lunes, 26 enero, 2026

La Fiscalía propuso a Pablo Llarena cometer prevaricación con Puigdemont

Antes de que Pablo Llarena resolviera rechazar formalmente la entrega de Carles Puigdemont, la Fiscalía del Tribunal Supremo ya anunciaba públicamente que no era asumible una entrega parcial, como la establecida por el tribunal alemán. Así lo sostenían fuentes del Ministerio Público, que consideraban que la Audiencia de Schleswig-Holstein habría infringido la normativa europea de la euroorden al entrar a valorar aspectos que según su opinión sólo correspondía examinar a los magistrados del Alto Tribunal que celebraran el juicio del 1-O. Esas mismas fuentes respaldaban que el magistrado instructor rechazara la entrega de Puigdemont. «No hay ninguna razón de peso para aceptar la entrega en esas condiciones», sostenían.

Esas valoraciones públicas que sostenían fuentes del Ministerio Público resultaron desde luego proféticas si se compara con la fundamentación jurídica del Auto que luego dictó Pablo Llarena rechazando la entrega de Puigdemont.

Y lo más curioso de todo, es que el argumento empleado por el juez instructor para poder “adecuar” convenientemente lo que ya le proponían esas fuentes de la Fiscalía es falso, y la conclusión final que se alcanzaba en el Auto rechazando la entrega de Puigdemont era manifiestamente constitutiva de un delito de prevaricación judicial del artículo 448 del Código Penal, que castiga al Juez o Magistrado que se negase a juzgar, sin alegar causa legal, o so pretexto de oscuridad, insuficiencia o silencio de la Ley.

En el Auto rechazando la entrega de Puigdemont se argumentaba literalmente lo siguiente: “Pese a que la Decisión Marco nada prevé al respecto, es reconocido que el juez de emisión puede retirar la euroorden en cualquier momento, tal y como se infiere de la comunicación de la Comisión de 28 de septiembre de 2017, relativa al Manual Europeo para la emisión y ejecución de órdenes detención europeas, Bruselas, C (2017) 6389 final”.

Eso es cierto. Lo que es falso es que retirar la euroorden sea lo mismo que rechazar la entrega ya acordada.

Según el “Manual europeo para la emisión y ejecución de órdenes de detención europeas” elaborado por la Comisión en el año 2017, no existe legalmente la posibilidad de que el estado que haya reclamado a una persona detenida en otro estado diferente pueda rechazar formalmente la entrega, después de haber sido acordada, para evitar el funcionamiento del principio de especialidad.

La Decisión Marco sobre la orden europea de detención (ODE) ofrece la posibilidad a los Estados miembros de renunciar al principio de especialidad en determinadas circunstancias, pero sin que en ningún caso se pueda renunciar a la entrega del reclamado después de haber sido acordada por la autoridad judicial de ejecución.

El principio de especialidad – consagrado en el artículo 27 de la Decisión Marco y el artículo 60 de la ley 23/14, de 20 de noviembre sobre reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales penales en la unión europea – significa que la persona entregada no podrá ser procesada, condenada o privada de libertad en el país reclamante por una infracción distinta de la que hubiera motivado la entrega.

La ODE ofrece la posibilidad a los Estados miembros de informar que renuncian al principio de especialidad, en su relación con otros estados miembros que hayan efectuado la misma notificación, a menos que en un caso particular la autoridad judicial de ejecución declare lo contrario en su resolución de entrega.

Y esto último es precisamente lo que había ocurrido en el caso de Puigdemont, donde el tribunal alemán de ejecución había declarado expresamente que no se le podía procesar por el delito de rebelión.

Para evitar la eficacia restrictiva del principio de especialidad es por lo que la Fiscalía presionó a Pablo Llarena para que rechazara la entrega de Carles Puigdemont, manteniendo la orden de detención nacional si entraba voluntariamente en España.

Sin embargo, a tenor de lo que se dispone en el propio “Manual europeo para la emisión y ejecución de órdenes de detención europeas” elaborado por la Comisión en el año 2017, no existe legalmente la posibilidad de que el estado que haya reclamado a una persona detenida en otro estado diferente pueda rechazar formalmente la entrega, después de haber sido acordada, para evitar el funcionamiento del principio de especialidad.

Para renunciar al principio de especialidad se requiere que tanto el estado de emisión como el de ejecución hayan informado expresamente que renuncian a su aplicación, y sin embargo ni España ni Alemania habían enviado esas notificaciones previas. Según la información a disposición de la Comisión, únicamente Estonia, Austria, y Rumanía habían enviado dichas notificaciones. Además, en el caso de Puigdemont el Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein de Alemania negó expresamente que se pudiera renunciar al principio de especialidad para juzgar en España el delito de rebelión.

Por esa razón, lo que la Fiscalía estaba proponiendo públicamente a Pablo Llarena era cometer prevaricación en el asunto catalán.

El avance de la ultraderecha: Dame pan y Viva España

Parados de larga duración, personas sin techo, marginados, jóvenes sin empleo, pobres sin futuro, los cadáveres que ha ido dejando tras de sí la recesión, son una buena cantera para partidos de la nueva extrema derecha española como Hogar Social, uno de los movimientos que al calor del populismo han ido creciendo de forma sorprendente en los últimos años. La organización nació en 2014 en el barrio madrileño de Tetuán, donde ocupó un edificio para instalar su primera sede, y desde entonces han llevado a cabo acciones con gran repercusión mediática. Su líder, la joven de 27 años Melisa Domínguez Ruiz, ha conseguido conectar con las clases más bajas de la sociedad, sobre todo familias sin recursos económicos, indignados y desahuciados por el Estado a los que la Fundación Hogar Social Ramiro Ledesma (bautizada con ese nombre en honor al ideólogo fascista) acoge, ofrece la comida que no les da su Gobierno y promete un futuro algo más esperanzador. Repartir pan y alimentos en tiempos de hambre es sin duda el mejor programa electoral de la extrema derecha.

Los compañeros de Universidad ya conocían a Melisa Domínguez por sus ideas radicales. Tras algunas acciones callejeras como activista, recaló en la Liga Joven, la organización de jóvenes cachorros del Movimiento Social Republicano (MSR), un partido de ideología nacionalsocialista. “En los micropartidos patriotas pasa como en los grandes, hay favoritismos, hay resistencias, viejas políticas… Así que decidí irme de MSR y montar Hogar Social, pensando que si triunfaba o me equivocaba sería por mí misma”, ha asegurado Melisa en la televisión. El crecimiento de Hogar Social está íntimamente ligado al tirón de esta mujer de cabellos rubios y vestuario alternativo que pone la imagen amable y “moderna” al rancio movimiento ultra español. La última puesta en escena del grupo se produjo el pasado año, cuando más de mil personas que enarbolaban banderas de España participaron en una manifestación convocada por este partido bajo el lema «Defiende España. Defiende a tu gente». Esta vez no eran cuatro nostálgicos del régimen franquista, sino que la marcha fue una incipiente demostración de fuerza que transitó por el corazón mismo de Madrid (Plaza de España, Gran Vía y Malasaña). Concepción Dancausa –entonces delegada del Gobierno en Madrid e hija de uno de los fundadores de la Fundación Francisco Franco− permitió la concentración ultra mientras prohibía las esteladas en el Vicente Calderón, algo que fue duramente criticado por los partidos de la oposición. Los manifestantes corearon lemas como «ayudas sociales para los nacionales», «españoles sí, refugiados no» y otras consignas que fueron investigadas por la Fiscalía por si pudieran ser constitutivas de un delito de odio. Otra sonada acción mediática la llevaron a cabo en la fachada del Ayuntamiento de Madrid, donde desplegaron una pancarta con el rótulo “Españoles Welcome”, en clara alusión a la pancarta “Refugees Welcome”, que días antes había ordenado desplegar Manuela Carmena para concienciar a la ciudadanía sobre el problema de los desplazados sirios que huyen de la guerra en su país.

Sea como fuere, Melisa Domínguez ha sabido sacar partido a un populismo demagógico que en tiempos de crisis casi siempre funciona. Cabe preguntarse si no estaremos asistiendo al nacimiento político de la nueva musa de la extrema derecha española, la Marine Le Pen hispana, aunque según sus detractores no dé el perfil de político con empaque, sino más bien de líder joven y populista que ha tenido el acierto de saber copiar el modelo de reparto benéfico de alimentos puesto en marcha por partidos como el italiano Casa Pound o el griego Amanecer Dorado. Lo cierto es que la estrategia de Melisa Domínguez Ruiz de dar amparo y protección a los parias de la crisis olvidados por la democracia (siempre que sean españoles, no inmigrantes) y de mantener una relación cordial y transparente con los medios de comunicación (hasta permite la entrada de periodistas y cámaras de televisión en el local de Hogar Social) parece estar dándole buenos resultados, lo cual demuestra que nos encontramos ante una mujer con carisma en el mundo de la extrema derecha. Los que la conocen aseguran que es una mujer fuerte aunque de apariencia tímida, y ya ha sido invitada como tertuliana a algunos programas de Intereconomía, donde ha lanzado sus mensajes ultraderechistas.

La líder de Hogar Social es una de las jóvenes promesas de la nueva extrema derecha española que trata de abrirse paso aprovechando los vientos racistas y neonazis que llegan de numerosos países europeos. Tras su aspecto afable y su cierto don de persuasión se esconde una simpatizante del populismo xenófobo, esa moda terrible que se impone en el viejo continente. No en vano, se ha dejado ver como ponente en algunos congresos organizados por los partidos ultras europeos más duros como el italiano Casa Pound, el griego Amanecer Dorado y las juventudes del Partido Nacional-Demócrata de Alemania (NPD). Todo apunta a que Hogar Social, que reparte alimentos a más de 300 familias cada semana, se está haciendo fuerte en las calles de Madrid. Tras ser desalojados por la Policía de varios edificios que habían ocupado sin permiso −una sede abandonada del ministerio de Trabajo y el local de Afinsa, entre otros− los activistas de Hogar Social consolidaron su cuartel general en un palacete de la calle Velázquez, sede de una antigua institución militar, y en el edificio del antiguo NODO de RTVE. Toda una declaración de intenciones.

101 días de frases bonitas

Es complicado acceder al gobierno en mitad de una legislatura y con unos presupuestos que no son los propios. El campo de acción de quien ocupa el poder suele ser muy limitado en esas circunstancias, pero no por ello es imposible implementar políticas claramente vinculadas a los principios y programas que habías presentado. Si a ello se le suma que tienes menos apoyos en el Parlamento (dentro de un sistema parlamentario) que a quien has descabalgado del poder, lo suyo es actuar con prudencia al menos. Y si quieres cambiar las cosas atender las que implican un refuerzo de los principios constitutivos del programa y el partido al que representas. Pues con Pedro Sánchez ni una, ni otra cuestión ha sido atendida. Ni ha tenido prudencia, ni ha respetado principios del PSOE.

Muchos y muchas dirán que, desde luego, es mejor que tener a M. Rajoy y al PP en el gobierno. Sí, eso es evidente para las personas de izquierdas. Pero también hay que valorar si después del tiempo que esté en Moncloa volverá a gobernar o la izquierda quedará enterrada por esa acción gubernamental. No contar con la mayoría de los medios de comunicación a su favor es un hándicap (a pesar del cambio de El País para no perder más dinero), pero cuenta con otros medios y la capacidad de dictar la agenda política. Además, es conocido que en épocas de penurias los directores y dueños de medios se avienen rápidamente a bajar las críticas. Por tanto, no es sencilla la tarea del Gobierno, pero es su acción lo que se valora y ahí sí han cometido errores con aciertos menores.

 

 

Entre los aciertos cabe destacar la Sanidad Universal y la exhumación del dictador Francisco Franco. La primera supone dar atención a todas las personas españolas o no que residen en el país. La segunda supone dotar al país de ética. Ambas cuestiones responden a cierto sentido de calidad democrática. Mejorables ambas (el Valle debería ser demolido para muchas personas), pero sin duda acertadas. El aumento de las pensiones no se considera acierto del gobierno porque es una medida comprometida en el presupuesto del PP con el PNV y que el PSOE ha mantenido. Aunque el diálogo impulsado en el Pacto de Toledo (que vaya usted a saber qué sale de ahí) es un avance respecto a la inmovilidad del PP.

Otro aspecto positivo del gobierno de Sánchez es la apertura de diversas vías de diálogo. Por un lado, con el gobierno secesionista catalán para tratar de reencauzar el problema generado por Soraya Sáenz de Santamaría y Rajoy. Un diálogo necesario que está siendo torpedeado constantemente por Ciudadanos y su visceralidad y odio contra todo lo que no sea pensar como ellos y ellas. Por otro lado, el diálogo con el único socio de gobierno posible (Unidos Podemos) para concretar diversos acuerdos y lograr unos presupuestos equilibrados y sociales en diversas materias. Esto supone que el diálogo por la izquierda, tan necesario como reclamado durante años, se va a llevar a cabo. Para quien en su primera intentona se tiró a los brazos de Albert Rivera negando a Podemos y ahora le califica de extrema derecha, es un paso adelante. Realmente ha hecho de la necesidad virtud porque Sánchez quiere ganar quitándose de en medio a Iglesias y sus socios.

Falta de prudencia y olvido de principios.

Durante estos 101 días de gobierno Sánchez nos ha presentado su acción política bajo la pátina del Gobierno bonito. Un gobierno de expertos, de tecnócratas, de listos y listas que iban a acertar en todas las decisiones porque por ello tienen esa experticia. Lo que le falto advertir es que iban a ser imprudentes. Una ministra no puede decir, como la de Industria, que la subida del diésel es un globo sonda del gobierno. Esa banalización de la acción de gobierno no es propia de una política. Tampoco se puede decir que se va a suspender la venta de armas a Arabia Saudí para que no las utilice en su invasión de Yemen para a las dos horas rajarse. Tampoco se puede corregir a la ministra de Justicia que, con criterio aséptico, decide que Llarena se costee su defensa por hablar en una conferencia de lo que no debía, para darle 500.000 euros de todos los españoles y españolas. La prudencia, que no es rasgo del presidente por cierto, es aconsejable y más cuando llevas poco tiempo en el cargo. Claro que como son expertos ¿no deberían saber qué hacer y no meter la pata?

Desde el servicio de propaganda de Moncloa nos han vendido la acción gubernamental como “El gobierno de la dignidad” o nos muestra “Razones para confiar”. Lo curioso es que ambos eslóganes han sido pisoteados constantemente en estos pocos días de gobierno. Dignidad es que a una persona, por mucho que haya sido jefe de Estado por el dedo de un dictador, que se llama Juan Carlos de Borbón, no se la pueda investigar por supuestas corruptelas y utilización de su cargo para conseguir una fortuna de más de 2.000 millones de euros. Sánchez, creyendo que la monarquía es un pilar básico de la democracia, impida la investigación. Igual por eso no quiso mostrar la lista de los beneficiarios de la amnistía fiscal. El PSOE es básicamente republicano, al menos la gran mayoría de las bases dicen serlo, por eso ser el mayor cortesano de España (pegándose codazos con Rivera y Casado por serlo) supone pisotear la memoria de todas aquellas personas que padecieron al que quiere sacar del Valle. Y lo que es peor, lo defiende porque detrás del monarca están los poderosos señores del capital.

Como pisotear los principios es subir los impuestos indirectos a la clase trabajadora y sumarle la negación de la bajada de impuestos a la electricidad a punto de llegar el otoño y el invierno con una pobreza energética galopante en España. Y todo ello sin un plan alternativo, sólo guiado por los criterios de los expertos, los cuales sólo toman como referencia los datos asépticos de las estadísticas, sin percatarse de lo que sucede en la calle realmente. Ese es el problema de los gobiernos bonitos, que de tan bonitos que son acaban por ahogarse como Narciso. Como Sánchez no confía en casi nadie, no ha querido poner perfiles más políticos, renunciando así a los principios emanados del 39° Congreso.

El futuro: palabras bonitas.

Eso sí, no se puede negar que el gobierno de Sánchez, del sanchismo, es el gobierno de las palabras bonitas, de los eslóganes. Como si así se pudiera ganar frente a la realidad. Recuerda constantemente el presidente del gobierno que todas sus acciones caen “bajo el común denominador de la justicia social” y que “los cuatro ejes de nuestra forma de gobernar son coherencia, diálogo, ambición y realismo”. Cualquier persona que lea ese discurso queda maravillada, extasiada de tanta belleza poética, pero vacío de contenido. Diálogo es evidente que existe, al menos si uno pretende gobernar democráticamente, y obligado por las circunstancias de no tener mayoría parlamentaria. Así que nada de ponerse medallas. Coherencia no ha mostrado el gobierno que más “si pero no” ha realizado en menor tiempo. Ambición sí que existe, el presidente la tiene desmedida, pero la ambición debe tener un fin, debe haber una finalidad que dote de sentido esa ambición ¿cuál es ese fin? No lo dice. Y realismo también tiene, Sánchez sabe perfectamente que no debe hacer anda que moleste a la Comisión Europea, a Angela Merkel o al establishment español. Así que utilizará el realismo para negar acciones de gobierno diciendo que no hay tiempo, que ahora hay que esperar a tiempos mejores y así hasta que se olvide aquello que prometió vehementemente.

Ayer mismo en Oviedo afirmó que no derogará la reforma laboral, ni habrá nuevo modelo de financiación autonómica. Hay que ser realistas y esperar afirma el presidente, pero los hechos son claros, sí hay tiempo. En dos años se puede plantear una reforma laboral consensuada y un nuevo modelo de financiación. Porque son dos años los que quedan ¿no? Realmente no quedan esos dos años y Sánchez lo sabe. Apenas queda de legislatura lo que tarden en ser un poco malos los sondeos electorales, porque a eso es a lo que está jugando el sanchismo. Todo ello porque “sentaremos las bases para la gran transformación de este país hasta 2030”.

Una transformación que se asienta sobre “una educación pública de calidad; la creación de empleo de calidad; la sanidad pública y universal; el medio ambiente como símbolo de solidaridad con las generaciones presentes, pero también las futuras, y por último un sistema público de pensiones garantizado”. Vamos lo que se lleva proponiendo desde 2003 como poco y que también han propuesto, con matices, Ciudadanos, PP, Podemos y ERC. Comunicantes vacíos los que utiliza el presidente para decir todo y no decir nada. O lo que es lo mismo palabras bonitas que pueden significar una cosa y su contraria. ¿Quién no va a querer eso que dice Sánchez? Eso sí, hablar de la transformación del modelo productivo o de las brechas entre ricos y pobres poco. Ni mejorar la democracia española. Ni nada que realmente implique una transformación porque, salvo el apartado ecológico, el resto de las propuestas son políticas públicas acertadas pero sin transformación sistémica.

Martínez Baños: “El PP quería un AVE que dejaba aislados a 50.000 murcianos y murcianas”

El secretario de Política Municipal y viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Alfonso Martínez Baños, ha indicado que el Partido Popular lleva mucho tiempo engañando a los murcianos con la llegada del AVE en superficie al municipio de Murcia.

“Es totalmente mentira que el AVE fuera a llegar a Murcia en agosto de este año. El PP solo tenía un interés puramente electoral y si se hubieran cumplido sus planes, la ciudad de Murcia llevaría ya ocho días dividida; 50.000 murcianos y murcianas estarían aislados, y así estarían durante tres años, con un conflicto ciudadano y social muy importante que iba en aumento”, ha señalado,

“El PSOE le ha puesto sentido común al conflicto social y ha atendido las demandas de los vecinos y vecinas para resolverlo y propiciar que el AVE llegue soterrado en 2020”

Según Martínez Baños, lo que ha hecho el PSOE es ponerle un poco de sentido común y atender las demandas de los vecinos y vecinas para resolver el conflicto social y propiciar que el AVE llegue en el año 2020 como tendría que haber llegado desde el principio, soterrado.

Además, ha recordado que se trata del mandado de la Asamblea Regional y del Ayuntamiento de Murcia, ya que ambas instituciones aprobaron que el AVE llegara soterrado a la ciudad.

El error de Serena Williams con el feminismo

Serena Williams es una de las tenistas más comprometidas con diversas luchas reivindicativas. Tanto la lucha contra el racismo, como las condiciones materiales de las personas, y el feminismo son parte de la tenista estadounidense. Unas luchas en las que no se ha escondido y ha utilizado su popularidad para visibilizar la brecha salarial, el puritanismo machista y otras cuestiones relativas no solamente al mundo del tenis. Pero en la final del US Open se ha equivocado la pequeña de las hermanas Williams.

Se queja Serena de que el juez de silla fue sexista al quitarle un juego por llamarle ladrón. Además alega que ha visto “a otros hombres llamar a otros árbitros varias cosas. Estoy aquí luchando por los derechos de las mujeres y por la igualdad y por todo tipo de cosas”. Como ella mismo dice ha visto a otros árbitros, pero no a este mismo. Carlos Ramos puede ser más severo y más ajustado al reglamento, pero no ha hecho sexismo contra Williams. La tenista rompió una raqueta y llamó ladrón al juez de silla lo que está penalizado con un punto y un juego. Y lo mismo han hecho con otros hombres en partidos de ATP. Se pudo equivocar el juez con el warning de recibir señales del entrenador, pero eso fue antes de que rompiese su raqueta contra el suelo. Y luego además, enredada en su mal partido posiblemente, se lanzó a por el juez a llamarle ladrón y que le pidiese disculpas.

Si nos remontamos a los años de John McEnroe, al que le consintieron bastante pero castigaron también, posiblemente tuviese razón Williams. Pero hoy en día en el circuito ATP las amonestaciones son constantes en cuanto se vulneran ciertos comportamientos básicos. Por romper raquetas han sido penalizados jugadores como Djokovic, Kyrgios, Dimitrov… A Sapovalov le dieron por perdido un partido por dar un pelotazo a un juez de silla. Y, de nuevo, a Kyrgios, capaz de lo mejor y lo peor, todas las temporadas le sancionan por gritar, insultar y demás actos poco deportivos. Cualquier tenista actual sabe que romper una raqueta es un warning. Y que insultar al juez de silla es juego perdido. Y da igual se sea hombre o mujer.

No puede Serena Williams decir que el juez de silla ha contravenido el reglamento por sexismo. Ella cometió un error y no debe esconderlo bajo una lucha digna como es el feminismo. Decir que la quitaron un juego por ser mujer, después de la que montó con gritos y aspavientos (recordando a McEnroe, por cierto), es dañar la causa que ella defiende con mucha dignidad. Especial su lucha para que los premios de las mujeres sean similares a los de los hombres en los torneos. Pero no así, intentando encubrir un error como una afrenta sexista. ¿Qué credibilidad pierde para cuando reclame lo que es justo e igualitario?

Y lo peor es que quien ganó el torneo Naomi Osaka se tuvo que llevar el abucheo generalizado, como si ella no hubiese hecho el esfuerzo para ganar (barrió a Williams en el primer set) y no hubiese tenido que esperar, con el perjuicio a su concentración, a que Serena terminase de pelear con el juez de silla. El juez se pudo equivocar con el warning del entrenador, pero de ahí a romper raquetas al perder un punto y llamar ladrón al juez hay un trecho que no es sexista. Le quitaron un juego de forma justa por bocazas y comportamiento impropio. Ahora que siga luchando por la igualdad en el mundo del deporte y en la sociedad, pero utilizar el feminismo en esa situación, cuando a los hombres los sancionan igual por los mismos hechos, hace daño al feminismo.

El PSOE exige colaboración al Gobierno regional para facilitar las medidas del Gobierno sobre menores extranjeros

La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Yolanda Fernández ha exigido al Gobierno regional que colabore y facilite las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo de Pedro Sánchez en materia de atención de menores extranjeros no acompañados.

En este sentido, ha lamentado la nota de prensa emitida desde la Dirección General de Familia y Políticas Sociales tras la primera reunión de la Mesa de Coordinación Interterritorial de los Menores Extranjeros No Acompañados (MENAS).

“No es razonable que tras el anuncio por parte de la ministra de Sanidad y Asuntos Sociales, Carmen Montón, de la aprobación de un Real Decreto que habilita 40 millones de euros destinados a las autonomías para la mejora y la atención solidaria a los menores extranjeros que no llegan acompañados, el Gobierno regional critique la medida en vez de ponerse a trabajar  inmediatamente.

“El Ejecutivo de López Miras debe facilitar lo antes posible los datos solicitados por el Ministerio para tener acceso a dichos fondos y prestar la adecuada atención a los menores”, ha insistido.

Según la diputada socialista, “el PP debería sumarse a todas aquellas iniciativas que desde el Gobierno de España se ponen en marcha, “y más cuando hablamos de temas sociales,  y no estar quejándose, que es lo único que ha hecho desde que el  PSOE está en el Gobierno de España”.

“Con este crédito extraordinario para lo que queda de 2018 y hasta que exista el Presupuesto para 2019,  se intenta ayudar a las comunidades autónomas a sufragar parte de los gastos que les ocasiona recibir en sus territorios a estos menores”, ha comentado.

Ha recordado que a la Región de Murcia llegaron en 2017, según datos facilitados por la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, 412 menores, lo que supuso un incremento importante respecto de los años 2015 y 2016, “niños y niñas que merecen ser atendidos dignamente hasta que son reclamados por sus familias o se encuentra una solución para ellos”.

2.500 condenas por agresiones a personal sanitario

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Andalucía fue la primera comunidad en activar en 2005 el Plan de Prevención y Atención de Agresiones para los profesionales del Sistema Sanitario Público Andaluz, que cuenta con el Registro Informático de Agresiones (RIAC), y que, desde entonces, como resultado de la asesoría jurídica, ha logrado más de 2.500 sentencias condenatorias por agresiones a profesionales, de las que 163 han sido tipificadas como delitos de atentado.

La Consejería de Salud ha asegurado la sensibilidad y compromiso del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con las agresiones a profesionales. Se trata de un tema muy sensible que ha aumentado en los últimos años en todas las comunidades y que exige una respuesta de toda la sociedad en su conjunto. El objetivo de la Junta de Andalucía es conseguir un estado de tolerancia cero frente a las agresiones para lo que se ponen en marcha todas las medidas y medios que sean necesarios.

Los órganos judiciales han demostrado una gran sensibilidad hacia este asunto y muestra de ello es el aumento del número de condenas de este tipo durante los últimos años. El Plan de Prevención y Atención de Agresiones establece un protocolo de actuación que se activa ante la notificación de una agresión en un centro sanitario. Incluye la asesoría jurídica al personal agredido, el apoyo psicológico si lo estima conveniente, así como formación y diferentes medidas y protocolos con el objetivo de prevenir y minimizar las posibles agresiones que puedan sufrir los profesionales en sus centros de trabajo.

Dicho plan cuenta con el consenso y apoyo de organizaciones sindicales, organizaciones colegiales, y asociaciones de consumidores y usuarios, además de estar en sintonía con las directrices establecidas por la Organización Internacional del Trabajo y la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo.

En 2017, se produjeron en Andalucía 1.115 agresiones a profesionales en los centros, se realizaron 164 asistencias letradas y se lograron 154 sentencias condenatorias, 32 de ellas como delitos de atentado. La tasa de agresiones, por tanto, fue de 11,43 por 1.000 profesionales, un dato que se sitúa por debajo del registrado en el Sistema Nacional de Salud.

Soraya Sáenz de Santamaría protagonizará el próximo escándalo de puertas giratorias

La vida política de la ex vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, tiene los días contados. Su derrota en las primarias del Partido Popular ante Pablo Casado y su posterior exclusión de los niveles orgánicos más importantes del PP son aspectos que han cortado la progresión política de una mujer que tiene más sombras que luces en lo referido a los resultados de su gestión cuando ha tenido responsabilidad de poder.

Soraya SS es abogada del Estado y su futuro profesional lo tiene resuelto en el momento en que anunciara su salida de la vida política y, además, mantendría su servicio al país. No obstante, todo parece indicar que su futuro está en alguna de las empresas del IBEX35 ya que se trata de un activo muy importante para cualquiera de las grandes corporaciones por los contactos generados durante sus responsabilidades de gobierno y, sobre todo, por los dosieres o la información que pueda tener por el tiempo en que fue la máxima responsable del CNI. Ya ha habido medios que han informado de que la vicepresidenta está barajando varias ofertas de diferentes empresas del IBEX35. En cambio, todo parece indicar que la decisión está tomada y Soraya SS protagonizará el próximo escándalo de puertas giratorias marchándose al Banco Santander.

Diario16 ya informó después de la moción de censura cómo la ex vicepresidente estaba preparando su desembarco en la entidad con el fichaje de María González Pico (jefa de gabinete de Soraya SS en Moncloa) para el equipo de Ana Patricia Botín o de Elena Sánchez (ex número 2 del CNI) como jefa de seguridad de la entidad cántabra. Unos años antes ya había colocado a Jaime Pérez Renovales (ex subsecretario de Presidencia y amigo personal de Sáenz de Santamaría), como secretario del Consejo de Administración del Santander.

Por otro lado, Soraya SS posiblemente ya prestó servicios al banco cántabro recién dejada la vicepresidencia o estuvo al tanto de asuntos que afectaban al Santander, Caso Banco Popular incluido, llegando, presuntamente, a tener conversaciones con los diferentes poderes del Estado, el Judicial inclusive. Todo ello, insistimos, después de que la moción de censura provocara el cambio de Gobierno.

Independientemente de la empresa del IBEX35 en la que aterrice Soraya SS, estamos ante un nuevo escándalo de puertas giratorias en España. Más del 40% de los ministros de los diferentes gobiernos de la democracia han pasado de la política a la empresa privada, siempre en cargos de alta dirección o formando parte de los consejos de administración. Telefónica, Endesa, Gas Natural o Repsol son las multinacionales españolas que más han contratado a políticos con responsabilidades de gobierno. Sin embargo, cuando se finalmente concrete el fichaje de Soraya SS por el Santander estaríamos ante el mayor escándalo de la democracia española porque el banco de Ana Patricia Botín no se haría con los contactos o las relaciones políticas de la ex vicepresidenta sino que, a causa de haber sido la máxima responsable de los servicios de inteligencia, el Santander podría tener acceso a información reservada.

Las puertas giratorias como factor de empobrecimiento de un país

Puertas giratorias: del escaño al sueldo con seis cifras

Ocultado el voto particular en el acta falsificada que propuso a Pablo Llarena

La misma tarde de aquel jueves 14 de enero de 2016 un medio de comunicación hacía públicas las “dudas en las decisiones tomadas en la Permanente” del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ese día, entre cuyos acuerdos se encontraba la composición de la terna que llevaría a Pablo Llarena a la Sala 2ª del Tribunal Supremo.

El revuelo fue inmediato. Una de las vocales que componían la Comisión Permanente, la abogada del Estado, Nuria Díaz Abad, puso en tela de juicio la presencia de Juanes, sustituyendo al presidente del CGPJ y del TS, Carlos Lesmes, que se había desplazado a París para asistir a la apertura del Año Judicial de la Corte de Casación francesa.

Díaz Abad no compartía la interpretación que se había hecho de la Ley Orgánica del Poder Judicial para permitir la cuadratura de ese círculo, y así lo expuso al comienzo de la sesión en la que tenían que aprobarse la composición de dos ternas de candidatos para el Tribunal Supremo, una para un puesto de magistrado de la Sala Segunda de lo Penal entre cuyos nombres se encontraba el de Pablo Llarena, el que fuera presidente de la todopoderosa APM y otro de la Sala Tercera de lo contencioso administrativo en la que figuraba Fernando Román – amigo íntimo del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes-.

Ese mismo día quedaron conformadas también las ternas de los candidatos para las presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJs) de Andalucía, Castilla-León, Castilla-La Mancha (en la que figuraba un sobrino del Cardenal Rouco Varela que ya entonces había sido denunciado por corrupción, Vicente Rouco Rodríguez), y también de los TSJs de la Comunidad Valenciana y Cataluña.

Fue a partir de que se hiciera público el voto particular de Díaz Abad cuando saltaron todas las alarmas, porque el descubrimiento del fraude no solamente ponía en peligro la composición de la terna en la que se había incluido a Fernando Román, sino que podía hacer estallar todo el sistema, salpicando la nulidad a todas las ternas que se habían constituido ese día, incluidas las de Pablo Llarena y la de Vicente Rouco Rodríguez.

Hay que tener en cuenta que el sobrino del Cardenal Rouco Varela acababa de ser denunciado por corrupción ante la misma Sala 2ª del Tribunal Supremo, lo que obligó a Lesmes a hacerle entrega precipitadamente de la medalla de San Raimundo de Peñafort antes de que fuera admitida a trámite la querella, consiguiendo con ello el archivo anticipado de las actuaciones penales.

Por esa razón, la terna para cubrir la presidencia del TSJ de Castilla La Mancha era la más vulnerable de todas las que se decidieron en la Permanente del día 14 de enero del año 2016.

La amistad entre Pablo Llarena, Vicente Rouco y Carlos Lesmes venía de hace tiempo, y se consolidó cuando el primero con ayuda del segundo alcanzó la presidencia de la asociación mayoritaria de jueces, la conservadora y todopoderosa APM (Asociación Profesional de la Magistratura), en enero de 2013. En noviembre de 2015 Pablo Llarena se presentó a la reelección, para un periodo de dos años más en el cargo de presidente de la asociación, mientras su amigo Vicente Rouco trataba de convencer al otro candidato para que tirara la toalla y se integrara en una candidatura “de consenso” liderada por Llarena, pero no lo consiguieron. El paso siguiente fue la candidatura a un puesto de Magistrado en la Sala 2ª del Tribunal Supremo, que esta vez sí que se consiguió.

Era evidente entonces que, si había que protegerse del escándalo que podía provocar el voto particular de la vocal Nuria Díaz Abad, había que hacerlo protegiendo en primer lugar la terna del TSJ de Castilla La Mancha por ser la más vulnerable.

Por esa razón se sacaron del acta del día 14 los acuerdos sobre la composición de las ternas para la plaza de presidente de los TSJ de Andalucía, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Cataluña, que se llevaron a un acta de una inexistente Comisión Permanente supuestamente celebrada dos días antes, lo que era físicamente imposible porque el día 12 de enero las entrevistas duraron toda la tarde/noche y no hubo tiempo para realizar ningún informe, ni debatirlo.

Por otro lado, decidieron amortizar la candidatura del amigo íntimo de Lesmes, Fernando Román, que no tenía ninguna posibilidad en esa convocatoria, y protegieron la candidatura de Pablo Llarena colocando el voto particular en el acuerdo 1.1.2., el referido a la terna para cubrir la plaza de magistrado de lo contencioso administrativo.

Además, para evitar cualquier posibilidad de que el voto particular pudiera ser utilizado en la impugnación de los demás acuerdos, se “desactivó” haciéndolo constar con un simple “voto en contra”, sin más detalle, ocultando en el acta su verdadero contenido, con lo que se vulneró el derecho de la vocal disidente a que se reflejara en el acta la opinión que había expresado, impidiendo también el derecho de los legitimados a pedir la nulidad de todos los acuerdos adoptados  ese día por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, sin tan siquiera poder denunciar ante los tribunales de justicia la evidente falsedad que se acababa de consumar.

Falsificada el acta que propuso a Pablo Llarena como Magistrado del Tribunal Supremo

PSOE: El PP miente sobre el AVE en Cartagena, nunca ha existido proyecto

El secretario de Política Municipal del PSRM-PSOE y viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Alfonso Martínez Baños, ha asegurado que en Cartagena no existía proyecto para la llegada del AVE, “ni se había redactado, ni se había contratado”.
“El PP ha mentido sobre este asunto porque, como siempre, solo buscaba titulares. No hizo absolutamente nada en beneficio de los cartageneros y cartageneras, y mucho menos en esta materia”, ha remarcado.
El dirigente socialista ha explicado que el Ministerio de Fomento ha tomado una decisión basada en la escucha a los vecinos y vecinas, empresarios y empresarias. “Una posición unánime del pleno del Ayuntamiento de Cartagena”.
“El Gobierno de España, representado por Diego Conesa en la Región de Murcia, va a acelerar la llegada del AVE soterrado en Cartagena y en 2019 comenzarán las obras”, ha señalado.
Según Martínez Baños, el municipio de Cartagena es prioritario para el Gobierno de España, “y así lo está demostrando el delegado del Gobierno desde el primer día”. “En apenas tres meses, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha ocupado más de Cartagena, que los siete años de Rajoy”.
“El exministro Iñigo de la Serna ha estado recorriendo toda España haciendo promesas vacías. El PP ha estado mintiendo a los cartageneros y cartageneras durante siete años y además intentaba imponer una solución que no es la que necesita Cartagena. Nosotros hemos consensuado con todas las partes una solución que sea viable para el municipio”, ha concluido.