Más de millón y medio de personas estarán pendientes este próximo lunes del Tribunal Supremo, cuyos magistrados se reunirán para decidir si los gastos del impuesto de actos jurídicos documentados (IAD) de las hipotecas corren de cuenta de los clientes o de los bancos. Una reciente sentencia ha establecido que ese dinero debería ser satisfecho por las entidades financieras, no por los clientes que suscriben una hipoteca, pero el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Luis María Díez Picazo, ha convocado un pleno del alto tribunal con el fin de revisar el criterio jurisprudencial que suponía un duro golpe para la banca. Fue sin duda la inquietud que el fallo había provocado en los mercados la que forzó la revisión de la sentencia en una decisión inédita en la historia judicial española. De hecho, desde el Supremo se puso como excusa que la resolución tenía que ser revisada “dada su repercusión económica y social”. Y mientras llega la crucial reunión del lunes, los poderes financieros siguen enviando mensajes más o menos velados y más o menos catastrofistas para tratar de amedrentar a la Justicia y que dé marcha atrás a la sentencia, de tal forma que no le llegue la factura. Importantes dirigentes empresariales y financieros han advertido en las últimas horas que de aplicarse la resolución judicial ello supondría un grave perjuicio para la economía española, tambaleante todavía tras la grave crisis por la que ha atravesado. El miedo es libre y cada cual puede interpretar ese toque de atención a su manera.
Según Gestha están en juego 3.631 millones de euros en el caso de que la sentencia se aplicara solo a los últimos cuatro años y más de 25.600 millones si se beneficiara también a los hipotecados antes de septiembre de 2014
De momento técnicos del Ministerio de Hacienda adscritos al sindicato Gestha han calculado lo que está en juego: nada más y nada menos que 3.631 millones de euros, un dinero que los bancos deberían abonar a todos aquellos que se hayan hipotecado desde octubre de 2014, a los que además habría que resarcir con los intereses de demora. La medida que adopte el Tribunal Supremo afectará a los contribuyentes “que firmaron una hipoteca en los últimos cuatro años, las que no han prescrito desde el punto de vista fiscal. Esos pueden pedir la devolución de lo pagado indebidamente”.
Pero la decisión del Supremo podría afectar no solo a ese millón y medio de clientes que suscribieron un préstamo hipotecario en los últimos cuatro años, sino a otros 13,4 millones de hipotecados antes de septiembre de 2014 que también podrían pleitear con sus entidades bancarias por la friolera de 25.657 millones más intereses. Un auténtico misil que haría saltar por los aires los balances de contabilidad de los bancos. El riesgo para la banca resulta más que evidente, ya que tal volumen de fondos obligaría a las entidades financieras a replantearse sus planes de negocios a corto plazo y para algunas supondría un serio varapalo del que tardarían tiempo en recuperarse. De ahí el pánico a la sentencia.
La histeria ha llegado también al Poder Judicial. De entrada, el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ya ha mantenido una reunión con los magistrados que se atrevieron a poner una sentencia considerada como “excesivamente progresista” por cierto sector conservador de la Justicia española. Lo que se dijo en aquella reunión no ha trascendido y aunque desde el Poder Judicial se rechaza cualquier tipo de presión o injerencia externa sobre los magistrados que de manera autónoma e independiente dictaron la resolución, lo cierto es que estas horas se están viviendo con tensión en el Tribunal Supremo, según ha podido saber Diario16. Resulta más que evidente que la situación que se ha generado tras la controvertida sentencia ha desatado una pugna interna entre el sector socialista y conservador de la judicatura española. Y de esa batalla depende el bolsillo de miles de españoles que han firmado una hipoteca.
Que la banca está presionando para que el Supremo cambie de criterio y vuelva a hacer recaer el IAD sobre los clientes, como ocurría hasta ahora, se demuestra, por ejemplo, en el hecho de que fuentes del sector financiero advierten de que “el giro en la jurisprudencia del impuesto está frenando la firma de nuevas hipotecas”, con el consiguiente perjuicio para el maltrecho sector de la construcción, que deja de vender casas, y en última instancia para la economía española, que podría volver a sufrir un nuevo estancamiento. Además, “si el cliente decide no aceptar lo pactado [el pago por su parte del impuesto de AJD] se rompería el contrato, pero podría tener que pagar más por el nuevo préstamo”, aseguran desde Gestha citando fuentes de los grandes bancos del Ibex. Es decir, la banca ya ha enseñado el garrote y amenaza con repercutir el impuesto sobre los consumidores, de una forma o de otra, en el caso de que el Supremo siga adelante con la innovadora sentencia. Es el viejo principio financiero de que “lo que se pierde por un lado se recupera por otro”. O lo que es lo mismo: la banca siempre gana. Ya lo advirtió días atrás en la Cadena Cope, la emisora de los obispos, el presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, al asegurar que “cuando a los mercados se les sorprende con decisiones que no esperan, los inversores se ponen en la peor de las situaciones y las entidades financieras harán sus cuentas”. Roldán, que lamentó que la sentencia del Supremo haya hecho perder 6.000 millones a los bancos tras los vaivenes de la Bolsa, dejó un claro aviso sobre la mesa: las élites financieras no están dispuestas a perder en este envite que ha lanzado el ala progresista del Tribunal Supremo.
Pero es que además desde la banca se lanzan otros globos sonda, sin duda señales de aviso, como que, en el caso de que la sentencia prospere, los clientes deberían dirigir sus reclamaciones del impuesto pagado en los últimos cuatro años a las haciendas autonómicas, que son las que tienen cedido el impuesto. En efecto, las comunidades autónomas, a medida que vayan recibiendo las solicitudes de devolución, deberán iniciar un procedimiento de comprobación tributaria y notificar una liquidación “espejo” a la entidad financiera, exigiendo el mismo importe y los intereses de demora. Gestha advierte de que si bien esta medida no supondrá una merma de los ingresos regionales, las comunidades autónomas sí “tendrán que hacer un esfuerzo notable para la tramitación masiva de ambos procedimientos, por lo que considera que las comunidades deberían coordinarse para dar una respuesta unificada y ágil frente al ciudadano y al sector bancario”. De forma paralela, los técnicos de Gestha avisan de que el proceso de reclamaciones sería farragoso, largo y costoso. De ahí que ya han solicitado a los bancos que devuelvan las cantidades de manera voluntaria y no obliguen a los ciudadanos a pleitear. Eso, sin duda, no ocurrirá. La banca lo va a poner difícil y hasta el final va a presionar a la Justicia para que dé marcha atrás y revoque una sentencia que va directamente contra sus intereses, sus balances y sus beneficios.
Gestha considera que las entidades bancarias tendrían “músculo suficiente” para cumplir la sentencia y realizar la devolución del pago del impuesto de las hipotecas, cuyo importe de los últimos cuatro años apenas representa el 9,7% de los beneficios de la banca en ese mismo periodo. Músculo tiene la banca para costear los gastos; otra cosa es que esté dispuesto a ponerlo al servicio del sufrido cliente.
