jueves, 7 mayo, 2026

Las víctimas sociales no eligen destino

El drama de la migración en el mundo no cuenta con estándares jurídicos internacionales uniformes y, aunque hay muchas convenciones que protegen los derechos individuales, la existencia del marco internacional de derechos humanos siempre se ha basado en la voluntad de los países como entes jurídicos abstractos. Sea cual sea la legalidad italiana parece poco razonable y costeable a nivel diplomático que prosperen las pretensiones de Matteo Salvini. No hay más que mirar a América para ver lo que Donald Trump le está haciendo a los migrantes latinos: separa familias y deja en abandono a los niños. Sin embargo, nadie puede hacerle nada como país. Hace una semana se salió del Comité de Derechos Humanos de la ONU (resultado de un berrinche por las acusaciones que le hicieron por el conflicto en Israel y su política de cero tolerancia migratoria en la frontera). En la práctica da igual que se quede o se retire, nunca han firmado tratados relevantes en materia de derechos humanos. Por eso mantienen Guantánamo funcionando como si nada pasara. Sería deseable que, algún día, tal y como se firmaron los acuerdos de París sobre cambio climático, la moralidad del derecho internacional se filtre en la diplomacia mundial para comprender que la migración nos afecta a todos y nos hace igualmente responsables de esta crisis. La propuesta hipotética de Garzón resulta interesante, pero no deja de alimentar esta postura de repulsión que ha motivado, entre otras cosas, el Brexit en Reino Unido, el muro en Estados Unidos, o la apatridia de haitianos en República Dominicana.

No le preocupa a la mayoría de los poderosos el deterioro de los derechos universales o la inobservancia de los principios éticos y morales, el fin de la ideología y de la praxis política, del bien común y de lo público.

Tampoco les importa la corrupción, la mentira y la precariedad democrática, que desemboca en la falta de libertad que anula la conciencia y la dignidad de la condición humana, ese ser del hombre por el que se hace a sí mismo y se trasciende, la dimensión metafísica de la existencia. No sólo peligra la democracia sino el hombre mismo como ente transformador de la realidad y, por lo tanto, motor del cambio. Sartre estableció que el hombre es una pasión inútil y Camus, en su desesperación, comprendió que el mundo carece de sentido porque el hombre es el ser por el que existen todos los valores, su mismo fundamento:

«No camines delante mía, puede que no te siga. No camines detrás de mí, puede que no te guíe. Camina a mi lado y sé mi amigo».

Para el Pueblo el único marketing político son los hechos prometidos desde la conciencia social, desde la verdad y desde la razon del cambio sin miedo.

El PSOE considera un exceso que el Gobierno de López Miras afirme que el Mar Menor no está contaminado

El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Antonio Guillamón considera, después de escuchar al director general de Medio Ambiente y Mar Menor, Antonio Luengo Zapata, que ha comparecido en la Comisión Especial sobre el Mar Menor, que desde el Gobierno regional no se están haciendo las cosas bien y no se están acometiendo las actuaciones necesarias para corregir la situación de la laguna salada.
“El Gobierno regional se está limitando a realizar acciones superfluas y al control de los índices de transparencia, clorofila, turbidez, etc., y no va más allá”.
Guillamón reprochó que la Dirección General de Medio Ambiente y Mar Menor no tenga el protagonismo que se requiere en estos momentos para un asunto de tanta complejidad y envergadura y haya cedido terreno a la Consejería de Agricultura, que está tomando la iniciativa”.
Sobre el análisis de soluciones para el vertido cero, el diputado socialista indicó que “es importante dejar claro que la Comunidad ha venido colaborando desde el primer momento con el Gobierno de Rajoy y no puede alegar ahora con un Gobierno socialista ni desconocimiento ni disconformidad”.
Para Antonio Guillamón “es impresentable” que el Gobierno regional presente el Plan de Ejecución de Infraestructuras Sostenibles, como si necesitara una adaptación de las 21 medidas contempladas en el Plan de vertido cero a las necesidades o  conveniencia del propio Gobierno regional y de algún sector económico.
Con relación al Proyecto Informativo y el Proyecto de Impacto Ambiental señaló que “deja en evidencia al Gobierno regional”, porque desde el Ministerio se han propuesto un conjunto de medidas ambiciosas para enfrentarse al problema. “Por eso, consideramos un acto de hipocresía que el Gobierno regional vaya a presentar alegaciones a este estudio que conocían de sobra. El PP tiene una postura en Madrid y otra en la Región”.
Guillamón puntualizó que las medidas que se proponen en ese proyecto son muy similares a las que ha venido proponiendo el Grupo Parlamentario Socialista. “Es bueno que se reúnan los responsables de la Administración regional con los colectivos afectados, pero no para ver cómo se adapta sino cómo se debe aplicar. Nos tememos que el PP va a seguir en la misma tónica y no van a hacer lo necesario para  salvar el Mar Menor”.
El diputado socialista calificó de “inapropiados” los comentarios del director general en los que ha afirmado que el problema del Mar Menor es una oportunidad   para obtener un beneficio partidista, algo que es inaceptable y denotan mala conciencia.
Otra afirmación provocadora del director general, en opinión de Antonio Guillamón, es decir que el Mar Menor no está contaminado, “con la que está cayendo y con lo que ha dejado claro el Comité Científico y colectivos sociales, por lo que debería rectificar y pedir disculpas”.
Para el diputado socialista, el director general “no puede dar a entender que todo lo que ocurra en la laguna solo depende del cambio climático y de la temperatura del agua, como si lo que ha venido sucediendo careciera de importancia”.
Por último, Antonio Guillamón denunció que se están sucediendo movimientos por parte de la Consejería de Agricultura para modificar algunos artículos de la Ley de medidas urgentes para la sostenibilidad del Mar Menor, aprobada en la Asamblea. En este sentido, precisó que “cualquier matización a esta ley debe realizarse en el marco de la Ley Integral del Mar Menor, que el Gobierno regional tendría que enviar a la Cámara sin más dilación”.

PSOE propone la inclusión de la inteligencia artificial entre los sectores clave de impulso económico

El viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista Alfonso Martínez Baños ha defendido en la Comisión de Industria, Trabajo, Comercio y Turismo, que se incluya la inteligencia artificial entre los sectores clave de impulso de la economía de la Región. Esta moción ha sido aprobada por unanimidad y ha incluido un aspecto, a instancias de Ciudadanos, que se refiere a que se apliquen medidas fiscales que ayuden a la implantación de la inteligencia artificial en la Región.
Martínez Baños argumentó que la inteligencia artificial y su rápido desarrollo están cambiando de una manera profunda la vida social y económica del mundo. “La Región de Murcia no es ajena a esta situación, y debe ahondar en la preparación de todos sus agentes sociales y estamentos para lo que ya está aquí y lo que está por llegar”.
Explicó que hay poner el foco en los ámbitos educativos, industriales, económicos y sociales para velar por el mantenimiento y crecimiento del empleo de calidad, el aprendizaje acorde con el presente y futuro de la inteligencia artificial, la adaptación del modelo productivo y de servicios y, en la medida de lo posible, la humanización de los sustitutivos de la actual mano de obra.
En su opinión, también es preciso analizar la oferta formativa relativa a la inteligencia artificial presente en la Región, poniendo especial énfasis en la promoción de las ingenierías, ciencias exactas, análisis de datos, ciencia y tecnología, adaptando la oferta a la demanda actual y futura.
El parlamentario socialista propone, asimismo, la realización de un censo con todas las empresas que dispongan de elementos sustitutivos de la mano de obra humana en su cadena productiva, clasificándolos por tipo, sector y actividad, y así tener una imagen real del recurso robótico empleado. Esta propuesta no ha prosperado.
También ve necesaria la elaboración de un informe del impacto que la llegada de la inteligencia artificial va a tener en la Región, especialmente en la empleabilidad, para que se adopten las medidas de protección oportunas.
Esta iniciativa socialista demanda además que se incorpore a la Comunidad Autónoma a los foros y espacios de análisis internacional que están trabajando sobre el efecto que la inteligencia artificial tendrá en la economía mundial, europea y, por tanto, de todos sus países y regiones.

Conmemoración de los sucesos de 8 de julio de 1978

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Hoy 29 de junio se inaugurará en Pamplona/Iruña el monumento que recuerda los acontecimientos que ocurrieron el  8 de julio de 1978.  Se cumplen 40 años de la brutal intervención  policial  en  la  ciudad  que  supuso  la  muerte  por  disparo  policial  de  Germán Rodríguez Saiz, 10 heridos de bala, cinco de ellos graves, más de 200 personas contusionadas de diversa consideración, las fiestas rotas y como respuesta a la solidaridad que se extendió, la muerte de Joseba Barandiarán en Donostia-San Sebastián el día 11.

Monumento que se une a la estela colocada en el  lugar donde cayó Germán y que recuerdan que aquellos sucesos no deben caer en el olvido.

La Comisión investigadora de la ciudad que se creó ya desde los primeros momentos afirmó que aquello no fue casual, sino premeditado y que la responsabilidad por lo sucedido correspondía  directamente  al  Gobierno  de  UCD  (Martín  Villa,  ministro  de  Interior  dijo públicamente  en  relación  con  la  actuación  policial:  “Lo  nuestro  son  errores,  lo  suyo  son crímenes”).

Durante  estos  cuarenta  años  transcurridos,  ni  a  la  ciudad,  ni  a  ninguna  persona agredida  se  le  ha  reconocido  verdad,  ni  se  le  ha  hecho  justicia,  ni  practicada  ninguna reparación. Los sucesivos gobiernos del Estado han boicoteado las investigaciones y la justicia ha mirado en todo momento hacia otro lado. La impunidad ha sido total. Pero el recuerdo de aquellos días nunca se ha apagado para una parte importante de la sociedad navarra, y años tras  año se  han movilizado contra el  olvido y  la impunidad y  cada vez  con más  firmeza exigiendo responsabilidades, verdad, justicia y reparación.

El  pasado 18 de enero el  Parlamento navarro pidió al  Gobierno español  desclasificar los documentos sobre los sucesos de los sanfermines de 1978.

En la moción,  apoyada por todos los grupos parlamentarios, con la única abstención del Partido Popular, se emplaza al Ejecutivo español a que adopte el acuerdo que sea preciso para proceder a la desclasificación de todos los asuntos, actos,  documentos,  informaciones, datos y objetos existentes en la Administración del Estado relacionado con los sucesos de los sanfermines de 1978. En un segundo punto se establece la remisión de esta moción al Consejo de Ministros del Gobierno de España.

En  parecidos  términos  se  ha  presentado  una  iniciativa  en  el  Congreso  de  los Diputados,  apoyada  por  siete  grupos  parlamentarios.  No  obstante  haberla  apoyado  como partido en Navarra, el PSOE ha votado en contra de la misma en el Congreso de los Diputados. La justificación del voto contrario a la desclasificación de los documentos que el PSOE ha dado carece de toda lógica. Afirman que han votado en contra porque se está tramitando una modificación de la Ley de Secretos Oficiales en el  Congreso,  y que es esa vía la que posibilitará la desclasificación pedida.

Pero esto es completamente falso. En primer lugar, la tramitación de la nueva Ley de Secretos Oficiales lleva ya más de dos años de tramitación en la Cámara, sin que haya aún visos de que sea aprobada en próximas fechas.

En segundo lugar,  lo que el  PSOE está proponiendo en la nueva Ley de Secretos Oficiales va en el sentido de que “las materias, documentos, procedimientos y, en general, las informaciones clasificadas que, a la entrada en vigor de esta Ley hubiesen superado el plazo de 25 años (caso de sanfermines de 1978),  mantendrán su carácter  por  un único período adicional e improrrogable de 10 años”. O que la entrada en vigor de la Ley sea un año después de su publicación en el BOE. Con lo que la desclasificación de la documentación relativa a los sanfermines de 1978 debería esperar once años más.

Además,  la  tramitación  de  esta  nueva  Ley  de  Secretos  Oficiales  no  está  en contradicción con votar a favor de que sean desclasificados de forma inmediata los referentes a los sucesos del 8 de julio de 1978, más aún, si cabe, cuando esa solicitud cuenta con el 96% de apoyo del Parlamento de Navarra.

Durante los cuatro gobiernos socialistas de Felipe González y Rodríguez Zapatero, el

PSOE no hizo nada por modificar la Ley de Secretos Oficiales,  ni  tampoco por desclasificar documentación alguna relativa a los sanfermines de 1978. Y ahora, cuando tiene la oportunidad de apoyar una iniciativa mayoritaria en el  Parlamento Foral,  de la que el PSN fue promotor, vota en contra diciendo que nos bastan los cuarenta años transcurridos,  sino que hay que esperar once más.

La postura del PSN en el Parlamento Foral fue un paso positivo para sumarse al clamor popular  por  el  desvelamiento  de lo ocurrido  en julio  de  1978,  la  actitud del  PSOE en la Comisión de Interior del  Congreso de los Diputados, todo lo contrario. Nunca es tarde para rectificar, aún están a tiempo de sumarse al esfuerzo social que año tras año, y van cuarenta, sigue recabando Verdad, Justicia y Reparación para acabar con la impunidad.

Fermín Rodríguez Saiz (hermano del asesinado por los Cuerpos de Seguridad del Estado)

RTVE: suena Arsenio Escolar, pero hay más candidatas

Tras la gestión partidista del Partido Popular de Radio Televisión Española, el cambio de dirección del ente público se ha convertido en una cuestión de Estado. Los españoles merecen una televisión pública independiente. Por esta razón están empezando a sonar nombres como el del veterano periodista burgalés, Arsenio Escolar o el del que ya fue director de RTVE durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Fran Llorente, un hombre muy valorado precisamente por los niveles de independencia alcanzado por el ente público durante su mandato.

Sin embargo, han sonado más nombres, sobre todo de mujeres, de grandes profesionales que, además, encajarían a la perfección con las profundas necesidades de cambio que necesita RTVE, tanto por su experiencia como por la independencia que han demostrado en su trabajo diario. Según distintas fuentes consultadas por Diario16, entre los nombres que se están barajando se encuentran la actual directora del diario Público, Ana Pardo de Vera, la directora de diario16.com, María José Pintor, la periodista de la Cadena SER, Ana Terradillos o la periodista y profesora universitaria, Lola Bañón. Cualquiera de ellas, con su gran experiencia en distintos medios de comunicación, garantizaría que las necesidades de RTVE de cara a la independencia, a la no manipulación de los contenidos informativos, a la no censura de las temáticas y, sobre todo, a dar el cariz de servicio público que debe tener cualquier televisión pública que se precie de ser tal y, sobre todo, serían las garantes de la lucha por la igualdad que es, en principio, uno de los valores que quiere implementar el nuevo gobierno de Pedro Sánchez.

Ya sea Escolar, aunque en las últimas horas parece alejarse su nombramiento, ya sea Llorente, ya sea Ana Pardo de Vera, ya sea María José Pintor, ya sea Ana Terradillos, ya sea Lola Bañón, serían una gran elección por parte de los partidos políticos y, por primera vez en la historia de España, pondrían al frente de un servicio público a profesionales con capacidad de gestión independiente e igualitaria.

Los afectados del Popular deberían haber recibido la parte proporcional del patrimonio neto del banco

Cada vez queda menos tiempo para que la Junta Única de Resolución haga público el tercer informe de valoración del Banco Popular realizado por la auditora Deloitte. Según algunos datos filtrados por ciertos medios de comunicación se puede comprobar que, más que un trabajo mercantil, obedece más a la manipulación, el servilismo, el indulto o a las estrategias dirigidas, esta vez no tanto a petición de quién o con qué fin se ha realizado, que fueron y son típicas del ex ministro Luis de Guindos. Sin embargo, toda la inteligencia aplicada en estas estrategias no puede ser obra siempre de De Guindos. Ahora hay una ministra. La realidad es que este nuevo informe es un insulto a la inteligencia y a los ciudadanos españoles, un trabajo más propio de una coacción que de un trabajo libre y puramente profesional.

Como es obvio, muchos estarían esperando que dijese esto, porque lo hago desde la razón documental y del estudio que de este caso llevamos realizando desde hace más de un año, desde este medio libre e independiente porque sin estos términos hubiese sido imposible el haber publicado sin ningún tipo de miedo toda la información que hemos compartido con nuestros lectores día a día. Los accionistas y bonistas afectados por la resolución del Banco Popular no podían haber quedado en una situación peor ya que sus derechos quedaron reducidos a 0 euros. Las noticias publicadas sobre el informe de Deloitte son tan surrealistas como lo siguiente: «señores accionistas y bonistas del Popular, confórmense con que, además de haber perdido toda su inversión, no hayan tenido que poner más dinero».

Todo el asunto se resume, a nuestro juicio, en algo bastante sencillo: la decisión de los reguladores —Banco Central Europeo, Banco de España y CNMV— de no contribuir a cortar con la sangría de liquidez mediante la remoción de los gestores de entonces, la aplicación del plan negocio, la ampliación de la ELA y la prohibición de los cortes, llevó a un banco solvente a la situación de inviabilidad como le sucedería a cualquier banco solvente ya que es idiosincrásico a los bancos un capital circulante negativo. El Fondo de Garantía de Depósitos estaba vacío y, en cualquier caso, los depósitos por encima de 100.000 euros habrían sufrido quitas severas. Por tanto, la conclusión fue sencilla: «que paguen los accionistas y bonistas».

Santander adquirió gratis al Banco Popular a cambio de suministrar la liquidez que el BCE y el Banco de España no quisieron dar. Sin embargo, si el patrimonio neto del Popular era positivo en el momento de la resolución, a los accionistas y bonistas no les correspondían cero euros sino su parte alícuota de dicho valor patrimonial que debe ser fijado con arreglo al criterio de empresa en funcionamiento (going concern), no de empresa en liquidación (gone concern), ya que la apertura del concurso, según la legislación española, no tiene que conducir necesariamente a la liquidación total e instantánea de la empresa, en este caso, del Popular. ¿Dónde dice que un concurso tiene que acabar en liquidación obligatoriamente? Ahí tenemos los casos de distintos clubes de fútbol, como la Unión Deportiva Levante, que, tras superar la fase concursal, sigue en funcionamiento, en Primera División y con sus cuentas saneadas.

El Santander y la JUR están engrasando la maquinaria y pretenden hacer creer que la liquidación del banco habría supuesto pérdidas para los depositantes de más de 100.000 euros y el coste para los accionistas y acreedores habría sido dos veces superior al que produjo la resolución. ¿Cómo pueden los afectados perder el doble si lo perdieron todo? El doble de cero es cero. Da la sensación de que, aprovechando la próxima publicación del informe de Deloitte, están queriendo implantar la estrategia del miedo que tan bien funciona a las dictaduras privadas, para, a última hora dar una compensación a los afectados de 3.400 millones, por lo que el Santander ganaría 21.000.

Existe una obligación de explicación para las 305.000 familias arruinadas o al más de un millón de afectados y afectadas —esta forma de escribir se llama «lenguaje de género»—. La señora Botín debe entenderlo a la perfección puesto que en sus medios de comunicación se ha declarado feminista. Lo mismo ocurre con las instituciones jurídicas y económicas del Estado. Hay que tener en cuenta que hay muchas mujeres maltratadas con el Caso Banco Popular, tal y como hemos publicado en Diario16. La señora «feminista» Botín debe ser coherente y, en consecuencia, solidaria, al menos, con las mujeres y ofrecer una solución extrajudicial para los afectados y afectadas del Popular.

Saracho se benefició de más de 98 millones en la operación del Banco Popular

La operación del Banco Popular fue muy rentable para Emilio Saracho. Si sumamos el cobro anticipado de la pensión de JP Morgan (86 millones) al esquema salarial pactado con el Popular, Emilio Saracho podría haber obtenido más de 98 millones por vender el banco por un euro.

El plan trazado por Emilio Saracho para el Banco Popular era altamente perjudicial para los accionistas y los clientes de la entidad, tal y como se demostró el día 7 de junio, la fecha en la que se culminó la operación proyectada desde hacía más de dos años. La gestión de la comunicación fue orientada a conducir al banco a una posición de liquidez que lo llevara una declaración de inviabilidad y a su resolución por parte de la JUR expoliando el interés de las más de 305.000 familias arruinadas. El tiempo ha demostrado que jamás tuvo la intención de entregar el Popular a Antonio del Valle, por más que éste pensara que Saracho era su hombre, dado que el objetivo principal era que la sexta entidad financiera de España fuera adquirida por el menor precio posible por parte del Santander, un banco que valoró al Popular en noviembre de 2.017 en 1,17 euros por acción. Hay muchas razones para entender esto.

Saracho conocía a la perfección el plan de Antonio del Valle para tomar el control del Popular sin lanzar una OPA, que era lo preceptivo. El modo en que accedió a la presidencia, con un compromiso previo con JP Morgan para respetar sus bonus de jubilación, por los que debería esperar a cumplir los 65 años y estar en ejercicio en el banco de inversión americano, demuestra que su paso por el Popular era transitorio. A cambio de tal favor (86 millones de euros) el Popular fichó a JP Morgan, en evidente conflicto de interés, para vender el banco a cambio de 20 millones de euros y una comisión por venta. Todos estos movimientos fueron conocidos por Antonio del Valle. Por otro lado, Saracho se garantizó el mantenimiento de esos derechos por parte de JP Morgan, sino que los cobró anticipadamente a través de KPMG en una de sus cuentas en Suiza, tal y como ha informado Diario16.  Fue la propia consultora la que, a través de un correo remitido por el departamento de administración, en concreto por una trabajadora llamada África, a la cuenta de email de Saracho, preguntó al presidente del Popular si quería que ese dinero fuera depositado en sus cuentas en Suiza en uno o dos pagos. En cualquier caso, la venta por un euro dejó vía libre para que Saracho cobrara anticipadamente la pensión.

A esto hay que sumar las condiciones del contrato con el Popular que, para que fuera legal, tuvo que modificar los propios Estatutos de la entidad:

  • 4 millones de euros en concepto de bonus de bienvenida o prima de contratación
  • Salario anual de 1,5 millones de euros
  • 0,5 millones de euros de aportación a un plan de pensiones
  • Bonus variable de hasta el 200% de salario en base a resultados
  • 1,5 millones de euros por indemnización por cese

En definitiva, el presunto favor en beneficio exclusivo de Saracho se produjo cuando el Consejo aprobó la contratación de JP Morgan a finales del mes de abril. Por otro lado, el Hedge Fun Marshal Wace, uno de los principales inversores bajistas y uno de los principales beneficiarios en la operación, operaba a través de JP Morgan en su oficina de Madrid. El beneficio para el banco de inversión americano pudo haber sido enorme.

Irregularidades en la privatización de la cocina de La Paz

Quieren que sea el proyecto estrella de la próxima legislatura, no se sabe bien si en manos del PP y los cuñados naranjas, bien en manos del PSOE y Unidas Podemos IU Equo (o como acabe llamándose la confluencias de las izquierdas madrileñas), pero por el momento la administración del PP de Ángel Garrido, como continuador de la obra de Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre, está privatizando “cositas”. Así lo denuncia el Movimiento Asambleario de Trabajadores-as de Sanidad (MATS) en un comunicado que han hecho llegar a la prensa, en el cual, denuncian las malas prácticas en la privatización “poco a poco” del servicio de cocinas del Hospital Universitario La Paz.

Una privatización un tanto curiosa porque los trabajadores seguirán recibiendo su salario de los “público” mientras que el resto del servicio será privado. Vamos una forma de acumulación por desposesión clásica como diría David Harvey. Como dice el MATS “no es difícil saber cuál será el siguiente paso”. “El modelo económico PFI, con el que la concesionaria paga y construye el edificio de cocinas a cambio de su explotación económica, es el mismo que el de los hospitales construidos por el gobierno de Esperanza Aguirre, plagados de sobrecostes. Un modelo que, además de Podemos y PSOE, incluso el Tribunal de Cuentas Europeo rechaza. Se pretende instaurar un sistema, la línea fría, que si bien en establecimientos de calidad puede dar buenos resultados, en el caso del SERMAS es la causa de que la comida del hospital Gregorio Marañón tenga la tercera peor puntuación de entre los 33 hospitales de la red pública” añaden en el comunicado.

Mentira tras mentira de la administración Cifuentes/Garrido, a principios de Marzo se presentó un proyecto de reforma integral del hospital, de financiación 100% pública, que incluía las cocinas. “Sin embargo, días después se anunció un nuevo edificio de cocinas, de financiación privada. Este proyecto de privatización ya fue detenido por la movilización de las trabajadoras de las cocinas en 2014. Pero ahora que al PP le quedan meses en el gobierno de la Comunidad, a las empresas que llevan años cultivando su relación con el actual gobierno les han entrado las prisas. Por eso han vuelto impulsar esta iniciativa, sin reparar en cambiar la fecha del anteproyecto, que es de 2014”.

Denuncia el MATS en el comunicado que “este contrato favorece a las grandes empresas amigas. En un solo contrato se conceden varias prestaciones: construcción del edificio, suministro de todos los víveres al hospital durante 15 años, cafetería de personal, cafetería de visitantes, máquinas de vending y comedor de guardia. Todo esto saltándose la ley: este tipo de contrato permite a la empresa concesionaria la explotación económica de la obra que ha realizado, lo que no incluye el suministro de víveres y no concuerda con que incluya las máquinas de bebidas de los centros de especialidades, incluido el de Alcobendas. La empresa que asuma el contrato debe pagar con sus propios recursos un edificio de cocinas 11 millones de euros, para recuperar su inversión con los beneficios que saque de las cafeterías y el vending después de pagar sueldos y suministros. Esto excluye automáticamente a la inmensa mayoría de las más de 400 empresas de restauración colectiva de España, que no tienen esa capacidad económica. Además, con estas condiciones el contrato es financieramente insostenible. Cuando las cuentas no salen, las acaba pagando la ciudadanía mediante sobrecostes o una peor calidad del servicio”.

Al final del camino supone que sólo dos grandes empresas Serunión y Ferroser (filial de Ferrovial) son las únicas capaces de prestar los servicios tal y como se presentan en las ofertas. Un duopolio consentido por los gobiernos populares y que es cuando menos extraño y sospechoso. Además, Serunión acumula varios escándalos e incluso sanciones por comida en mal estado en colectividades, y en La Paz gestiona el vending con la concesión caducada desde hace siete años, y la cafetería “de la misma forma desde hace cuatro, sin que en ninguno de los dos casos hayamos podido encontrar nuevos contratos válidos”. Tampoco Ferroser tiene un historial de ejercicio “limpio”. Tal y como denuncian desde el MATS: “Ferroser cobra por dar una limpieza muy deficiente del hospital, y mantiene 50 trabajadoras de limpieza de baja sin sustituir, pero sin dejar de cobrar por ellos a la Comunidad de Madrid, que lo sabe y lo consiente”.

En una comparecencia solicitada al gerente del Hospital, el portavoz socialista José Manuel Freire le recriminó que el formato del concurso (PFI), en el que la concesionaria paga la construcción del edificio a cambio de explotarlo, “tiene problemas, entre otras cosas, de transparencia, de coste y de complejidad en su monitorización, y no parece que nada de esto haya sido justificado con informes previos ni con análisis”. La portavoz de Podemos, Carmen San José, indicó que es el modelo empleado en los siete hospitales construidos en la época de Aguirre, con “sobrecostes de entre 7 y 8 veces más que si los hubiera hecho la Administración”, y que el Tribunal de Cuentas Europeo dictaminó que no deberían financiarse infraestructuras públicas a través de la participación privada, “dados los retrasos, los gastos ineficientes, los sobrecostes y la falta de transparencia”.

Tras verificar que existen numerosas irregularidades más en los distintos contratos que ya se han formalizado con anterioridad, el MATS presentará hoy una reclamación en la Consejería de Sanidad solicitando que el contrato de privatización de las cocinas del hospital La Paz sea declarado nulo de pleno derecho. Por ejemplo, un contrato de obra no publicado y que derivó en la inauguración de “una nueva sala de descanso para el personal. No figura en el perfil del contratante el contrato de obras para la creación de esta sala. Además, cuenta con cinco máquinas de vending más de las que había en la sala antes de su reforma, sin que la empresa concesionaria (Serunion) pague por ellos un canon mayor. Hemos solicitado a través del portal de transparencia la documentación del expediente de esta obra. De nuevo, desde el hospital nos han contestado que en lugar del mes de plazo van a requerir dos meses para entregar la documentación “debido a su volumen o complejidad”.

Diego Conesa reúne a los agentes sociales y económicos para buscar consenso

“Ese es mi mandato y el del Gobierno de España, y en ese contexto de apertura, cercanía y transparencia que debe ser la Delegación del Gobierno, se enmarcan estas primeras reuniones con todos los agentes y organizaciones empresariales, sindicales, de la economía social y el emprendimiento, actores esenciales en asuntos sociales, laborales y económicos que afectan decisivamente a la vida de nuestros ciudadanos”,  manifestó el delegado del Gobierno.

Diego Conesa también presidió la Mesa del Diálogo Social, en la que  participaron José María Albarracín y José Rosique, presidente y secretario General de CROEM, y los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras, Antonio Jiménez y Santiago Navarro.

Posteriormente, el delegado del Gobierno presidió la reunión de la Mesa de Economía Social y Emprendimiento, con la asistencia del presidente de UCOMUR, Juan Antonio Pedreño, y el presidente y vicepresidente de AMUSAL, José Francisco Ballesteros y Juan Luna.

El delegado del Gobierno  analizó con las diferentes organizaciones la situación económica y laboral de la Región de Murcia, incluyendo la situación del convenio colectivo, la temporalidad y precariedad laboral, la contratación en Empresas de Trabajo Temporal, la lucha contra la economía sumergida o  el fraude fiscal. Además, analizaron diversos asuntos del ámbito social como la atención en extranjería o el ámbito del trabajo.

Respecto a los grandes problemas de la Región, los agentes sociales plantearon el agua, las infraestructuras y la financiación autonómica como asuntos más importantes.

El delegado del Gobierno reiteró su disposición a la escucha activa con toda la sociedad civil. “La época de la imposición en política se ha acabado. Ahora es tiempo de diálogo y planificación para los asuntos que de verdad preocupan a la ciudadanía de la Región”.

Zafarrancho de buceo en el BSR “Neptuno”

El Buque de Salvamento y Rescate de la Armada “Neptuno”, comandado por el Capitán de Corbeta David Mínguez Carralero activa la situación de Babor y Estribor de Guardia a las 5.15 horas del día 27 de Junio de 2018 con toda su dotación a bordo más los comisionados, entre los que se encuentran de visita los Alféreces Alumnos médicos Agulló, Ambrona y Ojeda, para comenzar su salida a la mar a las 6 horas. Como es habitual en estos casos, la precisión en las distintas secuencias es rigurosa cumpliendo los protocolos establecidos para la ocasión.

El buque con base en la Estación Naval de La Algameca de Cartagena se dirige lentamente a las cercanas aguas de Mazarrón con objeto de participar en el ejercicio “Cartago 2018”. Tras casi dos horas de navegación, el “Neptuno” llega al punto establecido para, en  un perfecto engranaje de todo su componente humano y en coordinación con el resto de unidades participantes en las maniobras, ofrecer seguridad y vigilancia al submarino “Tramontana” para que éste pueda posarse a una profundidad de 40 metros.

Cumplidos los trámites de disuasión de las embarcaciones que navegan por las proximidades de la zona, el “Neptuno” localiza la ubicación del “Tramontana” mediante el lanzamiento de una bengala de humo blanco procedente del lanzabombetas del sumergible. Una vez marcada la posición, el “Neptuno” fondea empleando las anclas de proa y popa, en una sonda de 40 metros.

Es entonces cuando el CC-Comandante del “Neptuno” ordena el arriado del denominado ROV –Vehículo operado remotamente- que puede alcanzar hasta los 600 metros de profundidad. La inmersión del ROV es seguida atentamente por los mandos desde el laboratorio del Servicio de Buceo del “Neptuno”, culminando su misión al conectar el “andarivel” al submarino que servirá de mensajero para guiar las mangueras de ventilación hasta la cubierta del sumergible.

Otro hito en el devenir diario del “Neptuno” es el Zafarrancho de buceo ordenado por el Comandante del buque. En este sentido, el Oficial de buceo, el Teniente de Navío Jorge Rúa, imparte el imprescindible briefing de buceo, requisito necesario para todos los buceadores antes de introducirse en las profundidades de “Neptuno”. En torno a su jefe y en medio de un silencio absoluto, los buceadores reciben atentamente las instrucciones de su superior, quien procede a recordar en qué consiste la misión y los procedimientos a seguir, todo ello con objeto de proporcionar 10 minutos de ventilación al “Tramontana”, que previamente abrirá sus válvulas para recibir el necesario aire. Aquí, dice el TN Rúa, “las comunicaciones son importantes y escuetas” para el desarrollo de la actividad.

La última maniobra de la jornada pasa por la inmersión del ROV “Scorpio” para el suministro del POD a través de la escotilla de proa. El POD es un contenedor estanco que sirve para proporcionar suministros diversos de emergencia al submarino.

A la finalización, el “Neptuno” levanta el fondeo, comunica al submarino la situación de buques de superficie antes de que levante posada, y comienza regreso a puerto base.