Tal y como informó Diario16, una denuncia anónima acusó a Alfonso Fernández Mañueco y a parte de su cúpula de la comisión de un presunto delito de financiación ilegal durante el proceso de primarias del Partido Popular en el que el ex alcalde de Salamanca se hizo con la victoria y la presidencia del PP de Castilla y León.
Los hechos, según la denuncia, se produjeron por el supuesto pago de las cuotas pendientes de cobro de 5000 militantes que, al no estar al corriente de pago, no podían votar en las primarias. Los pagos, siempre según lo indicado en la denuncia anónima, se realizaron a través de cajeros automáticos.
Tras realizar una serie de actuaciones y de tomar declaración a algunos testigos, y a otros citarlos para luego no permitir que declararan, se decidió en un auto el sobreseimiento libre de la causa, algo que indicaba que el juez no veía ningún tipo de indicio de haberse perpetrado los presuntos delitos de financiación ilegal de los que se acusaba al PP de Castilla y León y a su líder Alfonso Fernández Mañueco. Además, el sobreseimiento libre dificultaba la interposición de recursos.
Sin embargo, una de las acusaciones particulares, la encabezada por Equo, ha presentado un recurso en el que advierte claramente al juez decano de Salamanca de que ha tardado menos en investigar los hechos presuntamente delictivos denunciados que en entregar a las acusaciones las pruebas testificales realizadas durante los pocos días en que se instruyó la causa.
En concreto, el recurso se refiere a que pasaron 6 días desde el archivo sin que las acusaciones particulares conocieran el contenido de los testimonios recogidos por el juez decano a los testigos que declararon y que, según el magistrado, fueron suficientes para determinar que no había indicios de la comisión de delitos, lo que llevó al sobreseimiento libre.
Hay que recordar, además, que el juez recogió el testimonio de tres cargos electos del Partido Popular de Salamanca que reconocieron haber pagado 500 euros para colaborar en el pago de las cuotas de los militantes que no estaban al corriente y que, por tanto, no hubieran podido votar en las primarias que terminaron con la victoria de Fernández Mañueco. ¿Por qué el juez decano de Salamanca archivó la causa en tan pocos días y no inició una investigación de los hechos denunciados? ¿A quién favorecía la decisión de sobreseer las diligencias? En este caso, el sobreseimiento favorecía los intereses de Mañueco a la hora de cerrar su pacto de gobierno con Ciudadanos pero, por otro lado, perjudicó al propio sistema democrático que la Justicia está obligada a defender por encima de los intereses políticos de cada cual.
Esta decisión judicial tiene su importancia desde un punto de vista político, puesto que, según fuentes conocedoras del caso, da la sensación de que se ha retrasado esa entrega de las pruebas testificales para ganar tiempo y que Fernández Mañueco pudiera ser investido como presidente de Castilla y León tras su acuerdo con Ciudadanos y, sobre todo, tras su debacle electoral.
Si esto fuera así, nos hallaríamos ante un atentado claro al Estado de Derecho y al propio sistema democrático puesto que esta decisión judicial podría tener consecuencias políticas y, por consiguiente, para el pueblo de Castilla y León.
El poder judicial no puede, en ningún caso, ponerse al servicio de los intereses del ejecutivo o formar parte, de manera indirecta, de la ruta de toma de decisiones de los diferentes partidos a la hora de llegar a pactos. ¿Habría aceptado Ciudadanos un pacto con el PP de Mañueco si no se hubieran archivado las diligencias que, en principio, el juez admitió a trámite? Posiblemente el líder del partido naranja en Castilla y León, partidario de la regeneración democrática para los castellanos y los leoneses, hubiera optado por cerrar su acuerdo de gobierno con Luis Tudanca en vez de con Mañueco.
¿Ha condicionado la Justicia al resto de poderes de la democracia con el sobreseimiento y el retraso en la entrega a las acusaciones particulares de las pruebas testificales? Según el recurso presentado por Equo, «Mañueco tendrá que estar eternamente agradecido a que en este caso se rompa la máxima tan manida de que los tiempos judiciales nada tienen que ver con los tiempos políticos». Es decir, que, con toda la carga de ironía posible, el partido ecologista reconoce que Mañueco podrá ser investido presidente gracias a «los tiempos judiciales» que, en este caso, han favorecido claramente al ex alcalde de Salamanca.
A esto se añade, además, cómo Francisco Igea, el líder de Ciudadanos en Castilla y León, afirmó con rotundidad que «ningún imputado estará en el Gobierno de Castilla y León» tras conocer la denuncia anónima interpuesta en los juzgados se Salamanca por la presunta financiación ilegal del PP durante el proceso de primarias que dio la presidencia del partido conservador a Fernández Mañueco.
El poder judicial no puede ser el que decida quién va a gobernar o no porque estaría asumiendo algo que corresponde en exclusiva a la ciudadanía y a los partidos políticos en sus políticas de pactos. Un hecho así va en contra de la propia esencia de la democracia puesto que, en primer lugar, el pueblo castellano-leonés decidió con sus votos que Fernández Mañueco no fuera el presidente de la Comunidad Autónoma y, en segundo término, la sola sospecha de que se han retrasado actuaciones que van en contra de los derechos procesales de la acusación particular ya deslegitima presuntamente la independencia que se presume a los órganos judiciales. El retraso en la entrega de las pruebas testificales, ¿podría presuntamente favorecer a los intereses de un determinado partido o de un determinado candidato que lleva años salvándose de las imputaciones que se le han hecho en Castilla y León?
