La Junta de Andalucía destina este año a las entidades locales 539 millones de euros para reforzar los servicios sociales, presupuesto en el que están incluidos los créditos destinados al Servicio de ayuda a domicilio (SAAD), a los equipos de tratamiento familiar y a las ayudas económicas familiares.
También se incluye en el presupuesto el Plan concertado, la Red de atención a las personas con adicciones, las zonas desfavorecidas, el refuerzo del personal de la dependencia y los programas de atención a la comunidad gitana y a la población inmigrante, ha recordado la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio.
Igualmente ha recordado que su departamento cofinancia el nivel de atención primaria de los servicios sociales comunitarios que «son la primera entrada al sistema público». Además, con la nueva Ley de Servicios Sociales se han incrementado las transferencias para el mantenimiento de la Red de servicios sociales comunitarios, que han pasado de 34 a 39,4 millones de euros.
Respecto al desarrollo normativo de la referida ley, ha indicado que se está trabajando en el proyecto de decreto del Catálogo de prestaciones, que ya ha pasado el trámite de audiencia en el que las organizaciones del sector han presentado 357 propuestas. El decreto debe aprobarse en el Consejo de Servicios Sociales, órgano superior de consulta y asesoramiento del sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, aprobado recientemente por decreto.
Sánchez Rubio ha avanzado que la previsión es que este mes se constituya el Consejo y a partir de ese momento podrá aprobarse el decreto que regula el Catálogo de prestaciones del Sistema público de servicios sociales de Andalucía. Ha subrayado que estas prestaciones «son de lo más variadas y constituyen un derecho de la ciudadanía», igual que los servicios y prestaciones del Sistema para la autonomía y atención a la dependencia. Ha recalcado que se trata de una ley «pionera» que reconoce y garantiza derechos universales que consolidan el sistema público de servicios sociales en Andalucía, fortaleciendo el cuarto pilar del Estado de bienestar.
Sánchez Rubio ha destacado también otras actuaciones en desarrollo de la ley como la Renta mínima de inserción social en Andalucía, una prestación económica que va acompañada de un Plan de inclusión sociolaboral y está dirigida a personas en situaciones de pobreza, mayor vulnerabilidad, exclusión social o riesgo de estarlo. La renta promueve la inclusión e integración social y laboral para lo que este año se destina un presupuesto de 198 millones.
Otras prestaciones a las que se ha referido son la Historia social única electrónica, que integrará la gestión de los servicios sociales mejorando así la atención a la ciudadanía; el Servicio de teleasistencia, la protección y amparo a las víctimas de violencia de género, servicios de apoyo psicosocial y psicoeducativa de atención a la infancia y la familia y el tratamiento integral para las personas con problemas de drogodependencia y otras adicciones, entre otras.
