Los dueños de los perros sí comen carne de perro. El juicio de la trama de los Eres ha traído esta semana una bronca inesperada, al margen de la política, que parecen dispuestos a librar los dos más importantes grupos de prensa de papel en Andalucía.
“Grupo Joly entablará las acciones legales que correspondan frente a los autores de todas estas falsedades”. Con este aviso/amenaza contra el periódico ABC concluye la información editorializada que, sin firma, publican hoy en sus portadas los periódicos del Grupo Joly, editora de nueve cabeceras provinciales entre las que destaca el histórico Diario de Cádiz, fundado por el impresor Federico Joly Velasco en 1867.
Asistimos pues a una guerra abierta entre los dos grupos de comunicación más importantes de prensa de papel en Andalucía. Vocento, propietario del ABC de Sevilla, lo es también del Diario Sur de Málaga, La Voz de Cádiz y del Diario Ideal dirigido por Eduardo Peralta, el periódico de mayor audiencia de lectores en Andalucía.
No se recordaba un enfrentamiento tan áspero, de tanta intensidad y posibles consecuencias entre ambas empresas desde 1999, cuando el máximo responsable del grupo gaditano, José (Pepe) Joly Martínez de Salazar, decidió poner en marcha la cabecera de Diario de Sevilla y plantar sus reales en la capital política de la comunidad, donde se cortaba abundante bacalao y la Junta ataba los perros con longanizas.
En Vocento entendieron que Pepe Joly había roto un pacto empresarial “de caballeros” sobre reparto del territorio según el cual Vocento no entraba en Cádiz y Joly no lo haría en Sevilla. Joly llegó pisando fuerte, con el ex ministro Manuel Clavero como presidente de su Consejo y nombrando al periodista de ABC Manuel Jesús Florencio como su primer director. (Casi una década después Florencio fue cesado “por presiones políticas” según él mismo reconoció, siendo el despido la comidilla ámbitos políticos y profesionales de Sevilla, presiones procedentes del equipo del alcalde socialista Sánchez Monteserín. Se dijo que su cabeza fue “valorada” en cerca de medio millón de euros, inversión publicitaria municipal que volvió al periódico tras el cese de Florencio).
Tras la espectacular irrupción de Joly en Sevilla por todo lo alto, fichando un plantel de los mejores periodistas del momento, como respuesta, Vocento, puso en marcha La Voz de Cádiz, por cierto, con la primera periodista directora de un periódico en Andalucía, Lalia Santiago.
Aquello fue un choque claro de intereses económicos entre ambas editoras, fue el mercado y los lectores los que con el paso del tiempo puso a cada uno en su sitio que es donde están hoy.
El pasado jueves día 12 ABC de Sevilla publicaba un trabajo firmado por su Adjunto al Director, Alberto García Reyes, con un titular tan llamativo como alarmante: “La intervención del Estado insta a la Junta a devolver los 8 millones del ERE del Grupo Joly”.
Era esta la cuarta crónica que publicaba el periódico aludiendo en sus titulares al grupo de prensa gaditano. La primera se titulaba “La Junta subvencionó con 8 millones al Grupo Joly” y como subtítulo destacado:
“El actual portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento y exjefe del Sercla, Javier Millán, ha declarado en el juicio que los cuatro expedientes de ayudas sociolaborales que él revisó eran un monumental ninguneo al derecho administrativo»
La segunda información publicada por ABC tenía más calado y guasa en su titular, tratándose de ayudas sociolaborales.
“Juicio de los ERES: la Junta financió la ‘expansión empresarial’ del Grupo Joly” y reproducía una carta enviada por el principal encartado en el escándalo, Javier Guerrero como Director General de Empleo a Pepe Joly, – “que ABC reproduce maliciosamente” califica Joly– donde puede leerse:
«Tras las reuniones mantenidas por esta Dirección General con la Dirección de Grupo Joly y con la representación de los trabajadores de Diario de Cádiz y de Ingrasa (empresa impresora), en las que se ha analizado la situación laboral de estas empresas en relación tanto con las singulares circunstancias laborales y de creciente competitividad del sector de la prensa diaria, en general, como con las condiciones actuales de desarrollo y expansión del proyecto empresarial vinculado a Grupo Joly, en particular, esta Dirección General de Trabajo y Seguridad Social manifiesta su compromiso de apoyo al plan de racionalización y modernización del referido grupo empresarial mediante la concesión de ayudas sociales a los trabajadores mayores de 52 años».
En otra entrega titulada “La Junta subvencionó con 8 millones al Grupo Joly antes de solicitar el ERE”, se decía:
“Según Millán, ninguno de estos expedientes llevaba una sola firma de funcionarios públicos y todos se hicieron «de manera arbitraria». Además, la Junta no le facilitó la información que el entonces jefe del Sercla les pidió para poder establecer conclusiones. En el caso de Joly, que recibió 8 millones de euros, ha especificado que no pudo «comprobar si los trabajadores beneficiarios cumplían el requisito de ser mayores de 52 años», que era indispensable para poder acceder a las ayudas. Además, ha explicado que el protocolo firmado entre la Junta y Joly es de fecha anterior a la propia solicitud del ERE. Es decir, primero se acordó la subvención y luego se pidió el Expediente de Regulación de Empleo, una vez ya concedida la ayuda.”
Tras la batería de artículos de ABC aludiendo claramente al Grupo Joly como beneficiario para su ‘expansión empresarial’ de unos ocho millones de la Junta, formalmente destinados para financiar la regulación de 36 trabajadores, Pepe Joly ha considerado que ‘hasta aquí hemos llegado’ dando instrucciones para la publicación este sábado de un artículo titulado “Mentiras, insinuaciones y falsedades: ABC, como siempre” que arranca con este párrafo:
“En los últimos días Grupo Joly, editor de este periódico, ha sido objeto de una serie de ataques cargados de falsedades, insidias y tergiversaciones por parte de un competidor, el diario ABC, con el objetivo de dañar nuestra reputación y desprestigiarnos ante nuestros lectores, anunciantes y la sociedad en general”.
El Grupo Joly obvia en todo momento el nombre de Javier Millán, actualmente portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Sevilla y posiblemente su cartel electoral del año que viene frente a Juan Espadas y Beltrán Pérez. Se refieren a él como un “antiguo funcionario, dedicado hoy a tareas políticas en el Ayuntamiento de Sevilla” que “ni tan siquiera insinuó las afirmaciones que ABC le atribuyó en sus titulares, en una muestra de falta de rigor profesional que debería alarmar a sus lectores y, como mínimo, sonrojar a sus instigadores, promotores y firmantes”.
“De hecho– publica Joly– el testigo habla de forma genérica de los cuatro expedientes que revisó en calidad de secretario y ni siquiera nombra a Grupo Joly. La única pregunta que se le formula en relación con los ex trabajadores de Grupo Joly y la respuesta que ofrece son las siguientes:
“-Respecto a la Asociación de la Prensa de Cádiz, hacen constar que no pudieron comprobar el requisito de mayor de 52 años. ¿No constaban datos de estos señores?
-No, no teníamos acceso a la vida laboral, teníamos pantallazos virtuales que no certifican oficialmente” .Grupo Joly podrá acreditar cuando sea necesario que todos los trabajadores afectados por la medida extintiva cumplían el requisito de la edad, como no podía ser de otra manera”.
Acusan nuevamente a ABC de haber “manipulado y tergiversado un informe de la Intervención General del Estado que encargó la juez que comenzó a instruir el denominado caso de los ERE (Mercedes Alaya). En su obsesión por desacreditar a esta empresa, ABC da categoría de hechos probados las opiniones que en dicho informe vierten los interventores que lo realizaron y que han sido contrarrestadas por otros informes de las defensas implicadas”.
Tras aclarar que “Grupo Joly no ha recibido ni un solo euro de las ayudas públicas que son objeto del juicio” afirman que “fueron a parar directamente a los trabajadores que habían salido de Grupo Joly sin que en ningún momento pasaran por la contabilidad de esta empresa”.
“Este grupo editor – añade– ha financiado su desarrollo en Andalucía exclusivamente con sus recursos propios, el esfuerzo de sus accionistas y acudiendo al mercado crediticio” afirma Joly en su respuesta de hoy, considerando que “ABC ha superado cualquier límite tolerable y ha quebrantado las más elementales reglas de convivencia entre empresas competidoras”.
Algo más que competencia empresarial
A cualquier ciudadano interesado en estas cuestiones no se le escapa que detrás de esta guerra abierta entre dos importantes grupos periodísticos que operan en Andalucía late una rivalidad que no solo se circunscribe a las aludidas “elementales reglas de convivencia entre empresas competidoras”, que también.
Estamos hablando de líneas editoriales distintas y distantes. Una, la de ABC, históricamente cercana a la derecha política, esto es al PP, aunque el diario de Vocento en Sevilla ha optado por apoyar claramente a una de las banderías del PP, la liderada por Zoido frente a la de Javier Arenas, al que recientemente ABC dedicó un demoledor artículo titulado “Arenas Paradise”. Algo lógico para muchos en el propio PP, Juan Ignacio Zoido siendo alcalde de Sevilla se volcó en abultadas inversiones a favor de ABC en materia de comunicación y publicidad municipal.
Por su parte el Grupo Joly está desde hace años también claramente en línea con el gobierno socialista de Susana Díaz y con el PSOE andaluz en general. Solo hay que echar un vistazo a esta página web “Los papeles del cortijo”, de autor desconocido, donde se cuelgan contratos auténticos de publicidad institucional y otras canonjías mediáticas (concursos etc) que “reparte” el vicepresidente de la Junta, el gaditano Jiménez Barrios, al igual que antes hicieron otros consejeros de Presidencia. Joly tiene a una persona dedicada en exclusiva al control y seguimiento de sus relaciones publicitarias y económicas con la Junta.
Un vistazo a fondo a los destinatarios de estas inversiones de dinero público en publicidad, nos da una idea aproximada sobre cómo el poder “controla” a los medios más importantes de Andalucía y sálvese quien pueda. Algo que, como pueden imaginar, no suele ser un indicador favorable del pluralismo y de la libertad de información de muchísimos profesionales del periodismo en el sector privado. (De los públicos como la RTVA, ya ni hablamos).
Pepe Joly Martínez de Salazar es un empresario andaluz con poder, es uno de los amigos personales de la presidenta de la Junta y dicen que ejerce una gran influencia sobre Susana Díaz hasta el punto, según cuenta alguien muy cercano a la presidenta, veterano socialista de los de clandestinidad y cárcel, “que fue Pepe Joly la persona que más influyó y animó a Susana a que se presentase a la batalla de las primarias contra Pedro Sánchez. Y le hizo caso, desoyendo a algunos en el partido que le aconsejamos que no lo hiciera”.
Lo que tiene pinta de ser el inicio de una guerra entre los periódicos de Vocento y el Grupo Joly en Andalucía, invita a una reflexión final desde el punto de vista profesional. No se entiende muy bien el anuncio de acciones judiciales contra ABC en este caso por parte de Joly, sobre todo porque no consta que se hayan puesto en marcha protocolos lógicos de clarificación de las informaciones publicadas – derecho de réplica o rectificación- optando por el juzgado donde tengo dudas que resplandezca la verdad, al menos a corto o medio plazo. También creo que este tipo de confrontaciones perjudican el trabajo y al estado de ánimo de docenas de buenos profesionales de las redacciones que, en una y otra empresa, trabajan a diario.
En todo caso, todo lo que sirva para que los ciudadanos sepan y conozcan qué se oculta detrás de quiénes administramos en su nombre el sagrado derecho a una información libre y veraz, debe ser bienvenido. El viejo dicho “perro no come carne de perro” aplicado a nuestra profesión no deja de ser una omertá indecente que casi siempre beneficia a quienes detentan el poder y reparten el dinero de todos para mutilar derechos. Y en esas estamos.
