La sociedad española está cada vez más sensibilizada con la lucha contra el terrorismo y la violencia machista. La implicación de la sociedad civil en esta cruzada es fundamental porque no se puede dejar sólo en manos de la clase política ya que, en ella, por desgracia, nos encontramos con la priorización de intereses ideológicos a los de las víctimas. ¿Qué seguridad pueden tener las mujeres de este país en alguien como Pablo Casado que fue apoyado por organizaciones que van en contra de los derechos de la mujer como Hazte Oír?
Desde luego, esta lucha no se puede dejar sólo en manos de la Justicia donde, a pesar de que cada vez son más los jueces y juezas, los y las fiscales comprometidos al 110% en poner su trabajo al servicio de la protección de las víctimas, aún nos encontramos con elementos machistas que perpetras día a día atentados contra las mujeres, absolviendo a maltratadores confesos, minimizando las penas a los terroristas machistas —en muchos casos aceptando el atenuante del inexistente síndrome de alienación parental (SAP)— o negando medidas de protección adecuadas a las mujeres que denuncian.
Ante esta situación límite, ante la masacre que está viviendo España, varios expertos y diferentes organizaciones han presentado un borrador para la Ley frente a la Violencia contra la Infancia por la que se ve fundamental la prohibición a cualquier progenitor acusado o condenado por delitos relacionados con la violencia machista de tener ningún tipo de régimen de estancia, relación o comunicación con menores de edad implicados. Esto sería posible con la ampliación del artículo 153 del Código Penal.
La medida propuesta va más allá de lo incluido en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género ya que en dicho documento se prohíbe el régimen de visitas sólo en los casos en los que el menor hubiera sido testigo o convivido con las manifestaciones de la violencia machista o si el padre fue condenado por delitos relacionados con la misma. Sin embargo, sólo se refiere al régimen de visitas, no a la patria potestad, lo que demuestra, una vez más, que dicho Pacto de Estado se quedó muy corto en relación con las necesidades de las decenas de miles de mujeres que en España sufren el maltrato o que están en alto riesgo de ser asesinadas por hombres que aún no han salido de los modelos medievales de convivencia.
Con esta medida, además de proteger a las mujeres, se pretende fundamentalmente evitar que los hijos sean rehenes o sean utilizados para hacer daño a la madre, tal y como ya hemos podido comprobar en múltiples ocasiones en las que el machista asesina a los hijos de la manera más cruel durante los regímenes de visitas. Sin embargo, en el borrador se incluye la necesidad de, en caso de absolución de la responsabilidad penal, que el padre sea analizado psiquiátricamente para determinar si se le permite retomar el contacto con los hijos porque si los encuentros continúan poniendo en riesgo a los menores no es posible la reanudación de las visitas o de la custodia.
Hasta ahora, según datos del Observatorio del Consejo General del Poder Judicial, un 25% de las sentencias por violencia machista anuló la patria potestad. Expertos judiciales coinciden con la medida propuesta en este borrador se cubre uno de los puntos fundamentales de la protección: la subjetividad a la hora de interpretar la ley. Con estas nuevas medidas se podría introducir en la pena impuesta al maltratador o asesino machista la supresión de la patria potestad de manera obligatoria.
España no es país para la lucha contra el terrorismo machista
