miércoles, 28 enero, 2026

Rivera y Casado no respetan los derechos de los españoles…

La crisis migratoria que Europa lleva viviendo desde hace unos años está provocando que la reacción por parte de la derecha se base en el populismo más absoluto y en la pretensión de infundir el miedo entre los nacionales de cada país donde llegan los miles de seres humanos que se juegan la vida para no morir por la guerra, el hambre o la persecución. Los argumentos ya nos los sabemos: «vienen a quitarnos el trabajo», «llenarán las calles de delincuencia», «propagarán enfermedades», etc., etc. Todas estas proclamas no son más que falacias miserables de quien cree que con ello sacará rendimiento político. Siempre eran una minoría muy localizada. Sin embargo, la nueva derecha, la que se presenta como una versión 3.0 del conservadurismo tradicional, no hace más que utilizar los viejos argumentos para intentar sacar rédito electoral.

Sin embargo, la realidad que nos dan las cifras oficiales es muy distinta de la que nos quieren vender tanto Pablo Casado como Albert Rivera. A lo largo del año 2018 han llegado a España, aproximadamente, 28.000 migrantes por distintas vías. En 2017 salieron de nuestro país un total de 367.878 personas. Por tanto, los seres humanos que han llegado a España apenas supone un 10% de los que marcharon el año pasado. ¿Vienen a quitarnos el trabajo? Evidentemente, no. Se trata de la utilización en versión siglo XXI del principio de orquestación de Goebbels: «La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentarlas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto. Sin fisuras ni dudas», unido al principio de la exageración y la desfiguración: «Convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en amenaza grave».

La derecha europea, con Matteo Salvini, Marine Le Pen y Viktor Orbán como referentes, han ganado mucha popularidad entre sus pueblos utilizando estos principios de la propaganda contra los inmigrantes que llegaban a sus fronteras o que ya vivían en sus países. Parece que los líderes del conservadurismo español quieran subirse a ese carro, incluso utilizando la manipulación y la mentira como herramienta para crear ideas populistas que calen en el pueblo de tanto repetirlas.

Cerrar las fronteras no es la solución, además de ser un comportamiento inhumano. No obstante, ¿cómo Albert Rivera y Pablo Casado pueden respetar los derechos humanos de las personas que llegan a nuestras costas o intentan saltar la valla de Ceuta o Melilla, cuando sus respectivos partidos han conculcado los derechos de los españoles? Tanto el Partido Popular como Ciudadanos, principalmente el primero porque ha gobernado, tienen en sus programas medidas que van en contra de los derechos del pueblo español.

Ya hemos visto cómo el PP de Rajoy, durante su gobierno y con la coartada de la crisis, conculcó derechos de la ciudadanía en materia laboral, vivienda, igualdad, lucha contra la violencia machista, educación, sanidad, libertad de expresión, libertad de prensa, etc., todos ellos reconocidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos. El partido de Albert Rivera también va por el mismo camino. Por ejemplo, en su proyecto de mercado laboral, además del contrato único, quieren recuperar el despido por amortización del puesto de trabajo, es decir, que la empresa podría despedir un trabajo sólo con la eliminación de su puesto de trabajo. Por otro lado, el partido de Rivera cada vez se va «lepenizando» como cuando publicó un vídeo sobre las okupaciones ilegales de viviendas con el siguiente mensaje: «Proteger a los españoles. Preservar la convivencia». ¿Qué diferencia hay entre estas palabras y el reparto de alimentos de Hogar Social «sólo para españoles»? Las propias medidas solicitadas en el Parlamento para terminar con el nacionalismo catalán, vasco y gallego y dejarle sin voz son un atentado contra la libertad política que debería haber en cualquier democracia.

Si la derecha conculca los derechos humanos de los españoles, ¿cómo van a respetar los de los inmigrantes que llegan a nuestras costas? Si hay prensa que se encarga de transmitir esos mensajes populistas con el fin de conseguir prebendas presentes o futuras, lo tienen más fácil para generar un enemigo donde no lo hay.

Ahora nos encontramos con un gobierno, el de Pedro Sánchez y Carmen Calvo, que está actuando buscando el respeto a los derechos de cualquier persona del mundo al ofrecerles un lugar, un puerto, donde poder atracar y no abandonarlos para que mueran ahogados en el Mediterráneo. Esto está generando durísimos ataques por parte de la derecha. ¿Salvar vidas es causa de enfrentamientos políticos y más entre los que se vanaglorian de ser practicantes de una religión que, precisamente, proclama el amor al prójimo como algo prioritario?

Otra cosa es la regularización legal que se quiera o se deba personas para esas personas que llegan a nuestros puertos. No se puede dar una solución basada en cerrar las fronteras porque eso lo que genera es violencia por parte de quien está dispuesto a jugarse la vida para no perderla. Lo que discuten quienes aprovechan el miedo al diferente no es el tratamiento legal que se aplique a esos seres humanos, sino que ponen en cuestión que un gobierno sea digno con su responsabilidad con la raza humana porque no cierra las fronteras, ni pone muros más altos, ni aumenta la plantilla de Policía y Guardia Civil, ni manda a la Armada para evitar que alcancen nuestras costas.

El primer derecho humano que está reconocido por la ONU es la vida, por tanto, provocar con muros, vallas o cerrando las fronteras que miles de personas mueran en el Mediterráneo ya es una conculcación de los mismos.

El Tribunal alemán de Schleswig-Holstein desconfió de la neutralidad del Juez Llarena para instruir la causa del procés

Según el “Manual europeo para la emisión y ejecución de órdenes de detención europeas” elaborado por la Comisión en el año 2017, la Decisión Marco sobre la orden europea de detención (ODE) no contiene una disposición general que prohíba la entrega sobre la base de una violación de los derechos fundamentales de la persona buscada en el Estado miembro de emisión.

No obstante, el artículo 1, apartado 3, leído conjuntamente con los considerandos 12 y 13 de la Decisión marco sobre la ODE aclaran que los derechos fundamentales y los principios jurídicos fundamentales deben ser respetados en el contexto de la ODE.

Con base a dichas disposiciones, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho recientemente en su sentencia de 25 de julio de 2018, en el asunto C-216/18 PPU, que una autoridad judicial que ha de pronunciarse sobre la ejecución de una orden de detención europea debe abstenerse de darle curso si considera que la persona de que se trate correrá el riesgo de que se viole su derecho fundamental a un juez independiente y, con ello, el contenido esencial de su derecho fundamental a un proceso equitativo, debido a deficiencias que pueden afectar a la independencia del poder judicial del Estado miembro emisor.

La sentencia del tribunal de Luxemburgo comienza indicando que la denegación de la ejecución de una orden de detención europea es una excepción al principio de reconocimiento mutuo en el que se basa el mecanismo de la orden de detención europea, y que, como tal excepción, debe ser objeto de interpretación estricta.

A continuación, el mismo Tribunal de Justicia considera que la existencia de un riesgo real de que la persona que es objeto de una orden de detención europea sufra una violación de su derecho fundamental a un juez independiente y, con ello, del contenido esencial de su derecho fundamental a un proceso equitativo puede permitir a la autoridad judicial de ejecución abstenerse, con carácter excepcional, de dar curso a dicha orden de detención europea.

De ello resulta que, en el supuesto de que la persona que es objeto de una orden de detención europea invoque, para oponerse a su entrega a la autoridad judicial emisora, la existencia de deficiencias sistémicas o generalizadas, que, según esta persona, puedan afectar a la independencia del poder judicial del Estado miembro emisor y a su derecho fundamental a un proceso equitativo, la autoridad judicial de ejecución deberá evaluar en un primer momento, basándose en elementos objetivos, fiables, precisos y debidamente actualizados, si existe un riesgo real de que se viole ese derecho en el Estado miembro emisor, como consecuencia de la falta de independencia de los órganos jurisdiccionales de dicho Estado miembro, debido a las referidas deficiencias.

A este respecto, el Tribunal de Justicia subraya que la salvaguarda de la independencia de las autoridades judiciales resulta primordial para garantizar la tutela judicial efectiva de los justiciables, especialmente en el marco del mecanismo de la orden de detención europea.

Y aunque la reclamación de Carles Puigdemont se resolvió dos semanas antes de que se dictara la sentencia de Luxemburgo, es evidente que el tribunal alemán tuvo en cuenta el sesgo evidentemente político que mantuvo en todo momento el Juez Llarena durante la instrucción de la causa del procés, utilizando el delito de rebelión para criminalizar en realidad la aspiración secesionista – que no tiene nada que ver con el delito de alta traición del derecho penal alemán -, de modo que si el Tribunal alemán de Schleswig-Holstein confiaba en que los tribunales españoles respetarían el principio de especialidad y no procesarían al perseguido Puigdemont tras su extradición por el delito de rebelión, es porque desconfiaban de la imparcialidad e independencia del Juez Llarena para instruir la causa del procés.

Las cifras oficiales demuestran que España no está expuesta a la “invasión” de inmigrantes que auguran Casado y Rivera

Los datos oficiales refutan las ideas xenófobas de los líderes europeos. No es verdad que estemos ante una invasión de inmigrantes africanos dispuestos a acabar con las esencias del hombre blanco o de la raza hispana, como denuncian con extremado alarmismo los partidos ultranacionalistas. Las inmigraciones llegadas a Europa en 2017 se redujeron en un 53% en comparación con el año 2016, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). El pasado año alcanzaron el viejo continente 171.635 personas inmigrantes y aunque es cierto que en España el número de llegadas fue 2,6 veces mayor que en 2016, si el dato se compara con los migrantes absorbidos por Italia o Grecia seguimos muy por debajo de la media de la UE. Según la OIM, un total de 21.663 inmigrantes indocumentados lograron entrar en territorio español en 2017 frente a los 8.162 de 2016. Ha habido, por tanto, un incremento, pero la cifra no es ni mucho menos como para echarse a temblar, ni de ninguna manera puede servir de excusa a líderes políticos como Albert Rivera o Pablo Casado para argumentar que estamos ante una invasión o una crisis humanitaria de proporciones bíblicas. Tampoco la actitud de dirigentes locales del Partido Popular  como el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce -que ha pedido que se lleven el barco Open Arms a otro puerto para no recibir a los 87 náufragos rescatados en el Mediterráneo, 12 de ellos menores- puede entenderse más que desde el miedo y el egoísmo que se ha apoderado de Occidente. El edil popular ha llegado a asegurar que no quiere que “se produzca un desequilibrio social, aquí vivimos en paz y armonía y no hay tensiones”, un comentario que no lo diferencia demasiado de líderes de la ultraderecha europea más rampante. Los datos, por tanto, no avalan un discurso antiinmigración. Los flujos migratorios son oscilantes, unos años suben y otros bajan en función de factores complejos como la situación política, social y económica en los países de origen que exportan inmigración, la abundancia de mano de obra barata en los estados receptores, los cambios climáticos y la intensidad en la vigilancia marítima con que los países europeos se emplean en el Mediterráneo.

Los inmigrantes siguen siendo el único recurso que tiene Europa para frenar el progresivo envejecimiento de su población

Pero es que además a España no solo llegan inmigrantes en una bajísima proporción que puede ser perfectamente asumida por nuestro mercado laboral. Es que miles de españoles han tenido que emigrar porque en España no hay trabajo o los salarios son demasiados bajos. Nuestro país se ha  vuelto a convertir en exportador de mano de obra para Alemania, Canadá o Suiza, como en los peores años del tardofranquismo. Desde que estalló la crisis, el número de españoles que ha emigrado al extranjero no ha dejado de crecer. Muchos empleos como el de camarero, peón de albañil o jornalero del campo son rechazados por los españoles y ocupados por los trabajadores inmigrantes que llegan a nuestro país. Los datos del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE), difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE), certifican que a 1 de enero de 2017 la cifra de españoles por el mundo superaba los 2,4 millones. Casi un millón más de los que había en 2008, cuando estalló la crisis.

Por si fuera poco hay otros argumentos añadidos a favor de la idea de que los flujos migratorios se equilibran de forma natural, impidiendo el tan temido colapso demográfico que preconiza la ultraderecha, cuyos tópicos manidos de “aquí ya no cabemos” o “los inmigrantes nos quitan el trabajo” terminan cayendo por su propio peso por la fuerza de las cifras. Así, según el informe sobre las Estadísticas de Migración y Población Migrante de Eurostat, un total de 4,7 millones de personas emigraron a alguno de los Estados miembros de la UE-28 durante 2015, mientras que al menos 2,8 millones de emigrantes dejaron, según los informes, algún Estado miembro de la UE. La migración está influenciada por una combinación de factores económicos, medioambientales, políticos y sociales: ya sea en el país de origen del migrante (factores impulsores) o en el país de destino (factores motivadores). Históricamente, se cree que la prosperidad económica y la estabilidad política relativas de la UE han ejercido un considerable efecto llamada sobre los inmigrantes. Entre estos 4,7 millones de inmigrantes registrados durante 2015, se estima que 2,4 millones eran ciudadanos de terceros países, 1,4 tenían la nacionalidad de un Estado miembro de la UE diferente de aquel al que emigraron, alrededor de 860.000 personas migraron a un Estado miembro de la UE del que tenían la nacionalidad (por ejemplo, nacionales retornados o nacionales nacidos en el extranjero), y unas 19.000 personas eran apátridas.

Alemania notificó el número total de inmigrantes más alto (1.543.800) en 2015, seguida del Reino Unido (631.500), Francia (363.900), España (342.100) e Italia (280.100). Un total de 17 Estados miembros de la UE notificaron más inmigración que emigración en 2015, pero en Bulgaria, Irlanda, Grecia, España, Croacia, Chipre, Polonia, Portugal, Rumanía, Letonia y Lituania, el número de emigrantes superó al de inmigrantes. Es decir, se van más de los que vienen. Según el informe de Eurostat, en los países de destino “la migración internacional puede ser utilizada como una herramienta para solucionar carencias específicas del mercado laboral. No obstante, es casi seguro que la migración por sí sola no invertirá la actual tendencia al envejecimiento de la población experimentada en muchos lugares de la UE”. O lo que es lo mismo, Europa sigue haciéndose vieja pese a que muchos como Rivera y Casado se rasgan las vestiduras con el número de inmigrantes que llegan a nuestras costas.

Ciudadanos alienta el odio al diferente (mantero o nacionalista)

“Los independentistas y totalitarios no van a callar la voz de los demócratas”, quien esto dice es un señor que pertenece a un partido político que quiere prohibir los partidos independentistas por ley y así acallarlos y expulsarlos del sistema. ¿Por qué? Para poder humillarlos y reprimirlos sin consideración so pretexto de estar fuera de la legalidad. Una legalidad que es una construcción sociopolítica y por tanto mutable. Miguel Gutiérrez, el mismo que mintió diciendo que tenía un doctorado, y como mucho es que pasó por la puerta de un doctor, justifica de esta forma las acciones violentas de algunos miembros de Ciudadanos en Cataluña, siguiendo con la política de confrontación que es la que no cierra las heridas sino que las mantiene abiertas para sacar un rédito electoral que se les escapa día a día.

Ya advertimos de la deriva poco democrática y contraria a los principios que dicen defender en la formación naranja (prohibir cualquier partido nacionalista), y las palabras de Gutiérrez (el señor del lobby armamentístico en Ciudadanos) sólo son una muestra más de ese odio entre dos posiciones antagónicas que se quiere seguir extendiendo hasta provocar la confrontación civil. Porque eso es lo que persiguen en Ciudadanos, que haya en Cataluña una confrontación civil y así ellos erigirse como salvapatrias. E imponer una dictadura latente, silenciosa a Cataluña y el resto de España. Por eso Albert Rivera acusa a Pedro Sánchez de estar al servicio de los nacionalistas, que “son aquellos que quieren liquidar nuestros valores; necesitamos pactos firmes para dar a España un proyecto de futuro”. Una frase que puesta en boca de Primo de Rivera, Franco o cualquier fascista de medio pelo sonaría hasta lógica. Según parece los nacionalistas quieren acabar con valores españoles, aunque evita decirlos porque ni él mismos sabe cuáles son. No le interesa, basta con hacer una división populista de buenos y malos, y situar entre los malos a gobierno y a los nacionalistas de cualquier color.

La xenofobia ante los manteros y el apoyo a las grandes corporaciones.

Ese mismo odio que se fomenta contra los nacionalistas, Podemos y el gobierno del PSOE, se demuestra también contra los manteros. La nueva moda en la secta naranja es criminalizar a los manteros que hay en nuestras calles como un peligro constante para la seguridad ciudadana, el comercio minorista y el crecimiento del PIB español (si siguen con su escalada de peligros). Xenofobia en estado puro. Les falta decir “esos negros que violarían a nuestras hijas” o cosas parecidas. Que no lo dicen pero no sería de extrañar que lo pensasen pues defienden la eugenesia en el interior del partido. Carmena y Colau, curiosamente en otros municipios gobernados por el PP (Málaga, por ejemplo) no dicen nada, son el gran mal porque permiten que estén en las calles esas personas que son peligrosas y pueden hacer daño a alguien. Para Gutiérrez es una claro “problema de convivencia” que, además, supone dar “impunidad total de las mafias que utilizan los espacios públicos” creando un problema de “seguridad ciudadana”.

Sólo hay que ver el tuit de Ignacio Aguado para comprobar que lo que se quiere es lanzar una campaña de odio al migrante, al distinto, al que se busca la vida como puede. Que existen mafias detrás, es evidente, pero no son las mafias las que aguantan 12 horas bajo el sol para que las personas, a las que el sistema ha inoculado una mentalidad pequeño-burguesa y consumista, compren copias de esas grandes marcas que sólo los muy ricos pueden permitirse. O esas camisetas de deportistas que se fabrican en países asiáticos con salarios de miseria extrema pero que se venden en Europa a precio de petróleo. Cierto que hay mafias, pero en ningún momento se habla de los explotados manteros. Ni se aporta solución para ellos y ellas. Seguro que Aguado compra alguna pulsera u otra fruslería cuando está en playa tumbado. Habría que verle hasta chalaneando con el mantero. Pero que haya mafias no supone que esos manteros generen un peligro de seguridad. No muerden, ni clavan cuchillos, ni sacan pistolas. Más daño e inseguridad provocan algunos empresarios con salarios de pobreza y temporalidad extrema.

Respecto al daño al comercio minorista, es posible que a algunos comercios sí les hagan daño. Pero quien compra al mantero es porque no tiene para comprar en la tienda del Real Madrid, en Chanel, en Gucci, en Ray-Ban… Justo lo que una tienda de barrio no suele vender. Por tanto, hay cierta mentira en sus palabras que, por cierto, esconden que sólo hablan del comercio minorista cuando les puede reportar dos votos o generar odio civil. Porque han apoyado todas las legislaciones liberadoras del comercio los domingos y festivos en donde han llegado. Algo que beneficia a las grandes superficies y perjudica al pequeño comercio, ese que paga impuestos como ellos dicen. Pero claro, ellos y ellas están en política para ser los perritos falderos de los grandes oligopolios.

Un cúmulo de fallos y negligencias agravaron el incendio de Llutxent que deja más de 3.000 hectáreas arrasadas

El incendio de Llutxent está prácticamente controlado pero la pregunta ahora es qué es lo que ha fallado y dónde se desatará el próximo fuego que se verá amplificado por culpa de una deficiente política de prevención. Mientras la Generalitat Valenciana evalúa la magnitud de la catástrofe –más de 3.000 hectáreas han sido completamente arrasadas–, los medios de comunicación valencianos publican hoy que el Plan Especial de Protección del paraje natural de El Surar, una de la zonas más afectadas y la de mayor interés ecológico, lleva doce años pendiente de aprobación. De nuevo, como suele suceder en numerosos incendios forestales, nos encontramos ante un entorno declarado de especial protección pero al que no se dota de un plan específico ni de fondos suficientes para llevarlo a cabo. El actual Consell echa la culpa de la herencia recibida al anterior gobierno regional y el que venga después probablemente hará lo mismo con el que le precedió. Mientras tanto, la desidia política se traduce en tierra deforestada, esquilmada, y otros factores como el abandono rural, la falta de limpieza en los montes, la dejación de los cultivos y el descuido a la hora de mantener fajas auxiliares (áreas de unos cinco metros de ancho que cortan el fuego a ambos lados de las pistas, caminos, sendas y carreteras forestales) hacen el resto.

El Surar, situado entre Pinet y Llutxent, era el bosque de alcornoques más meridional de la Comunitat Valenciana. Una pequeña joya. Hoy, tras varios días de lucha contra las llamas, ese vergel se ha perdido por completo. Los vecinos evacuados regresan a sus casas quemadas. Donde antes veían árboles y vegetación hoy solo ven una tenebrosa mancha negra que se extiende a lo largo y ancho de seis municipios: Llutxent, Pinet, Ador, Barx, Quatretonda y Gandia.

El fuego ha calcinado el paraje natural de El Surar, una pequeña joya ecológica por sus bosques de alcornoques

Pablo García, delegado sindical de CGT en Valencia, asegura que en los próximos años nos tendremos que acostumbrar a que “los incendios van a ser cada vez mayores y si no se pone remedio se perderán cada vez más hectáreas. Es importante aprovechar las pistas forestales, sendas y carreteras para dotarlas de zonas de seguridad para que los bomberos podamos trabajar. También es importante habilitar zonas de recarga para los helicópteros y camiones y mejorar la señalización de las vías de acceso”. Según los expertos, en los últimos años el cambio climático y la acumulación de biomasa (residuos altamente combustibles) están convirtiendo la Península Ibérica en un auténtico polvorín que a corto y medio plazo, si no se pone remedio, desencadenará superincendios nunca antes vistos con miles de hectáreas arrasadas. El escenario de lucha contra el fuego se ha  transformado radicalmente y sin embargo los sucesivos gobiernos central y autonómicos parecen no reaccionar y siguen aplicando políticas forestales de hace veinte o treinta años.

En el caso de la Comunidad Valenciana existen planes de emergencias contra incendios impulsados por la Generalitat, pero se aplican de forma muy lenta y paulatina, ya que su puesta en marcha depende de cada ayuntamiento. Hay planes de evacuación, planes territoriales, planes municipales y locales, una montaña de normas y textos que a la hora de la verdad no pueden impedir que los montes sigan ardiendo. La burocracia, una vez más, se impone a la realidad.

A la ineficacia de los planes de emergencias se une el malestar en las plantillas de bomberos forestales, desde hace tiempo en pie de guerra contra Tragsa, la empresa pública que se dedica a la extinción de incendios forestales. A comienzos de esta semana UGT y CC.OO convocaban al colectivo de bomberos forestales de la Generalitat a concentrarse frente a la sede de la compañía en Valencia los días 23 de agosto y 6 de septiembre, y a una huelga indefinida a partir del 7 de septiembre, tras no cumplirse el acuerdo de modificación salarial de los trabajadores firmado en febrero. El foco principal del conflicto es la precarización que sufren buena parte de los 800 bomberos del sector, en su mayoría contratados por obra y servicio bajo una encomienda de la Generalitat Valenciana que apenas dura 2 meses. Solo unos 240 son indefinidos o fijos discontinuos, el resto se acoge a la encomienda por temporada y pese a que presta los mismos servicios que el personal fijo cobran una media de 400 euros menos. Además, la plantilla ha asumido nuevas funciones como servicios en caso de inundación, búsqueda y rescate de personas y otras inclemencias como nevadas en invierno.

“Los 300 euros que nos dan solo es un complemento de verano para tenernos la boca callada. Luego nos lo quitan. Si hemos asumido nuevas funciones lo lógico es que se ajuste nuestro salario porque hay compañeros que viven en una inestabilidad laboral brutal”, asegura García. Según el delegado sindical de CGT los empleados han ganado todos los juicios contra Tragsa, tanto en los juzgados de lo Social como en el TSJ y el Supremo, pero “nos siguen firmando contratos por dos meses sin que sepamos cuál va a ser nuestro futuro”, insiste. El colectivo vive en la más absoluta precarización y numerosos bomberos de refuerzo llevan en esta situación seis, diez y hasta quince años.  “Todos los años muere un compañero y aquí no pasa nada. Tragsa no quiere cumplir los preacuerdos salariales que firmamos en febrero y sobre la mesa hay 300 denuncias por contratos firmados mediante fraude laboral que han sido ganadas en los tribunales. Esa es la realidad de los bomberos forestales”, explica García.

7 libros (de izquierdas) para la Ejecutiva del PSOE

El PSOE ha lanzado una campaña de imagen de las personas que conforman su Ejecutiva ofreciendo recomendaciones de libros para el verano. Una buena propuesta sin duda pero que demuestra curiosidades de los políticos socialdemócratas y ha servido para que en círculos socialista haya cierto cachondeo y críticas. Una de las críticas más certeras que se han podido leer es aquella que indica si sólo leen en verano, si el resto del año no lo hacen. Lo que tiene como derivado que el fomento de la lectura debería ser constante. Los libros pueden gustar más o menos, en general son muchos lugares comunes de las grandes editoriales, pero para gustos los colores.

Produce asombro la inexistencia de lecturas más intelectuales, más políticas, con más chicha. Algo que a un político casi se le exige o se le debería exigir. Carmen Calvo, como no podía ser de otra manera, recomienda un buen libro de Amelia Valcárcel. El resto literatura sin más. Bueno, no, Adriana Lastra recomienda un libro de Michael Ignatieff que como todos saben es un gran historiador y político ¡¡liberal!! Claro el error, pese a la buena voluntad de Lastra, es que como no salen del “universo Prisa” pues acaban leyendo libros de liberales con la afectación que tiene para la propia posición. Para que las políticas y políticos socialistas de la Ejecutiva del PSOE tengan otras posibilidades hemos querido hacerles unas recomendaciones de libros más sesudos y de izquierdas ya que dicen serlo.

Invitación al federalismo de José Antonio Pérez Tapias (Trotta)

Cierto que el filósofo se marchó con cargas destempladas del PSOE pues veía que todo el republicanismo y la plurinacionalidad que se aprobó en el 39° Congreso ya no se tenía en cuenta. Esto no es óbice para no recuperar esta lectura donde se encuentra buena parte de la matriz de esa España federal, plurinacional y republicana. Igual muchos ya lo han leído, pero no les vendría mal releerlo para volver a asentar ideas y principios.

La sociedad del cansancio de Byung-Chul Han (Herder)

Ya que el director del esta colección es el diputado socialista Manuel Cruz, si lo compran ayudarían al proyecto del compañero. Si por lo que fuese no les cae bien también es recomendable leer al coreano (casi alemán) Byung-Chul Han y sus pesquisas sobre la presión que ejerce el sistema capitalista sobre las personas. Tanto como hacerlas pensar que si no rinden o no llegan a las expectativas es culpa propia. Un buen libro para que se dejen de cuestiones como el emprendimiento que no es más que el mecanismo actual del sistema capitalista para transferir todas las cargas al trabajador pero llevándose los rendimientos la clase dominante. Dudamos si recomendar o no Psicopolítica (Herder) pero al ser más actual el recomendado ahí queda.

Karl Marx. Ilusión y grandeza de Gareth Stedman Jones (Taurus)

Ciertamente en Diario 16 no recomendábamos su lectura por ofrecer muy poco de Karl Marx y el desarrollo del marxismo. Justo por eso es recomendable la lectura para la dirigencia socialista. Es un libro con muchas páginas pero de fácil lectura. Además este año se han cumplido el segundo centenario del nacimiento del filósofo de Tréveris. Un análisis de cómo Marx llegó concebir el “marxismo” pero sin miedo a contaminarse de marxismo en sí. No vaya a ser que…

Los hombres me explican cosas de Rebecca Solnit (Capitán Swing)

En la vía más feminista resulta una lectura muy recomendable la obra de Rebecca Solnit. Muy bien escrito y con un estilo punzante que permite discernir ciertos micromachismos que persisten en el género masculino. Un libro no tanto para inspirar como para combatir y persistir en la lucha feminista.

La trampa de la diversidad de Daniel Bernabé (Akal)

Un libro que está generando mucha polémica pues enfrenta cara a cara cómo el neoliberalismo se ha ido haciendo eco de todas las luchas, que otrora eran llamadas subalternas, más identitarias para dejar de lado la lucha asentada sobre la clase social. Ser negro, homosexual y vegano es lo que fomentaría el neoliberalismo frente al hecho de que siendo todo eso lo objetivo y lo que acaba por tenerle explotado y en precariedad es su condición de trabajador. Polémico el planteamiento y con muchos matices que hacerle, pero una lectura crítica de todo aquel o aquella que se considere de izquierdas, aunque sea para disentir.

Hemisferio izquierda de Razmig Keucheyan (Siglo XXI)

Un magnífico libro, con algunas secciones más densas que otras pero fundamental para conocer qué caminos está tomando el pensamiento de izquierdas en el siglo XXI. Un pensamiento de izquierdas crítico con el sistema capitalista y la globalización que desencadenó. En el mismo encontrarán formulaciones como la acumulación por desposesión de Harvey, Imperio y Multitud de Negri y Hardt, la teoría del acontecimiento de Badiou y muchas más. Cuando se dice que la izquierda ha perdido su capacidad de pensar el mundo se miente y este libro es el mejor ejemplo.

Comentarios sobre la sociedad del espectáculo de Guy Debord (Anagrama)

Con sólo leer Guy Debord como autor más de uno o una se puede echar hacia atrás, pero curiosamente la densidad habitual del pensamiento del situacionista en este libro no se percibe. Importante por tener la traducción al español de un de los prólogos al famoso libro La sociedad del espectáculo. En la actualidad sirve como guía para descifrar los mecanismos de dominación del sistema. Y cómo lo que hacen los políticos, al fin y al cabo, no es más que parte de ese espectáculo. Igual por eso sería el que menos les gustaría, pero es lo que tienen los libros de izquierdas, que no gustan al poder o a los acomodados al poder.

El PSOE califica de “tomadura de pelo” la promesa del PP de implantar los presupuestos participativos

El viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Lorca, Isidro Abellán ha denunciado un nuevo incumplimiento por parte del Partido Popular, en este caso, el relativo a la implantación de los Presupuestos Participativos en el municipio de Lorca. Se trata de una propuesta que el PSOE puso sobre la mesa, hace casi dos años, en octubre de 2016, con el fin de que todos los lorquinos, tanto los del casco urbano como los de pedanías, pudiesen decidir con voz y voto algo tan importante como es dónde invertir parte del dinero del presupuesto municipal.

Sin embargo, asegura Isidro Abellán que ha quedado claro que este alcalde y sus concejales del Partido Popular no están por la labor de que los lorquinos tengan en su mano esta posibilidad.

Se trata, asegura, de “otra tomadura más de pelo del Partido Popular a los lorquinos”. Desde que el PSOE propusiera esta iniciativa, hace ya dos años, “la única reacción del PP fue la de aprobar en septiembre de 2017 una moción en la que se comprometían a elaborar un borrador del reglamento para la implantación de los presupuestos participativos y el compromiso de que se iban a poner en marcha de manera inminente”. De hecho, aseguraron que se iban a destinar a los presupuestos participativos una partida de 300.000.-€ del convenio que vendría de la Comunidad Autónoma para Barrios y Pedanías del que “nada se ha vuelto a saber” porque “ni aparecía reflejado en los actuales presupuestos municipales”.

En concreto, recuerda Isidro Abellán, que el concejal de hacienda aseguró en noviembre de 2017 que los presupuestos participativos «arrancarían con carácter inmediato, incorporándose en los presupuestos municipales del año 2018, en concreto dentro del área de obras y servicios municipales como experiencia piloto que se irían ampliando al resto de concejalías de forma paulatina».

La prueba más evidente de esta “tomadura de pelo” es que el ejercicio presupuestario de 2018 “está a escasos meses de terminar” y de los presupuestos participativos “nada se ha vuelto a saber”, lo que demuestra que “una vez más han mentido como bellacos”.

Si en 2015 el PP mintió a los lorquinos, cuando prometieron en campaña no subir los impuestos para sorprender con un “subidón” de IBI un 10%, las licencias de obras un 15%, las tasas un 5%; 2016 fue el año de la mentira con la planta solar fotovoltaica, cuando aseguraron que este Ayuntamiento iba a ingresar 1.200.000.-€ por la licencia de la planta solar de 400 Mw de Almendricos, dinero que se incorporó al presupuesto de 2016 y que al final se fugó a Puerto Lumbreras, la gran mentira de este año han sido los Presupuestos Participativos. Ni convenio de 300.000 euros ni Presupuestos Participativos.

Abellán considera que “está bien irse de vacaciones, todo el mundo tiene derecho, pero hay que irse cuando uno tiene el trabajo hecho y los deberes cumplidos, y este Alcalde y su concejal de Hacienda no pueden decir que hayan cumplido con su trabajo”.

El edil socialista insiste en que este Alcalde y su equipo de gobierno han tenido dos largos años para ponerlos en marcha y no lo han hecho”. Por ello, asegura que “a falta de escasos 10 meses para las próximas elecciones municipales, cualquier anuncio que se le ocurra hacer al PP en este sentido será, una vez más, mera palabrería para intentar convencer de que creen en la participación ciudadana cuando la realidad es que no”.

El PP nunca ha creído en la idea de dar participación a los lorquinos para que puedan decidir sobre la gestión municipal. Nunca. Y si ahora, después de 11 años de gobierno, hacen algo, será simplemente una foto para la galería electoralista.

En la Lorca que viene, en la que trabaja el PSOE de Lorca, la figura de los presupuestos participativos será una realidad, y será un gobierno socialista el que los tenga que poner en marcha los presupuestos participativos en Lorca.

Andalucía exporta frutos rojos por valor de 969,9 millones

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Andalucía ha exportado en la campaña 2017-2018, hasta mayo, 287.260 toneladas de frutos rojos por valor de 969,9 millones de euros, un 1,1% más que en el mismo periodo del curso anterior, cuando la comercialización fuera de las fronteras nacionales de fresas, frambuesas y arándanos dejó en la balanza comercial de la comunidad autónoma un montante de 959,4 millones de euros. Ésta es la primera conclusión que se extrae de la síntesis provisional del presente ejercicio realizada por el Observatorio de Precios y Mercados, que, como ha expuesto el consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, «denota claramente el potencial de un sector estratégico para la economía de la región y, en especial, de la provincia de Huelva».

La evolución, desde la óptica de Sánchez Haro, habla por sí sola. El valor de las ventas de frutos rojos al exterior ha experimentado en los últimos cinco años, desde el arranque de la temporada hasta el quinto mes del presente ejercicio, un crecimiento del 47,3%, desde los 658,6 millones de euros de 2013-2014. Con la Unión Europea (UE) como destino mayoritario, con Alemania, Reino Unido y Francia como principales clientes, la fresa ha estabilizado en los últimos cursos su volumen de negocio, por encima de los 400 millones de euros desde la campaña 2014-2015 (en la actual, 449 millones de euros y 213.009 toneladas), para verse reforzada por el aumento «explosivo» del importe dejado por las exportaciones de frambuesas (313,6 millones de euros y 39.176 toneladas) y arándanos (207,3 millones de euros y 35.075 toneladas).

El resumen de la campaña apunta también un alza de la cotización. La fresa se ha vendido hasta mayo a una media de 1,27 euros por kilogramo, un 8,6% más que en el curso anterior (cuando el precio en origen quedó fijado en 1,18 euros) para establecer así el mejor dato recogido por el Observatorio de Precios y Mercados. La fresa envasada en formatos especiales (en cuanto a forma y tamaño con la fruta más cuidadosamente seleccionada) ha elevado ese valor en un 42%, hasta los 1,76 euros por kilogramo. Por su parte, la tasación del modelo estándar en el actual ejercicio es de 1,24 euros.

Mayor es el incremento registrado por el precio de la frambuesa y el arándano. La primera, tras sufrir una bajada considerable en noviembre ante el gran volumen de oferta, se recuperó a partir de la segunda semana de diciembre para firmar un valor medio en la campaña 2017-2018 de 5,86 euros por kilogramo, un 11,8% por encima de la cotización del ejercicio precedente (3,47 euros). El avance ha sido más positivo, con una línea más ascendente, en el caso del segundo, que ha llegado a mayo con una tasación media de 4,05 euros por kilogramo, un 16,7% por encima del dato anterior (3,47 euros). El punto de inflexión ha estado en los meses de abril y mayo, cuando se ha comercializado el 71% del total.

El cultivo estrella de Huelva

El cultivo de los frutos rojos en Andalucía se concentra, casi por completo, en la provincia de Huelva. La campaña 2017-2018 ha venido marcada por un aumento de las superficies de las tres berries más importantes. Tras unos años de reducción del suelo dedicado a la fresa a favor de una mayor diversificación, ésta ha contado este curso con 6.545 hectáreas, un 3% más que en el ejercicio anterior (6.355 hectáreas). Esta nueva expansión ha venido acompañada, además, de una elevación de la frambuesa hasta las 2.433 hectáreas (también un 3% más, desde las 2.363 hectáreas) y del arándano hasta las 3.410 hectáreas (un 14,3% más, desde las 2.983 hectáreas). En el ejercicio 2013-2014

Nuestro Estatuto de Autonomía cumple 36 años

El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha cumple hoy treinta y seis años. Fue publicado en el BOE con rango de Ley Orgánica el 10 de agosto de 1982 y, desde entonces, ha sido la norma bajo cuya protección Castilla-La Mancha se ha desarrollado como Comunidad Autónoma hasta convertirse en el ejemplo más claro de los beneficios de la descentralización consagrada por la Constitución Española de 1978 y que, lejos de los egoísmos identitarios, tienen mucho que ver con la universalización real de los servicios públicos esenciales, con una más profunda redistribución del bienestar y de una equiparación general en cuanto a derechos esenciales, como la igualdad de oportunidades.

Ese es, en el fondo, el secreto de un sistema democrático cuya puesta en marcha durante la Transición asombró al mundo. Los españoles nos dotábamos, mediante el consenso y la reflexión colectiva, de Estado Autonómico en el que el concepto de autonomía no se afirmaba a costa de la unidad de la nación, sino que, como herramienta para favorecer la cohesión, la igualdad de todos los españoles y españolas, reduciendo las diferencias económicas y sociales en virtud del territorio en que habitasen y que el franquismo había generado de forma sangrante.

Gracias a esta autonomía competencial, los castellano-manchegos hemos observado cambios impensables en materias tan sensibles como la Salud, la Educación o los Servicios Sociales. Gozamos de una sanidad pública que compite en servicios y reconocimiento con las mejores del mundo, a pesar del grave problema de dispersión y baja población que sufrimos. También ha mejorado la Educación, y contamos con una Universidad pública que ha permitido a miles de jóvenes formarse en su tierra, sin tener necesariamente que emigrar para completar sus estudios. Gestionamos la protección de nuestros recursos naturales y patrimoniales, la asistencia y protección a los más desfavorecidos, y defendemos con voz propia nuestro derecho al agua, a tener voz en la gestión de nuestras cuencas hidrográficas, a exigir otro modelo de gestión que no base el beneficio de unos territorios en el empobrecimiento de otros…

Respeto profundamente a quienes ven reflejados sentimientos identitarios en el hecho autonómico, y el derecho a buscar la transformación de la realidad en este o cualquier aspecto mediante las vías que contempla y ampara la Constitución. Pero combato políticamente, porque también es mi derecho, a los que se inspiran en el egoísmo y, más aún, en el odio social, para tratar de imponer decisiones o hechos consumados al margen de la Constitución y del espíritu de cohesión e igualdad que inspira la estructura autonómica de España.

Los Estatutos de Autonomía no son textos monolíticos pensados para perdurar inmutables. De hecho, nuestro Estatuto ha sufrido varias modificaciones a lo largo de estos años. Y nuevamente asistimos al debate sobre la necesidad de reformar la Constitución y algunos Estatutos de Autonomía para dotarnos de un nuevo sistema que en teoría pondría fin a las tensiones territoriales que tanto están afectando a nuestro presente y a nuestro futuro como Nación. En democracia todo es debatible siempre que se mantenga a salvo el principio de legalidad y de respeto a la Constitución.

Pero mientras todo esto acontece, en un día como hoy, 10 de agosto, cumpleaños de nuestro Estatuto de Autonomía, mi reflexión se centra en la estabilidad que otorgan los textos constitucionales cuando son fruto del consenso y de la voluntad popular, y de cómo en estos 36 años de vigencia nos ha permitido transformar Castilla-La Mancha en un territorio con identidad propia, basada en el progreso, en la extensión de los servicios públicos, en la construcción de infraestructuras, y en la génesis de un sistema de consensos y participación social que queremos sea también norma de conducta bajo protección normativa.

El informe de Deloitte demuestra la implicación de BCE y JUR en la operación del Banco Popular

El Banco Central Europeo fue quien firmó el «acta de defunción» del Banco Popular sin conocer la causa de la misma, cuando fue el mismo BCE, en las respuestas que ha ido enviando a los afectados, quien afirmó que había que tener en cuenta que «el Banco Central Europeo (BCE) no expresa comentarios sobre entidades de crédito concretas. Los argumentos que llevaron al BCE a concluir que la entidad era inviable o existía la probabilidad de que lo fuera a ser debido a un deterioro significativo de su posición de liquidez se exponen en la versión no confidencial de la evaluación de inviabilidad o previsible inviabilidad. En consecuencia, el Consejo de Gobierno no provee ELA ni adopta decisiones sobre la provisión de ELA a entidades de crédito concretas. Su papel se limita a evaluar si la provisión de ELA en casos específicos interferiría en los objetivos y tareas del SEBC. Como se expresa en la evaluación de inviabilidad o previsible inviabilidad, el BCE no presentó objeciones a la prestación de ELA a Banco Popular». Esto fue recibido por un afectado el pasado día 11 de junio tras remitirle un pequeño cuestionario de 4 preguntas. La respuesta demuestra que, quizá, el BCE no tenía mucho conocimiento de las consecuencias de la operación de rescate al Santander. Tal vez Mario Draghi debiera preguntarle a su nuevo vicepresidente, Luis de Guindos, para que le ponga al día de lo que realmente ocurrió durante el cuarto trimestre de 2.016 y el primer semestre de 2.017. Las preguntas que le hizo este afectado fueron:

  1. Siendo el único supervisor el BCE para los grupos o entidades bancarias más importantes de la UE, ¿qué ha fallado para que, supervisándolas en estos últimos tres años haya ocurrido la resolución del Banco Popular?
  2. Si el mecanismo de supervisión es para dar confianza a las partes interesadas que los bancos que se adhieran al MUS y que estén dentro del ambito de aplicacion del MUR son fundamentalmente sólidos y de confianza, ¿cómo podemos confiar en un organismo que ha incumplido su rol dejando caer al Banco Popular y, además, no presenta la documentación que acredite que lo realizado ha sido correcto?
  3. Si las medidas microprudenciales son las medidas efectivas para la curación de un síntoma en cualquier entidad financiera bajo el control del MUR, ¿no han sabido identificar las medidas microprudenciales necesarias para poder superar y reestablecer la estabilidad del Banco Popular?
  4. ¿El BCE va a ser prestamista de último recurso, como los grandes bancos centrales, o solo va a centrarse en la politica monetaria, dejando de lado funciones que si desarrollan los restantes bancos centrales?

Preguntas sencillas de responder para un organismo como el BCE pero que, al parecer, se han convertido en la teoría de cuerdas tras conocer la respuesta dada al afectado. Una institución europea de la importancia del BCE no puede perder el respeto a los ciudadanos de la Unión Europea como hizo con una respuesta de manual a una serie de preguntas de fácil contestación por parte de quien dispone de todos los datos y documentación para hacerlo.

Respecto a la Junta Única de Resolución (JUR) su papel en el Caso Banco Popular sólo debió ser el de ejecutora de la intervención, previa comunicación por parte del BCE de la declaración FOLFT (fail or likely to fail) de la entidad. Entre todos los documentos de la JUR a los que ha tenido acceso Diario16 y que son respuestas del organismo a solicitudes de afectados, transcribimos uno de esos correos donde la Junta, extralimitándose en sus opiniones, especifica claramente cuáles han sido los defectos en la aplicación del procedimiento de resolución por parte del BCE y de los restantes organismos europeos que intervinieron:

La relación existente entre la liquidez y la solvencia resulta especialmente pertinente en la actividad bancaria. Es importante que las autoridades posean un juego completo de herramientas para abordar los problemas de liquidez, y con un juego de herramientas eficaz se puede reducir la probabilidad de inviabilidad de los bancos al proporcionar a los depositantes y otros acreedores mayor seguridad con respecto al acceso a sus fondos.

Sin embargo y pese a ello, puede darse el caso de que un banco sea declarado inviable debido a una liquidez inadecuada. La liquidez inadecuada es una de las circunstancias que se citan explícitamente en el marco jurídico en virtud del cual es posible declarar FOLTF a una entidad de crédito. Como tal, será necesario que la autoridad de resolución prevea las posibles inviabilidades por motivos de liquidez inadecuada.

En estos casos, la moratoria se convierte en un instrumento pertinente que, si bien no es la panacea, brindará al banco más tiempo para buscar soluciones alternativas, y a la autoridad de resolución más tiempo para adoptar una resolución, si una entidad presenta problemas de liquidez que se intensifican a un ritmo acelerado.

Las pruebas de resistencia examinan a las instituciones en una fecha de cierre concreta y no aportan indicios sobre su futura evolución financiera. La situación de una institución más de un año después de la prueba de resistencia depende de la evolución del mercado y de la situación de la propia institución y no de los resultados de la prueba de resistencia. Además, cabe destacar que las pruebas de resistencia y las previsiones de liquidez no son responsabilidad de la JUR y sería preferible tratar dichas cuestiones con el MUS o la ABE. De esto se deduce que es esencial que las autoridades de resolución estén preparadas para la inviabilidad de cualquiera de las entidades que formen parte de su ámbito de competencias. La JUR seguirá trabajando para velar por que todas las entidades sean resolubles en la Unión Bancaria. El banco fue declarado FOLTF por el BCE debido a una crisis de liquidez.

Como podemos comprobar, la propia JUR reconoce que se trató de un caso de crisis de liquidez, no de solvencia, por lo que el banco no estaba quebrado y la inviabilidad pudo haberse resuelto si, en primer lugar, se hubieran ejecutado las operaciones de ampliación de capital o de venta de activos no estratégicos que Saracho tenía encima de la mesa. Sin embargo, para el Popular no hubo ningún tipo de moratoria sino que se dictaminó la resolución el día 2 de mayo con la reunión convocada por el BCE, se preparó el 23 de mayo con la firma del contrato de la JUR con Deloitte y se ejecutó a partir del día 2 de junio con la convocatoria de Elke König a Jaime Ponce y Emilio Saracho de una call conference en la que se puso en marcha el Proyecto Hipócrates, tal y como refleja la documentación del FROB.