En los años treinta del pasado siglo, los fascismos crecieron y se extendieron a costa del populismo demagógico mientras los gobiernos de las democracias liberales miraban para otro lado sin hacer nada por evitarlo. Es famoso el poema del pastor luterano Martin Niemoller que explica cómo la cobardía de los intelectuales, y en general de la sociedad alemana, pudo consentir la ascensión del nazismo y la llegada de Adolf Hitler al poder: “Primero vinieron por los comunistas, pero como yo no era comunista no levanté la voz. Luego vinieron por los socialistas y los sindicalistas, pero como yo no era ninguna de las dos cosas, tampoco alcé la voz. Después vinieron por los judíos, y como yo no soy judío, tampoco levanté la voz. Y cuando vinieron por mí, ya no quedaba nadie que alzara la voz para defenderme”.
Hoy el Parlamento Europeo se muestra seriamente preocupado por la creciente normalización del fascismo, el racismo y la xenofobia en la UE y ha pedido la prohibición de los grupos neofascistas y neonazis, según un comunicado del organismo legislativo. En una resolución aprobada con 355 votos a favor, 90 en contra y 39 abstenciones, los eurodiputados denuncian que la “falta de una respuesta decidida contra estos grupos ha posibilitado el auge actual de la xenofobia en Europa”. El texto recuerda el ataque registrado en Noruega en 2011, en el que murieron 77 personas, el asesinato de la diputada británica Jo Cox en 2016 y el reciente ataque llevado a cabo por un escuadrón fascista en Italia contra la eurodiputada Eleonora Forenza. También cita incidentes protagonizados por grupos fascistas en Polonia, Grecia, Italia, Alemania, Francia, España, Letonia y los países nórdicos.
La Resolución del Parlamento Europeo sobre el auge de la violencia neofascista en Europa (2018/2869(RSP)), insta en su artículo 20 a “luchar contra las organizaciones que propaguen discursos de odio y violencia en espacios públicos, en la línea de prohibir efectivamente los grupos neofascistas y neonazis y cualquier otra fundación o asociación que exalte y glorifique el nazismo y el fascismo dentro del respeto del ordenamiento jurídico y la jurisdicción nacional”.
Ello significa que España deberá perseguir a todos aquellos grupos que propaguen una ideología fascista o de exaltación de ese sistema político, algo que viene haciendo de forma habitual la Fundación Francisco Franco. A partir de ahora, con las directrices marcadas por Bruselas, se podría abrir un proceso legal para prohibir las actividades de esta fundación. Además, el Parlamento europeo se refiere a la decisión del Congreso de los Diputados de exhumar los restos de Francisco Franco y trasladarlos fuera del Valle de los Caídos, advirtiendo que “se debe proceder a la retirada efectiva de todos los demás símbolos o monumentos que exalten el alzamiento militar, la Guerra Civil y la dictadura de Franco”. Los que no puedan ser retirados deben ser objeto de la necesaria contextualización y reinterpretación, de modo que puedan contribuir a la “concienciación pública y a la memoria histórica”, agrega. También se hace eco de las acusaciones desde la Fundación Franco y la familia Franco contra ciudadanos que se manifestaron ante el pazo de Meirás.
La resolución destaca la investigación contra doce miembros de la organización neonazi Hogar Social Madrid por incitación al odio, la condena a miembros de Falange, Alianza Nacional y Democracia Nacional por el ataque al Centro Cultural Blanquerna en 2013, y las amenazas contra el presidente de SOS Racismo. Todos estos partidos, asociaciones y grupos que realicen proselitismo de la ultraderecha deberían estar en el punto de mira de los juzgados españoles y de las fuerzas de seguridad. Tras la resolución europea no hay excusa para la tibieza y relajación con la que hasta ahora se ha manejado la Justicia española a la hora de perseguir e ilegalizar grupos que promueven ideales contrarios a los derechos humanos.
Según el comunicado del Europarlamento, la Cámara argumenta que “la impunidad de que gozan las organizaciones de extrema derecha en algunos estados miembros es una de las razones que están detrás del incremento de las acciones violentas, lo que afecta a la sociedad en su conjunto y a minorías concretas, como las personas de raza negra y ascendencia africana, judíos, musulmanes, romaníes, extranjeros, el colectivo LGBTI y las personas con discapacidad”.
Los eurodiputados proponen establecer dentro de la policía unidades especializadas en delitos de odio para garantizar que son investigados y perseguidos penalmente. También instan a las autoridades nacionales a que prohíban de manera efectiva los grupos neofascistas y neonazis “y cualquier otra fundación o asociación que exalte y glorifique el nazismo y el fascismo».
Preocupados por las sospechas de complicidad entre líderes de partidos políticos y fuerzas policiales con neofascistas y neonazis en algunos países de la zona euro, el Parlamento pide a los estados de la UE que condenen y sancionen con dureza los delitos de odio. También son necesarias medidas para contrarrestar la propagación del racismo, el fascismo y la xenofobia a través de Internet, en cooperación con las empresas de redes sociales. La resolución reclama a los Estados miembros y las federaciones deportivas nacionales, en particular los clubs de fútbol, que luchen contra la lacra del racismo, el fascismo y la xenofobia en los estadios.
