Uno de los puntos débiles que tiene la lucha contra la violencia y el terrorismo machista está en el Poder Judicial, lo que demuestra, entre otras cosas, que uno de los pilares de la democracia aún no ha tenido una transición como la que pasaron otros poderes u organismos fundamentales del Estado. Sentencias, denegación de órdenes de protección, votos particulares, absoluciones en contra de los criterios de los técnicos, son algunos de los ejemplos que podemos ver en los que las mujeres quedan indefensas y sin la protección de la Justicia. Por suerte, cada vez son más los profesionales de la judicatura y la fiscalía los que están más comprometidos con esta lucha y se dan cuenta de los gravísimos errores, que en ocasiones cuestan vidas, que se están cometiendo.
Por esta razón el Congreso de los Diputados quiere que la violencia machista se convierta en una especialidad jurídica al mismo nivel que la mercantil, la penal o la civil. Esto supone que para acceder a la misma los jueces aspirantes tendrán que pasar una serie de pruebas selectivas de especialización y los magistrados, a la hora de solicitar un ascenso, cumplir con una serie de condiciones.
En un informe sobre la reforma de la Ley del Poder Judicial, aprobado la semana pasada, se recoge la imperiosa necesidad de incrementar la formación de los jueces en lo referido al principio de no discriminación. Por ello se introducen una serie de pruebas selectivas de especialización en violencia sobre la mujer.
Todas pruebas selectivas incluirán un estudio del principio de igualdad de género y las medidas en materia de violencia contra la mujer que serán aplicadas transversalmente según la función jurisdiccional. Esto quiere decir que se tendrá muy en cuenta la aplicación de tratados internacionales sobre igualdad, discriminación y violencia contra la mujer que estén firmados por España.
Por otro lado, el CGPJ encomendará al Observatorio contra la Violencia Doméstica y de género la evaluación de los datos de los Juzgados de Violencia contra la Mujer y los relacionados surgidos en otros ámbitos.
Además, habrá una obligación de construir o crear estancias especiales en los juzgados para evitar que maltratada y agresor se crucen durante el proceso.
