La Abogacía del Estado, órgano dependiente del Ministerio de Justicia, finalmente descartará la acusación de rebelión por la que el magistrado Pablo LLarena procesó a 6 exmiembros del gobierno autonómico catalán –Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Dolors Bassa y Josep Rull-, a la presidenta del Parlament –Carme Forcadell– y a los líderes de las organizaciones separatistas Asamblea Nacional Catalana –Jordi Sánchez– y de Òmnium Cultural –Jordi Cuixart-, y la sustituirá por la del delito de sedición.
De este modo el Estado intenta remediar el desprestigio internacional de Pablo Llarena, que ya fue puesto en evidencia por la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein, que descartó el delito de rebelión en la petición de extradición a España del expresidente de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont y lo dejaba en libertad, por considerar que la imputación del delito de rebelión era “inadmisible” “por motivos jurídicos” ya que “los actos que se le imputan no serían punibles en Alemania según la legislación vigente” en ese País, al no cumplirse el requisito de la “violencia”.
Al mantener sólo las acusaciones por sedición y malversación de causales públicos, la abogacía del Estado intenta anticiparse a la más que segura nulidad que acordará el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) si no se ofrece la alternativa de la sedición a la única calificación del delito de rebelión que ha pedido la fiscalía en su escrito de acusación.
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha presentado este viernes el escrito de acusación del 1-O, en el que pide 25 años de prisión para Oriol Junqueras y 17 para Carme Forcadell, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez. El Ministerio Público considera al ex vicepresident de la Generalitat, la ex presidenta del Parlament y los ex responsables de ANC y Òmnium como máximos responsables de un delito de rebelión. Según el escrito, los cuatro acusados, que según la Fiscalía estuvieron «a punto» de lograr que el Estado aceptara la independencia de Cataluña, lideraron la rebelión desde sus ámbitos respectivos: el ejecutivo, el parlamentario y el social.
En el siguiente escalón, como «mandos subalternos» de los anteriores, sitúa a cinco ex consellers encarcelados, para los que pide 16 años de prisión. Se trata de Joaquim Forn, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull y Dolors Bassa. Las penas de Junqueras y los ex consellers incluyen, además de la rebelión, el delito de malversación de fondos públicos, que acordaron desde sus puestos en el Ejecutivo catalán.
En el escrito del Ministerio Fiscal solo se contempla la calificación del delito de rebelión, y no se prevé ninguna pena por el delito de sedición para ninguno de los procesados. Y si no se ofrece ninguna alternativa de calificación por el delito de sedición el Tribunal Supremo no tendrá más remedio, si decidiera condenar, que hacerlo por el delito de rebelión lo que será anulado inmediatamente por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
Por esa razón el Estado intenta ahora remediar el desprestigio internacional de Pablo Llarena, y de su polémica calificación del delito de rebelión, ofreciendo al Tribunal Supremo la alternativa del delito de sedición.
