas sábanas, que se lavarán cada 15 días, así como un pequeño kit de aseo. Las celdas, inicialmente ideadas para una media de entre cuatro y seis personas, albergan ya hasta ocho internos. Lo peor de todo es que en algunos momentos solo hay disponibles tres o cuatro literas por habitación (fabricadas en un duro material metálico). La austeridad es espartana. En un principio, las celdas no disponían de baño propio y pese a ello a los internos se les prohibía salir por la noche a hacer sus necesidades, aunque la situación ha mejorado en ese sentido y ya hay lavabos independientes en las habitaciones. De las duchas, a menudo averiadas, solo sale agua congelada o hirviendo, otra deficiencia marca de la casa. El Defensor del Pueblo, en su condición de mecanismo jurídico para la prevención de la tortura, tuvo que recomendar a la Dirección General de la Policía el reparto de colchonetas de mayor grosor, maquinillas desechables y cortaúñas para evitar un uso compartido que pueda provocar el contagio de enfermedades infecciosas. Una de las denuncias más reiteradas de los extranjeros es la mala calidad de la comida, por días cocinada con escasa higiene y cuidado. La calefacción suele averiarse a menudo, lo cual es un problema en el frío invierno de Madrid. No hay libros, faltan zonas habilitadas para el culto religioso y el único entretenimiento para las largas horas de tedio es una televisión colectiva en la sala de estar.
Todo eso ha provocado que la situación de conflictividad se haya vuelto especialmente insostenible. Y así fue como estalló el último motín. Ese martes, medio centenar de internos decidían atrincherarse en la azotea del edificio, donde al grito de «libertad» y «dignidad» denunciaron que estaban siendo maltratados. Ya no aguantaban más el trato vejatorio que, según ellos, estaban recibiendo por parte de las autoridades españolas, un trato más propio de presidiarios recluidos en cárceles de países tercermundistas que de un centro oficial en una democracia europea respetuosa con los derechos humanos. La versión oficial de la Policía Judicial fue que en torno a las 22.00 horas un grupo de internos intentó hacerse con el control del centro, atrincherándose en la terraza. Allí permanecieron hasta pasadas las 9.00 de la mañana del miércoles, cuando los agentes consiguieron apaciguarlos y convencerlos para que volvieran a sus celdas-habitaciones. Ningún amotinado consiguió escapar, pero fueron once horas de máxima tensión que provocó la apertura de una investigación por la Fiscalía Provincial de Madrid y por el Defensor del Pueblo. Tras estos graves incidentes, la única medida que ha tomado el Juez de Control hasta la fecha ha sido ordenar la instalación de unas cuantas cámaras de seguridad en aquellas salas del CIE donde antes no las había y donde, según los internos amotinados, eran agredidos y amenazados por los vigilantes. A partir de ahora se grabará todo cuanto suceda allí dentro para comprobar si se producen esos supuestos malos tratos, pero la medida no pasa de ser un simple parche que no solucionará la situación de tensión que se vive desde hace años en el CIE de Aluche.
La asistencia médica y humanitaria tampoco parece ser la más óptima. Tras la masiva llegada de inmigrantes a nuestro país, el Gobierno debería haber incrementado los recursos médicos para garantizar la salud de los internos y funcionarios pero no solo no lo ha hecho sino que ha suprimido la sanidad pública en algunos de estos centros y ha encargado la gestión médica a empresas privadas subcontratadas. Los amotinados se quejaban de que los médicos se limitaban a administrarles paracetamol para casi cualquier dolencia por grave que ésta fuera. Además, denunciaron la falta de una enfermería que funcionara las 24 horas del día para casos de urgencia y que no les llegaba ropa ni calzado adecuado. La asistencia psicológica, psiquiátrica y bucodental suele brillar por su ausencia y la escasez de intérpretes dificulta la comunicación entre médico y paciente. Por si fuera poco, el Defensor del Pueblo tuvo que mediar para que se realizaran análisis destinados a detectar de la forma más rápida posible el consumo de sustancias tóxicas o la existencia de enfermedades infectocontagiosas entre los internos. También recomendó que se llevaran con más rigor los partes de lesiones y los historiales médicos. Las consultas semanales entre los inmigrantes y los asistentes sociales funcionan de aquella manera y el Servicio de Orientación Jurídica (SOJE) con los abogados tampoco se organiza de una forma eficiente y fluida. Según las oenegés, no existe ningún rigor a la hora de identificar a los menores internados, y se recluye sin miramientos a mujeres embarazadas y a personas de edad avanzada o afectadas por una grave enfermedad. Cuando una inmigrante denuncia que ha sido víctima de explotación sexual o trata de blancas, en ocasiones no recibe una adecuada atención. Muchas veces la Policía cree que la mujer pone la denuncia para evitar su expulsión del país.
La Justicia tuvo que investigar si las negligencias sanitarias en el CIE de Aluche precipitaron la muerte de Samba Martine, la inmigrante congoleña 3106 que falleció en el centro en extrañas circunstancias. Según las oenegés, la chica requirió los servicios médicos hasta en diez ocasiones pero en ninguna de ellas se le diagnosticó la enfermedad que padecía, a pesar de que su agonía era más que evidente, tal como consta en el informe de Cruz Roja. Tras su traslado al hospital 12 de Octubre, ya en situación crítica, falleció sin que los médicos pudieran hacer nada por ella. En un primer momento se dictaminó como causa de la muerte una meningitis; después se cambió el diagnóstico al de neumonía neumocócica y finalmente se señaló que la muerte podría haber sido provocada por una infección derivada del virus VIH, ya que Martine era seropositiva.
Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid se ha posicionado a favor del cierre de las instalaciones, pero poco puede hacer el equipo de gobierno de Manuela Carmena, ya que no dispone de competencias en la materia. “Algunos inmigrantes que participaron en el motín ya han sido deportados, otros han sido puestos en libertad y están en la calle”, asegura a Diario16 Dayana Contreras, portavoz y activista de la oenegé SOS Racismo. “Lo que estamos pidiendo nosotros es el cierre inmediato de todos los centros de internamiento de extranjeros que hay en España porque no cumplen con la legalidad vigente, tal como ha reconocido el propio ministro del Interior, y porque no reúnen las condiciones mínimas de higiene y habitabilidad. Todas esas personas, especialmente algunas muy vulnerables como menores de edad y mujeres, no deben estar allí porque no han hecho nada. No son delincuentes ni deben ser tratados como delincuentes”, asegura Contreras.
En algunas instalaciones las celdas, inicialmente ideadas para una media de entre cuatro y seis personas, albergan ya hasta ocho internos
No era la primera vez que sucedía algo así en el CIE de Aluche. Altercados y episodios parecidos se vienen produciendo con cierta frecuencia, sobre todo protestas e intentos de fuga que unas veces prosperan y otras no. En una ocasión, siete personas lograron huir tras serrar los barrotes de una celda y descolgarse por una ventana con la ayuda de una sábana en una escena típica de película de cine negro.
La situación es similar en otros centros como el ya citado CIE de Sangonera la Verde, en Murcia, donde se han vivido varios motines graves en los últimos años. Hace algunos meses, 67 inmigrantes llevaban a cabo una fuga masiva tras amotinarse y supuestamente agredir a cinco policías, que resultaron heridos leves. Según la versión oficial, uno de los implicados fingió estar enfermo y cuando los agentes permitieron la entrada de la ambulancia que tenía que atenderlo se desencadenó el motín. El grupo amenazó a los policías con extintores y cuchillos que habían sacado previamente de la cocina. Luego salieron corriendo hacia la calle, aunque al menos 37 de ellos fueron detenidos por las patrullas desplegadas en la zona. Otro episodio similar tuvo lugar días después, cuando varios internos lograron escapar prendiendo fuego a papeles y cartones y provocando un conato de incendio por el que tuvieron que intervenir los bomberos. El CIE de Murcia es otro polvorín que puede estallar en cualquier momento. La situación de conflictividad en este centro se remonta al año 2000, cuando 11 retenidos escaparon tras forzar las rejas. En 2012, al menos 25 inmigrantes atacaron a los agentes de seguridad con mangueras, extintores y demás útiles del centro. En 2013, una decena de internos saltaron la verja y escaparon y en 2015 ocho argelinos huyeron tras abrir un agujero en la valla metálica.
El CIE de Valencia (985 internos en 2013) también ha registrado algunos intentos de fuga, el más importante el que protagonizaron 60 extranjeros que decidieron amotinarse y que obligó a los agentes a sacar sus armas reglamentarias y a pegar algunos tiros al aire para disuadirlos, según algunos testigos. Por su parte, el CIE de la zona Franca de Barcelona, uno de los menos transparentes del país, tampoco ha quedado a salvo de incidentes violentos. Allí han fallecido ya tres inmigrantes: un ciudadano armenio en diciembre de 2013, un guineano en enero de 2013 y un marroquí en 2010. La situación de habitabilidad en este centro era tan precaria que tuvo que ser reformado de arriba abajo y la alcaldesa Ada Colau ha ordenado su cierre por no contar con unas mínimas condiciones higiénicas, como exigen las ordenanzas a cualquier establecimiento público.
Alleou, de 21 años, se queja del trato médico recibido. Recién llegado a España fue internado en uno de esos centros de retención. “Tenía el dedo de una mano muy hinchado, creo que lo tenía roto. El médico del CIE me dijo que me llevarían a un hospital. Pero pasaron doce días y no me llevaban”, asegura en el informe sobre testimonios recogidos por los voluntarios de Servicio Jesuita a Migrantes. Un voluntario de esta oenegé que se entrevistó con el interno constató que el dedo podía estar roto a causa de una operación mal practicada y que necesitaba rehabilitación. En una visita posterior, cuando el voluntario le llevaba a Alleou una pelota de goma para que pudiera empezar con los ejercicios recuperatorios, los agentes le dijeron que el interno ya había sido puesto en libertad. Los extranjeros aparecen y desaparecen del CIE como espectros, sin apenas control y sin que parezca haber un registro exhaustivo de retenidos.
