El 22 de noviembre de 2016 se recibió una denuncia anónima en la Fiscalía contra María Jesús Serrano Jiménez exalcaldesa de la localidad, posteriormente Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía y actualmente diputada nacional del PSOE y número tres de la Ejecutiva Regional de Susana Díaz al frente de la Secretaría de Política Municipal del PSOE-A.También se dirigían las acusaciones anónimas de corrupción contra Jesús Rojano Aguilera, actual alcalde socialista de la localidad de Baena.
En la denuncia se ponía de manifiesto que María Jesús Serrano firmó un convenio sin competencia y sin trámite con el presidente del Grupo El Tejar, en tanto que responsable de la empresa Agroenergética de Baena S.L. por el que se bajó la aportación que esta empresa daba al ayuntamiento por convenio del año 2005 de 500.000 a 100.000 euros anuales durante la vida útil de la central térmica, estimada entre 35 y 40 años, entre otras razones por las molestias y efectos de la contaminación que la térmica genera a través de sus humeantes y vistosas chimeneas, algo que siendo consejera de Medio Ambiente se encargó de clarificar financiando un estudio de la Universidad de Huelva.
Para los embozados denunciantes ante el Ministerio Público esta rebaja suponía “una pérdida importante de dinero para las arcas municipales”. También se exponía que la empresa contrató con posterioridad a la firma del convenio “al hermano de la exalcaldesa, así como al marido de su secretaria personal en el Ayuntamiento”. (Parece que posteriormente hubo más contrataciones de familiares de políticos)
Concluía la denuncia indicando que la Sra. Serrano Jiménez habría podido cometer delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad documental y tráfico de influencias y su sucesor en la alcaldía pudiera tener responsabilidades como encubridor y colaborador necesario como primer teniente de alcalde y delegado de Hacienda.
Un mes después de recibirse la denuncia anónima se incoaron Diligencias de Investigación, ordenándose la práctica de numerosas indagaciones, basadas fundamentalmente en documentación que debía aportar el ayuntamiento y que, obviamente, fue elaborada por los funcionarios responsables de estos menesteres.
Tres meses después de haberse iniciado las diligencias de la Fiscalía, el fiscal decano de Córdoba Juan Antonio Merlos firmaba el 31/03/17 un decreto de archivo con el material aportado a la rápida investigación.
Pero el decreto de archivo, después de más de un año transcurrido desde su firma en marzo del año pasado, trasladado al Ayuntamiento de Baena, nunca fue enseñado a la oposición cuyos miembros se han enterado de su existencia tras esta primera información publicada por Confidencial Andaluz, obtenida en fuentes del PSOE-A justificando el, para ellos, ‘escaso interés informativo’ que tenía el asunto en el que nosotros habíamos “picado”.
Efectivamente, fuentes del PSOE-A, argumentaron en su momento a esta redacción que no había nada, que la denuncia había sido archivada por Fiscalía, pero ni la Sra. Serrano ni nadie del PSOE-A enseñó nunca el documento de archivo, ni siquiera a la oposición municipal en Baena. Así lo confirma Francisco Bravo, el concejal del PP que destapó en un pleno el “regalo millonario” que, con nocturnidad y sin capacidad legal de la alcaldesa Serrano, se le había hecho a El Tejar, perjudicando los intereses del pueblo de Baena con un presupuesto anual entonces de unos 14 millones. Hace seis meses el Sr Bravo se dio de baja en el PP, entre otras razones por el escaso respaldo recibido en su día por José Antonio Nieto como presidente del PP de Córdoba en este y otros asuntos relacionados con la lucha del PP local contra la corrupción municipal de los socialistas en Baena. Córdoba, una provincia donde también parece que funcionó la omertá y el silencio debido como en otras de Andalucia entre PP y PSOE.
En los ambientes políticos de la localidad, incluidos algunos socialistas decepcionados y escandalizados con la gestión de Serrano y su “heredero” en la alcaldía, “nada acorde con los tiempos que soplan en el partido” aseguran que “el archivo de Fiscalía formalmente es correcto, pero lo es en base a la documentación aportada desde el Ayuntamiento en su momento a petición de la Fiscalía, documentación que tiene toda la pinta de haber sido manipulada y no sería la primera vez, ya que en el acuerdo de rebaja con la térmica también se hicieron informes a posteriori”. Así se cuenta al menos en el informe del Secretario Municipal ya publicado por Confidencial Andaluz el pasado 31 de mayo.
Esas mismas fuentes consultadas están convencidas de que a Fiscalía no se le contó en su momento toda la verdad “algo que es muy grave en un Estado de derecho”.
Aseguran poder demostrar que “han incorporado pruebas falsas aportadas por el órgano encargado de la tramitación del convenio que firmó la ex alcaldesa en 2013 con El Tejar, el Técnico de la Administración General (TAG), que cinco años después de la firma del citado convenio descubre que el informe no válido del asesor externo lo recibió en su ordenador en 2012 y que lo suscribió, dándole legitimidad, tanto a la validez del informe como a la fecha de recepción en el ayuntamiento y a la firma de la ex alcaldesa, como órgano de gobierno competente para este ruinoso e ilegal convenio”.
Las mismas fuentes consultadas afirman que “la manipulación es burda y fácilmente desmontable, ya que deja al descubierto una trama corrupta cuyos principales actores son la exalcaldesa y el actual alcalde”.
Para quienes ahora se plantean impulsar la reapertura del caso ante la flamante Fiscalía Anticorrupción de Córdoba – no descartando a los partidos de la oposición– “los argumentos incuestionables y contrastados”, tras conocer esta semana el contenido del auto de archivo de la Fiscalía de Córdoba, se resumen en once puntos y que aportan de la siguiente forma:
- El informe del Secretario General deja contundentemente claro que el informe del asesor externo tuvo entrada en el Ayuntamiento en Marzo de 2014, un año y medio después de la firma del convenio irregular. Literalmente afirma que no debió de servir de único soporte jurídico para la firma del convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Baena y Agro-energética El Tejar, sin hacer mención alguna a nota de conformidad o disconformidad de ningún Técnico de Administración General dejando absolutamente nítido que la documentación que éste TAG como responsable de la tramitación no le ha aportado ningún aval ni diligencia que valide el informe del asesor externo. El Secretario General reitera en numerosas ocasiones en su informe del 2015 que el informe jurídico externo que llega año y medio después no es válido y no está suscrito por ningún informe de técnico municipal alguno.
- En marzo de 2014 se asienta el informe del asesor externo en el registro municipal sin que se aporte ninguna prueba ni huella de haber sido suscrito ni avalado por el TAG, encargado de la tramitación del expediente.
- El mismo TAG, R.N., en el índice de documentos del expediente del convenio que remite entre otros a los grupos políticos municipales, no hace mención a su propia validación del informe jurídico externo.
- En los expedientes completos sobre la relación de Ayuntamiento con Agro-energética de Baena tampoco alude a la recepción en su ordenador del citado informe externo, y aún menos, a su legitimación del mismo como técnico municipal.
- El reiterado TAG no avaló el convenio desde el punto de vista jurídico, a pesar de haberlo redactado y ocultado a la Secretaría General del Ayuntamiento en el año 2013 dado que por la importancia de ésta tramitación sería el Secretario General quien hubiera llevado a cabo la misma.
- La Alcaldía no es el órgano competente para firmar un convenio que cede más de seis millones de euros y cuya duración temporal sobrepasa los cuatro años, de acuerdo a la Ley de Bases de Régimen Local, a la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público que en el artículo 22.2n) reza literalmente que las contrataciones y concesiones cuando su importe supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto o los seis millones de euros, así como las concesiones plurianuales cuando su duración sea superior a cuatro años son competencia del Pleno, como es el caso que nos ocupa; por tanto, la Alcaldesa firmó un convenio sin competencia para ello con ocultación y sin ningún expediente ni aval jurídico.
- Sólo cuando la fiscalía solicita información al Ayuntamiento cuatro años después de la firma del reiterado convenio del 2013, el TAG descubre que en su ordenador estaba desde el 2012 el informe externo y que él lo había suscrito.
- Hay ocultación, pues nada se sabe de éstas irregularidades hasta que a finales del 2014 son denunciadas por el concejal portavoz del PP Francisco Bravo en el Pleno, hasta entonces silencio absoluto incluso en los registros oficiales de la administración municipal.
- El expediente montado por el TAG a requerimiento de la fiscalía pudiera haber inducido a ésta, lógicamente, a dar crédito a la documentación remitida desde el Ayuntamiento, aunque sorprende el silencio del Secretario General en esta ocasión frente a la contundencia de su informe en el 2015.
- La oposición queda en evidencia por su complicidad que pudiera tener que ver con los numerosos casos de relación laboral con el ayuntamiento, directos e indirectos, de ediles municipales, así como del grupo del gobierno casi en su totalidad.
- Y por último, no consta en el convenio del 2013 ninguna alusión ni cómputo económico en relación con el suministro de agua, lo que se ha añadido posteriormente como maniobra de distracción, hecho éste que en cualquier caso no deja de ser irrelevante y ajeno al objeto y consecuencias del convenio.
Pueden consultar el Decreto de archivo de Fiscalía firmado el 31 de marzo de 2017 desconocido hasta ahora por la oposición y los ciudadanos de Baena AQUÍ
