El juez Andreu está desconcertando al mundo jurídico, económico, financiero y, sobre todo, a los afectados por el Caso Banco Popular por las decisiones que está tomando en las últimas semanas. En unas ocasiones, adopta medidas en la línea que documentalmente demanda el caso, reclamando al Santander sus responsabilidades y en otras, aparentemente, yendo por una línea que no depurará lo que los datos y documentos demuestran sobre quiénes fueron los responsables de la caída del Popular, de su resolución y de la ruina de más de un millón de personas.
Diario16 ya publicó que había ordenado al Santander la entrega de la documentación referente a la compra del Banco Popular sin ningún tipo de censura, además de requerir la totalidad de la misma —el banco cántabro sólo había entregado 14 documentos según los abogados de diferentes fondos de inversión personados en la macrocausa. Sin embargo, también aceptó a trámite una ampliación de la demanda de la asociación Apasbanc e imputó al ex director financiero del Popular por su participación en la elaboración de las cuentas que sirvieron para la ampliación de capital de 2.016. Como se puede ver, por un lado tomó una decisión dentro de lo que se espera de este procedimiento utilizando los documentos con los que queda en evidencia la responsabilidad del Santander y, por otro, continuó con la senda de que la responsabilidad de la caída del Banco Popular estuviera en esa ampliación, algo que ya hemos demostrado documentalmente en estas páginas que no tuvo nada que ver porque, tal y como han reconocido la JUR, el BCE, el Banco de España, entre otros, la caída de la entonces sexta entidad financiera del país se produjo por una grave crisis de liquidez originada en el segundo trimestre de 2.017, es decir, durante la gestión de Emilio Saracho.
El último movimiento jurídico que ha realizado Andreu afecta va por la senda de reclamar al Santander el daño causado y, por tanto, beneficia a los accionistas del sexto banco español: el juez aceptará a todos las personas que fueran accionistas del Popular en el último año como presuntos perjudicados, es decir, lo contrario de lo que reclamaba el banco cántabro dado que su estrategia judicial pasaba porque sólo se aceptase a aquellos que habían comprado acciones durante la ampliación de capital de 2.016, ya que para el Santander era absurdo que se personaran al caso personas que hubiesen adquirido títulos hacía veinte o más años. Absurdo, ¿por qué? Lo han perdido todo tanto los que adquirieron acciones en 2.016 como los que las compraron en 1.945.
Por otro lado, estas decisiones del propio Andreu están dejando en evidencia a los bufetes de abogados con conflicto de interés que engañaron a los afectados creando grandes plataformas, pero ocultando, precisamente, ese aspecto a la hora de configurar su estrategia judicial. Algunos de estos bufetes están también muy cercanos a corruptos venezolanos instalados en España que hicieron su fortuna a través de la corrupción que se dio, sobre todo, en la petrolera estatal PDVSA.
Esta forma de llevar la instrucción de Andreu genera muchas dudas. ¿La documentación que está llegando a sus manos, como la presentada por Diario16, le está haciendo ver el caso desde otro punto de vista? ¿Su conciencia social ante la ruina de más de un millón de ciudadanos le estará haciendo sopesar la línea de instrucción? ¿Podría tener relación con la presentación de su candidatura a Vocal del Consejo General del Poder Judicial?
Lo único que queda claro es que ha pasado más de un año desde la resolución del Popular, la venta por un euro al Santander y la ruina de más de 305.000 familias y Andreu aún no ha tomado ninguna medida preventiva (como la imposición de una fianza al Santander), ninguna prueba pericial (como la de la firma de Saracho) ni ha llamado a declarar a nadie, ya sea a los actualmente imputados o a testigos.
Esta es la razón de que el comportamiento de las últimas semanas esté siendo desconcertante. ¿Qué se estará guardando Andreu? ¿Estará intentando conseguir, a pesar de todas las «dificultades», hacer justicia con la Justicia?
