“Huido y desarmado el Ejército rojo” comenzaba la proclama victoriosa de los golpistas a la República. Han pasado muchos años, casi ochenta, de aquello y los que huyeron por miedo, porque sabían que los dispararían en cualquier pared, paredón, tapia o cuneta, como todos esos muertos que ahí siguen sin encontrar la paz (cívica y/o espiritual, según cada ser humano), no han recuperado lo mínimo cívico: la nacionalidad para sus descendientes nacidos allende de las fronteras de España. Una España que los ha maltratado, acogiéndose al autoritarismo legal, porque ellos y ellas nacieron fuera de las fronteras patrias, no por gusto, sino por culpa de un gobierno fascista.
Por ello, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registrado en el Senado una Proposición de Ley en materia de concesión de la nacionalidad española a los descendientes nacidos en el extranjero de progenitores españoles. Esta iniciativa parlamentaria se ha elaborado junto con el Centro de Descendientes de Españoles Unidos (Ce.DEU), una agrupación que lleva años denunciando las carencias de la disposición séptima de la Ley de Memoria Histórica que regula esta cuestión y exigiendo una legislación acorde con la situación de muchos de los descendientes de emigrados. Se quiere recuperar el civismo generacional al menos.
El propio Ce.DEU afirma «ver con esperanza esta proposición de ley a la que apoya plenamente» y «que es una reparación histórica para aquellos hijos y nietos de españoles que nos sentimos españoles». Para Juan Manuel de Hoz, uno de los portavoces del colectivo, la proposición de ley presentada puede ayudar a «devolver la identidad de aquellos que siendo españoles, se vieron injustamente privados de su nacionalidad». De Hoz lanza además un mensaje al conjunto de fuerzas políticas, instando a que «todos los grupos políticos obren en consecuencia con sus valores, pues sería muy triste que España vuelva a ponerse de perfil, dando la espalda a aquellos hijos y nietos de emigrantes que aman la tierra de sus familiares emigrados». Concluye el portavoz de Ce.DEU que «esperamos entonces que definitivamente ahora se salde una deuda histórica con los españoles en el exterior y sus familias».
Estos vacíos legislativos provocan casos como el de familias de padres españoles en los que algunos descendientes sí tienen la nacionalidad y otros no en función de si eran o no mayores de edad cuando entró en vigor la disposición séptima; o excepciones como el de los nietos de españolas casadas con un no español antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978, fecha hasta la que no se pudo transmitir la nacionalidad. El caso, es que los vacíos legislativos no se han cubierto, tal vez por la rabia de los hijos y nietos de los que clamaban en la plaza de Oriente y lloraban por la caída del dictador.
Además, también quedan fuera de este marco normativo los nietos y nietas de las personas emigradas por causas económicas que obtuvieron la nacionalidad del país de acogida y perdieron la española antes del nacimiento de su hijo o hija y los nietos y nietas de españoles que tenían la nacionalidad pero la perdieron por no ratificar su deseo de conservarla al cumplir su mayoría de edad. Algunos de ellos pudieron recuperar su nacionalidad y otros no debido a la falta de una instrucción específica para este supuesto en particular que dejó esa posibilidad a la interpretación de cada registro consular.
El objetivo de esta ley es, por tanto, el de reparar situaciones injustas o asimétricas surgidas por la falta de reconocimiento de la nacionalidad a ciertos casos específicos de descendientes de españoles y españolas. Que no la tienen por culpa de una sublevación contra el orden democrático constituido, no hay que olvidar. Que no la tienen porque el fascismo español sigue, escondido o disfrazado, en los intersticios del Estado.
Sara Vilà, senadora de En Comú Podem e impulsora de la proposición de ley registrada, recuerda que «el ministro Catalá se comprometió en el pleno del Senado a mirar con buenos ojos y colaborar con una ley como la que hemos presentado.» La senadora Vilà espera que esta sea «una buena ocasión para que todos los partidos nos pongamos de acuerdo porque no va de ideologías sino de hacer justicia con los descendientes de emigrantes exiliados por razones políticas o económicas y que no ven reconocidos sus derechos ni sus raíces. Es una ley que nos beneficia a todos».
