miércoles, 28 enero, 2026

La resolución del Popular podría ser anulada, a pesar de Deloitte

A pesar del informe de Deloitte, a pesar de que la JUR haya afirmado que no tiene ninguna intención de pagar compensación alguna a los afectados del Banco Popular, aún hay despachos de abogados independientes que están trabajando para, precisamente, buscar una solución para las más de 305.000 familias arruinadas por la operación de rescate del Santander, bufetes que no han creado grandes plataformas con falsas promesas que fueron rotas cuando reconocieron que no iban a actuar contra el banco cántabro por tener conflicto de interés.

Uno de estos despachos ha presentado un escrito en la Audiencia Nacional en la que se solicita al juez Fernando Andreu la anulación total o parcial de la resolución del Banco Popular porque tanto el FROB como la JUR amortizaron obligaciones subordinadas por valor de 186 millones de euros por estar en fondos propios de la entidad cuando debían estar computadas como pasivo financiero, lo que vulnera el ordenamiento jurídico español.

El documento al que ha tenido acceso Diario16 afirma que «la Junta Única de Resolución amortizó irregular e indebidamente y con flagrante vulneración del ordenamiento jurídico español 186.500.000€ en Obligaciones Subordinadas de BANCO POPULAR ESPAÑOL SA que, en aplicación de la Ley 13/1985 de 25 de mayo sobre Coeficientes de Inversión, Recursos Propios y Obligaciones de Información de los Intermediarios Financieros, la Ley 13/1992 de 1 de junio de Recursos Propios y Supervisión de Base Consolidada de las entidades financieras, el Real Decreto 216/2008 de Recursos Propios de las Entidades Financieras y la Circular 3/2008, de 22 de mayo, del Banco de España, a entidades de crédito sobre determinación y control de los recursos propios mínimos, no tenían la consideración de fondos propios de BANCO POPULAR y, en consecuencia, jamás debieron ser objeto de amortización por parte de la JUR al declarar la resolución del Banco el 7 de junio de 2017».

Según confirma el documento presentado ante Fernando Andreu la totalidad de las obligaciones subordinadas del Banco Popular que estaban en circulación fueron irregularmente amortizadas por la JUR sin que «por el citado Organismo, ni por el FROB, ni por Banco de España, ni por la Auditora Price Waterhouse, ni por Deloitte, ni por el Ministerio de Economía o por el propio Banco Popular se respetase la legislación vigente acerca de los recursos propios de las entidades de crédito contenida en la Circular 3/2008 de 22 de mayo del Banco de España, así como la Ley 13/1985».

Esa circular del Banco de España indica que desde que «el plazo remanente de cinco años, y durante dichos cinco años, reducirán su cómputo como recursos propios a razón de un 20% anual, hasta que su plazo remanente sea inferior a un año, momento en que dejarán de computarse como tales».

El mantenimiento del 100% de las subordinadas como fondos propios del Popular constituirían, por tanto, una falsedad contable y una evidente infracción del ordenamiento jurídico español. En consecuencia, ni la JUR, ni el FROB podían amortizar el 100% de estos productos porque no todas tenían «la consideración de fondos propios susceptibles de resolución», porque a partir del quinto año de emisión un 20% anual hasta su vencimiento pierde la condición de fondos propios del Banco para convertirse en deuda financiera de la Entidad Emisora y, en consecuencia, la JUR, en aplicación de la citada normativa, amortizó indebidamente obligaciones subordinadas del Banco Popular por valor de 186,5 millones de euros.

Este hecho podría ser constitutivo de causa de anulación de la resolución del Banco Popular y, por tanto, de toda la operación, por lo cual, se abre una nueva vía para que las más de 305.000 familias recuperen lo que se les arrebató el 7 de junio de 2017 para rescatar al Santander.

Del extraño caso del juez Andreu y los Botín

Leyendo Diario16 (el periódico de la Segunda Transición) me entero de que el juez Fernando Andreu, instructor de la Audiencia Nacional en el caso del Banco Popular -donde se investigan las actuaciones previas a la compra por el Santander del Popular por un euro-, ha acudido de buen grado a la presentación de un libro (Se vende banco por un euro) que es marca blanca y hagiografía de la conducta del Santander en el proceso de “banquicidio”-compra del Popular. Es la vieja historia, el pez grande (Santander) se ha tragado al chico (Popular) llevándose por adelante los derechos de más de 300.000 accionistas. Esto me recuerda mucho lo que hizo Botín en Banesto en 1994, arruinar a los accionistas para enriquecer a su familia (y digo esto porque 307.000 millones de pesetas de créditos recuperados de Banesto nunca se supo a dónde fueron, origen de la querella de Rafael Pérez Escolar contra los Botín que archivó Garzón tras venir de Nueva York, donde había sido patrocinado por el mismo Santander).

El juez encargado de instruir dicha causa penal del Banco Popular, que concierne de forma indirecta al Santander, estaba allí, en la fiesta de Blas del poder, y en primera fila con su amigo Baltasar Garzón, cuyo vínculo umbilical con Botín quedó plasmado en bronces con la famosa carta de “Querido Emilio” (que dio lugar a un patrocinio de 302.000 dólares por el Santander a las jornadas de Nueva York organizadas por Garzón, si la memoria no me falla).

La larga mano del Santander en el acto se veía a una legua: más de 400 invitados para el libro de un autor de bajo perfil, abogado que ha sido asesor del Santander. En la cita del poderío, Feijó, el presidente gallego, tiene silla en la mesa presidencial, junto con Corcóstegui, famoso ex consejero delegado del Santander Central Hispano, y la delegada de Plaza y Janés (¿quién ha financiado este libro me pregunto?). También aparecen como asistentes el presidente del PP, Pablo Casado, y Margarita Robles, actual ministra de Defensa; y hay más, entre los patricios convocados hallamos a Florentino Pérez, a directivos del Santander, del  BBVA, de Telefónica. Algún cantante y el embajador de México… Son los signos externos de la capacidad de convocatoria “Santander”, que como es sabido está controlado por los Botín, aunque con menos del 0,5% de las acciones. Esta “fiesta” es un claro acto propagandístico del poderío Santander y una muestra de su empeño en “legitimar” la compra del Banco Popular por un euro, recordemos que precedida de un previo “ataque preventivo” a su precio de venta para dejarlo en estado de ruina. Y ese ataque preventivo es maquinación contra el precio y posible delito. Pero ante el poder lo importante se vuelve nimio y al revés.

Resulta concomitante que este mismo juez Andreu, al poco de la invitación de la fiesta del libro canonizador de la compra del Popular, dictó un auto rechazando la investigación de los directivos del Santander en el proceso de acoso y derribo contra el Popular. Cualquiera medianamente informado sabe que el Popular estaba siendo objeto de un bombardeo propagandístico feroz para arruinarlo y eso tiene nombre y número en el Código Penal cuya aplicación es el trabajo del juez Andreu.

Estos hechos consumados permiten conjeturar que al juez no le fue del todo neutra o indiferente la reunión para presentar el libro “santanderino”, porque al poco parecía convencido y seguidor de la tesis de la inocencia “santanderina”. Suponemos que el instructor tendrá un ejemplar del libro “dedicado” por el autor y que se lo habrá leído y que leyéndolo haya comprendido que la compra del Popular fue legítima y una necesidad social imperiosa de un banco que se sacrifica por los intereses generales. En resumen, que el juez apoyó con su mera presencia un libro que intervenía a favor del Santander en un litigio penal que tenía en sus propias manos. ¿Dónde está el deber de recato? Casi siempre se pierde por la vanidad. A Garzón le pasó exactamente lo mismo. La vanidad lo fulminó.

Otrosí digo que merece recordar que este Andreu es también el mismo juez  que sobreseyó la causa de las cuentas suizas ocultas de los 12 miembros de la familia Botín en el banco británico HSBC de Ginebra sacadas a relucir por Falciani. En esa causa y en el auto de archivo tuvo que cerrar los ojos el juzgador ante el informe de los peritos de Hacienda y hacer lo blanco negro para sacar a los Botín del apuro. Y también se negó a investigar a los 12 Botín por posible blanqueo de capitales, rechazando una denuncia formulada por dos asociaciones jurídicas. Para que pudieran recurrir el auto de archivo les pidió a cada una 24.000 euros de fianza, así que todo quedó en familia… botinesca.

Y yo me pregunto: ¿Es el honrado juez Andreu una especie de Robin Hood inverso que ahora se ha cansado y favorece al rico para perjudicar al pobre? Los hechos resultan inquietantes: en las diligencias en que aparece Andreu como juez de los Botín estos salen libres de toda culpa.

Las víctimas se quejan públicamente de que en el caso del Popular Andreu retarda injustificadamente el proceso, tema que es de responsabilidad, y curiosamente este retardo hace ganar ventaja al Santander.

La relación del juez con los Botín y el Santander debe de ser aclarada en todos sus puntos. ¿Es el abogado autor del libro, colaborador del Santander y amigo del juez,  el nexo de unión entre las preocupaciones del Santander y el proceso del Popular? ¿Es otro amigo del juez también amigo de los Botín quien le pone al día de las preocupaciones del Banco Santander? ¿Cómo explica el juez el acto de negarse a investigar la alteración fraudulenta en el precio de venta del Banco por directivos del Santander durante la fase previa a la compra?

El promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo Judicial, que es el “vigilante de la fe” en el sistema judicial e inquisidor oficial, debería abrir una investigación para aclarar todo esto, las relaciones de Andreu con los Botín y con el abogado autor del libro, ya que “todo juez en relación al cual pueda dudarse de su imparcialidad debe abstenerse porque lo que está en juego es la confianza que los ciudadanos han de tener en los tribunales de justicia” (sentencia Piersack c. Bélgica 1982, Tribunal Europeo de Derechos Humanos).

Este juez, con su asistencia al acto de propaganda “santanderina” sobre la compra del Popular, ya está contaminado y debería de abstenerse, pero seguro que no lo hará. Razón para aumentar las sospechas porque un juez que no tiene nada que esconder, si comete una imprudencia creando una apariencia de parcialidad y es realmente honesto, se abstiene y punto, pues no pierde nada, pero si tiene intereses que no quiere que se sepan entonces se agarra al cargo de instructor pese a la controversia pública y al daño que hace a la credibilidad judicial.

Recuerdo un precedente con el que lo contado antes guarda cierta conexión. En el caso Pinochet, tramitado por Garzón desde 1998, había una pieza separada conocida como “Blanqueo de Capitales Operación Cóndor”, en la que se investigaban unos fondos de los Pinochet colocados en bancos ubicados en EE.UU; pues bien, era presuntamente el Santander la matriz de varios de esos bancos. La pieza separada a cargo de Garzón permaneció aparcada largo tiempo, permitiendo al Santander sortear sus obligaciones de entregar las sumas de los Pinochet a las víctimas (aquí Garzón ya no obraba como el héroe de las víctimas). Garzón no exigió al Santander el cumplimiento de sus obligaciones de informar de los fondos, permitiendo que se burlara el banco del juzgado y de las víctimas con respuestas evasivas, y todo esto sucede cuando Garzón está gestionando los patrocinios para irse a Nueva York. El Santander obtuvo una gran ganancia de la conducta omisiva de Garzón: concederle los 302.000 dólares de patrocinios para la Universidad de Nueva York era pura calderilla en relación al ahorro favorecido de no responder de las sumas de los Pinochet en filiales del banco.

Los focos de las luces de la razón tienen que proyectarse sobre la actividad de este juez y su relación con el primer banco español a fin de despejar las dudas que suscita.

Andreu debe ser investigado porque presenta zonas de sombra inquietantes en sus relaciones, en sus decisiones y en sus omisiones o dilaciones tocantes al Banco de Santander y a la familia que lo controla.

Nadie aclara qué medios de comunicación se han repartido el pastel de los 71 millones en publicidad institucional

La publicidad institucional, o lo que es lo mismo, el dinero que el Gobierno se gasta en hacerse propaganda en los medios de comunicación, sigue siendo una parcela escasamente transparente de los presupuestos generales del Estado. Mariano Rajoy ya es historia, pero sin embargo sigue sin saberse qué ha sido de los 71 millones de euros anuales que su gabinete destinó a publicitar sus proyectos e inversiones. Ni que decir tiene que el grueso del dinero que los populares se gastaron en ese cometido no fue a parar precisamente a medios críticos o alternativos. Por lo general son los periódicos (en papel y digitales), cadenas de televisión y emisoras de radio afines al poder los que son convenientemente regados cada año con el maná del dinero público, que a fin de cuentas es dinero de todos los españoles.

Prueba de que a un Gobierno no le interesa que se sepa qué negocios publicitarios mantiene con las empresas periodísticas del país es que de las ocho solicitudes de información que fueron presentadas ante el Consejo de Transparencia para aclarar el desglose de esos 71 millones, el Ejecutivo de Rajoy recurrió las ocho. A fecha de hoy nada se sabe de cómo se distribuyó ese dinero y entre qué medios de comunicación. La política del velo ha vuelto a funcionar.

Una especie de ley del silencio cubre este área de la Administración pública que a ningún Gobierno, y no solo del PP, le ha interesado airear desde que llegó la democracia. A nivel autonómico las comunidades autónomas sí están obligadas a publicar el desglose de sus gastos en publicidad institucional pero parece que esta norma no rige de la misma manera cuando es el Gobierno central quien tiene la obligación de rendir cuentas al ciudadano sobre cómo gasta su dinero cuando se trata de hacer negocios con la prensa.

Las subvenciones son uno de los cánceres de la prensa regional, que termina hipotecando su independencia periodística a cambio de unos miles de euros para cuadrar las cuentas a final de año

Curiosamente, es TVE el ente público que más recursos ha presentado contra las solicitudes del Consejo de Transparencia, una prueba más de que aquella casa, que debería ser ejemplo de imparcialidad y rigor informativo, está más politizada que nunca.

El Plan de Publicidad y Comunicación Institucional 2018 prevé una inversión de 71,5 millones de euros en 102 campañas publicitarias oficiales. Este año se ha invertido 1,38 millones más respecto al ejercicio anterior. El Plan de Publicidad tiene entre sus objetivos “anunciar medidas preventivas de riesgos o que contribuyan a la eliminación de daños de cualquier naturaleza para la salud de las personas o el patrimonio natural; comunicar programas y actuaciones públicas de relevancia e interés social; e informar sobre derechos y obligaciones legales, de aspectos relevantes del funcionamiento de las instituciones públicas y de las condiciones de acceso y uso de los espacios y servicios públicos”. Sin embargo, es bien sabido que más allá de la función social que cumplen estas campañas el objetivo último de sus inyecciones de capital en el sector periodístico es tener contentos a los medios de comunicación, que terminan convirtiéndose en entes adocenados y dependientes de las ayudas oficiales. Estos negocios publicitarios suelen repercutir negativamente en la actividad de los periódicos y cadenas de radio y televisión, que cuando tienen entre las manos una noticia escabrosa contra una institución u organismo público suelen pensárselo dos veces a la hora de publicarla, ante el temor a perder las jugosas ayudas.

En la prensa regional las ayudas institucionales que los gobiernos autonómicos, ayuntamientos y diputaciones provinciales conceden a los medios de comunicación locales se ha convertido en los últimos años en un auténtico cáncer para el sector periodístico. Las subvenciones que se otorgan cada año, lejos de ayudar a subsistir a los medios, terminan sirviendo para que el poder político tenga más fácil mediatizar o controlar la información negativa que afecta a un cargo público. Así, cuando llega a la redacción una supuesta noticia de corrupción, detrás suelen venir las consignas y amenazas de los despachos políticos para que el medio guarde esa denuncia en un cajón, o correrá el riesgo de perder la tan necesitada ayuda en publicidad institucional. La crisis de la prensa regional española tiene mucho que ver con estas subvenciones, una calderilla para las diferentes administraciones públicas pero que se ha convertido en tan necesaria como el oxígeno que se respira para la prensa de mediano y pequeño tamaño. Pocos medios locales (sin duda los más asfixiados por la crisis en el sector y la cada vez más escasa publicidad proveniente de la empresa privada) pueden permitirse el lujo de prescindir de la publicidad institucional, de modo que terminan hipotecando su independencia periodística a cambio de unos cuantos miles de euros en ayudas oficiales que permiten cuadrar los balances a final de año.

La tesis y la esposa de Sánchez armas de la caverna

No saben en la derecha española cómo actuar críticamente frente al presidente del Gobierno, más cuando al principal dirigente del PP, Pablo Casado, le está costando sudor y lágrimas justificar que no hubo conchabeo en la concesión de su master. Por ello intentan desviar el tiro con los curricula inflados de políticos y políticas del PSOE. Pero una cuestión es mentir en una hoja, en un CV, y otra que te regalen un master porque lo tienes apañado con el director del mismo, frente a otros alumnos que sí lo hicieron trabajando y esforzándose. Por ello han decidido poner en cuestión los títulos académicos de Pedro Sánchez y el trabajo que ha obtenido su esposa, Begoña Gómez, en la Universidad Instituto Empresa.

Ayer ya se comentaba en estas mismas páginas que Isabel Díaz Ayuso había metido la pata al difamar sobre la tesis doctoral de Sánchez en la Universidad Camilo José Cela. Ya advertimos que era más sencilla la crítica al presidente acusándole de haber estudiado toda su vida universitaria en centros privados cuando él defiende lo público. Pero eso, al fin y al cabo, les da igual porque ellos adoran los centros privados y querrían acabar con la Universidad pública (salvo las que les regalan títulos y son de su cuerda, como la URJC). Tienen que poner en duda la tesis de Sánchez introduciendo la malicia de que le han regalado el título, para lo cual tendrían que estar de acuerdo las cinco personas que formaron el tribunal de tesis, su director y quienes le hubiesen “donado” sus textos. Posible pero por la forma en que se compone el tribunal bastante inverosímil. Para lanzar esta sospecha difunden que la tesis de Sánchez no es pública y que debería estar disponible electrónicamente para cualquiera. Si no lo está es que algo esconde. Este es el argumentario. Y lo más sencillo, porque ante estupideces de políticos sin capacidad alguna salvo para mentir, es la explicación que no han pensado porque en el PP están acostumbrados a que les regalen los títulos: derechos de autor.

Algo que cualquier buen liberal entendería es que Sánchez no ha querido donar sus derechos de autor a la Universidad y por ello, al ser privada, no puede mostrarla. El presidente del Gobierno quiso proteger sus derechos y presentar sus conclusiones, sin necesidad de volver a escribir algo nuevo, en un libro. Tal y como hizo. No quiso regalar sus derechos de autor. Les puede parecer extraño, pero quien suscribe estas líneas tuvo su propia tesis doctoral sin que pudiese ser expuesta electrónicamente (no existía esa posibilidad aún) o publicarse porque no estaba por la labor de regalar a la Universidad los derechos de autor de un trabajo realizado con esfuerzo y sin ayudas de algún tipo. Otros con becas igual éticamente deberían estar obligados, pero en este caso se negó pese a haber obtenido la calificación de Sobresaliente cum laude que le otorgaba ese privilegio. Sólo cuando la Universidad Complutense de Madrid utilizó Commons para su uso electrónico permitió la libre difusión, como se puede comprobar aquí. ¿Tenía algo que ocultar? No, sólo quería que otros no se aprovechasen del esfuerzo propio. Pues Sánchez puede ser el mismo ejemplo.

Begoña Gómez no puede trabajar según la Caverna.

La otra noticia que vienen utilizando desde el PP y la caverna mediática es el nuevo trabajo de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Parece que por ser pareja de un político no se puede trabajar en España en empresas privadas. La Universidad Instituto Empresa le ha ofrecido la co-dirección del Centro de Estudios del África. Aún no se ha confirmado la aceptación, pero para Gómez es un lujo que te contraten para algo así en una de las mejores escuelas de negocio del mundo. ¿Ha tenido algo que ver la mano del presidente del Gobierno? Pues seguramente no y eso que tiene conocimiento con los dueños de la universidad (la institución SEK), que es la misma que la de la Universidad Camilo José Cela donde estudió e impartió unos meses clase.

Posiblemente en el Instituto Empresa hayan visto que al ser la esposa del presidente del Gobierno pueden obtener que se les abran puertas en los países africanos, sólo por el nombre. Pero eso no es ilegal, es un mecanismo más de estrategia empresarial. Nada que criticar. No hay ni cohecho impropio, ni dedazo como dicen desde el PP y los medios cavernarios. ¿No habían quedado en la derecha que la libertad económica era lo mejor? Parece que sólo si les toca a ellos.

Como suele suceder, la derecha nunca analiza las cosas y no saben criticar. Podrían haber dicho que la contratación de la esposa de un presidente, que se dice socialista, por uno de los templos del capitalismo y el neoliberalismo mundial hace chirriar los principios de Sánchez. Pero no lo han dicho. Podrían haber dicho que Gómez no tiene ningún tipo de experiencia en el mundo africano, pero eso es problema del IE. Podrían haber dicho que es extraño que siendo ella “conseguidora” de fondos (públicos) para ONGs acabe dirigiendo un Centro de Estudios de otro tema. Estrategia empresarial puede ser. Podrían decir que ha estado impartiendo clase y piensa impartirla sin estar acreditada por la ANECA como obligan al resto de profesores (salvo excepciones contadas por prestigio, que Gómez no tiene); que no posee ningún tipo de curriculum investigador (carece de publicaciones científicas); que su carrera no encaja con la docencia desarrollada tanto en la Complutense como ahora; u otras cuestiones por el estilo. Pero la derecha es torpe hasta para criticar. Desde luego está enchufada, porque no tiene acreditación para estar en una universidad impartiendo docencia, pero eso es problema de quien le contrata (como pasó en la UCM).

Desmontando el mito machista de que la mujer mata tanto como el hombre

La violencia machista ha provocado más víctimas entre las mujeres que el terrorismo de ETA en los últimos quince años, según publica hoy Diario16. Exactamente novecientas cuarenta y ocho víctimas desde 2003. Y sin embargo, pese a la contundencia del dato, en la calle y en las redes sociales siguen circulando los mismos comentarios irracionales, tópicos típicos sin ningún fundamento ni base estadística provenientes de lo peor del supremacismo masculino. “¿Cuántos hombres han sido asesinados por mujeres? ¿Lo sabe alguien? ¿Por qué el Estado ni tan siquiera contabiliza los varones asesinados?”, asegura un internauta ofendido que parece defender una especie de teoría de la conspiración de las altas esferas para ocultar la verdad sobre la violencia contra las mujeres.

En ocasiones el machista convencido suele esgrimir como argumento que la Ley de Violencia de Género que Zapatero puso en marcha en el año 2004 y el Pacto de Estado del año 2017 trataron de proteger solo a la mujer, olvidando conscientemente a los hombres que también sufren maltrato físico y psicológico. “No vale lo mismo la vida de un hombre que la vida de una mujer”, argumenta el denunciante, que se queja de que los datos de varones muertos a manos de sus parejas siempre se terminan silenciando. Nada de eso es cierto y obedece a un intento de querer poner en la misma balanza el terrorismo machista, un problema generalizado y endémico en nuestro país, y casos puntuales de mujeres que matan a sus maridos o parejas. Las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) muestran la tendencia sobre el número de muertes de hombres a manos de sus parejas o exparejas: 6 en 2008, 10 en 2009, 7 en 2010, 7 en 2011, 4 en 2012, 6 en 2013, 8 en 2014, 10 en 2015… Números que con ser trágicos no pueden compararse ni de lejos con las casi mil mujeres que fueron asesinadas en los últimos quince años.

Estudios oficiales realizados a partir de los datos de las fuerzas de seguridad del Estado, Fiscalía y CGPJ demuestran que los hombres matan un 390 por ciento más que las mujeres. Solo el pasado año más de 29.000 mujeres sufrieron violencia machista. Las estadísticas por comparación resultan demoledoras y desmontan el tópico patriarcal de que alguien pretende ocultar una situación que en realidad no existe.

Y sin embargo, la máquina del fango machista sigue propagando falsos mitos, infundios y mentiras. “Cuando se persiguió atacó y criminalizó a los negros se llamó racismo. Cuando se persiguió atacó y criminalizó a los judíos se llamó nazismo. Cuando se persigue ataca y criminaliza al sexo masculino pretenden llamarlo igualdad”, asegura el anónimo internauta que pretende articular un discurso pseudofilosófico que cae por el propio peso de los datos oficiales. “En España se incita al odio contra el hombre, todos los días a todas horas, en todos los medios, por todos los políticos, instituciones y todos los poderes del Estado. Se magnífica cada vez que un hombre comete un delito contra una mujer, ocultando cuando la violencia la ejerce la mujer contra el hombre, como ha ocurrido recientemente, en que la mujer asestó más de 30 puñaladas al hombre diciendo que si no era para ella no era para nadie”, insiste sin aportar más datos sobre el suceso. No es cierto, como aseguran los defensores de los supuestos derechos de los hombres maltratados, que el Estado no contabilice los casos de asesinatos de varones en el ámbito familiar. Lo que sucede es que la ley se concibió para proteger necesariamente a la mujer, ya que las estadísticas de maltratadas y asesinadas resultaban insoportables para una sociedad democrática y avanzada como es la española.

Y si es cierto que los hombres son maltratados en la misma proporción que las mujeres, como denuncian los integristas de los derechos masculinos, ¿por qué no lo denuncian? ¿por qué solo llega a los juzgados una parte ínfima -casi intrascendente en comparación con los miles de casos de violencia machista que se registran cada año-, de esos supuestos delitos cometidos por la mujer? Los representantes de la caverna machista suelen argumentar que el maltrato contra ellos es una “realidad silenciosa” debido a la falta de apoyos jurídicos a los hombres que quieren denunciar y porque las leyes en materia de protección a maltratados son prácticamente inexistentes. Una vez más, nada de eso es verdad. La Constitución, el Código Penal y el resto de leyes del ordenamiento jurídico amparan a toda persona que sea víctima de un delito. Si no hay más denuncias de hombres acosados es sencillamente porque no existen. También se esgrimen otras razones peregrinas como la falta de recursos del supuesto hombre maltratado (como si todos los agredidos fuesen pobres de solemnidad, oh casualidad) y que no existe un servicio asistencial, ni un teléfono de emergencias como en el caso de las mujeres. Hasta donde se sabe, las centralitas del 091 y la Guardia Civil, más las del Juzgado de Guardia, están operativas las 24 horas del día. Y en cuanto a los problemas de credibilidad, de falta de apoyo familiar y conciencia social y el miedo a denunciar por el ridículo y la vergüenza, se trata de explicaciones subjetivas, otro mito más que no se sostiene en estadísticas oficiales ni en estudios científicos.

Los datos son demoledores: el pasado año se tramitaron más de 29.000 denuncian de mujeres atacadas por sus maridos y parejas

Normalmente las explicaciones de los machistas suelen aferrarse al concepto metafísico de maldad, que anidaría de igual forma tanto en la condición masculina como en la femenina. Sin embargo, una vez más, las cifras revelan que los crímenes son más numerosos y sangrientos cuando vienen de manos del varón. “Existe exactamente el mismo número de mujeres malas y sin escrúpulos que hombres, pues el sexo de las personas no condiciona su bondad o su maldad, y existe exactamente el mismo número de hombres maltratados psicológicamente que de mujeres”, insiste el comunicante constituido ya en representante del poder patriarcal. De nuevo se equivoca. Según un reciente estudio sobre el homicidio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), publicado en 2014, el 95% de los homicidas a nivel global son hombres. La concentración de asesinatos entre hombres es una de las constantes más firmes de la Criminología. ¿Por qué? Los científicos aún no han dado con la clave: factores genéticos ancestrales, causas culturales, sociales y económicas, anomalías neurológicas y hasta el implacable imperio bioquímico de la testosterona podrían estar detrás del problema.

De modo que cuando los datos son los que son, el único argumento que le queda al varón machista es el recurso al pataleo, un discurso retórico sin base alguna y una afectada victimización. “En España no existe Estado de Derecho, existe una inquisición feminista de género en que todos los hombres están en una especie de libertad condicional que cualquier mujer sin escrúpulos puede convertir en prisión a su antojo obteniendo múltiples ventajas. España es la mayor vergüenza de un país supuestamente democrático y de derecho que persigue y discrimina derechos humanos fundamentales a personas por su sexo y orientación sexual, como así ocurre contra el varón heterosexual en las perversas leyes de género”, arremete el comunicante que contesta a la información de Diario16.

Finalmente al supremacista por razón de sexo, tras soltar su verborrea injustificada contra la mujer maltratada y en un último acto de soberbia e hipocresía, solo le queda el recurso malo de presentarse como supuesto defensor de los derechos humanos. “Todos estamos de parte de las víctimas, pero sean mujeres, hombres, blancos, negros, amarillos, gays, lesbianas, intergénero, todas las personas”. O, en un último acto de demagogia barata, casi de desvarío descabellado, considerar a los hombres seres perseguidos por su sexo o miembros de una raza oprimida a punto del exterminio por culpa de un “genocida criminal derecho penal” similar al que “los nazis aplicaron durante la persecución del pueblo judío”. Y es que donde falta la razón emerge la locura.

El 26,08% de los coches andaluces no pasan la ITV

Un total de 1.841.225 vehículos fueron inspeccionados durante el primer semestre de 2018 en las ITV que operan en la comunidad autónoma andaluza y que son gestionadas por la empresa pública Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA), dependiente de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. Esto significa que, hasta el pasado 30 de junio, se inspeccionaron 67.091 vehículos más que en el primer semestre de 2017, cuando se revisaron 1.774.134 vehículos, lo que supone un incremento del 3,78%.

De esta cifra, 1.807.485 inspecciones se realizaron en las 70 estaciones ITV fijas que la Junta de Andalucía tiene autorizadas en la comunidad, mientras que las 33.740 inspecciones restantes se realizaron en las 16 unidades móviles de inspección de vehículos agrícolas y ciclomotores (24.024 y 9.716 inspecciones respectivamente), adscritas a dichas estaciones fijas. De este total, 480.322 vehículos fueron rechazados, a los que se encontraron 1.066.337 defectos graves, los cuales tuvieron que ser reparados para superar la inspección; y 1.523.941 defectos leves. El porcentaje medio de vehículos que no superaron la ITV a la primera fue del 26,08%.

La provincia donde más inspecciones se realizaron fue Sevilla con 373.790; seguida de Málaga con 361.160; Cádiz con 225.598; Granada con 212.922; Córdoba con 185.417; Almería con 170.834; Jaén con 156.366 y Huelva con 121.398 inspecciones. A las primeras inspecciones, hay que añadir 502.360 segundas o sucesivas, que tuvieron que volver a pasar inspección tras no haber superado de forma favorable el primer examen. Esto hace un total de 2.343.585 inspecciones realizadas en el primer semestre de 2018 en Andalucía.

El grupo más numeroso de vehículos inspeccionados fueron los turismos particulares, que representan el 69,4% de las inspecciones, seguido de los vehículos de transporte de mercancías de masa máxima autorizada igual o inferior a 3500 Kg. (18,1%) y de las motocicletas y ciclomotores (5,6%). El apartado donde más defectos graves se detectaron fue el de alumbrado y señalización, con el 25,1%; seguido del de ejes, ruedas, neumáticos y suspensión, con un 20,1%; emisiones contaminantes, con un 15,1%; y frenos, con un 11,7%.

La Policía Local localiza e identifica a dos personas por un robo con fuerza en el interior de una empresa lorquina

La Concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Lorca, Belén Pérez Martínez, ha informado sobre una actuación reseñable desarrollada por agentes de la Unidad UPROL la pasada semana mediante la cual procedieron a la identificación y localización de dos personas implicadas en diversos delitos, concretamente una de ellas en un presunto delito de robo con fuerza y otra en un presunto delito de receptación. Esta actuación fue posible gracias a los operativos de seguridad desarrollados por las distintas unidades de la Policía Local.

El Cuerpo de Policía Local tuvo noticia de que una persona había accedido al interior de una empresa ubicada en Serrata trepando por la valla que circunda dicha instalación; el infractor había logrado sustraer varios objetos, abandonando la zona minutos más tarde con el botín conseguido. Por ello se estableció un dispositivo policial que dio como resultado la localización del presunto autor de los hechos en la puerta de un local dedicado a la chatarrería y ubicado en el Barrio de San Cristóbal, donde, presuntamente, pretendía vender los objetos sustraídos. Los agentes lograron recuperar los mismos en su totalidad, comprobando que se trataba de elementos muy específicos de acero inoxidable que formaban parte de maquinaria industrial y cuya sustracción había provocado la inutilización de dichas máquinas, con el consiguiente perjuicio para la empresa que sufrió el robo por no poder utilizarlas de manera temporal.

Los agentes procedieron a la identificación del titular de la chatarrería e intervinieron los objetos sustraídos, los cuales fueron restituidos inmediatamente a su legítimo dueño. Los autores de los hechos, J.M.G y C.G.M., de nacionalidad española, cuentan con numerosos antecedentes policiales y detenciones por hechos de similar naturaleza. Los hechos fueron comunicados a la Guardia Civil de Lorca desde donde se realizaron las averiguaciones y diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos y la puesta a disposición judicial de las dos personas implicadas en los mismos.

La Edil ha querido poner en valor “la importancia de los constantes operativos de prevención desarrollados por Policía Local que permiten a los agentes estar sobre el terreno y poder actuar ante una urgencia o necesidad de manera veloz, porque solo así se pueden dar respuesta a las necesidades de la sociedad. Del mismo modo hay que resaltar la colaboración con el resto de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que operan en el municipio para garantizar el bienestar de los ciudadanos”.

Ampliación de horarios del Metro de Málaga por la Feria

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Metro de Málaga, sociedad concesionaria de la Junta de Andalucía, inicia este viernes, 10 de agosto, su dispositivo especial para dar cobertura al incremento de la demanda previsto durante la Feria de Málaga, que se prolongará hasta el próximo domingo 19 de agosto. En la madrugada de este viernes al sábado, el horario se ampliará hasta las 02.30 horas de la madrugada para facilitar los desplazamientos de usuarios hasta el centro de la ciudad y poder así disfrutar del tradicional pregón y de los fuegos artificiales que constituyen el pistoletazo de salida de estas fiestas. El resto de días, incluida la madrugada del domingo 19 al lunes 20 de agosto, el horario comercial se extenderá hasta las 01.30 horas de la madrugada.

Esta ampliación horaria, que se suma al refuerzo del personal de línea y del servicio de vigilancia, equivale a 11 horas de servicio adicional frente al horario ordinario a lo largo de todo este periodo festivo. En el caso de la primera jornada, la ampliación es de una hora, ya que viernes, sábados y vísperas de festivo el servicio del suburbano concluye siempre a las 01.30 horas. Por su parte, el domingo 12, lunes 13, miércoles 15 y jueves 16 de agosto, el aumento es de dos horas y media por cada jornada, ya que en estos días el servicio ordinario finaliza a las 11.00 horas. El martes 14 de agosto y el domingo 19 de agosto, al ser ambas jornadas víspera de día festivo, se mantiene el servicio previsto en el conjunto del año, hasta la 01.30 horas.

En cuanto al inicio del horario comercial, el dispositivo especial de feria no implica variaciones, ya que en los días laborables se mantiene el comienzo del servicio a las 06.30 horas de la mañana, mientras que los festivos, así como los sábado y domingo, dará comienzo a las 07.00, tal como sucede el resto del año.

Durante todo transcurso de la feria, este servicio de transporte público adscrito a la Consejería de Fomento y Vivienda reforzará la vigilancia en trenes y estaciones, en previsión de un incremento en la afluencia de viajeros, y con el fin de facilitar el normal desarrollo del servicio en los momentos de máxima demanda.

La ampliación del servicio comercial a lo largo de la semana de feria tiene como  finalidad adaptar el ferrocarril metropolitano malagueño a las necesidades de la movilidad derivada de la agenda cultural y festiva de la capital, potenciando el servicio en aquellos eventos que propician un incremento sustancial de los desplazamientos en la ciudad, como es el caso de la Semana Santa, eventos deportivos, como los partidos del Unicaja Baloncesto y las carreras urbanas, o la mencionada Feria de Málaga.

Las Líneas 1 y 2 del Metro de Málaga hasta el Intercambiador de El Perchel-María Zambrano constan de una longitud total de doce kilómetros de trazado y 17 estaciones y paradas, que en 2017 transportaron un total de 5,7 millones de usuarios, casi un 10% más que el ejercicio anterior. La Consejería de Fomento y Vivienda, responsable del ferrocarril metropolitano, acomete actualmente las obras del tramo por el centro histórico, entre Guadalmedina y Atarazanas, y ha reiniciado de forma reciente las obras de terminación del tramo Renfe-Guadalmedina, a lo que se sumará la próxima licitación de la prolongación de la Línea 2 hasta el Hospital Civil.

Deloitte reconoce en su informe del Banco Popular una valoración de 2,24 euros por acción

En la resolución del Banco Popular intervinieron muchos organismos, tanto nacionales como europeos, que fueron presuntos cómplices de la operación de rescate del Banco de Santander y, por lo tanto, de la ruina de más de un millón y medio de seres humanos. La publicación por parte de la Junta Única de Resolución de su valoración y del informe «independiente» y definitivo de Deloitte demuestran, precisamente, la connivencia de los organismos europeos para que el Popular fuera intervenido y el Santander su único comprador.

Los dos informes de Deloitte carecen de verosimilitud. Nadie se los cree. Son un insulto a la inteligencia y a la dignidad de los afectados. Según distintos auditores consultados por Diario16, en los informes presentados se pueden detectar varias presuntas irregularidades para que su trabajo tenga la apariencia de ser serio y convincente, algo que, lógicamente, no han logrado. Nadie se cree el informe definitivo de Deloitte. Puede que, incluso, tampoco se lo crea la propia Deloitte.

En el informe provisional la auditora se quejaba tanto de la premura de tiempo como del poco material del que disponía para realizar una valoración acorde al Reglamento 806/2014 en su artículo 20: «Antes de tomar una decisión sobre una medida de resolución o sobre el ejercicio de la competencia de amortización o conversión de instrumentos de capital pertinentes, la Junta velará por que una persona independiente tanto de las autoridades públicas, entre ellas la Junta y la autoridad nacional de resolución, como del ente contemplado en el artículo 2 de que se trate, realice una valoración razonable, prudente y realista de su activo y pasivo». Por tanto, según las quejas de Deloitte, todo indicaba que ese primer informe no cumplía con lo indicado en la ley.

El mismo Reglamento, en su artículo 20.11 indica la necesidad de realizar un segundo informe para conocer los balances de la entidad remarcando que debía efectuarse a la mayor brevedad posible y que será distinto a la primera valoración: «Toda valoración que no cumpla todos los requisitos establecidos en los apartados 1 y 4 a 9 se considerará provisional hasta que una persona independiente según lo indicado en el apartado 1 haya llevado a cabo una valoración que cumpla plenamente dichos requisitos. Esta valoración definitiva a posteriori se efectuará tan pronto como sea posible. Podrá llevarse a cabo por separado o conjuntamente con la valoración a que se refieren los apartados 16, 17 y 18, y por la misma persona independiente, pero será distinta de dicha valoración». La JUR sólo sacó las dos valoraciones negativas de Deloitte no indicando la positiva, algo que incumplió con el Reglamento 806/2014 al no presentar dicha valoración segunda. ¿Qué ocultaba la JUR?

Respecto al informe definitivo de Deloitte, el documento comienza con los problemas que ha tenido para realizarlo que podrían haber sido sustanciales para poder acreditar si los resultados son extraídos de datos objetivos o conclusiones metodológicas sin apoyo en la realidad. A continuación, Deloitte trata de justificar que la valoración que realiza es de una empresa en liquidación y no de empresa en funcionamiento y las hipótesis que lanza son las propias de alguien que pretende excusarse sin entrar en el meollo del asunto:

  1. Insolvencia bancaria, sabiendo que no ha habido cesamiento en el pago de obligaciones, cosa que la legislación española exige para poder iniciar un procedimiento de insolvencia. La acreditación de dicho principio, insolvencia bancaria, se demuestra cuando el acreedor no ha podido hacerse cargo del pago de sus deudas. Y en este caso, no ha existido dicha posibilidad.
  2. Declaración FOLTF del BCE, del mismo organismo que lo aboca a la resolución por no concederle la liquidez necesaria y solicitada al ser condenado por el Banco de España al corte excesivo en las garantías y colaterales presentados. El BCE se mantuvo impasible ante el celo del Banco de España al no otorgarle la liquidez que el mismo BCE ya había aprobado, sólo que el supervisor español fue el que tuvo que tomar las decisiones, no sabemos por cuenta propia o por exigencias de instancias superiores.

Justificada la valoración que realiza por liquidación y sus motivos, Deloitte tiene que justificar también la venta al Banco Santander tal como lo realizó el FROB y la JUR. Es aquí donde hace la cuadratura del círculo. En la página 8 del informe se justifica la venta al SAN indicando «una menor depreciación del valor dado que implica una transferencia de un negocio en funcionamiento», es decir, una clara contradicción in terminis. No puede, primeramente, justificar el informe de valoración por liquidación afirmando que no era un negocio en funcionamiento y, a posteriori, confirmar que la venta se realiza al Santander como negocio en funcionamiento.

Más adelante, Deloitte indica lo siguiente: «En el contexto del dispositivo de resolución de la JUR, la Junta decidió que, de los cuatro instrumentos alternativos de resolución disponibles en la DRRB, el instrumento de venta del negocio era el más adecuado para cumplir los objetivos de la resolución». ¿Por qué es el más adecuado y quién tomó la decisión sobre qué instrumento aplicar y por qué?

En la página 18 del informe es donde Deloitte relata el escenario de insolvencia. Sin embargo, la JUR reconoció que la causa de la resolución fue de un problema de liquidez. La misma auditora reconoce que el Banco Popular disponía de 9.398 millones de patrimonio neto. Por tanto, la entidad tenía solvencia positiva y por tanto le correspondería a cada afectado una valoración de 2,24 euros por acción en base a ese patrimonio neto.

Uno de los ámbitos que señala Deloitte para la liquidación son las expectativas macroeconómicas. Actualmente, tenemos un mercado inmobiliario con ascensos de un 7,2 % de los precios de la vivienda en el año 2017 con perspectivas de crecimiento para este año 2018; unas ratios de morosidad cayendo, con una recuperación del crédito, tanto del consumo como hipotecario; aumento de los ingresos por comisiones y otros muchos factores que indican la banca, desde el año 2017, está empezando a despegar.

Uno de los puntos que nos clarifica el informe de Deloitte es la guerra de Allianz con el Santander para recuperar el valor que le fue expropiado por los organismos europeos, y que se encuentra todavía sin resolver, puesto que el Santander elude las responsabilidades y la JUR no quiere asumir la chapuza que hizo al valorar la alianza de la aseguradora alemana con el Banco Popular en casi 0 euros. El banco cántabro elude las responsabilidades de indemnización al vendérsele todo el negocio, incluido el que disponía Popular con Allianz, por un euro. Por su parte, Allianz no considera la resolución una venta de negocio, puesto que no se liquidó sino que se transfirió una empresa en funcionamiento.

Cuando se parte de unas premisas falsas, el resultado y conclusiones que se obtienen son falsos. Eso ha sido el trabajo que ha realizado Deloitte en el informe de valoración 3. Se desconoce si se ha realizado bajo el supuesto de cerrar el círculo que dictamina la JUR y no el que viene regulado y determinado en el Reglamento 806/2014 en su artículo 20, párrafo 11, donde se exige a la mayor brevedad posible el informe de valoración 2 que todo hace suponer lo tiene realizado Deloitte y que no ha sido enviado a la JUR, porque no lo ha solicitado. La experiencia con el Caso Banco Popular nos ha hecho ver que aquello que a la JUR no le interesa para defender sus intereses, no existe o no lo saca a la luz pública.

Todo este actuar de un organismo público hace temer que estamos volviendo a viejos tiempos en donde las instituciones públicas pierden el sentido de su existencia, que no es otro que la defensa del interés de los ciudadanos, para hacer políticas centrípetas de supervivencias de ellas mismas frente a los pueblos y cualquier entidad. De ahí a que los organismos públicos no solo se defiendan a ellos mismos frente a los demás, sino que para defenderse tengan que poner enfrentados a los demás, falta muy poco y están casi a punto de conseguirlo.

Felipe VI es el elemento que está cohesionando al independentismo catalán

Tiempos revueltos son los que está viviendo el independentismo catalán por la división y el enfrentamiento entre los distintos partidos que lo conforman, hecho que está provocando un debilitamiento de cara a su pulso contra el Estado. Sin embargo, hay dos elementos fundamentales que mantienen cohesionado el espíritu de quienes son favorables a una República Catalana: los presos políticos más los representantes que se encuentran fuera de España y Felipe de Borbón. Respecto a los primeros es lógico que sea un aspecto que una al independentismo dado que hay personas en la cárcel o en países extranjeros de todos un cada una de las formaciones secesionistas.

No obstante, lo que no es tan lógico desde la perspectiva sociopolítica es que sea el jefe del Estado uno de esos elementos de cohesión. Felipe VI, tras su discurso del día 3 de octubre, se posicionó claramente en el bando de la confrontación y se dirigió sólo a los ciudadanos catalanes que están de acuerdo con el discurso ultranacionalista de Albert Rivera o de Xavier García Albiol. Un Jefe de Estado no puede jamás dirigirse sólo a una parte de sus ciudadanos. Felipe de Borbón lo hizo, olvidándose, además, de que en la sociedad no hay sólo azules o rojos sino que hay pasos intermedios y su discurso del 3 de octubre también obvió a los millones que no tenían una posición definida respecto al Procés.

Se suele afirmar que Felipe de Borbón dijo lo que el Gobierno de Mariano Rajoy le dijo que dijera. Este hecho es muy grave. El Jefe del Estado, aunque con unas mínimas funciones políticas, debe mantener, precisamente, su independencia y libertad frente a tal o cual ideología o partido. Si se somete a lo que dictamine el Ejecutivo estará actuando igual que sus antecesores Felipe III con el duque de Lerma, Felipe IV con el conde-duque de Olivares o Carlos IV con Manuel Godoy, es decir, a las órdenes un valido. Un Jefe de Estado jamás puede posicionarse en la estructura ideológica de un partido, jamás, y Felipe de Borbón y Grecia lo hizo.

El cambio de gobierno ha provocado al independentismo la pérdida de uno de sus puntales de cohesión: la falta de diálogo por parte del gobierno de Mariano Rajoy. El cambio de actitud de Pedro Sánchez al ofrecer un espacio distinto a Quim Torra ha provocado que, en medio de la crisis existente entre los partidos secesionistas, sólo les queden dos aspectos de unión: los presos y Felipe VI. Para cualquier democracia el hecho de que el Jefe de Estado sea un elemento de unión para quienes lo desafían es intolerable. Ni siquiera Franco logró ser un fundamento de conexión entre las distintas ramas ideológicas que conformaban la oposición al Régimen. Por tanto, alguien debería reconsiderar la actitud del Jefe del Estado hacia Cataluña y sus instituciones para que el consenso y el espíritu democrático vuelva al lugar del que nunca tuvo que partir.