Diario16 lleva informando acerca del Caso Banco Popular desde hace más de un año y, desde el mismo momento en que se empezaron a presentar los recursos contencioso-administrativos tanto en los tribunales españoles como en los europeos y las primeras querellas contra el Banco Popular y sus diferentes cúpulas, este medio ha insistido siempre en que la mejor vía para lograr que las más de 305.000 familias arruinadas tras la intervención y la posterior venta por un euro al Santander era la penal, ya fuera para lograr soluciones extrajudiciales, tal y como ha instado el Defensor del Pueblo, ya sea para depurar responsabilidades por esta presunta estafa que trajeran como consecuencia principal una indemnización justa para quienes lo perdieron todo en la madrugada del 7 de junio.
Esta percepción de que la vía penal era la más efectiva respecto al resto, por supuesto sin desdeñarlas, ya que no son excluyentes las unas de las otras, la fuimos confirmando a través del acceso a los diferentes documentos que hemos ido publicando y los que aún no hemos hecho públicos, una documentación que fue entregada por Diario16 a la Audiencia Nacional y que, meses más tarde, fue incorporada por el juez Fernando Andreu a todas las causas del Caso Banco Popular a instancias del Fiscal Anticorrupción. En breve volveremos a entregar otra serie de documentos, sobre todo teniendo en cuenta cómo desde el Santander y diferentes organismos oficiales se está negando a la Justicia acceso a una documentación que obra en nuestro poder con la excusa de la Confidencialidad. Esa documentación, por ejemplo, ha servido para que un bufete de Barcelona haya solicitado al juez Fernando Andreu un estudio pericial de la firma de Emilio Saracho en la carta enviada a Danielle Nouy declarando la inviabilidad del Popular (likely to fail) por las sospechas de que pudiera haber sido falsificada, algo que ya hemos explicado en diferentes artículos de Diario16.
Tal y como informamos en Diario16 el pasado lunes, el bufete sevillano Sanguino Abogados amplió su denuncia penal al Banco de Santander. Realmente este bufete, al igual que otros, va por el camino que puede ser más efectivo ya que, en primer lugar, el principal responsable, presuntamente, es el Banco de Santander porque es quien se ha beneficiado de toda la operación y de la ruina de más de 305.000 familias a través de un presunto enriquecimiento ilícito, tal y como ya denunció un bufete madrileño que tampoco tiene ningún conflicto de interés con el banco cántabro; en segundo lugar, buscar una responsabilidad contra las antiguas cúpulas del Popular no es la solución para los afectados puesto que sumando todos los patrimonios de los demandados, principalmente los de Saracho y Ron, sólo podrían hacer frente a un porcentaje irrisorio del valor a indemnizar, por tanto, sólo el Santander tendría capacidad para ello; en tercer lugar, buscar una responsabilidad en la ampliación de capital es muy complicado puesto que las cuentas del Popular no sólo estuvieron auditadas por PwC sino por otras tres empresas que llegaron a las mismas conclusiones que la auditoría de Price Waterhouse Cooper; en cuarto lugar, las vías civil, contencioso-administrativa y europea, aunque pudieran parecer las más rápidas, serían mucho mas lentas que la penal por el recorrido por las diferentes instancias judiciales que deberían recorrer las demandas, todo ello sin contar de que el coste para los afectados sería mucho mayor; en quinto lugar, la vía mercantil a través del concurso necesario es, tal vez, la más rápida, sin embargo, y según nos confirman distintas fuentes jurídicas especializadas, se pueden topar con una oposición institucional muy grande ya que ahí entraría el Fondo de Compensación de Depósitos por una cuantía superior a los 60.000 millones de euros de la que tendría que hacer frente el Estado. Por tanto, el único camino posible para lograr una solución extrajudicial justa, no los bonos de fidelización que ofertó y que contenían cláusulas que podrían llegar a declararse como abusivas, además de ser excluyente porque sólo se ofrecía a los que hubieran acudido a la ampliación de 2.016, y provocar que el Santander se pliegue a negociar con las 305.000 familias arruinadas es la penal.
La fundamental de este caso es que el Santander asuma su responsabilidad para con las familias afectadas y les pague un precio justo. ¿En qué cifras nos moveríamos? El capital bursátil del Popular el «Día R» era de 1.288 millones de euros, a la que sumándole la valoración total de la entidad sumándole los fondos propios y los bonos estaríamos en un valor de 14.065 millones de euros. Por tanto, sobre esa cantidad es sobre la que debería tomarse la referencia para establecer el montante a pagar a los afectados. En este caso, estaríamos hablando de que un precio justo por acción sería de 2,27 euros ya que el Santander no se quedó sólo con el capital bursátil por un euro sino que adquirió todo el Banco Popular. Ante esta situación, el Santander está perdiendo una oportunidad de hacer algo ético y que, además, le garantice unos beneficios a medio plazo muy importantes puesto que, una vez abonadas esas cantidades, el negocio del Popular seguirá estando en sus manos, continuará siendo líder en el sector Pyme, dispondrá de activos inmobiliarios para realizar grandes operaciones como la que se cerró con BlackStone y, sobre todo, dispondrá de una base sólida de clientes sobre la que crear una gran entidad que pueda competir de tú a tú con el gigante que se prepara por una cada vez menos hipotética fusión entre BBVA y Bankia. Hoy el Santander anunciará el traspaso de activos inmobiliarios al fondo buitre norteamericano por valor de 30.000 millones. Sobre esos 2.27 euros el Santander tendría que abonar a las familias afectadas un total de 9.257 millones de euros, una cantidad, en principio asumible para un banco de las dimensiones del presidido por Ana Patricia Botín, de la que, incluso, podría llegar a sacar beneficio. ¿Por qué no lo hace? La respuesta puede estar en la necesidad de rédito a corto plazo y no a medio o largo o, incluso, a una posible incapacidad de poder acudir a los mercados para asumir una ampliación de capital con la que afrontar el pago de esas indemnizaciones.
Si se cierra en no ofrecer a los afectados esa solución extrajudicial que reclama, entre otros, el propio Defensor del Pueblo, el Santander estará perdiendo una oportunidad única de hacer algo ético y en beneficio de los ciudadanos. ¿Lo puede hacer? Sí, lo puede hacer. ¿Lo hará? Posiblemente, no.
