El Consejo de Gobierno ha acordado iniciar la elaboración del I Plan Andaluz de Memoria Democrática 2018-2022, que establecerá la programación de las medidas previstas por la Junta durante este periodo para dar cumplimiento a la ley aprobada por el Parlamento autonómico el pasado año. Al igual que esta norma, el documento se dirigirá al objetivo central de garantizar el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista bajo los principios de verdad, justicia y reparación.
Según el acuerdo de formulación aprobado, el plan se configurará como instrumento de referencia para las iniciativas reguladas en la ley, principalmente trabajos de indagación, localización, exhumación e identificación de las víctimas; conservación, mantenimiento y rehabilitación de los Lugares y Senderos de Memoria Democrática de Andalucía; recuperación de documentos y testimonios orales; adquisición, copia o suscripción de convenios sobre el material custodiado en archivos públicos y privados, tanto nacionales como extranjeros; fomento de las entidades memorialistas, y desarrollo de proyectos de investigación y divulgación.
Junto con las medidas previstas, el plan contendrá también un análisis de la situación actual de las iniciativas en esta materia y un sistema de seguimiento y evaluación, además de un diseño dirigido a asegurar la cooperación entre las administraciones públicas y la participación de la ciudadanía.
La Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática elaborará una propuesta inicial del documento y la trasladará a todos los departamentos de la Junta, así como a las entidades memorialistas, los agentes sociales y las instituciones vinculadas con los objetivos del plan. Una vez sometido al trámite de información pública y con las aportaciones y sugerencias recibidas, el nuevo texto se elevará al Consejo de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, órgano consultivo y de participación en la materia. Finalmente, la aprobación definitiva corresponderá al Consejo de Gobierno.
Según los estudios realizados, se calcula en alrededor de 60.000 la cifra de personas consideradas desaparecidas en Andalucía como consecuencia del golpe militar de 1936, la Guerra Civil y la Dictadura. Hasta el momento, se han realizado unas 70 intervenciones por parte de la Administración autonómica, los familiares de víctimas, las entidades memorialistas, los ayuntamientos y el Gobierno de España, si bien a partir de 2012 se cancelaron las iniciativas y partidas presupuestarias estatales en esta materia.
La historia de la Historia.
La Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, cuyo desarrollo impulsará el nuevo plan, representó en 2017 el último hito de una larga trayectoria que ha colocado a la comunidad en la vanguardia del reconocimiento de estas víctimas en España. Las políticas públicas sobre esta materia se iniciaron en 1999 con la aprobación en el Parlamento de una proposición no de ley para la concesión de indemnizaciones a las personas que lucharon en defensa de la libertad y la democracia. La Junta estableció las primeras compensaciones para los andaluces que fueron encarcelados y padecieron represalias, ampliando posteriormente la cobertura con ayudas a las personas que estuvieron en centros penitenciarios y campos de concentración entre tres meses y tres años.
Otros pasos destacados fueron la creación del Comisariado de la Memoria Histórica, como unidad administrativa dedicada a la atención a las víctimas y sus familias; la apertura de una convocatoria de subvenciones para proyectos de investigación, estudios y publicaciones, y el establecimiento de indemnizaciones a las mujeres represaliadas que entre 1936 y 1950 vieron menoscabados su honor y su intimidad con acciones vejatorias como el rapado, la ingesta de aceite de ricino o el escarnio público.
El decreto de Lugares de Memoria Histórica de Andalucía, aprobado en 2011, ha permitido ya la declaración de 50 espacios de estas características, entre ellos el lugar de fusilamiento de Blas Infante en el cortijo de la Gota de Leche en Sevilla, la fosa del cementerio de San Rafael, los muros de Puerta Tierra en Cádiz o la esquina en la que se produjo la muerte de Manuel José García Caparrós en Málaga.
Actualmente, tras la finalización de la fase de valoración, la Junta tramita la declaración de 13 nuevos Lugares de Memoria Democrática en seis provincias andaluzas. Se trata de la fortificación del Estrecho de Gibraltar y la fosa común del cementerio de San Roque en Puerto Real, en Cádiz; la Plaza de la Constitución y el cementerio de Baena y el refugio antiaéreo de la Plaza de España de Villanueva de Córdoba, en Córdoba; la colonia de Víznar, en Granada; el convento de Santa Úrsula de Jaén, el campo de concentración de Santiago e Higuera de Calatrava, y la cárcel vieja de Úbeda, en la provincia de Jaén; el Palacio de la Aduana, en Málaga, y la Jefatura Superior de Policía y la sede de la Capitanía General de la Gavidia, así como el lugar donde Francisco Rodríguez Ledesma fue herido de muerte, en Sevilla.
