La Junta de Andalucía ha convocado en Sevilla al Consejo Andaluz de Consumo con carácter extraordinario para informar de las actuaciones desarrolladas por la Administración autonómica para la protección y defensa de los derechos de las personas afectadas por el cierre de las clínicas dentales de la cadena iDental en Andalucía, así como para coordinar de la mejor manera posible las próximas medidas a poner en marcha.
La reunión ha convocado a los representantes de todos los organismos y entidades que integran este órgano colegiado: la Junta de Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, la Confederación de Empresarios de Andalucía, así como las organizaciones de cosumidores y usuarios más representativas de Andalucía: Facua, Al Andalus y Adicae.
Desde la Dirección General de Consumo de la Consejería de Salud, una de las principales líneas de trabajo que se están desarrollando en estos momentos es la mediación con las diferentes entidades prestamistas que trabajaban con la cadena iDental para financiar los tratamientos de sus pacientes, con el objetivo de asegurar la suspensión inmediata del cobro del crédito al consumo concertado, para que las personas afectadas por el cierre de las clínicas no tengan que seguir abonando estos servicios que no están recibiendo. Asimismo, se ha instado a estas entidades a que no incluyan a estos pacientes de iDental en los registros de morosos.
En este sentido, en el mes de junio se han remitido escritos a todas estas entidades y se están manteniendo diferentes reuniones para analizar la situación generada y para que las entidades faciliten información sobre la forma en que se está procediendo en relación con esta problemática. Hasta la fecha, se han mantenido encuentros con la Asociación Nacional de Entidades Financieras de Crédito (ASNEF), Banco Cetelem, EvoFinance y Sabadell Consumer, y están previstas nuevas reuniones en los próximos días con otras entidades, como BBVA, Caixabank Consumer Finance y Pepper Assets Services.
En las reuniones mantenidas hasta la fecha, las entidades prestamistas han indicado que van a facilitar la devolución de las cantidades correspondientes a las personas que lo soliciten. Asimismo, están ofreciendo la posibilidad de continuar el tratamiento contratado hasta la finalización del crédito en otras clínicas dentales con las que han llegado a acuerdos. Por lo tanto, las personas afectadas podrán reclamar a la entidad prestamista la devolución de las cantidades, o bien optar por continuar el tratamiento en los centros propuestos, según lo que les resulte más conveniente.
Según la normativa vigente, en el caso de haber financiado el tratamiento con la clínica dental, las personas afectadas tienen derecho a resolver el préstamo y a la devolución, total o parcial, de las cantidades previamente abonadas por la interrupción en la prestación del servicio. Para ello, es necesario que reclame directamente a la entidad prestamista para que deje de realizar los cobros.
Es conveniente que esta reclamación se presente a través de correo electrónico, correo postal certificado con acuse de recibo o burofax, para que quede constancia de la misma. Además, es recomendable adjuntar la reclamación realizada ante la clínica dental, si hubiera sido posible hacerlo, y la acreditación de que los servicios no se han realizado, en todo o en parte, o no son conforme con lo originalmente contratado, por medio de un nuevo presupuesto elaborado por otra persona dentista colegiada.
Por otra parte, desde la Dirección General de Consumo se está proponiendo a las entidades prestamistas su incorporación a los mecanismos de mediación y arbitraje, para resolver aquellas situaciones en las que pueda haber discrepancias. Se trata de mecanismos de resolución de conflictos alternativos a la vía judicial, de carácter gratuito, que permiten ofrecer una solución más ágil a las personas consumidoras y usuarias.
Se está solicitando a las diferentes entidades que faciliten sus protocolos de actuación para las personas afectadas por el caso iDental, con la intención de publicarlos próximamente en la página web de la plataforma Consumo Responde (www.consumoresponde.es). En esta misma página web se puede obtener información sobre los derechos que asisten a las personas afectadas y cómo reclamar en cada caso, así como acceder a los datos de contacto de las diferentes entidades prestamistas y descargar diferentes modelos de reclamación.
Reclamaciones, sanciones y denuncias ante Fiscalía
La Dirección General de Consumo ha recibido y tramitado más de 3.500 reclamaciones relacionadas con las seis clínicas de iDental en Andalucía. La mayor parte de estas reclamaciones, más de 2.300, se han producido en el primer semestre de este año. Asimismo, se han iniciado hasta la fecha varios procedimientos sancionadores contra la empresa por prácticas comerciales desleales, por desatención a los consumidores, por no atender los requerimientos formulados por la Administración, por introducir cláusulas abusivas en los contratos, por no contestar la hoja de quejas y reclamaciones y por fraude en la prestación de servicios, entre otras cuestiones. En total, consta que se han levantado 97 actas de inspección a las seis clínicas existentes, y se han iniciado 35 procedimientos sancionadores, con una sanción total de 1,2 millones de euros.
Además, desde los Servicios Provinciales de Consumo se están analizando las reclamaciones recibidas para su remisión a Fiscalía en aquellos casos en los que se detecte que se haya podido producir un delito de estafa. En este sentido, ya se habían remitido casos en los que se considera la posible existencia de un delito de estafa a las Fiscalías de las Audiencias de Sevilla y Córdoba y, el pasado viernes, también a la de Granada. Está previsto hacerlo próximamente en otras provincias.
Cómo reclamar ante el cierre de las clínicas iDental
Todas las personas afectadas por el cierre de las clínicas de la cadena iDental en Andalucía pueden dirigirse a alguno de los Servicios provinciales de consumo de la Junta de Andalucía o a la OMIC de su Ayuntamiento para tramitar su reclamación a la compañía. También pueden recibir información y asesoramiento gratuito a través del servicio público Consumo Responde, una plataforma multicanal accesible a través del número de teléfono 900 21 50 80, la página web www.consumoresponde.es y el correo electrónico [email protected].
En primer lugar, se recomienda a todas las personas afectadas porque no hayan iniciado sus tratamientos o porque no los hayan finalizado antes del cierre de la clínica, que presenten una reclamación ante la clínica dental por incumplimiento de contrato. Como las clínicas están cerradas, la reclamación se debe remitir por escrito, dirigida a la empresa que figure en el contrato, y utilizando cualquier medio que permita acreditar la constancia de haber reclamado, como un correo postal certificado con acuse de recibo.
Según cada caso, se podrá reclamar que se ejecuten los servicios previamente contratados; reclamar que se terminen los tratamientos ya iniciados; reclamar la devolución de las cantidades abonadas si el tratamiento no hubiera sido finalizado (en la parte no ejecutada), o si ha sido incorrectamente ejecutado; y denunciar cualquier tipo de incumplimiento en que haya podido incurrir la entidad. En caso de que la reclamación se deba a una mala práctica médica, se deberá dar traslado de la misma a los correspondientes colegios profesionales.
Junto con la reclamación, se recomienda solicitar el historial clínico. En caso de que la empresa no lo facilite se puede interponer la correspondiente denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos por entorpecimiento del ejercicio del derecho de acceso a sus datos, así como reclamar la situación ante la autoridad judicial para solicitar que acceda al establecimiento, localice las historias clínicas y las entregue a los interesados.
Asimismo, es importante adjuntar a la reclamación toda la documentación generada en relación con el tratamiento contratado, como los folletos y material publicitario, presupuesto realizado, copia del contrato, acreditación de los pagos efectuados y facturas entregadas, historial médico si se dispone del mismo, así como un presupuesto realizado por otra persona colegiada dentista que justifique el estado en el que se encuentra la realización de los trabajos y qué operaciones son necesarias para restituir la salud dental.
En todo caso, las personas afectadas pueden también acudir a la vía judicial, ya sea directamente, o bien si tras haber completado el procedimiento de reclamación administrativo no hubiera obtenido una solución satisfactoria. En caso de que el importe reclamado no supere los 2.000 euros se podrá presentar la denuncia sin necesidad de contar con profesionales de la abogacía y la procuraduría. En caso de cumplirse los requisitos establecidos para ello, se puede solicitar la asistencia jurídica gratuita.
