Andalucía fue la primera comunidad en activar en 2005 el Plan de Prevención y Atención de Agresiones para los profesionales del Sistema Sanitario Público Andaluz, que cuenta con el Registro Informático de Agresiones (RIAC), y que, desde entonces, como resultado de la asesoría jurídica, ha logrado más de 2.500 sentencias condenatorias por agresiones a profesionales, de las que 163 han sido tipificadas como delitos de atentado.
La Consejería de Salud ha asegurado la sensibilidad y compromiso del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con las agresiones a profesionales. Se trata de un tema muy sensible que ha aumentado en los últimos años en todas las comunidades y que exige una respuesta de toda la sociedad en su conjunto. El objetivo de la Junta de Andalucía es conseguir un estado de tolerancia cero frente a las agresiones para lo que se ponen en marcha todas las medidas y medios que sean necesarios.
Los órganos judiciales han demostrado una gran sensibilidad hacia este asunto y muestra de ello es el aumento del número de condenas de este tipo durante los últimos años. El Plan de Prevención y Atención de Agresiones establece un protocolo de actuación que se activa ante la notificación de una agresión en un centro sanitario. Incluye la asesoría jurídica al personal agredido, el apoyo psicológico si lo estima conveniente, así como formación y diferentes medidas y protocolos con el objetivo de prevenir y minimizar las posibles agresiones que puedan sufrir los profesionales en sus centros de trabajo.
Dicho plan cuenta con el consenso y apoyo de organizaciones sindicales, organizaciones colegiales, y asociaciones de consumidores y usuarios, además de estar en sintonía con las directrices establecidas por la Organización Internacional del Trabajo y la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo.
En 2017, se produjeron en Andalucía 1.115 agresiones a profesionales en los centros, se realizaron 164 asistencias letradas y se lograron 154 sentencias condenatorias, 32 de ellas como delitos de atentado. La tasa de agresiones, por tanto, fue de 11,43 por 1.000 profesionales, un dato que se sitúa por debajo del registrado en el Sistema Nacional de Salud.
