La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha defendido el «efecto redistributivo» de los servicios públicos, ya que permiten reducir la desigualdad en los ingresos de los ciudadanos mediante un ahorro en forma de renta indirecta que, en el caso de Andalucía, ha cifrado en 9.716 euros para una familia media. Así lo ha expresado durante su participación en un desayuno de Europa Press Andalucía en Córdoba para abordar la financiación autonómica, donde ha aludido a estudios de BBVA o del Instituto de Estudios Fiscales que avalan a Andalucía como la comunidad que mejor redistribuye la riqueza, «ya que durante la crisis se ha gobernado para que repercutiera lo menos posible» en la ciudadanía.
No obstante, ha lamentado que sin ingresos Andalucía no puede ejercer sus competencias «o las ejercemos en condiciones tan desiguales que asustan», ya que la aplicación del modelo de financiación han llevado a que, desde su puesta en marcha, la comunidad haya perdido 5.522 millones de euros. «Incluso para las comunidades mejor financiadas, el modelo no llega, no es suficiente», ha denunciado. «Nos faltan 16.000 millones de euros; ésta es la cifra de partida que llevamos al debate nacional», en referencia a los recursos adicionales que han tenido que aportar las comunidades durante 2014.
La consejera ha defendido que «la política y las personas deben ir de la mano» en el debate de la financiación autonómica, para definir «el modelo de sociedad que queremos». Por ello ha apuntado a la necesidad de apostar por una «reformulación a largo plazo y con altura de miras» encaminada a «asentar las bases de una sociedad solidaria, equitativa y justa, que dé cobijo, cabida y sustento a nuestras generaciones y a las venideras».
Montero ha reiterado que el debate es «urgente e inapelable», porque «nos jugamos demasiado en el mantenimiento de los servicios públicos y del Estado de bienestar». En su intervención, la consejera ha lamentado que la crisis no solo ha aumentado la brecha social, que ha derivado en el descontento y las movilizaciones de las últimas semanas en defensa de la igualdad de mujeres y hombres o el futuro de las pensiones, sino que también se han desprestigiado los servicios públicos al dejarlos sin recursos, deslegitimando el Estado de bienestar y la propia democracia.
«Cuando se rompe el acuerdo social, lo primero que se pierde es el concepto de equidad, y se entra en una suerte de supervivencia personal y territorial», ha alertado. Por ello, ha reclamado «responsabilidad y altura de miras» de los partidos políticos, porque «solo acompañando a la ciudadanía en estos debates y devolviéndoles lo que es de justicia y lo que se les ha usurpado con la coartada de la crisis, conseguiremos la reconciliación de las personas y las instituciones, la legitimación de los sistemas democráticos que tanto nos han servido hasta ahora y, sobre todo, una sociedad más justa».
En este sentido, ha criticado la «inacción y abulia» del Gobierno central que todavía no ha presentado una propuesta de modelo de financiación. Frente a ello, ha destacado que Andalucía llegará al debate «con los deberes hechos, con un documento que emana del Parlamento», respaldado por la mayoría de los partidos político. Esta propuesta será la aportación andaluza en la discusión del modelo y en el camino para alcanzar «ese consenso que necesitamos a nivel nacional; un consenso que es posible y deseado». Asimismo, ha insistido en que el debate de la financiación autonómica «no es una pugna de territorios, sino un debate sobre las personas, sus derechos, expectativas y necesidades, porque son las personas las que contribuyen, no los territorios».
La consejera ha denunciado que sin financiación, «sin fondos públicos», las comunidades autónomas no pueden ejercer las competencias que tienen atribuidas, porque «se cae el modelo de bienestar de una sociedad solidaria y equitativa» y también «se desmantela el modelo constitucional del estado de las autonomías». «Las comunidades somos Estado; tan Estado como el Gobierno central o los ayuntamientos; no somos meras prestadoras de servicios», ha enfatizado.
Montero también ha abogado por que el criterio para el reparto de los fondos se adecue a las necesidades reales, de modo que la población ajustada se acerque lo más posible a la población de derecho, mediante la modulación de variables vinculadas a la educación o la protección social, «porque el modelo actual penaliza a Andalucía y deja fuera a 220.000 andaluces que no existen». Asimismo, la propuesta defiende la «nivelación total» para el resto de las competencias no consideradas servicios públicos fundamentales. «Las personas tienen que situarse en el centro de las políticas y deben recibir los mismos servicios residan donde residan», ha subrayado.
Durante su intervención, la consejera ha subrayado que la propuesta andaluza no conlleva incremento de la carga fiscal «y mucho menos con mayores potestades normativas sobre tributos cedidos», lo que llevaría a las comunidades de menos renta a subir los impuestos. Frente a esta «tentación», el modelo que defiende Andalucía es la redistribución de los recursos entre las comunidades autónomas y el Gobierno central, es decir, «una reasignación teniendo en cuenta las competencias asumidas», incluyendo también el reparto del déficit. En este punto, la consejera también ha defendido una armonización fiscal, que evite desequilibrios entre territorios.
