Hay que irse ocho años atrás, al 11 de febrero de 2.009, para encontrar a Mariano Rajoy ante un atril de la sede de la calle Génova. A su izquierda, Ana Mato. A su derecha, María Dolores de Cospedal. Tras él Alberto Ruiz Gallardón, Javier Arenas, Ana Pastor, Soraya Sáenz de Santamaría, Cristóbal Montoro, Federico Trillo, Ana Botella, Alfonso Alonso, Esperanza Aguirre, Francisco Camps, Rita Barberá, Luisa Fernanda Rudi y el resto de miembros del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular. En esa comparecencia, provocada por la apertura de sumario por parte del juez Baltasar Garzón, en la que se detuvo a 6 personas y se imputó a más de 30, Mariano Rajoy acusó a la Justicia de abrir una causa general contra su partido. Los españoles comenzábamos a escuchar una palabra: Gürtel. En esta trama de corrupción, en su largo viaje procesal, se ha sabido de la presunta financiación ilegal del Partido Popular a cambio de contratos de las empresas de Francisco Correa con las Administraciones gobernadas por el PP; de la caja B del partido que presuntamente se nutría del cobro de comisiones a cambio de contratos; de los papeles de Bárcenas; de los sobresueldos que recibían altos dirigentes del Partido Popular y que se pagaban con dinero de la caja B; de la reforma de la sede de Génova 13 con dinero procedente de la caja B; de la destrucción de los discos duros de Bárcenas. En este caso Gürtel el PP está imputado por ser beneficiario a título lucrativo y Mariano Rajoy tendrá que declarar en calidad de testigo en la Audiencia Nacional.
La corrupción de Partido Popular es sistémica y la tenemos en casi todos los territorios en los que gobierna o ha gobernado. La Púnica en la Comunidad de Madrid es otro ejemplo de ello, la actual Operación Lezo también. Es raro el dirigente del PP que no haya tenido problemas con la Justicia.
Todos estos casos, los que hemos citado y los que ustedes estén pensando, tienen algo en común, además del enriquecimiento o el aprovechamiento del dinero de todos para fines personales: el silencio de Mariano Rajoy, cuando no su apoyo a quienes se han corrompido, tal y como vimos con el famoso SMS «Luis, sé fuerte».
A Mariano Rajoy le han crecido los corruptos, algunos todavía presuntos, pero a los que les queda poco tiempo de disfrutar la presunción de inocencia, a su lado, en su círculo más cercano. Y no ha hecho nada, no ha dicho nada, se ha callado con su táctica de que el tiempo lo arregla todo o de que los ríos volverán a sus cauces.
En Almería está ocurriendo lo mismo con el actual presidente del PP provincial, de la Diputación y alcalde de Roquetas de Mar. Gabriel Amat ya ha declarado como imputado en un proceso de corrupción, en el caso La Fabriquilla, donde se le acusó de prevaricación. Casualmente, tras una visita del ministro de Justicia Rafael Catalá Polo a Almería, la Fiscalía de Almería presentó a la juez instructora del caso un escrito en el que pedía la desimputación de Amat y el archivo del caso.
Por otro lado, tenemos el caso de Las Salinas, un verdadero pelotazo urbanístico en el que las empresas en las que directa o indirectamente participa Amat son las beneficiadas, por más que el propio alcalde de Roquetas niegue por activa y por pasiva que ningún familiar suyo tenga relación directa con las empresas que van a gestionar la operación. Sin embargo, la realidad es muy otra, tal y como hemos venido contando en este medio.
Gracias a la estrategia de ofrecer a la Junta de Andalucía los terrenos para la construcción de un nuevo acceso a Roquetas desde la A92 sin costes de expropiación por la redacción de un nuevo PGOU, Amat elabora una gran operación urbanística por la que sus sociedades y las de su familia se embolsarían grandes beneficios a un coste casi inexistente. Todo se hace a través de la adscripción de grandes sistemas generales para equipamientos que se obtienen mediante la adscripción a los sectores y, de este modo, evitan la expropiación. Todo ello con la garantía política de que Amat está ahí. Empresas que están participadas por él o por su familia controlan en la actualidad más de 700.000 metros cuadrados en Las Salinas. Y en estos terrenos se construirá una parte de la gran operación urbanística: 8.000 viviendas y torres de 33 plantas que, inevitablemente, destrozarán el paraje natural.
La empresa clave es Urbaponiente, que se va a encargar de comprar terrenos a pequeños propietarios a precio por debajo de mercado, terrenos que se adscribirán sin coeficiente de localización porque por detrás hay «seguridad política». Urbaponiente está compuesto por sociedades en las cuales hay intereses de la familia de Amat o de amigos del alcalde.
En una operación de este tipo no puede estar ajeno el poder financiero. Ya lo hemos visto en grandes casos de corrupción como los ocurridos en Valencia o en Madrid donde las principales entidades de esas zonas tuvieron un papel importantísimo en financiar grandes operaciones urbanísticas que tenían a la corrupción como punto de partida, Caja Madrid en su día. Este apoyo también ha afectado directamente a los propios resultados de estas entidades que, obteniendo buenos resultados e, incluso, beneficios, acumulan una morosidad excesiva producto de la estrategia de conceder créditos millonarios sin la preceptiva petición con «rigor» de avales que garantizasen las operaciones crediticias, mientras a pequeñas empresas se exige todo lo necesario o , incluso según hemos podido saber por parte de alguna directiva se rechazan avales, innecesarios en algunos casos, de personas mayores soci@s de compañías, sin analizar y solo por el mero hecho de ser pensionistas, aunque con patrimonio. «un ancian@ no está para dedicarse a avalar a una empresa». Amat y su mujer SÍ. Ponemos el presente como tiempo verbal a propósito porque, aunque no se lo crean, estas cosas siguen ocurriendo a pesar de que se hayan cambiado los consejos de administración, porque todo el mundo tiene zonas oscuras en su pasado pero las del presente son más calamitosas porque hay, al menos en este caso discriminación y actitud patriarcal, machista y vejatoria, una nueva forma de corrupción social.
En el trabajo de investigación que en este medio venimos haciendo respecto a la figura de Gabriel Amat aún no tenemos constancia de una conexión entre las operaciones urbanísticas del alcalde de Roquetas de Mar con las principales entidades financieras del Corredor Mediterráneo. Sin embargo, alguna ya ha aparecido mencionada en la documentación que estamos manejando respecto a Gabriel Amat. La independencia de nuestro medio nos obliga a mostrarles la verdad, la información veraz que tengamos en nuestro poder. Es nuestra obligación como medio de comunicación. Tal y como dijo el presidente de Diario16, Manuel Domínguez Moreno, «Asistimos con una preocupación no exenta de indignación al burdo intento de desarticular un poder que se ha distinguido históricamente por no arrodillarse ante nada ni ante nadie ni ceder ante ningún tipo de presión, mucho menos la económica que condiciona la financiación de la empresa periodística y la subsistencia de la palabra hasta convertirla en una herramienta que articule además de un idioma, un pensamiento».
Ante una operación como la de Las Salinas, una operación en la que se utilizan las herramientas y las influencias políticas para beneficio propio, ni Mariano Rajoy ni el Partido Popular han dicho nada. Todo parece indicar que el poder de Amat en Almería es similar al que tuvo en su momento Fabra en Castellón. El mismo silencio que ha mantenido Rajoy respecto a otros dirigentes que han sido juzgados y, en algunos casos, condenados por delitos relacionados con la corrupción, es el que está manteniendo con Gabriel Amat. El no intervenir puede venir de dos causas. En primer lugar, porque Amat, un veterano del partido, amigo personal de Javier Arenas, tenga información que imposibilite cualquier movimiento punitivo por parte de Mariano Rajoy, información que, de existir, pudiera poner en serio peligro al propio presidente o que terminara definitivamente de tambalear los ya tocados cimientos del PP, tanto a nivel regional como a nivel nacional. En segundo lugar, por intereses de partido. Siempre es bueno tener a un elemento como Amat en la primera línea para parar los golpes y dejarle solo ante la Justicia podría provocar que una provincia como Almería, fundamental para el mantenimiento de las cuotas de poder del PP en Andalucía, se perdiera definitivamente.
Viendo estas dos opciones en un conjunto, se comprende la protección judicial que está disfrutando Gabriel Amat a través de su amigo Rafael Catalá. Viendo cómo está manejando el PP a la Justicia, con nombramientos de militantes para presidir el Tribunal Constitucional, de fiscales muy afines para la Fiscalía Anticorrupción o de personas muy cercanas a FAES para presidir el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial, el comportamiento de Catalá respecto a Amat entra dentro de la «normalidad». Es protección judicial es, tal vez, el precio que se tiene que pagar.
Sin embargo, ese silencio atronador de Mariano Rajoy respecto a Gabriel Amat también puede ser interpretado como un modo de aquiescencia. Los retos que el dirigente almeriense le lanza son un ejemplo de ello. No en vano en Almería se tiene la sensación de que nadie puede tocar al presidente de la Diputación, ni a nivel regional ni a nivel nacional, llegando a atreverse a decir que será él quien decida cuándo y cómo abandona sus cargos internos. Un desafío claro hacia Génova que no ha recibido respuesta, evidentemente.
