El 50% de las llamadas al teléfono del mayor es para denunciar situaciones de detección de riesgo de maltrato o abandono, una prioridad para Andalucía, según se desprende de las 4.276 llamadas recibidas. Asimismo, el 45% iban referidas a solicitud de información sobre la red de recursos para personas mayores.
El Teléfono de Atención a las Personas Mayores (900.85.83.81) se ha consolidado como un servicio público de información ciudadana, gratuito y que funciona durante las 24 horas del día y los 365 días del año, mediante la atención personalizada de profesionales cualificados. Sus objetivos son la detección de situaciones de riesgo o maltrato que puedan llegar a personas mayores; la recogida de quejas sobre el funcionamiento de centros de atención especializada, y facilitar información sobre los servicios y recursos existentes en Andalucía para personas mayores, entre otros.
Constituye un instrumento jurídico que conlleva la correspondiente investigación, adopción de medidas para el cese del posible abuso y en su caso la puesta en conocimiento inmediata al Ministerio Fiscal, contando con la colaboración de las y los profesionales, familiares, amigos, y entornos. Además, se han iniciado los trabajos para activar un protocolo especial de atención para proteger a las personas mayores en situación de desasistencia u objeto de maltrato.
La Junta de Andalucía cuenta también con el Programa de Orientación Jurídica, un servicio gratuito de atención personalizada que permite a las personas usuarias realizar consultas a la experta o experto con el fin de resolver cuestiones de carácter jurídico que se les puedan plantear, incluida cualquier situación de posible maltrato. Durante el año 2017 se han derivado a las Fiscalías Provinciales un total de 333 de las que 37 han sido derivadas a la Sección de Violencia sobre la mujer.
También en los centros de participación activa de la Junta de Andalucía se llevan a cabo distintas acciones de sensibilización y conocimiento mediante charlas informativas y talleres donde se facilita información acerca de conductas indeseadas o fraudulentas y de los recursos asistenciales y sociales a los que pueda acudir la persona mayor en demanda de ayuda y como detectar posibles situaciones de abuso.
Otra línea de actuación se dirige a la toma de conciencia de este problema mediante la celebración de actividades formativas para los y las profesionales que prestan servicios en centros especializados de personas mayores y que son los que ofrecen un trato más directo con mayores y familiares.
Además, existe la Inspección de Servicios Sociales, órgano que actúa en centros y servicios tanto para la detección de posibles abusos y malos tratos como para las actuaciones necesarias en caso de denuncias aplicando medidas correctoras, en su caso.