El Gobierno de M. Rajoy no sabe aun cuándo y cómo el Ayuntamiento de Marbella podrá recuperar buena parte de los cientos de millones de euros en bienes y dinero incautados a los condenados por distintos casos de corrupción como el caso Saqueo I, Saqueo II o el caso Malaya. Esto es así a pesar de que las acciones delictivas se perpetraron en gran medida hace más de dos décadas, las condenas son firmes hace años y algunos de los principales delincuentes están ya en libertad.
Este es el caso del “cerebro” de la corrupción en Marbella, Juan Antonio Roca, que está en la calle tras acceder al tercer grado penitenciario sin haber cumplido 12 años de prisión efectiva de los más de 35 que sumaban sus diversas condenas, gracias a que a nivel judicial se aceptó acumular y refundir estas penas.
El Ejecutivo del PP ha contestado de forma más que escueta sobre esta cuestión a la diputada de Izquierda Unida Eva García Sempere. Moncloa ha tardado exactamente 72 días en dedicar también exactamente una línea y media (24 palabras) en responder a la pregunta escrita que la parlamentaria registró el pasado 27 de febrero. “En relación con la cuestión planteada por Su Señoría, se informa que la situación es en la actualidad objeto de análisis, estudio y valoración”, recoge la respuesta.
García Sempere planteaba, en concreto, en la pregunta que al Gobierno no le merece la pena contestar, “¿Qué acuerdos se han alcanzado o se están negociando entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública, y el Ayuntamiento de Marbella para que el municipio malagueño pueda recobrar como equipamientos públicos o inversiones los bienes incautados en los procesos judiciales por corrupción relacionados con la ciudad, como los casos ‘Malaya’ y ‘Saqueo’?”.
“La desgana que muestra el Gobierno del PP en cumplir con su obligación de facilitar información completa a los/as parlamentarios/as o la incompetencia administrativa de los máximos responsable de Hacienda choca con la gravedad de este caso, sobre todo para los intereses de la ciudadanía de Marbella”, advierte la diputada malagueña de IU.
Distintas fuentes apuntaron hace ya tiempo que el Ayuntamiento marbellí llegó a conseguir el embargo de hasta 170 propiedades y de cerca de 225 millones de euros pertenecientes a los encausados por corrupción en distintas causas para garantizar los bienes expoliados durante años, buena parte de ellos aún pendientes de que se determine su destino entre las distintas administraciones.
