Más de 41.000 personas están reconocidas con un grado de discapacidad igual o superior al 33% y diagnosticadas con déficit auditivo en Andalucía, según los últimos datos de los Centros de Valoración y Orientación de Andalucía. Durante la participación de las Jornadas Técnicas para Intérpretes de Lengua de Signos Española, la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha destacado que sin la colaboración de las entidades, como la Fundación Andaluza de Accesibilidad y Personas Sordas (FAAS), no habría sido posible la puesta en marcha de la nueva Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, aprobada el pasado mes de septiembre de 2017.
Sánchez Rubio ha resaltado que «estas jornadas son un estupendo resumen de lo que supone la labor de FAAS, una gran apuesta por la inclusión y la accesibilidad en todos los ámbitos, eliminando las barreras de comunicación que afectan a las personas con discapacidad auditiva». En el año 2017, Igualdad y Políticas Sociales ha concedido a la FAAS subvenciones por un importe de más de 600.000 euros.
La consejera ha subrayado que «el Gobierno andaluz no podía dejar de estar presente en estas jornadas, que rompen las barreras que discriminan a las personas con discapacidad, convirtiéndose en una oportunidad para la autonomía y el desarrollo personal y, por tanto, un vehículo de inclusión social y laboral». Para Sánchez Rubio, se trata de «ámbitos esenciales en la nueva Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, con la que adaptamos la normativa andaluza a los preceptos contenidos en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad», ha recordado.
La responsable de las políticas sociales en Andalucía ha detallado que esta nueva norma «pone el énfasis en la autodeterminación, en la capacitación y en el empoderamiento de las personas con discapacidad; en la vida independiente; en la perspectiva de género, así como en la accesibilidad universal y los apoyos individualizados cuando sean necesarios».
Por último, ha destacado que esta Ley tiene el objetivo de avanzar «hacia una sociedad más justa, inclusiva y accesible, primando la garantía de derechos de igualdad de oportunidades más allá del enfoque asistencial».
