Contradicciones, incongruencias, mentiras y connivencia con los promotores de la operación del Banco Popular. En estas pocas palabras se puede resumir, en buena parte, el papel jugado por el Banco Central Europeo (BCE) en todo el proceso que la sexta entidad financiera de España pasó hasta llegar a caer en manos de un banco que necesitaba ser salvado y para el que se pusieron todos los recursos institucionales a trabajar, tanto españoles como europeos, sin importar en ningún momento que esa decisión iba a tener como daño colateral la ruina de más de 305.000 familias en España.
En Diario16 ya informamos de cómo el BCE dio el visto bueno al plan de negocio aprobado por el Consejo de Administración en 2.016 en el que se incluía, entre otras cosas, la ampliación de capital de junio, la reestructuración de la plantilla o el Proyecto Sunrise. Esto se ha confirmado con la documentación desclasificada por el juez Andreu y que el propio BCE pretendía que no fuera transmitida a las partes. En concreto, según informa OKdiario, el presidente Mario Draghi envió una carta en la que indicaba, entre otras cosas que el Banco Popular «ha llevado a cabo estrategias adecuadas, efectivas y completas para la valoración, mantenimiento y distribución de capital […] El volumen, tipo y distribución interna de capital ha sido adecuado para cubrir el nivel de riesgos al que Banco Popular ha sido expuesto […] Banco Popular ha implementado importantes y robustas políticas de actuación, para identificar medir y controlar la liquidez, con una estimación adecuada de cara a futuro […] La liquidez del Banco cumple con los requerimientos legalmente exigidos a finales de 2016 […] Banco Popular ha llevado a cabo todo tipo de medidas, estrategias, procesos y mecanismos, para cumplir debidamente con las exigencias de la Directiva 2013/36/EU».
Esta carta estaba fechada el 25 de noviembre de 2.016, unos días antes de la dimisión de Ángel Ron y en medio de una campaña mediática de desprestigio que fue presuntamente financiada por el inversor mexicano Antonio del Valle.
Sin embargo, la presidenta del Mecanismo Único de Resolución, Danielle Nouy, en una carta remitida a la europarlamentaria de Izquierda Unida, Paloma López Bermejo, y que ya publicamos en Diario16 en julio de 2.017, insinuaba, entre otras cosas, que el Banco Popular llevaba teniendo problemas desde el año 2.014. Hay que recordar que la JUR depende del MUR y todas las irregularidades que hemos publicado en exclusiva en este medio deberían estar supervisadas por el organismo presidido por Nouy.
Esta discrepancia en los criterios entre el presidente del BCE y la presidenta del MUR demuestran cómo la evolución de la operación hizo que se cambiara el modelo de supervisión del Banco Popular hasta llegar a la resolución del día 7 de junio de 2.017.
Hemos de recordar que la resolución del Banco Popular se decidió en una reunión convocada por el Banco Central Europeo el día 2 de mayo, cuando la sexta entidad financiera del país disponía de 73.000 millones de liquidez. A partir de ese día se inició una cascada de decisiones que tenían como objetivo que el Popular cayera antes del final del segundo trimestre. El día 23 de mayo de 2.017, la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) finalizó el diseño y publicó un borrador para normalizar las valoraciones de los bancos antes y después de que se produjera una resolución de una entidad de crédito, en concreto, los documentos EBA/RTS/2017/05 y EBA/RTS/2017/06. Ese mismo día se realiza de modo urgente la primera valoración del Popular por parte de la Junta Única de Resolución (JUR). ¿Por qué ese día y no otro? La respuesta es sencilla: no se podía realizar dicha valoración sin que hubiera un documento normativo sobre el que apoyar las conclusiones de tal informe. La normativa sobre la que se apoya la Valoración 1 de la JUR es, precisamente, los dos documentos de la Autoridad Bancaria Europea publicados ese mismo día, coincidiendo con la contratación de Deloitte. Al día siguiente, 24 de mayo de 2.017, la JUR requiere a Saracho toda la información necesaria para realizar la valoración, información que, tal y como indicó Deloitte, fue claramente insuficiente para poder confeccionar el informe.
Así hasta llegar al día 3 de junio en el que, en una reunión convocada por Elke König a través de un documento encriptado, se decidió que el Popular sería resuelto cuatro días más tarde.
Extraños movimientos para la resolución de una entidad que el propio Mario Draghi calificó en los términos arriba apuntados.
