El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha anunciado que «ya se está redactando una orden, que voy a firmar, para que el gabinete jurídico inicie las acciones legales pertinentes contra la negativa del Gobierno central a paralizar Marismas Occidental y a evaluar de forma conjunta el proyecto» de almacenamiento de gas en el entorno de Doñana. Recibe el gobierno de M. Rajoy su misma medicina, el uso de los Tribunales en vez del diálogo. Un diálogo que, a decir de muchos miembros del ejecutivo andaluz, es mejorable.
Según Fiscal, esta decisión se produce al no haber obtenido respuesta al requerimiento que hizo su departamento al ministerio del ramo el pasado diciembre y en el que se solicitaba que hiciera una evaluación conjunta de los cuatro proyectos y que se paralizara de forma cautelar el de Marismas Occidental. En este sentido ha subrayado que «casi con total seguridad una evaluación conjunta arrojaría unos resultados muy distintos».
En declaraciones preguntas de los medios de comunicación, el consejero ha asegurado que la Junta comparte «al cien por cien» el objetivo de la plataforma Salvemos Doñana, que ha recabado 200.000 firmas para paralizar en su totalidad el proyecto de almacenamiento de gas en el entorno del parque. No obstante, «dentro del espacio natural no va a pasar ni un solo metro porque tenemos herramientas para hacerlo».
Para Fiscal el entorno de Doñana no es sitio para un almacén de este tipo y hay una evidencia de que el proyecto conjunto puede tener consecuencias muy negativas. En este sentido, se ha referido al informe del Instituto Geológico Minero de España, que «dice que no existen garantías suficientes», y que el del CSIC «viene a decir lo mismo».
