240.000 andaluces viven fuera de España y van a tener dificultades para poder ejercer su derecho al voto. Todo ello por una modificación legal que realizó el PP de M. Rajoy, por creer que le beneficiaba, y que Pedro Sánchez se comprometió a revertir. El famoso voto rogado, esto es, la necesidad de los españoles y españolas residentes en el extranjero de pedir expresamente que quieren votar en las elecciones correspondientes. Tanto presencialmente como por correo, los residentes en el extranjero han de pedir el voto. Presencialmente puede suponer una gran molestia por no poder desplazarse hasta la embajada/consulado a votar, o porque los sistemas de correos en algunos países son casi inexistentes. Son 240.000 ciudadanos a los que se limita su derecho fundamental de voto.
El presidente del Gobierno se comprometió, como una de sus primeras medidas, a quitar el voto rogado. Con un simple decreto lo podría hacer y le apoyarían la mayoría de partidos de la cámara. Pero ya no daría tiempo casi para las elecciones andaluzas. Está sobre el límite el hacerlo y que puedan ejercer su derecho sin problemas. Y así se lo han pedido desde Adelante Andalucía y las distintas formaciones que forman parte de la confluencia política de izquierdas. Le piden que cumpla su promesa, que haga valer su palabra para que españoles y españolas no vean mermados sus derechos.
No sólo hay una merma en los derechos, como han explicado Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo, es que la posible influencia electoral puede ser perjudicial para su propio partido, el PSOE-A. Que Susana Díaz se muestre confiada en ganar y seguir siendo la president de la Junta de Andalucía, no empece para que se analice la realidad y se obre en consecuencia. Supongamos que de todos esos 240.000 andaluces sólo votase el 25%, serían 60.000 votos que podrían decidir algunas actas de diputado en provincias clave. Como ejemplo, digamos que en la circunscripción de Sevilla el PSOE se juega con Ciudadanos un diputado y lo pierde por 1.000 votos. ¿Quién les asegura que de esos 60.000 que querían votar no hubiese 1.001 votos para el PSOE de más? Y que por perder ese escaño Ciudadanos y PP suman suficiente para tener la mayoría absoluta. Sólo hay que pensar que si el PP lo instauró es porque le perjudicaba, así que por puro egoísmo de partido (si no quiere velar como es su deber por los derechos fundamentales) debería derogarlo.
Es más, si piensa el presidente del Gobierno, por vaya usted a saber qué locura surgida de la cabeza de Iván Redondo (el spin doctor principal de Sánchez), el voto rogado beneficiaría a Adelante Andalucía, estaría perjudicando al PSOE-A igualmente. Supongamos que en las provincias de Almería y Jaén, Adelante Andalucía pelea dos escaños con Ciudadanos. Dos escaños que resultarían fundamentales, no tanto para que ganase el PSOE-A, como para que la formación naranja fuese cuarta fuerza y se pudiese vender como gran derrota y ello propiciase un hundimiento a nivel estatal. Con esto dejaría espacio por el centro al PSOE para ganar las elecciones generales, en teoría. Dos escaños gracias a que Adelante Andalucía queda como segunda fuerza o tercera pueden suponer un gobierno a nivel estatal. Y, como es el deseo íntimo de Susana Díaz, facilitarle el gobierno con Ciudadanos. Una doble victoria.
Lo principal es que españolas y españoles disfruten plenamente de sus derechos fundamentales. Ahora bien, tampoco hay que desestimar las posibilidades electorales y de estrategia política para más adelante. Sólo se podría negar si fuese clara la derrota de Díaz y desde Moncloa quisiesen quitarse de encima a la presidenta de la Junta. Pero, cuidado, roto el encanto de Andalucía con el PSOE, igual Sánchez tampoco ganaría las generales. Lo mejor, que cumpla su promesa que aún le quedan dos días.
