En el nuevo reportaje de Amnistía Internacional Noches del terror: Ataques y allanamientos ilegales a viviendas en Venezuela, la organización de defensa de los derechos humanos revela cómo las fuerzas de seguridad venezolanas y grupos civiles armados avalados por el gobierno de Nicolás Maduro han irrumpido violentamente en los hogares de personas para intimidarlas y así disuadirlas de participar en manifestaciones y cualquier otra forma de protesta.
Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas, ha sido contundente al afirmar que en «Venezuela no hay un lugar que esté a salvo del retorcido poder de las fuerzas de seguridad. Ni siquiera el propio hogar. Las autoridades venezolanas han descubierto una forma nueva e inquietante de reprimir la disidencia en su afán, aparentemente interminable, de infundir miedo a la población. Han trasladado la represión de las calles a las salas de estar de casas particulares».
Organizaciones locales de derechos humanos han recopilado informes de al menos 47 allanamientos ilegales en 11 estados del país de abril a julio de 2017, cuando las manifestaciones estaban en su apogeo. Más de 120 personas perdieron la vida, casi 2.000 resultaron heridas y más de 5.000 fueron detenidas en ese periodo. Personal experto de Amnistía Internacional visitó y entrevistó a víctimas de allanamientos de viviendas en cuatro estados venezolanos: Caracas, Miranda, Carabobo y Lara.
Estas personas contaron a miembros de la organización de defensa de los derechos humanos que agentes de seguridad y hombres armados, que presuntamente pertenecían a grupos armados ilegales avalados por el gobierno, habían irrumpido violentamente en sus casas sin una orden judicial y sin dar explicación alguna del motivo por el que estaban allí. Estos allanamientos suelen ir acompañados de amenazas de muerte y de violencia, tanto verbal como física, que incluye usar material antidisturbios y disparar botes de gas lacrimógeno al interior de las casas.
Las víctimas relataron también que las fuerzas de seguridad habían derribado puertas, roto ventanas y, en algunos casos, se apropiaron de objetos de su casa. En un bloque de pisos de Miranda, cámaras de videovigilancia grabaron a miembros de las fuerzas de seguridad saliendo con grandes bolsas, presumiblemente llenas de objetos robados. Los allanamientos podían durar horas y, en algunos casos, toda la noche.
Una vez en el interior de la vivienda, las fuerzas de seguridad preguntaban por el paradero de «los jóvenes que estaban protestando». Muchos jóvenes fueron sometidos a redadas y se practicaron detenciones arbitrarias de forma masiva.
Varias víctimas contaron a miembros de Amnistía Internacional que temen que haya otra incursión en su casa en cualquier momento y tienen problemas para dormir. Debido a la escasez crónica de mercancías en Venezuela, algunas de estas personas no han podido reparar los daños sufridos a causa del allanamiento y ahora viven sumamente expuestas en casas sin puertas.
Erika Guevara-Rosas manifestó que «estos allanamientos de viviendas son absolutamente ilegales con arreglo al derecho internacional y a la propia Constitución de Venezuela. Ya es hora de que el gobierno de Maduro y sus fuerzas de seguridad desistan de emplear la violencia y la represión contra la población de su país. Violaciones de derechos humanos de esta índole no pueden continuar en el futuro, y para poder garantizar el fin de esta política de violencia tiene que hacerse justicia a las víctimas».
