lunes, 4 mayo, 2026

El error estratégico de Pedro Sánchez en Madrid

Cuidado que tiene gente a su alrededor para hacer simulaciones de situaciones posibles a la hora de tomar una decisión. Cualquier experto en liderazgo (de los de verdad, no comunicólogos que es otra cosa) conoce que ante una tesitura dada es necesario hacer una valoración de los escenarios posibles ante la toma de decisiones y las opciones de sacar rédito ante esa decisión. Una decisión que ha de valorar no sólo los pros, sino los contras de las distintas elecciones. No es hacer un DAFO, que es una herramienta simple para estas cuestiones políticas, sino simulación de escenarios de incertidumbre alta. No es echar gasolina al coche cuando el depósito está casi a punto de llegar a la reserva, la decisión es más compleja porque hay multitud de escenarios y redes de poder que intervienen. Pues esto parece no haber sido valorado por Pedro Sánchez al tomar la decisión de apoyar a José Vicente Hernández como candidato del PSOE al Ayuntamiento de Madrid.

A Iván Redondo o Félix Bolaños se les supone cierta categoría para haber hecho esas proyecciones y haber aconsejado a Sánchez de los distintos escenarios que se abrían ante una decisión de tal calibre en un entorno sumamente complejo y volátil. José Antonio Rodríguez, el”Junillo”, está para hacer otras cosas no para lo estratégico. Los primeros, por no hablar de muchas otras personas que están asesorando en Moncloa al presidente, deben ser conscientes del riesgo estratégico que asume Sánchez, tanto hacia el interior del partido como hacia la sociedad. Más si cabe cuando el “sanchismo” se ha vendido como un movimiento de, por y para las bases. Por mucho que insistiese Sánchez, los asesores no están solamente para decir lo bueno, sino los riesgos y sus implicaciones a futuro. Y parece ser que no han hecho bien su trabajo. Analicémoslo.

La ciudadanía, en términos generales, permite al PP que haga del dedazo su mecanismo de elección de candidatos. Tampoco en el partido conservador se han destacado por promover una democracia interna similar a la que siempre ha demostrado la izquierda. En Ciudadanos no es dedazo directo, pero casi, a lo que hay que añadir que tampoco interesa a la ciudadanía lo que hagan dentro de su partido. Si supiesen la cantidad de comisarios políticos que existen se asombrarían. Cuando hablamos de secta naranja respecto al tratamiento de sus propios cargos políticos igual nos podemos llegar a quedar cortos. Pero la ciudadanía se lo permite. No pasa lo mismo con los partidos de izquierdas. Una elección del PSOE, especialmente, o de Podemos últimamente, es seguida con atención por propios y extraños. Incluso los propios medios de comunicación dedican más espacio a esos procesos de la izquierda. Sólo hay que ver lo que supuso la elección de Pablo Casado en el PP respecto a la elección de Sánchez. Nada que ver en expectativas e implicación dela propia ciudadanía en los debates. A la izquierda siempre se le exige más porque también su superioridad moral es mayor. Por tanto el entorno de disputa interna es claramente distinto y eso es algo a tener en cuenta como factor de los posibles escenarios.

Con este entorno la elección de Sánchez se enfrenta a varias contradicciones. La primera es asumir y, además, explicar que se ha ofrecido el cargo a muchas personas pero que sólo Hernández ha aceptado. Si lo hacía para poner en valor la determinación del candidato, también ha mostrado que ni era la primera y mejor elección, ni había pensado en dejar que el proceso de primarias fluyese libremente. La segunda contradicción es que, como dijo en su momento César Luena en un juicio respecto a las primarias, da a entender que con su apuesta personalista no concede valor al proceso democrático de su propio partido. Si ha ofrecido el cargo a otras personas y elige a Hernández por su amistad y prestigio proyecta que no confía en la militancia, ni en los cuadros del PSOE de Madrid y que su candidato es la última opción que tenía.. La tercera contradicción es que rompe con la lógica de no posicionarse en las primarias que ha habido en todo el territorio español. Cuando le pidieron que se mojase, así fuese contra Javier Lambán o por un candidato destacado de los que le apoyaron en las plataformas sanchista, se abstuvo. Hoy dice que tiene derecho como militante a apoyar a su amigo contradiciendo lo afirmado antes. Si hubiese que ponerse estricto como militante de Pozuelo y no de Madrid su apoyo valdría poco o nada, pero como secretario general y presidente del Gobierno ese apoyo le señala a él directamente. Y aquí es por donde puede llegar uno de los peligros futuros.

Dejar de la lado la ética inherente a los procesos internos, aunque sólo sea en apariencia porque todo el mundo sabe que los aparatos se mueven, le deja en mal lugar porque supone dejar de lado a los demás compañeros y compañeras que se presentan. Es hacerles un feo que él, precisamente, pidió a la Gestora que no hiciese. Las palabras de José Manuel Franco afirmando que él iría a las presentaciones de los demás pierden fuerza moral cuando, desde la secretaría general del PSOE de Madrid, aún no han resuelto que el precandidato Hernández, que ya está en campaña, esté en regla respecto a los estatutos y el reglamento. Ya ha elegido candidato, pues él ha estado en las decisiones de la elección del ex-seleccionador, y ahora intenta parecer más ético. Todo esto se podría haber evitado y puede tener consecuencias graves a futuro. El malestar existente en Madrid con las formas e, incluso, el fondo de la elección deberían haberlo valorado mucho antes de dar el paso.

Si quería hacer esta elección, el equipo de Sánchez y él mismo deberían haber actuado de otra forma. Primero, deberían haber hablado con las familias, grupos, grupúsculos y corrientes de opinión del PSOE madrileño explicando la necesidad para el partido de un candidato independiente. Por las razones mediáticas que fuesen. Haber hablado y haber consensuado un verdadero equipo de toda la ciudad para fortalecer al candidato. Desde luego habría habido malestar, pero al haber consenso siempre habría sido menor de lo que parece que se ha generado. Segundo, antes de filtrar a los medios de comunicación la candidatura como se hizo en Moncloa, deberían haber puesto al día al propio candidato sobre la situación del Ayuntamiento. Porque el discurso ofrecido es todo un muestrario de lugares comunes y de generalidades que tampoco es que le favorezca. Y tercero, en caso de no encontrar consenso deberían haber respetado las formas y no estar lanzando en redes, desde que Rodríguez Salas se puso al mando, ignominias y falsedades contra los otros candidatos. Algo que es éticamente reprobable. Fortalecer al propio candidato y no lanzarse a deslegitimar a los posibles contrincantes. Como cuarto, por lo que nos llega, deberían ser más cuidadosos con lo que ofrecen porque no hay tantas sillas como están ofreciendo. Piensen que, a día de hoy, entre Comunidad y Ayuntamiento hay unos 35 cargos disponibles.

Tenemos, por tanto, un ambiente en el cual hay una volatilidad enorme irradiada desde el propio sistema (con unas encuestas nada favorables), cierto malestar interno por las formas (hay que considerar que el candidato a la Comunidad de Madrid también es un independiente), y una prensa cavernaria deseosa de meter el diente. Esto deberían haberlo valorado los asesores de Sánchez. Este entorno, ciertamente un tanto hostil hacia el PSOE, plantearía dos escenarios posibles. 1.) Hernández pierde las primarias. La prensa se lanzaría a por el presidente del Gobierno llamándole incapaz, emperador fracasado, doctor derrota o cualquier otro calificativo que se les ocurra a los cavernarios. Se dañaría la imagen del presidente del Gobierno y del propio PSOE. El ganador no obtendría ninguna ventaja en sí de haber vencido en las primarias con toda la popularidad que le podría dar. Todo quedaría tapado por la derrota de Sánchez. 2.) Gana Hernández. Aquí los cavernarios dirían que el aparato de Ferraz ha conseguido la victoria, pero esto se supone de sobra.

La victoria del ex-seleccionador abriría otros dos escenarios posibles. 2.a.) Sigue la estela de la encuestas y se queda como quinta o cuarta fuerza política sin posibilidad de pacto de las izquierdas. Los medios no darían como derrotado a Hernández sino a Sánchez y le pesaría esta derrota a nivel nacional. Por desgracia, lo madrileño por culpa de capitalidad de los medios de comunicación tiene más repercusión y se señalaría como culpable al presidente del Gobierno. 2.b.) Hernández consigue vencer en las elecciones mediante un vuelco electoral que jamás se ha producido en la historia de las elecciones en España, sin mediar corrupción. Sólo en este escenario, poco o nada factible seamos realistas, sería el favorable a Sánchez. Así no pudiese formar gobierno por culpa de la caída de Carmena, por ejemplo, podría vender su propia apuesta personal. Pero todos los datos indican que es el escenario más improbable y eso deberían tenerlo en cuenta los asesores áulicos antes de lanzar la candidatura. Porque es una candidatura personalista y lo bueno, pero especialmente lo malo, se le asignará a Sánchez y no al PSOE. Estratégicamente esto se debe valorar en un contexto hostil donde se está esperando a cualquier fallo por pequeño que sea.

También hay que valorar a los otros candidatos, algo que no han previsto en Moncloa y Ferraz (no le vemos a Santos Cerdán haciendo estos análisis, no). Manuel de la Rocha, que apoyó a Sánchez en las primarias desde su equipo, es el más experimentado y quien podría competir por la izquierda con Carmena, más ahora que la alcaldesa ha decidido virar hacia el populismo peronista y el personalismo. Si se tiene en cuenta que en las primarias anteriores al 39° Congreso en Madrid el 51% no apoyó a Sánchez y De la Rocha coge parte de ese apoyo, más algo del resto. José María Dávila, conocido del aparato capitalino, está suficientemente baqueteado en las agrupaciones madrileñas y podría capturar el voto susanista o patxista, más el de algunas antiguas familias. Y Marlis González es una apuesta, también apoyó a Sánchez, respaldada por un buen grupo de cuadros medios del partido, sumamente capaces e históricamente arrinconados, que tienen un proyecto moderno y estudiado. También podría dividir el voto de Hernández más que el del susanismo o el patxismo. A esto hay que sumar que el sindicalismo parece haber decidido en favor del candidato de la izquierda, De la Rocha, con la importancia que ello tiene en Madrid. Aunque nada está escrito, deberían haber valorado, si hubiesen dialogado desde el principio, que las primarias no eran nada sencillas desde un principio si se seguía el camino de la apuesta personal. Y más cuando se presenta un independiente que no ha tenido actividad cívica en sí.

Actuar de la forma en que lo han hecho puede haber sido un error estratégico. Que una posible buena candidatura, porque mediáticamente es la de Hernández, pueda arruinarse por no haber anticipado los escenarios posibles, el entorno que afecta a la disputa, el cabreo de la militancia (que es muy alto), la presión de los medios de la Caverna y la capacidad de los demás candidatos (mucho más asentados en las estructuras partidistas madrileñas), es cuando menos un error de cálculo. Por no decir que los asesores venden mucho humo en sus CVs y no son tan listos, ni tan buenos. Porque la falta de ilusión que se palpa en el ambiente, no sólo partidista sino ciudadano, más cuando la otra parte de la izquierda anda a garrotazos como en el cuadro de Goya, no augura nada bueno. Una candidatura mediática como la que propone Sánchez con su amigo Hernández debería servir para lograr que el abstencionismo de izquierdas, primero, no sea el que indican los sondeos y, segundo, recuperar todo ese voto perdido durante los últimos cuatro años. Si Podemos baja, que el PSOE suba a los niveles anteriores a la irrupción de los podemitas. Todo indica que, de momento porque nos podemos equivocar, no se va a producir. Y la culpa será toda para Sánchez, con lo que puede significar a nivel estatal. Hubiera sido más aconsejable otro forma de toma de decisión.

Nueva traición en Podemos

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Podemos Comunidad de Madrid considera a Cati Rodríguez, actual alcaldesa de San Fernando de Henares, fuera del proyecto tras haber anunciado públicamente que se presentará a las elecciones por otro partido político, renunciando a participar en las primarias organizadas por la formación morada.

Según destaca el Equipo Técnico de Podemos en la Comunidad de Madrid, la ratificación por unas primarias avaladas orgánicamente son un “requisito democrático innegociable” para que una persona pueda compaginar un cargo público con su pertenencia a Podemos. Desde la formación insisten que “Podemos tiene el sistema de participación más democrático y abierto de toda la política española”, recordando que cualquier persona puede inscribirse en la formación para participar en las decisiones de su localidad por el portal de participación web.

Por ello, subrayaron la incompatibilidad política de pertenecer a la formación y no someterse a la ratificación democrática y abierta ante las inscritas e inscritos. Destacan que la toma de decisiones unilaterales, a espalda de espacios abiertos, transparentes y accesibles responde a una manera de entender la política “alejada del ciclo democrático abierto por el 15-M y continuado por el 8-M”.

La formación continuará trabajando por articular “espacios de confluencia participativos” para construir candidaturas unitarias para ganar la Comunidad de Madrid y los municipios junto con todas las fuerzas políticas y de la sociedad civil que compartan un rumbo común democrático y de progreso. La dirección autonómica ha avanzado en las últimas semanas el trabajo conjunto con Izquierda Unida, Equo y otros movimientos de la sociedad civil. “Estamos sentando una buena base amplia, plural y participada, tenemos que ser capaces ahora de abrir este espacio a la sociedad viva que quiere más justicia social, por ejemplo, al movimiento feminista, al movimiento de las pensiones o a los taxistas. Tenemos que ser una candidatura amplia, motivada y movida por el bienestar de las personas”, aseguran desde la formación.

¿Pepu? Así no Pedro, así NO

La gran reforma pendiente de nuestra democracia es la referida a los partidos políticos, unos instrumentos creado en el siglo XIX que aún no han llegado a adaptarse a las necesidades de este siglo XXI.

Necesitan una profunda transformación, especialmente debido al gran poder que han ido acumulando en sus largos años de historia. Pero lo necesitan aún más los de la izquierda si quieren servir para lo que según los clásicos debieran serlo, para transformar una sociedad cada vez más injusta.

Pero para que eso sea posible existen tres vías, que las élites que los dirigen estén dispuestas a realizarla, o sea suicidarse en aras de un bien común, que sea impuesta desde una instancia superior, como por ejemplo una nueva Constitución que les obligara a realizarla, o lo que parecería más necesario, a través de una demanda casi revolucionaria de sus bases que impulsara la misma.

Pero mientras que esto sucede harían bien sus dirigentes en hacer una profunda autocrítica, para evitar que su mala praxis, detectada y criticada por la ciudadanía no acabe por destruirlos de manera definitiva.

Que CIS tras CIS ésta considere que uno de los tres problemas fundamentales que le preocupan son los políticos y sus partidos, debería agilizar ese proceso de autocrítica corrigiendo, al menos en una primera fase, sus vicios más evidentes.

Por ejemplo evitando las actitudes dictatoriales (el líder omnipotente que todo lo puede y decide) y las contradicciones de exigir ciertas condiciones cuando se está al otro lado de poder y olvidarse de ellas al conseguirlo.

Eso le ha ocurrido al SG del PSOE y Presidente del Gobierno Pedro Sánchez, al tomar la decisión al mejor estilo del César de Roma, por mera dirección de su dedo soberano, quién debe ser su cabeza de lista para el Ayuntamiento de Madrid.

Con ese gesto, que defrauda a muchos de quienes le apoyamos en su día, olvida lo que le ocurrió a él en las primarias que le enfrentaron al aparato del partido, en aquel momento la Gestora, que de la misma manera había apostado por Susana Díaz.

Por cierto aún recuerdo la presión que ejercimos, especialmente él, para que esas primarias se desarrollaran de manera limpia e imparcial, que la candidata del “aparato” no gozara de mayores privilegios que quien llegaba desde la base. Observo que se le ha olvidado con excesiva rapidez y esas contradicciones suelen debilitar la legitimidad de quien las comete.

Ahora ya existen, al menos, dos candidatos, quién señala él Pepu Hernández y quién después de patearse la base del partido surge precisamente de ella, Manolo de la Rocha. No dudo de las cualidades humanas y deportivas de Pepu, incluso de su definición ideológica poco conocida, pero confío más en la trayectoria de Manolo con una duradera militancia en el PSOE, forjado en mil batallas, miembro de Izquierda Socialista y de UGT.

Tampoco debemos confiar en lo que se denominan “mirlos blancos”, entre otras cosas porque la experiencia nos indica que suelen fallar y resulta peligroso que en tiempos de zozobra en el seno de la izquierda, no se opte por gentes curtidas y con una profunda raigambre ideológica.

La pregunta que se debería haber hecho sería: ¿para la posible oposición que nos llega quién va a aguantar mejor “Pepu” o Manolo?

Manolo de la Rocha además apoyó a Pedro Sánchez en aquella dura batalla, incluso antes de que éste decidiera darla, animándole como participante de la famosa reunión que dio lugar a lo que se denominó “Espíritu del Ateneo”

Allí gentes como él, Odón Elorza, Margarita Robles, Josep Borrell, Cristina Narbona, Manu Escudero, Andrés Perelló, Pérez Tapias y otras y otros le animaron a dar el paso. Manolo fue uno de sus impulsores.

Pedro Sánchez con este movimiento no sólo olvida aquel episodio fundamental en la historia reciente del PSOE, también contradice erróneamente su posición en las primarias que ganó, poniendo en riesgo su propio activo y como consecuencia el del partido.

¿Qué pasa si nuevamente el candidato oficialista es derrotado por el proveniente de las bases? ¿Qué efecto puede tener desde el punto de vista social esta posibilidad, en vísperas de unas elecciones vitales para el futuro de la izquierda? ¿Por qué arriesgar innecesariamente? ¿Error de cálculo, o prepotencia?

Así no Pedro, así no se deben hacer las cosas en este nuevo PSOE que pretendes construir. Así no porque adoptas los peores vicios que criticaste, que criticamos quienes te apoyamos en el pasado. Ahora verte a ti, tu comportamiento, es ver a Fernández, Presidente de aquella nefasta Gestora y eso Pedro no es bueno ni para ti ni para el PSOE.

Además sitúas a una buena parte de quienes te apoyaron y que sin tu intervención optarían sin dudar por de la Rocha, en otra nueva contradicción; hacerlo dejándote en muy mal lugar, o para evitarlo apoyar a tu candidato. Mal Pedro, muy mal.

Veremos qué sucede pero pase lo que pase creo que va a ser negativo para tu imagen. En el mejor de los casos si gana Pepu Hernández y se lleva un revolcón en las elecciones de Mayo, como pronostican todas las encuestas, irá a tu debe y al contrario también.

Así no Pedro, así no. Te lo digo desde el cariño y respeto que te tengo. Continuaré apoyándote pero así no.

Juan Guaidó da el primer paso para pedir el bloqueo de cuentas de los bolichicos

Juan Guaidó parece que no quiere dejar ninguna duda sobre la limpieza del movimiento que inició tras su autoproclamación como presidente de Venezuela. Hubiera sido incongruente con su discurso si la oposición al régimen de Nicolás Maduro hubiese estado financiada por quienes expoliaron Venezuela llevándose más de 40.000 millones de dólares sólo de la corrupción en la PDVSA de Rafael Ramírez.

Para evitar esas sospechas, Guaidó ha dado el primer paso para solicitar el bloqueo de las cuentas y los activos de los bolichicos que han convertido a España, principalmente, como centro de operaciones para blanquear el dinero de la corrupción generada mientras Rafael Ramírez ocupaba la presidencia de la petrolera estatal PDVSA, algo que está corroborado por un informe que obra en poder de la Audiencia Nacional y  que ya ha provocado la detención de alguno de los bolichicos, aunque no serán las últimas.

En concreto, Juan Guaidó ha anunciado que «vamos a solicitar la protección de los activos de Venezuela también en Europa. Repito, no se van a robar el dinero de los venezolanos». Es decir, que el líder opositor ya ha dejado claro que tiene la intención de proteger el dinero del pueblo venezolano que está fuera del país, lo que podría incluir, evidentemente, las decenas de miles de millones que muchos de los que ahora están realizando inversiones multimillonarias en los barrios más exclusivos de Madrid o que compran empresas para trasladar su sede social a otros países de la Unión Europea como método de presunto blanqueo de capitales, tal y como está denunciado en distintos juzgados de España. Por tanto, Guaidó parece que recogió el guante lanzado desde este medio a través de los artículos publicados y del acercamiento directo de Diario16 con líderes del entorno de Guaidó y ha decidido recuperar los miles de millones que salieron de Venezuela para que los corruptos lleven un nivel de vida de multimillonarios.

Diario16 dispone de información de cómo, para realizar operaciones empresariales en España, un bolichico instalado en Madrid recibió una transferencia de dinero de PDVSA por valor de 12 millones de euros que quiso canalizar a través del Banco Popular, operación que la entidad rechazó porque podría incumplir con las leyes de blanqueo de capitales. Esta transferencia se hizo pocos días antes de que el entonces presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, abandonara Venezuela.

Es por ello que Juan Guaidó, podría estar considerando contabilizar como activos del pueblo venezolano los miles de millones de dólares procedentes de la corrupción que los bolichicos sacaron del país. ¿Será concreto y exigirá a los líderes europeos que bloqueen las cuentas bancarias de estos venezolanos corruptos? La declaración de «no se van a robar el dinero» es el primer paso, ahora sólo le queda la concreció.

Por otro lado, Pedro Sánchez tiene la opción de dar también otro paso que vaya más allá del mero reconocimiento y solicitar a la Justicia una investigación sobre estos bolichicos que expoliaron al pueblo venezolano. El presidente tiene que tener en cuenta un hecho: algunos de estos ciudadanos que están haciéndose con el control inmobiliario de los barrios más exclusivos de Madrid gracias al dinero procedente de la corrupción son los que están apoyando desde distintos ámbitos, el mediático incluido, a sus rivales políticos, sobre todo a los del eje de la derecha.

En referencia a éstos, es curioso que ni Albert Rivera ni Pablo Casado, tan repentinamente preocupados por el pueblo venezolano, hayan hecho mención a los miles de millones que los bolichicos expoliaron de Venezuela. ¿Una portada o un premio son el precio del silencio? La petición que hará Guaidó sobre la protección de los activos de Venezuela, ¿la recogerán y comenzarán a pedirle a Sánchez que bloquee las cuentas de los venezolanos corruptos que campan a sus anchas en España? ¿Dejará el PP de agasajar y proteger a Rafael Ramírez cada vez que va a Ávila?

Por tanto, Guaidó puede acabar con la impunidad de los bolichicos en Europa y, en concreto, en España pero, para lograrlo, necesita la colaboración del gobierno español.

La «sorprendente» actuación de la administración concursal en la guerra por la Ciudad Financiera del Santander

El pasado mes de noviembre, dentro del concurso de acreedores de la sociedad Marme inversiones, se procedió el pasado mes de noviembre a la subasta de la Ciudad Financiera, de la que ha resultado adjudicataria la sociedad Sorlinda Investments SL con una oferta de 3.000 millones de euros. La sociedad es propiedad de los hermanos David y Simon Reuben, millonarios británicos que en el año 2016 ocuparon el primer puesto y en 2018 el cuarto lugar en la lista de los más ricos del Reino Unido del Sunday Times Rich List y aparecieron en la lista de la revista Forbes en el puesto 60 y 88 de las mayores fortunas del mundo en los mismos años, valorándose su patrimonio en más de 15.000 millones de libras esterlinas.

Sin embargo, lo que parecía una decisión lógica, puesto que los hermanos Reuben presentaron la propuesta más amplia, se ha convertido en una verdadera guerra por la negativa del Santander a aceptar la decisión del administrador concursal, sobre todo porque para el banco cántabro fue sorprendente. No se lo esperaban.

La administración del concurso de Marme Inversiones recayó en el despacho Lexaudit Concursal SLP. Despacho creado en 2010, en el 2013 había recibido sólo 8 designaciones situándose a la cola del ranking de administradores concursales. Pero desde la incorporación del exmagistrado de la Sala primera del Tribunal Supremo, Rafael Gimeno Bayón Cobos, ha conseguido que en 2014 se le asigne la administración concursal de Marme Inversiones, y más recientemente las de Isolux Energy Investment y Grupo Isolux Corsan Concesiones todas ellas sociedades concursadas en las que el Santander tiene importantes intereses económicos. Los concursos de Marme Inversiones e Isolux Corsan son los más importantes de los últimos años con unos pasivos de 2.000 y 1.600 millones de euros respectivamente.

El nombramiento de Rafael Gimeno-Bayón Cobos como administrador concursal de Marme Inversiones pudiera no ser fruto de la casualidad ya que dicho exmagistrado ha formado parte del Tribunal Supremo en recursos de casación con trascendencia para el Santander que interpuso Inversión Hogar contra el Santander y que fue desestimado después de que el banco fuera condenado en primera instancia al pago de 80 millones de euros. Hay que recordar que la sociedad Inversión Hogar, propietaria de una finca en Mijas, mantiene una reclamación judicial contra el Santander por más de 200 millones de euros.

Además, Rafael Gimeno-Bayón Cobos ha tomado parte como magistrado de la Sala primera del Tribunal Supremo en el recurso de casación en el que era recurrente Corsan Corvian Construcción lo que debería inhabilitarle para ejercer cualquier cargo de administrador concursal de cualquiera de las sociedades del grupo Isolux Corsan pese a lo cual aparece como administrador concursal de Isolux Energy Investment y Grupo Isolux Corsan Concesiones.

El nombramiento de Gimeno-Bayón Cobos como magistrado de la Sala primera del Tribunal Supremo también acabó en escándalo, ya que fue anulado por el Pleno de la Sala tercera del Tribunal Supremo por sentencia de 17 de mayo de 2011. El CGPJ anuló el nombramiento de Gimeno-Bayón dos meses después, pero, de forma escandalosa, volvió a nombrarlo sin proceso de selección apenas pasados seis días.

Al parecer el administrador concursal se ha opuesto a las solicitudes del Santander invocando los intereses de los acreedores del concurso de Marme Inversiones, intereses que no tuvo en cuenta en la casación de Inversión Hogar contra el Santander. El hecho de que se encuentren involucradas en el concurso entidades como el banco el inglés RBS (hoy NATWEST), el ING holandés, los alemanes HSH Nordbank, Deutsche Postbank y Bayerische Landesbank, la entidad austríaca Raffeisen Zentralbank o el español Caixabank ha podido influir en la administración concursal para prestar mayor atención a los intereses de acreedores que son en su mayoría grandes entidades financieras y máxime teniendo en cuenta las derivaciones del concurso en tribunales ingleses.

Los expedientes concursales en España tienen una larga fama de escándalos que fue reflejada en la propia Exposición de Motivos de la Ley Concursal de 2003 en la que se hace referencia expresa a “corruptelas muy notorias” y al “predominio de determinados intereses particulares en detrimento de otros generales y del principio de igualdad de tratamiento de los acreedores, con la consecuencia de soluciones injustas, frecuentemente propiciadas en la práctica por maniobras de mala fe, abusos y simulaciones”. Pese a la reforma concursal de 2003 parece que las corruptelas continúan en la práctica concursal y en muchas de ellas continua apareciendo involucrado el Santander.

Moreno Bonilla se hace “susanista”

Se quejan en la sede (pagada con dinero en B) de la calle Génova que el presidente de la Junta de Andalucía no ha hecho más que rodearse de “sorayos” en su gobierno. Ha dejado fuera, denuncian sin rubor, a los casadistas y a los cospedalistas (estos un poco menos) en sus nombramientos. Y no se acaban de fiar de Juan Manuel Moreno Bonilla por ese motivo. Creen que el presidente va a ir por libre, ejerciendo de barón opositor a las posturas más duras de Pablo Casado. Por eso le mandaron a Teodoro García Egea y a Javier Maroto a negociar con Vox, mientras que tuvieron más libertad en su acuerdo con Juan Marín, aunque con la vigilancia sobre éste de los comisarios políticos de Ciudadanos (José Manuel Villegas). Que Elías Bendodo sea su escudero no molesta en sí, al fin y al cabo, además de amigo personal de Moreno Bonilla, es hijo del aparato de partido y su lealtad está probada (ha tragado quina por impedir que fuese alcalde de Málaga). Pero no gusta ese toque sorayo que tiene el presidente.

No habrá sentado bien, entonces, la semana “susanista” que lleva Moreno Bonilla. Ha primado en sus primeras reuniones como presidente de la Junta de Andalucía al susanismo y al PSOE andaluz “pata negra” antes que a sus compañeros de partido o el sanchismo. Se ha transformado en susanista en cuanto se ha sentado en el trono de San Telmo. Igual producto de las esencias socialistas que deben quedar en palacio, igual producto de la actitud dialogante y moderada que Soraya Sáenz de Santamaría siempre ha creído como más adecuada para que el PP fuese un partido hegemónico. El “susanismo” de Moreno Bonilla no es más que el “sorayismo” del PP y eso gusta poco en Génova.

Moreno Bonilla con Carmen Castilla (UGT)

La primera reunión, junto a la consejera de empleo Rocío Blanco (Ciudadanos), fue con las secretarias generales de los sindicatos UGT y CCOO. No es que se haya vuelto socialdemócrata de repente, piensa actuar como hizo cuando estaba en el gobierno de Rajoy, privatizar y expoliar lo público, pero con diálogo y cara sonriente. La entrevista con Nuria López (CCOO) y Carmen Castilla (UGT) hay que entenderla como un mecanismo de arreciar las críticas del susanismo sindical ante lo que hará y no rendir pleitesía a los deseos de Casado. Marca terreno frente a la deriva reaccionaria que están tomando en Madrid, pues sabe que en Andalucía si quiere resistir debe hacer andalucismo susanismo a tope. Bastante tiene con Vox al lado para querer imitarles. Quiere tener a los agentes sociales a su lado o, cuando menos, con un perfil neutro y no claramente enfrentado.

La traca final la reservaba para el viernes y sus primeras visitas institucionales. No fue a Málaga donde está Francisco de la Torre de alcalde y que hubiese sido más lógico según el aparato genovés. Más cuando él ejercer de malagueño. Al contrario, fue a visitar al susanismo más potente de Andalucía. El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, y el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos. Como pueden ver en las imágenes, sonriente Moreno Bonilla, consciente de que posiblemente sigan gobernando esas mismas personas en el futuro, aunque la locura electoral en la que se vive puede provocar cualquier otro resultado, ha querido ganárselos para la causa. Por mucho que diga que va a acabar con la administración paralela, se sabe que no será así, sino que intentará hacerse con parte de ella para su causa. Por ello debe hacerse susanista y confraternizar con los socialdemócratas andaluces pata negra. Los que mandan más que Susana Díaz.

Moreno Bonilla con el alcalde de Sevilla, Juan Espadas (PSOE-A)

Esa confraternización no sólo es estrategia política, evitarse enfrentamientos institucionales no tanto que acaben con su presidencia, para eso sabe que el peligro le viene de Génova y no de San Vicente, como tener a los medios de comunicación que también se nutren de esas entidades en su contra frontalmente. Sino que entronca en una forma de hacer política en Andalucía donde, pese a ser de distintos partidos, hace que el PP y el PSOE tengan ciertos lazos emotivos vestidos con un antagonismo falso. A Villalobos le interesa tenerlo de compañero porque mueve mucho dinero e inversiones estatales. A Espadas porque no quiere que el sanchismo se haga con el PSOE andaluz y quiera destrozar el statu quo establecido de españolismo, andalucismo, de fiesta y pandereta en Canal Sur.

Se hace susanista para aguantar en el Gobierno y, especialmente, revelar su autonomía como el barón que ejerce su poder en la autonomía más grande de España. Y el primer presidente no del PSOE que gobierna allí. Casado podrá tirarse por un puente si quiere. Y puede entregar Madrid a Ciudadanos y Vox con la elección de sus candidatos. Pero Moreno Bonilla quiere abanderar la moderación y la lucha por el centro imaginario del espacio político. Quiere que cuando Casado se estrelle, él seguir en la Junta. Y para eso tiene que ser no sólo sorayista, sino también susanista. “El diálogo con los ayuntamientos será una constante del gobierno que presido. Sin colores políticos, la única prioridad son los andaluces” dejó por escrito el presidente andaluz. Toda una declaración de sorayismo institucional y un aviso a Génova.

La liberalización del taxi que propone Casado supone entregar el sector a los fondos buitre

La última solución del líder del PP, Pablo Casado, para la crisis del taxi es abrir el mercado a todo aquel que tenga interés en hacer negocio. “Propondremos esto: liberalización del sector del taxi y al mismo tiempo un fondo para que se puedan recomprar sus licencias”. Es decir, la vieja receta neoliberal que desmantela un servicio público y malvende todo un sector a grandes multinacionales extranjeras que ni siquiera tributan en España.

Ni que decir tiene que la idea del Partido Popular de dejar el taxi en manos del gran capital norteamericano, árabe o japonés no ha gustado a la izquierda española. Rafael Mayoral, diputado de Podemos, cree que la propuesta de los populares es un “thatcherazo” contra el colectivo que “abre la puerta al desmantelamiento de un servicio público para entregarlo a empresas trasnacionales que tienen sede en paraísos fiscales”. Además, recuerda que la liberalización del sector no es una propuesta solo de Casado. “Tanto Vox como los chicos de Albert Rivera también apuestan por ella”, incide.

Podemos afirma que el intento de las grandes multinacionales por introducirse en el mundo del transporte urbano en España esconde un claro deseo de imponer la ley del más fuerte. Mayoral se pregunta quién está detrás de empresas como Uber y Cabify y él mismo aporta las respuestas: “Goldman Sachs, Fondo Público de Inversión de Arabia Saudí, Rakuten, BBVA, BlackRock…” El taxi en nuestro país está regulado por las administraciones públicas, hay una ley estatal, leyes de comunidades autónomas, órdenes de los ayuntamientos, “es decir, instituciones elegidas democráticamente por los ciudadanos”, asegura.

Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando la derecha apuesta por esta medida tan drástica para el sector del taxi? Muy sencillo: en la liberalización absoluta no hay normas, el pez grande se come al chico y prima una especie de gran ley darwinista económica que siempre deja abandonado al más débil. El objetivo final de la ofensiva de las multinacionales no sería otro que sustituir al alcalde, al presidente de la comunidad autónoma y a los representantes del pueblo por sus altos ejecutivos y miembros de los consejos de administración, que según la filosofía Casado serían los que a partir de ahora tomarían las decisiones sobre el transporte urbano de viajeros. En última instancia, de lo que estamos hablando aquí es de un paso más en la demolición del Estado de Bienestar y de su sustitución por el poder omnímodo de las grandes corporaciones, tal como alertaba el economista Niño Becerra en estas mismas páginas de Diario16.

Otras preguntas que según Podemos debe hacerse el ciudadano cuando se asoma a la crisis del taxi y trata de entenderla para extraer conclusiones son: ¿Cuáles serán las tarifas que se impondrán con la liberalización del sector al usuario que tome un VTC para hacer un recorrido por su ciudad? ¿Cómo serán las condiciones de trabajo de los conductores que, según la formación morada, se precarizarán cada vez más? ¿Se eludirá el pago de impuestos y se llevarán estas empresas la riqueza del país al extranjero, a las sedes de las multinacionales que están detrás de las VTC o incluso a paraísos fiscales?

En el fondo subyace una pregunta fundamental: ¿Quiénes están intentando constituir este polémico nuevo monopolio? Para Mayoral la respuesta es evidente: las empresas trasnacionales que “no solo pretenden hacerse con el control del sector en las principales ciudades de España sino en el mundo entero”. Según el dirigente de Podemos, la intención última de las compañías de VTC “es apoderarse del transporte urbano de viajeros para poder controlarlo desde un paraíso fiscal”.

En un reciente vídeo difundido en las redes sociales, Mayoral advierte de que “estos buitres” ponen como argumento que las empresas de VTC favorecen el progreso y el avance tecnológico pero “realmente de lo que están hablando es de cómo obtener el máximo beneficio en el menor tiempo posible y de cómo poder llevárselo a un paraíso fiscal”. “Dirán que los buitres defienden la competencia pero realmente lo único que quieren es precarizar el trabajo y que el ciudadano pague lo que a ellos les da la gana”, puntualiza.

Uno de los argumentos que esgrimen neoliberales como Casado o Albert Rivera para apoyar a las VTC en su conflicto con el taxi es que el ciudadano debe ser “libre” para elegir el medio de transporte que desee y moverse por una ciudad. Bajo esta premisa, que es cierta como no podría ser de otra manera, se oculta sin embargo una peligrosa trampa, ya que lo que realmente se está proponiendo es que sean las grandes multinacionales quienes fijen las normas y reglamentos, las tarifas y las relaciones laborales en el sector. En el fondo, ¿qué hay tras este conflicto que parece haberse enquistado? “Podemos optar por dos formas de entender el transporte urbano de viajeros en las ciudades: un sector controlado por trasnacionales con sede en paraísos fiscales, que precarizan el trabajo de los conductores y empleados y tienen como finalidad la elusión de impuestos; o un servicio público regulado por las administraciones públicas, con tarifas establecidas por las administraciones públicas, que pagan impuestos en nuestro país para sostener la sanidad, la educación, los servicios sociales y las pensiones. Nosotros lo tenemos claro: hay que pararle los pies a las trasnacionales y defender el servicio público del taxi. Probablemente esta versión no se escuche en los grandes medios de comunicación”, insiste Mayoral.

Para el periodista Javier Ruiz, de Cuatro, la verdad sobre el conflicto del taxi se encuentra detrás de las cifras. Así, lo que se estaría jugando en esta guerra es “una tarta de 3.800 millones de euros, más que los presupuestos generales del Estado en Educación y en Cultura juntos”. Mientras tanto, por abajo, los taxistas y conductores de VTC se estarían disputando “la miseria”. Un taxista, según datos de la Comisión Europea, gana unos 2.000 euros netos al mes, una vez descontados gastos del coche y licencias. Un conductor de Uber ingresa unos 1.000 euros netos, según la Memoria del Ministerio de Fomento. “La guerra entre taxistas y conductores VTC es la guerra de las clases medias, es la guerra de la miseria. La verdadera guerra no debería librarse en la calle sino en el Ministerio de Hacienda”, incide Ruiz.

Según el periodista, lo que está ocurriendo es que los trabajadores están peleando por el 75 por ciento del precio de una carrera entre un punto y otro de la ciudad, ya que de ese servicio compañías como Uber se llevan el 25 por ciento restante, es decir, un euro de cada cuatro. Ello significa que del pastel de 3.800 millones las empresas VTC ingresan como intermediarias alrededor de 950 millones que deberían tributar en torno a 240 millones de euros. “Pero solo debería, porque Uber ni siquiera existe en España. En nuestro país existe una empresa que se llama Uber Systems Spain que no se dedica al transporte de pasajeros sino que se dedica al marketing. La empresa asegura que está declarando 2,8 millones en ingresos, 163.000 en beneficios y lo que paga en impuestos es lo que pagaría una PYME: 53.000 euros”. Es decir, de los 240 millones que le correspondería pagar termina tributando en España esa cantidad casi testimonial. Así que en realidad la guerra del taxi no es la que se está librando en la calle, “esa es una guerra por abajo. La auténtica guerra es la fiscal por arriba, que termina sin llegar y que están sufriendo quienes hoy se pelean en ambos lados: los que viven del taxi y los que viven de las VTC”, añade Ruiz.

Rivera roba el discurso a Pérez Tapias

La locura intelectual en la que se encuentra el cuñadismo ideológico es tal que son capaces de optar por propuestas ideológicas y filosóficas ajenas completamente a su ideario sin percatarse de ello. Si ven que suena bien el concepto lo toman y lo adornan para que parezca que es propio. No se percatan de las contradicciones inherentes a esas mezclas. Saben que el común de los mortales no son capaces de desentrañar de lo que hablan, pero a poco que alguien se atreva a mirar un poco en el significado, o se haya estudiado el tema (por obligación o devoción), descubre que la contradicción está ahí, que es todo un mecanismo de ocultación de las verdaderas intenciones. O peor aún, producto de una ignorancia enorme, lo que en el caso de Albert Rivera es lo más probable.

En esta ocasión, ha llegado a tanto el atrevimiento que Rivera quiere apropiarse del discurso de José Antonio Pérez Tapias. No es que se propio y completamente ideado por el profesor de filosofía, pero sí que ha trabajado sobre ello y ha sido de los más firmes defensores de esos postulados, como se verá. Pérez Tapias nos sirve como símbolo para la descripción de la grosería intelectual del jefe de la secta naranja. Imaginen al señor de la bandera de España afirmando, ahora, que defiende una posición que ha sido desarrollada por la marxistoide Escuela de Frankfurt, por el ex-dirigente de la izquierda socialista en España o, incluso, por Izquierda Unida, por no hablar del uso metafórico que también utilizó el ex-presidente Rodríguez. Por tanto, como veremos, Rivera defiende ahora su posición política con elementos de una izquierda más allá de ese mal que él dice que es el sanchismo.

“El patriotismo constitucional es el mejor antídoto contra el nacionalismo y el populismo” ha dicho Rivera en Navarra. Y tiene toda la razón. La contradicción es que la frase es puesta en circulación por una persona que es a la vez populista (del sistema que diría Alain Minc) y nacionalista (de España). No se queda ahí el patrón de la secta naranja sino que insiste en el tema al decir que “los liberales tienen que defender el patriotismo como hicimos en Alsasua”. Siguen aumentando las contradicciones. Primero, no todos los liberales defienden el sentido del patriotismo constitucional que es republicanista. Los neoliberales, como Rivera y su alegre muchachada, mucho menos. Y justo lo que hicieron en Alsasua fue todo lo contrario al patriotismo constitucional, fue un acto de centralismo nacionalista español. “No les gustó a los que no respetan la constitución y odian a los servidores públicos como la Guardia Civil” termina el argumento para mostrar no sólo el odio que quiere inocular en la convivencia, sino también una nueva contradicción. En Alsasua, donde los partidos más votados son de carácter estatal conviene recordarlo, no hubo un acto de terrorismo, ni de falta de respeto a los valores constitucionales (mediado por ataques a los cuerpos de seguridad del Estado), sino una pelea de bar como se ha demostrado con pruebas en la televisión ETB. Como mucho habría un atentado contra la autoridad, pero eso no es saltarse la constitución. Es el nacionalismo perverso y agresivo de Rivera el que le alienta a decir eso. No hay patriotismo constitucional.

Recomendable es que lean a Pérez Tapias en su dos libros (Invitación al federalismo y Por un socialismo republicano) para entender que el constitucionalismo republicano es otra cosa. En la brevedad que requiere este artículo baste decir que la propuesta, creada para superar los dilemas nacionalistas de la Alemania post-nazismo y desarrollada por Jürgen Habermas, está encaminada a dotar a la articulación territorial Estado de una nueva identidad colectiva, con el fin de generar una comunidad política que integre las cuestiones identitarias de una sociedad plural en sus identidades.  Lo que prima no es la soberanía nacional, propia del pensamiento liberal, sino la soberanía popular del republicanismo. El patriotismo constitucional apuesta por la unidad en la diversidad apostando por lo que es común a ese grupo social, pero construido mediante la participación de la ciudadanía. Es la construcción de ciudadanos libres en todos los sentidos posibles que participan en una radicalización de la democracia. Es democracia participativa y no representativa lo que hay detrás del patriotismo constitucional. No es una identidad que oprima a las demás, como suele ofrecer Rivera, sino una identidad que sobrepase a las identidades singulares. Y nada mejor que apostar por el federalismo como mecanismo político para ello. Pero esto ni por asomo lo defendería Rivera.

El patriotismo constitucional respeta a las minorías porque parte del reconocimiento de la dignidad de cada individuo. También el respeto para las comunidades imaginadas (Benedict Anderson) que operan como canalizadoras de demandas políticas. Y claro todo esto falta en el discurso de Rivera pues él no respeta a los que se piensan diferente (catalanes, vascos, gallegos o valencianos), él no quiere que haya una pluralidad de yoes colectivos, sino sólo uno español muy español. Su patriotismo constitucional no se genera desde la soberanía popular sino desde la soberanía del mercado que es algo muy distinto. Decía Maximilien Robespierre que “todos los ciudadanos, sean quienes sean, tienen derecho a aspirar a todos los grados de representación”, también en la conformación de su propio yo común que se encuentra incardinado en el patriotismo constitucional. Sin embargo, Rivera va por toda España regañando a los españoles que quieren serlo sin dejar de pensarse de forma distinta a la que quiere el dirigente naranja. Rivera no apuesta por el patriotismo sino por la homogeneidad identitaria y social. No quiere ciudadanos, paradójicamente, sino una representación de la Sociedad Civil (empresas, lobbies, etc.) porque es liberal no republicanista. Para Rivera patriotismo es una forma encubierta de nacionalismo asimilador.

No es que la Constitución se constituya, como quiere Rivera, en elemento sagrado que no se puede tocar, ni alterar, salvo comisión de un pecado (salvo si los poderes fácticos piden que se haga a toda prisa, por la puerta de atrás y con nocturnidad y alevosía, como pasó con el artículo 135), es que la Constitución fluya tanto como desee el pueblo en libre deliberación para apostar por lo que es común a todos. No es hacer patria de un elemento legalista como es una constitución, sino que ese elemento recoja lo que constituye la patria. Esto es, la patria en sí es anterior a su consolidación consuetudinaria por los mecanismos del debate, el diálogo y el consenso. Luego sí puede pasar a actuar como elemento simbólico, que no deja de ser necesario para la convivencia social. Esa es la libertad republicana, que en nada se parece a la libertad (de mercado o empresarial) que dice defender Rivera. Retomando a Robespierre, también afirmaba que “la libertad de comercio es necesaria hasta el límite en que la codicia homicida empieza a abusar de ella”. Para Rivera y sus agentes del Ibex-35 no hay abuso suficiente (se ha visto con el conflicto del taxi y las privatizaciones de la sanidad), por eso no pueden sostener sin que haya una sonrisa detrás el patriotismo constitucional. Porque en Ciudadanos no hay soberanía popular, ni nacional, sino sólo la del capitalismo imperialista.

Es tal la indeterminación del cuñadismo ideológico que son capaces de apropiarse del discurso que hemos querido simbolizar en Pérez Tapias. Justo lo contrario a lo que ellos representan realmente, después de quitarles las máscaras, los disfraces y bajarles del pedestal del espectáculo. El problema es que los ignorantes que pululan por los medios de comunicación, que quieren hacerse los intelectuales, se lo comprarán y los extenderán. O igual ya nadie se lo compra porque no sabrían defenderlo desde los diversos púlpitos de la Caverna. Al menos, ustedes que tienen la deferencia de leer estos textos tienen algún elemento para no dejarse engañar con palabras altisonantes que parecen encajar con sus deseos. Y, evidentemente, encajan pero no por lo que representan en manos de Rivera y su secta, sino por lo que de verdad ahí en el concepto que es algo muy diferente.

Aprobada la candidatura de IU para las elecciones europeas

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El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha mostrado su total convencimiento de que la candidatura a las próximas Elecciones Europeas ratificada hoy por la Asamblea Político y Social (APyS) -máximo órgano de decisión de IU entre congresos- y el programa que defenderán sus candidatos/as “reúnen los elementos suficientes para abordar con éxito los retos a los que nos enfrentamos en la Unión Europa (UE)” y ser una alternativa clara “a esos gobiernos socialdemócratas que, como el del PSOE, han dejado el trabajo hecho a la derecha”.

Garzón hizo esta valoración durante su intervención en el acto posterior a la reunión de la APyS de Izquierda Unida celebrada en la sede federal en Madrid, donde minutos antes se había dado el visto bueno tanto al programa como a esa lista oficial cuyos nombres habían sido elegidos previamente en primarias.

El máximo responsable federal de IU dejó bien claro que las mujeres y hombres que representarán a esta formación en el Parlamento Europeo sabrán enfrentarse democráticamente a esa “ola reaccionaria” que se extiende por todo el mundo, incluidas Europa y España, a través de esos partidos de extrema derecha que afloran. “Nosotros sí bebemos de los valores de la izquierda” para “defender y posicionar a la clase trabajadora en el eje” del Parlamento Europeo.

Explicó por qué Izquierda Unida ve necesario “maximizar nuestra presencia en las instituciones” a partir de los distintos comicios de mayo próximo, como la mejor manera de “enfrentar no solo los retos de la crisis económica presente, sino de la que se está gestando; los retos ecológicos que están trastocando la forma de vivir en nuestro planeta, así como esos retos del crecimiento de la extrema derecha y del totalitarismo en todo el mundo”.

En este contexto, criticó que el Gobierno del PSOE “ha entroncado con la senda neoliberal impuestas por el PP y la Comisión Europea”. Apuntó también que “un Gobierno que se dice progresista no puede apuntalar el ataque a lo público”, ni que un partido como el PSOE tenga la “torpeza” de defender un programa “que se parece más al modelo neoliberal de los EE.UU que al que los socialdemócratas dicen que defienden en Europa”.

El coordinador federal de IU insistió en que desde esta formación, tanto en España como en Europa, vamos a “manifestar esas contradicciones” en las propuestas socialdemócratas porque “no resuelven nada y agudizan los problemas. Vamos a ser la alternativa política a ese modelo en las próximas elecciones europeas”.

En ese mismo “marco de ola reaccionaria” situó el “punto singular de Venezuela”. Garzón insistió en su dura crítica al “golpe de Estado” auspiciado en ese país y consideró que “no se puede aislar del clima autoritario promovido por los EE.UU de Donald Trump”, que han decidido situarse en “primera línea de batalla” porque “intentan recomponer una hegemonía en declive desde hace tiempo”.

“Cuando la socialdemocracia -avisó- valida desde políticas neoliberales golpes de Estado, está dando alas a la extrema derecha”, y advirtió de que al “fascismo” sólo se le  puede combatir de manera efectiva con “la esperanza de las clases populares”.

Alberto Garzón insistió en que en Izquierda Unida “tenemos una muy buena candidatura y un muy buen programa” para enfrentarnos a todos esos retos que señaló previamente, “cosa que el tacticismo de la socialdemocracia no quiere acometer. No quieren ver la foto entera” de lo que está pasando.

Vox recupera los trasvases para avivar la vieja “guerra del agua” entre comunidades

En las últimas horas Vox se ha visto obligado a aclarar una serie de afirmaciones que determinados dirigentes del partido lanzaron en un reciente acto electoral llevado a cabo en Toledo, y que apuntaban a que la formación verde está a favor de eliminar los trasvases del Plan Hidrológico Nacional. Nada más lejos de la realidad. En un comunicado difundido ayer, el partido de Santiago Abascal asegura que “ante la difusión de noticias falsas sobre la posición de Vox en materia de política hidrológica tras el acto celebrado el pasado 31 de enero en Toledo, desde esta formación queremos dejar clara la postura del partido al respecto”.

En su comunicado de prensa, los ultras de Abascal aseguran con rotundidad que el partido defiende la elaboración de un Plan Hidrológico Nacional que permita “el reparto de los recursos hídricos en todo el territorio español”. Y añade que, como parte de ese plan, Vox defiende la necesidad de realizar “trasvases de excedentes de agua a las zonas deficitarias de nuestro país”. Es decir, estaríamos ante una nueva vuelta al pasado de la formación verde, en este caso a costa de recuperar un modelo de explotación de los recursos hídricos que se ha demostrado agotado. Tan agotado que hasta el Partido Popular se vio obligado a meter su ambicioso plan de trasvases en un cajón tras los informes de universidades, expertos, organismos internacionales y organizaciones ecologistas que alertaron ante los peligros medioambientales que entrañaría construir extensas canalizaciones para conducir miles de hectómetros cúbicos de agua desde las cuencas hídricas excedentarias hasta las más deficitarias. Así, un informe de Ecologistas en Acción asegura que “como hemos podido apreciar, la realización de grandes trasvases entre cuencas producirían necesariamente graves agresiones medioambientales. Asimismo, la reducción de los recursos e incremento del consumo previsto para los próximos años, unido a las expectativas que los trasvases crean, no sólo no solucionarían los problemas de déficit de las cuencas receptoras, sino que incluso los podrían llegar a acentuar de manera ostensible. En las cuencas cedentes también producirían graves problemas sociales, llegando a hipotecar el futuro de esas regiones”. Por todo ello, Ecologistas en Acción rechaza la realización de los grandes trasvases entre cuencas previstos por el anterior Gobierno del PP, anunciando su “completa oposición a cualquier Plan Hidrológico Nacional que contemple la realización de dichos trasvases”.

Pese a la opinión de los expertos, partidos como Vox insisten en desenterrar un fantasma que agitó el conflicto territorial como pocos y que parecía ya superado mediante otras políticas basadas en el mejor aprovechamiento de los recursos hídricos y la puesta en marcha de desaladoras.

Según Vox, en el pasado acto de Toledo “ninguno de los responsables de la formación en esa provincia pidió la eliminación de los trasvases y, por lo tanto, todas las noticias que contienen esa información están falseando la realidad”. Además, añade “que las intervenciones del presidente y el vicepresidente provincial, Luis Miguel Nuñez Gil y José Luis Sánchez, fueron claras al respecto y pedían la elaboración de un Plan Hidrológico Nacional y, en lo que respecta al río Tajo, una mejora de la calidad de sus aguas para evitar la degradación del mismo y el riesgo para la salud pública. Y en ningún caso se pidió la supresión de los trasvases”.

Los ecologistas recuerdan que desde partidos como el PP se argumenta, para poder llevar a cabo los grandes trasvases entre cuencas, que existen excedentes en las cuencas donantes. Sin embargo, el concepto de “excedente” es bastante relativo, pues ese agua teóricamente sobrante suele desempeñar funciones ambientales importantes en la cuenca. Por ejemplo, al desembocar los ríos en el mar arrastran sedimentos al mismo, lo cual permite el mantenimiento de las playas. De hecho, la reducción en el vertido de sedimentos al mar desde los ríos, que se ha producido en las últimas décadas como consecuencia de la construcción de embalses, ha traído consigo la reducción e incluso desaparición de numerosas playas del Mediterráneo. Ello supone un impacto medioambiental considerable, aparte de social, pues “de todos es sabido la fuente de ingresos económicos que suponen las playas a través del turismo”.

La presión que Vox puede llegar a ejercer en sus socios de gobierno como el PP o Ciudadanos hace sospechar que los trasvases van a volver de nuevo a la agenda política de nuestro país, reavivando la vieja “guerra del agua” que provocó un agrio enfrentamiento entre comunidades autónomas hace no tantos años.