jueves, 7 mayo, 2026

Denunciada por prevaricación la alcaldesa del PP de Guadarrama

Santiago Aparicio
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Denunciada por prevaricación la alcaldesa del PP de Guadarrama

Ya se va convirtiendo en tradición en las filas del PP el negar sistemáticamente la documentación de lo que sucede en los ayuntamientos a la oposición, sea esta verde, roja o morada. Un espíritu caciquil que se creía erradicado en estos tiempos de “supuesta” transparencia institucional y que parece que sigue inoculado en el intelecto de algunos y algunas representantes públicas. Esperanza Gallut y Raúl Rodríguez, representantes de Sí se puede Guadarrama han debido presentar la denuncia para que esas trazas del caciquismo carpetovetónico acaban desapareciendo de la faz política patria y de la sierra madrileña en concreto.

Una denuncia por prevaricación de tipo administrativo, o sea actuar mal a sabiendas, ante una negación constante de la información y documentación del Ayuntamiento de Guadarrama. Hasta el 20 de abril de 2018 han sido 189 las solicitudes de documentación solicitadas, de ellas 88 no se han entregado todavía, una sí y las cien restantes se entregaron fuera de plazo, lo que dificulta la actividad de los representantes de la ciudadanía. Especialmente sangrante es la no entrega de los informes de fiscalización de la Cámara de Cuentas (de 2009, 2011, 2012, 2013 y 2014) en los que se da cuenta de irregularidades en la contratación del Ayuntamiento, así como otros informes de la misma referidos a asesorías laborales o jurídicas.

Otras cuestiones, como los datos relativos a algunos procedimientos judiciales en los que está inmerso el consistorio, también son ocultados de manera sistemática y únicamente se puede encontrar alguna referencia a los mismos en determinadas actas de la Junta de Gobierno Local en las que o bien la información es inexacta o sesgada. Algo similar sucede con numerosos aspectos relativos a las áreas de Medio Ambiente, Urbanismo, Personal o Tráfico, para las que la falta de transparencia y las incertidumbres se han convertido en denominador común.

Irregularidades que se han alargado en el tiempo. Un impedimento que se realiza mediante subterfugios porque los comités de transparencia y demás mecanismos al final del camino no realizan ningún tipo de sanción, por lo que sólo cabe la vía judicial que ha sido la realizada por los demandantes. Existe, además, jurisprudencia y casos similares como el del alcalde Carboneras en Almería. Si a ello se le suma numerosas contrataciones y actos de la alcaldesa y su equipo que quedan en el limbo del conocimiento, se puede calificar como un gobierno “caciquil”, tal y como ha hecho el secretario general de Podemos Ramón Espinar. Igual de esta forma las más de 1.700 peticiones de información (sumando las originales y las reiteraciones) no se acumularán más.

Ramón Espinar, Sol Sánchez de  Izquierda Unida y Ana Sabaté de Equo han acudido, junto a los diputados María Espinosa y Miguel Ongil (un verdadero experto en transparencia) o Fran Casamayor y Carolina Alonso de la ejecutiva de Podemos para apoyar lo que es un caso más del modo de actuación del PP. Espinar ha afirmado “que desde que en 1978 se conquistase la democracia en nuestro país ya no podemos tener en los pueblos caciques y la actitud de la alcaldesa de Guadarrama es caciquil, ya que impide la labor política de la oposición e imposibilita la normalidad de la vida democrática en este municipio. La querella presentada por nuestro compañeros es un aviso a todos los regidores que se comportan como caciques para decirles que vamos a estar muy encima de su gestión para que la democracia y la transparencia sean una realidad en la sierra de Madrid. Porque la transparencia es la vacuna contra la corrupción y por eso vamos a pedirla siempre y en todos los municipios”.

Sol Sánchez ha insisto en lo expuesto por Espinar, calificando de un fraude a la democracia lo que se viene haciendo en ciertos Ayuntamientos como el de Guadarrama por parte de la derecha (PP y sus compinches Cs). Para la co-portavoz de Izquierda Unida sin transparencia es imposible que haya democracia y es lo que vienen a querer los gobiernos del PP, que no haya control para poder campar a sus anchas. Por ello ha recordado, bien traído, la denuncia que presentaron desde IU contra el gobierno del PP en la Comunidad de Madrid por los contratos menores. Algo que sucede también en Guadarrama.

El PSOE exige al Gobierno regional que ampare a los pacientes afectados por el cierre de iDental

Roberta Biancarelli
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El PSOE exige al Gobierno regional que ampare a los pacientes afectados por el cierre de iDental
El vicesecretario general y portavoz del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, ha exigido a la Administración regional que ampare a los afectados por el cierre de las clínicas de iDental en la Región de Murcia, y que dé algún tipo de respuesta a los pacientes.
Lucas, que ha mantenido ya varias reuniones con los afectados, junto a otros miembros de la Ejecutiva regional del PSRM-PSOE, ha asegurado que esta situación está generando alarma social, porque se trata de la salud de las personas.
En su opinión, es inadmisible que el Gobierno regional mire hacia otro lado, porque, independientemente de quién tenga la responsabilidad, su obligación es velar por la ciudadanía.
“Hay cientos de pacientes afectados, que se han quedado con sus tratamientos sin terminar por la irresponsabilidad de otros”, ha comentado el portavoz socialista.
 “Queremos mostrar todo nuestro apoyo a los afectados. Nosotros los estamos escuchando y estamos trabajando para que la Administración pueda darles alguna solución, el Gobierno regional tiene que dar una respuesta política”, ha concluido.

El PSOE urge al Gobierno de López Miras que de forma inmediata proceda a la caducidad de la concesión administrativa de Puerto Mayor

Kerman Barcáiztegui
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El PSOE urge al Gobierno de López Miras que de forma inmediata proceda a la caducidad de la concesión administrativa de Puerto Mayor
La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Yolanda Fernández Sánchez ha reclamado al Gobierno de López Miras que de forma inmediata proceda a la caducidad de la concesión administrativa para las obras de construcción de un puerto deportivo en El Estacio, de la Manga del Mar Menor, otorgada a la empresa Puerto Mayor, S.A. Esta petición la realiza al conocerse el dictamen del Consejo Jurídico de la Región de Murcia tras la sesión de este órgano del pasado 27 de junio.
Fernández Sánchez recordó que en el año 2004, el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero ya instó al Gobierno regional del PP a que procediera a la nulidad de dicha concesión, así como de las resoluciones aprobadas por la Dirección General de Calidad Ambiental, por considerar que se decretaron de forma anómala e irregular, pero hicieron caso omiso. En el dictamen del Consejo Jurídico se asegura que en sus inicios se carecía del proyecto, de la evaluación ambiental y, posteriormente, de tener la declaración ambiental desfavorable.
La parlamentaria socialista destacó que “han pasado 8 años desde que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia emitiera la sentencia en la que se anulaban dos resoluciones: la del año 1988, en la que se ampliaba el plazo para la ejecución de las obras; y la de 2003, aún pendiente de anulación, que daba luz verde a la continuación de las obras.
Yolanda Fernández indicó que una vez que se cumpla esta resolución, “el Partido Popular no tendrá más excusas para no proceder inmediatamente a la anulación de la concesión a la empresa Puerto Mayor, S.A., para que por fin, las obras realizadas puedan ser eliminadas y el espacio marítimo liberado”.
La diputada socialista añadió que son distintas las denuncias e iniciativas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista durante varias legislaturas, interesándose y exigiendo el cumplimiento de cuantas sentencias y resoluciones afectan a Puerto Mayor. La última fue una interpelación al consejero de Fomento, presentada el pasado mes de junio, para pedirle explicaciones sobre el incumplimiento de una moción presentada por el PSOE y aprobada en febrero de 2016, en la que se exigía la declaración de caducidad de la concesión a Puerto Mayor, S.A., así como la reposición de la zona a la situación inicial de diciembre de 1988.

El PSOE vuelve a solicitar que la vía rápida Lorca-Águilas se reconvierta en autovía tras incumplir el Gobierno de López Miras su compromiso

Roberta Biancarelli
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El PSOE vuelve a solicitar que la vía rápida Lorca-Águilas se reconvierta en autovía tras incumplir el Gobierno de López Miras su compromiso

El concejal del PSOE, David Romera, ha vuelto a reclamar que el Gobierno regional, por medio de la Consejería de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio, “reconvierta definitivamente en autovía” la carretera desdoblada que discurre entre las ciudades de Lorca y Águilas “con todas las características que presentan este tipo de vías de gran capacidad, puesto que la situación actual no garantiza la plena seguridad de los miles de conductores y usuarios que circulan diariamente por ella”.

En los últimos años se han registrado graves accidentes con víctimas mortales cuya principal causa es la salida de la vía y vuelco de los vehículos “dado que existen amplios tramos a lo largo de los 35 kilómetros que separan estas dos localidades donde la carretera carece completamente de quitamiedos, a pesar de la existencia de curvas de gran radio y pendiente, tramos zigzagueantes, amplias cunetas y precipicios que constituyen un serio peligro”.

Hace más de diez años, apunta Romera, se llevaron a cabo algunas actuaciones de mejora, pero la reconversión en autovía de la vía desdoblada Lorca-Águilas “no está concluida”, pese al “elevado tráfico diario que soporta, cifrado en 15.000 vehículos, que se ve incrementado muy notablemente en verano”. El concejal socialista sostiene que “aunque esta vía no tenga la consideración técnica de autovía, los conductores y usuarios que la utilizan, sí le otorgan de facto esta consideración, lo que constituye un problema” que el Gobierno regional “no termina de visualizar pese a ser una demanda largamente reivindicada por vecinos y empresarios lorquinos y aguileños”. Además, insiste el edil socialista, “no existe en toda la Región de Murcia una vía desdoblada de estas características sin tener la consideración de autovía, lo que constituye un agravio comparativo” con la comarca lorquina.

Romera detalló las carencias de esta infraestructura de gran capacidad, pues “carece de malla de seguridad en todo su trazado que impida el acceso de animales a la vía”, al tiempo que resulta trascendental que se instalen “barreras de quitamiedos de última generación con protecciones SPM (Sistema de Protección para Motociclistas) en los amplios tramos donde éstas no existen para evitar las salidas de los vehículos de la vía en caso de distracción o accidente, o evitar que los motociclistas accidentados sufran graves mutilaciones o la muerte”. Consideró asimismo que es necesario mejorar la señalización horizontal y renovar la vertical, la modificación de los peraltes, así como implementar el sistema de seguridad pasivo consistente en bandas rugosas sobre las marcas viales que delimitan la calzada del arcén para crear un efecto de alarma y atención del conductor en caso de que éste sufra somnolencia.

Romera recalca que “para reconvertir la vía desdoblada entre Lorca y Águilas en una autovía de pleno derecho, es imprescindible que se acometa la construcción de una vía de servicio paralela en los tramos donde ésta no existe”.

Desde el PSOE se recuerda que el pasado mes de noviembre, por iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, se presentó en la Asamblea Regional una  iniciativa para que dicha vía sea reconvertida en su totalidad en una autovía, consiguiéndose el respaldo de todos los grupos del Parlamento autonómico y el compromiso del Gobierno regional, presidido por el lorquino Fernando López Miras. Desde entonces, nada se ha llevado a cabo. Además, desde el Grupo Municipal Socialista se consiguió el arreglo de las señales luminosas limitadoras de velocidad en la bajada en dirección a Lorca a la altura del centro comercial Parque Almenara que llevaban años estropeadas.

Los rincones ocultos de De la Torre

Diario16
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Los rincones ocultos de De la Torre

El candidato a la alcaldía de Málaga, Iván González, y la coordinadora en la ciudad por Libres, Rosa Aguilar, han visitado este miércoles la barriada de La Princesa y, más en concreto, la zona sobre las vías soterradas del tren, cercana al instituto Miguel Romero, que sirve de tránsito para muchos vecinos que en verano van a la playa de Huelin, y que ahora está convertida en un descampado abandonado donde se acumula basura y que se hace intransitable cuando cae la noche.

“Esto podría convertirse en un gran bulevar si el equipo de gobierno del PP lo dotase de un equipamiento básico: una zona verde, bancos, arboledas, parques infantiles, caninos, alumbrado ecológico, fuentes, etcétera”, ha explicado Aguilar, quien ha añadido que el nuevo paisaje conectaría así con los antiguos terrenos de Repsol, “donde se ubicaría el necesario pulmón verde que Málaga necesita”.

Pero para los dirigentes de Libres se trata también de impulsar la barriada desde el punto de vista social y económico. “En esa gran zona verde se podría instalar un ecomercado de no más de dos plantas de altura y que guarde el máximo respeto al medio ambiente para dar cabida, entre otros, a los comerciantes de la red de mercados municipales. Sería compatible con una plaza central para el ocio y esparcimiento de los malagueños, contando a su vez con plazas de aparcamiento gratuitas para convertir estos terrenos en el motor económico de un barrio tan castigado por la crisis”.

Por todo ello, Iván González considera inadmisible “que se trate la calle Larios como una calle palacial y, en cambio, se mantenga este bulevar de La Princesa como un auténtico erial. Se ha de gobernar para todos por igual o, al menos, intentarlo porque no hay malagueños de primera y malagueños de segunda. Lamentamos tener que repetirlo como si fuese un mantra, pero es la triste realidad que nos encontramos en todos y cada uno de los barrios de nuestra querida ciudad”.

Memoria de Orgullo LGTBI

Diario16
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Memoria de Orgullo LGTBI

En las calles de todas las ciudades se cruza la memoria de historias de amor, de juegos de deseo, de luchas por la libertad, de golpes que vinieron a reprimir lo irreprimible. La ruta Memoria de Orgullo, organizada por el Instituto 25 de Mayo para la Democracia (I25M), la Secretaría de Feminismos Interseccional y LGTBI y el Área de Memoria Democrática y Antifascismo de Podemos, recorre algunos lugares clave de esa memoria en Madrid, para intentar revertir la invisibilización y el silencio, y recuperar una genealogía imprescindible de resistencia y deseo.

El itinerario recuerda las primeras marchas LGTBI en nuestro país (calle Preciados); los lugares de encuentro durante el franquismo y la Transición; la historia de los Sonetos del amor oscuro de Federico García Lorca (plaza de Santa Ana); las veladas literarias –y algo más– de la tertulia Versos con faldas de Gloria Fuertes (carrera de San Jerónimo); y termina con un homenaje al cupletista Miguel de Molina (El Pavón Teatro Kamikaze).

Al final del recorrido se colocará una placa conmemorativa en la fachada del teatro. En el acto intervendrán Aitzole Araneta (responsable del Área estatal LGTBI de Podemos) y Miguel Urbán (eurodiputado y responsable del Área estatal de Memoria Democrática y Antifascismo de Podemos). También asistirán Sofía Castañón (diputada y secretaria de Feminismos Interseccional y LGBTI de Podemos) y Mar García Puig (diputada de En Comú Podem en el Congreso).

La ruta ha sido diseñada por Experimenta Madrid, está abierta al público y para participar no hace falta inscripción. Además, el Instituto 25M ha editado un mapa con las historias del recorrido, para poder hacer memoria de orgullo todas las semanas del año.

Hace 40 años, la homosexualidad dejó de ser delito en España. Según los datos que existen, más de 4.000 personas fueron encarceladas por este motivo durante el franquismo. El número de desapariciones y asesinatos se desconoce. En 1977, cuando los presos políticos salieron de las cárceles con la Ley de Amnistía, las personas condenadas por “prácticas de homosexualismo” siguieron en ellas. Ese mismo año se produjo en Barcelona la primera marcha legal por los derechos LGTBI, encabezada por seis transexuales. Recuperar esa memoria, declarar la nulidad de esas condenas y realizar las debidas reparaciones sigue siendo una deuda pendiente.

En Madrid, la primera manifestación permitida del Orgullo tuvo lugar en 1978. Las calles de esta ciudad, testigos mudos de tantas historias, las cuentan a gritos cuando se sabe dónde mirar. Seguir las huellas que dejaron —heridas y fiestas, poemas y golpes— es un modo de hacer camino junto a quienes aún no pueden ser y amar en libertad.

El acta del Popular del 6 de junio, al igual que la JUR y Deloitte, reconoce que la entidad era solvente

Esteban P. Cano
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El acta del Popular del 6 de junio, al igual que la JUR y Deloitte, reconoce que la entidad era solvente

El cambio en el Ministerio de Economía, la cercanía de las comparecencias en el Congreso de los Diputados de Emilio Saracho y Rodrigo Echenique, los movimientos de la Justicia europea, la cada vez más cercana posibilidad de que el juez Fernando Andreu imponga medidas cautelares a la operación —entre las que se podría contar la imposición al Santander de una fianza superior a los 10.000 millones de euros— están provocando que la entidad presidida por Ana Patricia Botín esté sacando toda la artillería mediática de la que dispone para crear confusión entre los afectados. Por otro lado, el banco cántabro está presentando informes en los reguladores por los cuales quiere hacer ver, basándose en filtraciones sobre el informe de Deloitte —tal vez ellos ya hayan tenido acceso— que la rentabilidad que hicieron pública a bombo y platillo el día 7 de junio con un hecho relevante publicado apenas 23 minutos después de anunciar la compra por un euro del Popular (un documento en Power Point de 43 slides que es imposible de realizar en tan poco tiempo con todos los datos que en él se exponen) con el fin de rentabilizar aún más la operación con dinero público, tal y como informamos en Diario16 hace unos días.

Sin embargo, en el acta del Consejo de Administración no se afirma en ningún momento que el banco no tuviera solvencia. El Banco Popular era solvente cuando fue intervenido. Sus cuentas ofrecían una imagen fiel de la realidad de la entidad, tal y como quedó demostrado con los test de estrés del BCE de 2.016 que fueron superados sin problema incluso sin contar con los 2.500 millones de la ampliación de capital. La solvencia de un banco es un hecho contable, no da pie a la opinión o la interpretación. A través del examen de miles de documentos a los que ha accedido Diario16, se llega a la conclusión de que el Popular era solvente cuando fue intervenido.

No es Diario16 quien afirma esto sino los propios reguladores. El informe de Deloitte realizado para la Junta Única de Resolución (JUR) revela un valor del patrimonio del Banco Popular de más de 11.000 millones de euros. Sin embargo, dicho informe era de liquidación y no de valoración y, por tanto, partía de una base errónea de que la entidad estaba en liquidación. Por tanto, aunque el Popular tenía solvencia acreditada y que en la actualidad continúa activo y produciendo beneficios para el Santander, se hizo una valoración negativa. Dicho informe es contundente a la hora de calificar las causas de la caída del Popular: una crisis de liquidez generada durante el segundo trimestre del año 2.017, es decir, durante la gestión de Emilio Saracho, nada que ver con la ampliación de capital.

En el informe de la JUR se indicaba también que el día 7 de junio no había ningún motivo para retirar la licencia bancaria al Popular para seguir operando ya que no infringía ninguno de los límites legales exigibles de solvencia, recalcando que cumpliría con los niveles de capital hasta el año 2.019. Es importante que el informe también recalca que no era necesaria ninguna acción de reforzamiento de capital en el caso de que el Popular redujera su apalancamiento a partir de 2.019, algo que estaba previsto en el Plan de Negocio que frenó el Ministerio de Economía de Luis de Guindos a través de la Secretaría General del Tesoro de Emma Navarro y que Emilio Saracho se negó a llevar a efecto.

Sin embargo, el Santander pretende hacer ver que en la reunión del Consejo del Popular del 6 de junio Emilio Saracho reconoció que también había un problema de solvencia o que se incumplirían las ratios mínimas a finales del mes de junio. La realidad es que en el cajón o en el disco duro de Saracho había dos ofertas de ampliación de capital —Barclays y Deutsche Bank— que garantizaban una cantidad mínima de 4.000 millones de euros que podría llegar a los 8.000, tal y como adelantó en exclusiva Diario16. Sin embargo, Saracho también tenía ofertas para vender activos no estratégicos —WiZink y TotalBank— que habrían incrementado no sólo la solvencia sino también la liquidez. Todo ello sin contar que no se accedió a la totalidad de la línea de liquidez de urgencia por valor de 9.500 millones porque no se presentaron todos los colaterales disponibles, tal y como reconoció el subgobernador del Banco de España, algo que se corroboró con la publicación en este medio del listado de garantías presentadas. Por tanto, la realidad fue que Saracho no contó toda la verdad en ese Consejo de Administración, sino que expuso los puntos que el documento enviado por Uría y Menéndez en relación a la inviabilidad y su declaración.

Saracho tenía mucha prisa y abandonó vociferando el Consejo, yéndose, incluso, del propio Edificio Beatriz, hecho que provocó que cuando hubo que firmar la carta de declaración del estado FOLTF no se encontrara disponible y, según fuentes muy cercanas al Banco Popular, esa carta la tuvo que signar otra persona. Sin embargo, antes de esa reunión Saracho no estaba nervioso, más bien al contrario, ya que, según distintos testigos consultados por Diario16, fue visto fumando y hablando tranquilamente por su BlackBerry en la calle Velázquez minutos antes de que se iniciara el Consejo. Él sabía lo que tenía que decir porque disponía de las instrucciones remitidas por Uría y Menéndez el día 2 de junio.

Diario16 dispone del acta de ese Consejo de Administración desde el pasado mes de octubre y fue puesto a disposición de la Audiencia Nacional junto a otros documentos, documentación que fue aceptada por el juez Fernando Andreu a instancias del Fiscal Anticorrupción. Esa acta ha sido denegada a letrados por parte del Santander. Hasta ahora, no la habíamos publicado íntegra, pero ha llegado el momento de que así sea para que todos los afectados puedan disponer de la misma:

Ciudadanos gobierna poco, mal y con presunta corrupción

Santiago Aparicio
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Ciudadanos gobierna poco, mal y con presunta corrupción

La operación Enredadera de la UDEF ha producido una devastación en numerosos Ayuntamientos de toda España. La causa es la presunta red de corrupción (tráfico de influencias, malversación, amaños, etc.) tejida desde la empresa Aplicaciones Gespol S.L. del Grupo Sacyr y que se dedica a mecanismos relacionados con la seguridad y las policías locales (semáforos, sistemas de control de velocidad, radares, etc.), hasta acumular según las primeras informaciones más de 1,5 millones de euros. Rápidamente la propia empresa madre, Sacyr, ha decidido abrir una investigación para saber qué ha pasado. Pero estando el empresario José Luis Ulibarri, ya imputado por el caso Gürtel, de por medio (se piensa que ha sido el conseguidor), presuntamente nada bueno parece que van a encontrar.

Implicados hay de PP, PSOE y ¡oh sorpresa! de Ciudadanos. Lo que podría verse, por acumulación y extensión de poder territorial, como “normal” para los partidos del bipartidismo clásico, es sumamente sorprendente en el caso de la formación populista de derechas. Casi no gobiernan en ningún sitio y donde lo hacen parece ser que ya están metiendo la mano en la caja presuntamente. Como grandes ayuntamientos donde gobiernan tienen Arroyomolinos en Madrid, y cuyo alcalde Carlos Ruipérez ha sido detenido dentro de la operación Enredadera. Es curioso porque el alcalde acababa de reforzar su poder dentro del consistorio madrileño hace pocas fechas al aceptar a un tránsfuga del PSOE, José Vicente Gil.

Más curioso aún, porque en la formación naranja todo son sorpresas día tras día, es que tenga a dos detenidos más que no gobiernan en ningún lado en sí, sino que son apoyo de gobiernos del PP (¿qué raro?) en Castilla y León. Así, el portavoz de Ciudadanos en San Andrés del Rabaneda en León, Juan Carlos Fernández, ha sido detenido. Como también lo ha sido el asesor de Ciudadanos en la Diputación de León y gran polemista en las redes sociales Sadat Maraña. No han llegado al poder y presuntamente ya están delinquiendo. Los que venían a restaurar la dignidad, a regenerar la política española ya están siendo cazados sin necesidad de gobernar. Y donde gobiernan pues también según parece.

Desde Ciudadanos se han apresurado a sacar una nota de prensa, como ha hecho el PSOE por su lado, afirmando que suspenderán de militancia a los que están implicados y luego, si la Justicia los imputa, los expulsarán de la formación naranja. Eso sí, indicando primeramente lo maravillosos que son las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, no vaya a ser que pierdan los votos que intentan afanarse con cierto sindicato: “Ciudadanos (Cs) muestra su agradecimiento a jueces, fiscales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) por su lucha contra la corrupción”.

Sin embargo, dentro de la formación naranja, con el control sectario que tienen de todos sus cargos electos, es raro que no se hayan dado cuenta de las irregularidades cometidas en distintos puntos de España. Igual se les ha escapado porque estos eran de esos presuntos concejales que pagaron su entrada en la lista, como ya denunciamos. O que el sistema de comisariado político del pueblo naranja funciona mal. Da igual cualquiera de las opciones, el caso es que Juan Manuel Villegas ha metido la pata hasta el corvejón. Y su jefe también es responsable subsidiario.

Todo lo que viene sucediendo demuestra que Ciudadanos no es de fiar y además son incapaces de gestionar bien. Ya contamos en estas mismas páginas que Guillermo Gross, quien abandonó hace pocas fechas la formación naranja, se mostró incapaz de gestionar el Ayuntamiento de Valdemoro y acabó quebrándolo. Intentó ejercer el cuñadismo con Hacienda diciendo que sí que pagarían con estampitas y que sus propuestas eran lo mejor del mundo, pero no coló. Es más, hizo lo imposible en una institución pública, quebrar lo que ya estaba quebrado.

Mientras, su jefe de filas seguía la linde intentando vender a los españoles otra cosa, que eran distintos. Pero no, no ha colado. Son incluso peores. PP y PSOE por cantidad de lugares donde gobiernan pueden tener algún sinvergüenza en sus filas (bueno en el PP ganan en cantidad y altura de cargos), por pura probabilidad. Pero en Ciudadanos que casi no está presente a nivel municipal ya acumula quiebras, corruptelas y cuestiones como acosar a trabajadores discapacitados. O el pago de la sede de Huelva con dinero de la Diputación onubense. No sólo son neofalangistas, populistas, demagogos, cuñados y un peligro para España, sino que además tienen la querencia ya de meter presuntamente la mano en la caja. Y habla Villegas de que Sánchez es un chollo. Pues el chollo parece ser llegar a cargo público de Ciudadanos.

A propósito del cierre de El Correo TV por la Junta

Pepe Fernández
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A propósito del cierre de El Correo TV por la Junta

Con la llegada de la caló de agosto El Correo TV deberá irse a negro y despedirse de sus telespectadores sevillanos. La emisora que Antonio Morera Vallejo le compró a un empresario de Huelva, adjudicatario en su día de la licencia en Sevilla, deberá desaparecer en tanto que la Junta de Andalucía ha resuelto hace semanas el decreto de concesión de la nueva configuración de las estaciones de televisión digital o para ser más exactos y rigurosos “Licencias para la prestación del servicio de comunicación audiovisual televisivo privado de carácter comercial de ámbito local en Andalucía”

Supervisando todo el desarrollo del concurso el vicepresidente y consejero de Presidencia Manuel Jimenez Barrios, de quien depende la política de comunicación del ejecutivo de Díaz.

La primera adjudicación fue invalidada por el Tribunal Supremo y es por esta razón por la que se convocó un nuevo concurso cuyo resultado final ha sido distinto al primero.

Analizando las concesiones del consejo de Gobierno del 19 de junio pasado presidido por Susana Díaz y los nombres de los empresarios/empresas afortunados con las adjudicaciónes, a la primera conclusión que se llega es que en tres décadas nada ha cambiado en la Junta respecto a la política de concesión de licencias de medios audiovisuales.Una competencia exclusiva de la administración autonómica desde 1982 con Rafael Escuredo.

Entre otras cosas tampoco varía mucho que estas decisiones siempre se toman días antes de las vacaciones de julio y agosto, de ahí que el asunto quede fuera de la polémica social, solo para comentarios entre la gente del sector.

Nuevamente estamos ante el típico reparto ‘entre col y col, lechuga’, o sea en este caso la lechuga son los amigos cercanos o de conveniencia para el partido o a los intereses políticos de dirigentes del propio PSOE. Aunque en esta ocasión también el PP parece que ha sacado su tajada a través de su gente amiga. segun cuentan en El Observador.

De igual forma que sorprende el que se le haya adjudicado a una entidad religiosa (adventista) una cadena de frecuencias por toda la región. ¿Solo una confesión religiosa ha accedido a un bien escaso como son las frecuencias de Tv?

Choca igualmente ver como se le otorga licencia de TV a uno de los principales enemigos mediáticos que desde el oriente tuvo el proceso autonómico andaluz que desembocó en el 28F.

No sorprende tanto que irrumpa con fuerza por el número de concesiones en el mundo televisivo el Grupo Información, (Publicaciones del Sur S.A.) propiedad de los empresarios José Antonio Mallou y Severiano López Martín, quienes han asumido la línea editorial progubernamental del frustrado proyecto de 8TV, canal inaugurado en su día por Joaquín Durán, subdirector de la RTVA, en la que iba a ser un Canal Sur en pequeñito y privado.

Pero ¿Se han creado puestos de trabajo?

Pero al margen de las cuitas, mamoneos y arreglos que se han ocultado históricamente en este tipo de concursos y adjudicaciones, la gran pregunta que hay que hacerse, puestas como están las cosas, es cuántos puestos de trabajo ha creado realmente la política de concesiones audiovisuales de la Junta de Andalucía desde 1982 en nuestra comunidad y, cuántos, se deberían haber creado realmente. Sería muy sencillo hacer las cuentas aproximadas, bastaría con sumar los puestos de trabajo que se aseguraba se iban a crear en las peticiones de licencias por parte de los operadores y, a renglón seguido, sumar los que realmente se han creado con datos de oficiales de Empleo, donde se hayan creado. El amigo asturiano Blas Herrero (también beneficiado en este concurso de TV) se le adjudicó una cadena regional entera de 12 emisoras de FM por toda Andalucía y las convirtió en repetidores, emitiendo desde Madrid su producto musical Kiss FM, gran parte de la programación realizada mediante un ordenador. Previamente se las alquiló a Uniprex (Onda Cero) en uno de los contratos más caros, raros y escandalosos de la historia de la radio comercial privada. Fue la época de Aznar, Villalonga, Admira, Telefonica…

Solo en el ámbito radiofónico, que es el que más conozco, estoy convencido que, de haberse cumplido con la literalidad de los decretos, el paro en el sector de la comunicación sería infinitamente inferior al que hoy padecemos, mientras las facultades siguen fabricando jóvenes comunicadores que, o se marchan fuera o acaban en un McDonald o repartiendo pizzas.

Imaginen el número de puestos de trabajo a crear en el apartado televisivo, emisoras que para poder cumplir la función social a la que se han comprometido al concursar, no pueden hacerlo con un solo trabajador, emitiendo cansinas repeticiones, documentales caducos, películas gratuitas de Youtbe que rezuman violencia y machismo o enganchados al satélite y al tarot. Un zapeo al dial de nuestra TDT es el ejercicio más recomendable para poder comprender una política de concesiones donde se ha pensado más en el negocio o los compromisos de algunos que en los intereses generales de los andaluces. No siempre el que pide la licencia y es adjudicatario la acaba explotando, normalmente la alquila o la traspasa como si fuera un taxi o un estanco. Eso, para mucha gente, en el campo de los medios se llama corrupción política, aunque sea un empresario o un consolidado grupo de comunicación el que mercadee y subarriende las frecuencias para emitir teletiendas y sanear su cuenta de explotación. La Junta está para que la Ley se cumpla, y sino que se lo pregunten al histórico radiofonista almeriense Andrés Caparrós contra el que ha actuado de forma implacable.

Según Antonio Morera su problema con la Junta se circunscribe a un defecto técnico, procedimental, el no haber presentado un CD con la documentación en pdf exigida en el concurso. El empresario de seguros y reaseguros presentó su solicitud para ser licenciataria en las nueve demarcaciones para las que se presentó en el concurso convocado en agosto de 2016: Dos Hermanas, Estepa, Huelva, Lepe, Málaga 1, Málaga 2, Marbella, Sevilla 1 y Sevilla 2.

Es posible que formalmente ese sea el clavo ardiendo al que la Junta de Andalucía y sus responsables políticos se han agarrado para dejar fuera de juego a Antonio Morera. Llegados a este punto cabe preguntarse si la administración socialista ha sido o va a ser tan rigurosa, escrupulosa y formalista como lo ha sido con Morera y sus solicitudes de frecuencias en todos aquellos concursos que de ella dependen. Desde luego si tomamos como referencia la hemeroteca de estos años y muchos sumarios judiciales no parece que esa haya sido una práctica habitual de este y anteriores gobiernos de la Junta.

Por tanto, apúntenme en la lista de los que no se creen que esto sea solamente una cuestión burocrática de un CD extraviado en un cajón del Cortijo de La Gota de Leche, sede del imperio Morera. Mucho me temo que, en el fondo, estemos asistiendo en directo a un fenómeno  muy extendido en la historia reciente de nuestra tierra. Los habitantes de la Junta son los que, con sus decisiones políticas, deciden quien no es o quien puede ser empresario del sector de la comunicación. ¿No le colocaron a Alfonso Gallardo, el rico el chatarrero  extremeño amigo de Rodriguez Ibarra, el que quería un oleoducto por Doñana, la prensa regional del Grupo Prisa por nueve mil millones largos de pesetas?

No nos engañemos, porque existan más medios no aumentará el pluralismo y la calidad de la información que se transmite al ciudadano desde canales públicos en concesión. El único problema es que, gran parte de lo que supone mantener ese modelo de teles sin audiencia, lo soportaremos los ciudadanos y ciudadanas con nuestros impuestos, vía publicidad o convenios institucionales. Imaginen a qué intereses  se sirve en esos casos. Pues eso.

Nota 1:

Mi solidaridad y apoyo a los compañeros y compañeras de ‘El Correo TV.’

Qué les voy a contar que ellos no sepan, víctimas y supervivientes de tantas guerras injustas. ¡Mucho ánimo y mucha suerte amigos!

Nota 2:

No he visto ninguna nota ni nada de la Asociacion de la Prensa de Sevilla sobre este tema, tan oportuna siempre en sus tomas de posición en apoyo de los profesionales del periodismo.

Esperanza en México tras la treintena perdida

José Luis Torremocha
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Esperanza en México tras la treintena perdida

Andrés Manuel López Obrador consiguió a la tercera convertirse en el presidente de los Estados Unidos de México y poner fin al mecanismo de alternancia nacido en 2000 con el triunfo de Vicente Fox. El resultado electoral hundió a la fuerza política que ha gobernado 77 de los últimos 89 años. Todo con el hito añadido de la llegada de Claudia Sheinbaum a la jefatura del Gobierno de la Ciudad de México.

Desde la primera victoria del PAN cada presidente ha tenido como norma el triste mérito de empeorar al anterior. Si nefasta resultó la administración de Felipe Calderón, el regreso del PRI otorgó la oportunidad a Enrique Peña Nieto de batir todos los récords negativos en popularidad y gestión.

La izquierda ha superado la anomalía democrática que supone no haber ganado antes. Los fraudes de 1988 y 2006 impidieron que dirigentes de otras sensibilidades dirigieran los designios del país. López Obrador ha combinado un discurso nacionalista, socialdemócrata y populista que le ha llevado a la victoria. Lo ha hecho sin sospechas de compra de votos, y en unos comicios que se cobraron la vida de 18 candidatos y más de 120 dirigentes.

Por los elevados niveles de corrupción, pobreza y violencia la población mexicana no encuentra más temores ajenos a los de su cotidianidad. No funcionó el discurso del miedo de los adversarios del Peje basado en el aumento de la  inseguridad, el desgobierno o la cercanía con el Gobierno de Venezuela si AMLO ganaba.

Ahora el nuevo presidente responderá a la ilusión depositada por quienes decidieron poner fin a la alternancia política en un país que sufre las réplicas y contrarréplicas del neoliberalismo instaurado hace 30 años por Carlos Salinas de Gortari.

El fraude de las elecciones de 1988 antecedió a la instauración de la narcopolítica y los objetivos de los defensores del Consenso de Washington gracias a la administración de Ronald Reagan. Lo relata José Manuel Martín Medem en el Secreto mejor guardado de Fidel.  George Bush continuó con la política de su antecesor, y ocultó las evidencias que relacionaban al Gobierno mexicano con el narcotráfico. Había que salvaguardar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

El neoliberalismo ha traído pobreza, plutocracias, y dependencia de la economía extranjera a todos los niveles cómo escribió Edel Cadena Vargas en Una década de neoliberalismo en América Latina: el caso de México. Se ha aplicado “la política de Pan o Palo, de cooptación o de aniquilación”.  Se amenazó a la población con la bestia negra del Estado del Bienestar para imponer a sangre y fuego el ‘libre mercado’.

EL OTRO TERREMOTO

Actualmente el 80 por ciento de las exportaciones mexicanas se dirigen a los EEUU, más del 40 por ciento de los alimentos se importa. La cadena Oxxo es una de las mayores empresas de comercio minorista de América Latina por número de locales – sólo en 2014 contaba con una media de apertura de tres tiendas diarias en México-.

Los mejores terrenos son propiedad de multinacionales extranjeras, productoras de los principales bienes de agroexportación. Las principales industrias de tequila y cerveza se hallan en manos extranjeras.

El TLCAN no mejoró vida de la población. Más de 12 millones de migrantes sitúan a México como el país con más población exiliada del globo por detrás de La India. El salario mínimo es de 88,36 pesos diarios (3,70 euros por día), el 45 por ciento de la población ocupada ingresa como mucho dos SMI mensuales, el 60 por ciento de los trabajadores se desempeña en la informalidad, y cinco millones de menores «laburan» antes de los 14 años.

Más del 43 por ciento de los mexicanos son  pobres – 53 millones de personas -, un 7,6 por ciento padece la pobreza extrema – 9,4 millones de personas -.  La pobreza alcanza el 70 por ciento en el caso de la población rural y el 80 por ciento de los indígenas. Dos tercios de los activos físicos y financieros de México los poseen el 10 por ciento de los familias del país, y el uno por ciento concentra más de un tercio según la CEPAL.

Durante la campaña López Obrador prometió poner fin a la la reforma energética de 2013, frenar las subidas de combustible, asegurar las pensiones a los jubilados y otorgar subvenciones a las familias de los menores de 14 años. Bajo el lema ‘becarios sí, sicarios no’, atrajo al voto joven, y  por supuesto, al igual que sus rivales prometió combatir la corrupción. Aunque sin las sospechas que causan sus competidores, AMLO es consciente de la situación de la administración mexicana, y ha prometido mano dura ante cualquier indicio de robo.

EL LARGO CAMINO DE LA VIOLENCIA

“Cuando regresó a la escuela se enteró de un juego que había sustituido al de policías y ladrones: policías y estudiantes”, escribió Juan Villoro en Tiempo transcurrido (crónicas imaginarias). El relato narra el impacto de un estudiante que tras estar internado por una infección vuelve a la escuela después de matanza en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco.

Luis Echeverría Álvarez, autor intelectual de la guerra sucia durante la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz se encargó de retirar las subvenciones a los medios que no difundieran en sus tabloides ‘la verdad histórica’. Televisa defendió la versión oficial en 1968 como apunta la periodista Lydia Cacho. Pero a diferencia de hace medio siglo: la violación de los derechos humanos esta vez sí ha restado votos al presidente de turno.

El deterioro casi definitivo de Enrique Peña Nieto se inició con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Iguala.

Han desaparecido más de 25.000 personas en la última década, pero nunca generó tanto efecto una investigación tan clara y mediática que aportó todas las evidencias de la participación del Estado en los asesinatos y desapariciones. La proyección ante el mundo de lo miserable que es quitar la vida a estudiantes pobres e indefensos ha sepultado al PRI.

“México se parece cada vez más a una enorme fosa común”, escribe  Marcela Turati. Lo es desde hace décadas. Ciudad de Juárez en 1993 expuso ante el mundo que el feminicidio existía y que era transversal.

Una década después la  primera presidencia del PAN creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP). Se registraron entonces 532 desaparecidos entre 1979 y 1982. La mayoría en el Estado de Guerrero, territorio de donde procedían los normalistas. Las Doñas del Comité Eureka ya gritaban entonces, ‘vivos se los llevaron, vivos los queremos’.

“En México muchas oficinas militares, de la PGR, de la Policía Federal, la Policía Estatal y la Policía Municipal se han convertido en réplicas de prisiones como Abu Ghraib y Guantánamo, cuyos tratos crueles e inhumanos sacudieron al mundo”, ha publicado la periodista Anabel Hernández.

A mediados de los 80 el narcotraficante Rafael Caro Quintero, torturó y asesinó a Enrique Camarena, miembro de la DEA.  Martín Medem cuenta como la DFS participó en el secuestro, y cumplió con los servicios a la administración Reagan. Camarena podría revelar los nexos entre los EEUU y el narcotráfico para financiar a la contra nicaragüense. Los mismos motivos terminaron con la vida del periodista Manuel Buendía: el primer comunicador cuyo asesinato por parte de la parapolítica se hizo celebre.

A día de hoy más de 80 periodistas fueron asesinados en los dos últimos.

“Es cierto que vivimos como degollados, que es nuestro espíritu colectivo el que los narcotraficantes han colgado de los puentes”, afirma Lydia Cacho. México amanece desde el pasado domingo con los mismos problemas del ayer, pero con la esperanza frustrada tres décadas antes. De momento, ganaron la primera batalla los derechos humanos.

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