Uno de los puntos clave de la gestión del cambio en República Dominicana es la política de seguridad. Uno de los efectos más directos de las crisis que la historia ha demostrado es el aumento de los índices de criminalidad y el incremento de las bandas de crimen organizado que se aprovechan de la vulnerabilidad económica de las personas.
También está demostrado que la delincuencia, sobre todo la que afecta al ciudadano de a pie, se consigue controlar cuando desde los gobiernos se aplican políticas orientadas al bienestar del pueblo. El silogismo es sencillo: si una familia dispone de empleo, salario o pensión digna, no necesitará robar para poder sobrevivir. Esta premisa también es extensible a si los gobiernos promueven las herramientas necesarias para que, además de garantizar la subsistencia, exista un escenario de escalada en el nivel social, entonces no habrá que recurrir a los ingresos fáciles del narcotráfico o de la trata de personas.
Esto lo sabe muy bien el presidente de República Dominicana, Luis Abinader y, por ello, está realizando una gestión basada en una eficacia que no conculque la ética, los valores humanistas y los derechos humanos que ha logrado que las cifras de criminalidad en su país se hayan reducido en 2021 un 35% respecto a los datos de 2020.
Haciendo una extracción de datos vemos cómo los delitos más violentos, en los que se utilizan armas, están descendiendo de manera significativa. Los homicidios han bajado un 15%, los heridos por arma blanca un 83% o los heridos por arma de fuego un 43%. A esto hay que añadir que los robos de automóviles se han reducido en 2021 un 75%.
Abinader ha conseguido estas cifras sin aplicar un régimen represor y respetando las libertades y los derechos de la ciudadanía dominicana. En resumen, lo que hace cualquier dirigente democrático que se precie de tal nombre.
Las políticas que Luis Abinader y su gobierno están implementando, además, están teniendo un impacto directo sobre el crimen organizado y esa eficiencia está teniendo ya una trascendencia internacional. El informe Global Organized Crime Index, realizado por la organización no gubernamental Global Initiative Against Transnational Organized Crime muestra cómo la gestión del presidente dominicano en materia de seguridad va teniendo un efecto práctico.
Según dicho documento, al que Diario16 ha tenido acceso, República Dominicana se encuentra en el puesto 80 a nivel mundial en tasa de criminalidad organizada. En una escala de 0 a 10, el país caribeño tiene un índice de 5,15.
Aunque desde la oposición se esté intentando socavar la imagen y presionar al presidente Abinader con el tema de la criminalidad y la seguridad, la realidad es que República Dominicana se encuentra en una mejor situación que países como Estados Unidos, España, Italia o Francia y, por supuesto, con un escenario mucho más seguro que Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, Panamá, Honduras o Venezuela.
Reconocimiento internacional
Las políticas de Abinader están siendo monitorizadas por diferentes países del entorno que cuentan con escenarios similares a los que heredó el presidente dominicano después de cuatro legislaturas de abandono y de permisividad.
Abinader está consiguiendo, sin haber llegado aún al ecuador de su mandato, el reconocimiento internacional por los resultados de sus políticas de seguridad y de lucha contra el crimen. El mejor ejemplo de ello se tuvo en la pasada Cumbre de las Américas, donde República Dominicana recibió el reconocimiento de Estados Unidos por los resultados de la lucha contra el narcotráfico.
En concreto, El Departamento de Estado de los Estados Unidos reconoció al gobierno de Luis Abinader por su lucha contra el narcotráfico y otras actividades ilícitas, y por demostrar «una voluntad política para reducir el flujo de drogas al país». Estas consideraciones están plasmadas en el reporte sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos y de Lavado de Activos, correspondiente al año 2022, y que evalúa las acciones enmarcadas en el pasado año 2021.
Las mismas fueron dadas a conocer a través de una comunicación oficial emitida por la Embajada de la República Dominicana en los Estados Unidos, dirigida al ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez.
Ese documento del Departamento de Estado destaca el considerable incremento del 116% en las incautaciones de sustancias ilícitas durante los primeros nueve meses de 2021, con respecto al mismo periodo en 2020.
«Los esfuerzos de interdicción de República Dominicana demuestran una capacidad institucional y una voluntad política para reducir el flujo de drogas al país», lo que demuestra «un fuerte compromiso para fortalecer los esfuerzos de construir un programa de control de drogas coherente y multifacético que contiene la cooperación entre las fuerzas de seguridad nacional y mayor cooperación regional», afirma el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
