Que Soraya Sáenz de Santamaría vaya a una empresa privada no es el verdadero problema, que lo es, sino que es la demostración de la democracia incompleta que tenemos en España.
La propia Constitución, que tantas trabas pone en algunos aspectos para el libre pensamiento o para decidir libremente sobre ciertas situaciones, sin embargo, está absolutamente vacía de contenidos para otros escenarios. No contempla nada sobre algunos de los hechos que atentan contra el propio espíritu de la democracia. Tal vez en el momento en que se redactó la actual Carta Magna no tenían conciencia de las situaciones que se podían generar con el paso del tiempo con el trasvase de servidores públicos (políticos) al sector privado, lo que solemos llamar puertas giratorias. Esto es la consecuencia más cruel de la propia evolución de la vida en el tiempo, de la falta de democracia por el mantenimiento de la voluntad del dictador o de tener verdaderas dictaduras encubiertas tanto en lo público como en lo privado. La realidad es que la gran mayoría de quienes redactaron la Constitución, por una razón u otra, no vivieron en sus carnes las consecuencias reales del régimen dictatorial franquista. Nadie podría pensar en 1978 que más de un 40% de los ministros de los tres partidos que han gobernado pasaran al sector privado con puestos de gran responsabilidad.
El problema de las puertas giratorias ya justifica que España afronte un periodo de reformas, una nueva transición, un verdadero cambio constitucional. La culpa de ello no es ni siquiera de los gobiernos que han pasado sino del propio Estado, Casa Real incluida. Señorías y miembros del CGPJ, permítanme recordarles que la mejor democracia es la ley, la aplicación de una justicia que sea justa.
Todos los políticos que hayan ejercido algún puesto de responsabilidad, mucho más si ésta es de gobierno, deberían tener prohibido, por un tiempo, trabajar para empresas privadas o, incluso, realizar un juramento por el cual se comprometieran a no compartir los conocimientos o los secretos obtenidos a través de su acción política, ya sea parlamentaria, ya sea de las deliberaciones de los Consejos de Ministros, con las empresas privadas para dar un beneficio al capital, sobre todo teniendo en cuenta cómo está actuando ese capital en la última década: sin ningún tipo de escrúpulo y con movimientos espurios para obtener sus beneficios y sus fortunas que, inevitablemente, perjudican al pueblo. Ninguno de estos representantes del capital, y todos tenemos en mente a muchos —Florentino Pérez, Ana Patricia Botín, Villar Mir (que fue ministro de Hacienda tras la muerte de Franco en el último gabinete de Arias Navarro), etc.— ha tenido más capacidad intelectual o iniciativa emprendedora que cualquiera de los pequeños y medianos empresarios que luchan cada día por mantener a su familia con el esfuerzo de su trabajo.
Soraya Sáenz de Santamaría ha tenido el gesto de comunicar su salida de la política a Pablo Casado, el presidente del Partido Popular. Todo indica que será fichada por una de las grandes empresas del IBEX35, previsiblemente al Santander a pesar de que ofertas no le habrán faltado del resto de las grandes corporaciones españolas. Sin embargo, Soraya SS tiene la posibilidad de hacer un último servicio a España y a su pueblo: dejar un precedente para el resto de políticos que pasen a la gran empresa privada que no sería otro que, a través de una declaración jurada, no va a utilizar bajo ningún concepto ninguno de los contactos, conocimientos, directos o indirectos, y los dosieres obtenidos vía la democracia porque ella ocupó los cargos que ocupó en el gabinete de Mariano Rajoy gracias a que el pueblo votó al PP en las elecciones de 2.011, 2.015 y 2.016. Si, finalmente, hiciera uso de ellos, se volverían contra el pueblo porque, seamos realistas, el capital siempre ataca a los ciudadanos de una manera u otra. Sería un verdadero gesto que lo hiciera ante Carlos Lesmes en el Consejo General del Poder Judicial.
Esto es algo que deberían haber hecho Felipe González, José María Aznar, Josep Borrell, Trinidad Jiménez, Elena Salgado, Pedro Solbes, Isabel Tocino y un largo etcétera, por no citar a Elena de Borbón y Grecia que cobra 300.000 euros en la Fundación Mapfre mientras la aseguradora mantiene un sistema de recursos humanos que, tal y como hemos publicado en Diario16, va en contra de los derechos de los trabajadores.
Soraya Sáenz de Santamaría tiene la capacidad y la posibilidad de cerrar la ignominia de las puertas giratorias y de hacer un último servicio a España y, sobre todo, al pueblo. Que lo haga ya es otra historia.
